La Unión Europea puede no ser perfecta en su desarrollo, y es posible que se cometan errores puntuales, pero en su conjunto cumple una función importante y su futuro puede llegar a consolidar un mercado europeo capaz de competir con EEUU y con las potencias económicas emergentes (China, en especial).
Aunque en ocasiones los desvaríos pueden resultar importantes (la aprobación de las 65 horas semanales supone un retroceso a la Edad Media), como contrapunto sus políticas comunes permiten frenar movimientos involucionistas de algunos países (caso de Italia y la criminalización de la inmigración). Y resultan muy importante obtener acuerdos consensuados que nos permitan avanzar a todos hacía un futuro de progreso.
Por ello el resultado de un referéndum celebrado en un país miembro, como es Irlanda, no puede frenar ni impedir el desarrollo de la UE. Si los irlandeses no están conformes con el contenido del Tratado de Lisboa, que en principio parece será aprobado por los 26 miembros restantes, lo que deben de hacer es convocar otro referéndum para decidir si quieren o no continuar en la UE; y si de nuevo triunfa el «no», lo que supone su auto-exclusión del proyecto común, deberán devolver los 55.000 millones de euros que han recibido como ayuda en los últimos años y abandonar la Unión Europea.
Lo que no es posible es que un país, que sólo representa el 1% de los 500 millones de europeos que pertenecen a la UE, frene y condicione su política común.







