Tag: Tribunales

Jueces contra la represión

15m

En una época en la que nuestros gobernantes se olvidan de los derechos consagrados en nuestra Constitución, que solo la tienen en cuenta cuando les viene en gana, se agradece que los jueces, a través de sus sentencias, pongan las cosas en su sitio y defiendan la dignidad de los ciudadanos, que son perseguidos por reivindicar en las calles sus derechos, único lugar en el que pueden hacerlo entre elección y elección. Resultando bochornoso que nuestros derechos democráticos se menosprecien con comportamientos más propios de sistemas totalitarios.

Por eso hemos de aplaudir la valentía de los magistrados de la sección 1ª de la Sala de lo Penal la Audiencia Nacional, que han tenido el atrevimiento de absolver a los 19 acusados que blindaron el Parlament catalán durante una protesta del 15M, que tuvo lugar el 15 de junio de 2011, acusados de un delito contra las instituciones del Estado, y por el que se pedían a cada uno más de 5 años de prisión. Condenando tan solo a uno de ellos por una falta de daños, imponiéndole una pena simbólica.

La Sentencia es para enmarcar, y su contenido debería de servir de pauta cuando se enjuicien hechos similares. Nuestro país no puede soportar tantas injusticias, que nacen muchas de ellas de las propias instituciones del Estado, en donde la corrupción ya forma parte indisoluble de su funcionamiento, y goza de una escandalosa impunidad. Nos rasgamos las vestiduras porque un grupo de jóvenes impidan el acceso al Parlament de un grupo de diputados, y permitimos que muchos de ellos deshonren las propias instituciones con sus conductas inmorales sentándose en sus escaños.

De su contenido queremos destacar un párrafo que expresamente reproducimos: “la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación, íntimamente vinculados como cauces de la democracia participativa, gozan de una posición preferente en el orden constitucional, por lo que han de ser objeto de una especial protección y necesitan de un amplio espacio exento de coacción, lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez ni temor. Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado a admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismo de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta en el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de personas y grupos para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia  la Constitución en su título preliminar“.

Estás reflexiones, en voz alta, incluidas en la sentencia de la Audiencia Nacional, no son gratuitas, sino que están inspiradas en una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2.000; aunque por la referencia a los medios de comunicación privados, bien podrían estar inspiradas en el propio Pablo Iglesias. Por lo que no sería de extrañar que algunos jueces acaben formando un Circulo en Podemos; eso sí, clandestino, con eso de que tienen prohibido pertenecer a organizaciones políticas.

El Fiscal General del Estado, comisario político del gobierno de Rajoy,  ya ha mostrado su malestar por la sentencia y ha dado instrucciones para que el fiscal encargado del caso interponga recurso de casación. Aquel, es el mismo Fiscal que con vehemencia defiende la inocencia de la Infanta Cristina; por lo que intuimos que para él no resulta delito comprarse un palacete con dinero público, y sí lo es que un grupo de jóvenes protesten en la calle amparados, como dice la sentencia, en los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión.

Cada día que pasa las instituciones del Estado se distancian más de la calle, y de la realidad. Pero por muchas leyes represivas que impongan, ya están perdiendo la batalla de la opresión, porque muchos jueces han decidido con sus resoluciones frenar sus ímpetus totalitarios; y lo hacen aplicando el sentido común y con la Constitución en la mano, nada más y nada menos.

(Publicado en elplural.com)

 

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Caso Nóos: Súbitamente aparece un contable “arrepentido”, ¿otra maniobra para exonerar de responsabilidad penal a la Infanta?

castrohorrach

Huele mal, muy mal, la repentina aparición de un contable “arrepentido”, precisamente el mismo día que finaliza el plazo para recurrir el auto del Juez Castro, en el que se mantiene la imputación de la Infanta Cristina. Un pacto con la Fiscalía no se realiza en un día, sino que requiere una previa negociación en la que se minorará la pena del “arrepentido” en razón a lo que aporte y su grado de veracidad, y ésta precisa la presentación de nuevas pruebas para verificarla. Por lo que me permito pensar que se dio publicidad a esta noticia escogiendo la fecha adecuada para debilitar mediáticamente la postura del Juez Castro respecto a la Infanta. Si sacamos un conejo de la chistera, no por eso se produce una sorpresa positiva para el prestidigitador y los espectadores, si el animal está enfermo y contaminado; y eso parece.

Se hace necesario que el Fiscal Horrach nos aclare desde cuándo conocía que el contable arrepentido quería confesar, cuándo presentó la declaración por escrito, qué  pruebas le ha aportado para demostrar su veracidad, en qué términos se ha pactado una rebaja de la pena a imponerle, y por qué no le dio traslado inmediato al juez Castro. Porque si estos interrogantes no reciben una respuesta adecuada, muchos ciudadanos sospecharemos que este episodio, para algunos cinematográfico, forma parte de la estrategia global planteada por la oligarquía dominante  para eximir de cualquier responsabilidad a la Infanta e impedir que se siente en el banquillo de los acusados. Y si se confirmase esta intuición, deberíamos de abrir una nueva causa para acusar a los responsables de esta conspiración de un delito de obstrucción a la justicia, entre otros  posibles.

Como letrado en ejercicio desde hace 40 años, cada día que pasa me siento más escandalizado por la forma con la que se está llevando este asunto por algunos medios de comunicación, y por quienes deberían de dar ejemplo de respeto al buen hacer de la justicia; y en ellos incluyo al Gobierno, al Fiscal General del Estado y a la Casa Real. Aunque lo verdaderamente  importante e inmoral no es lo que vemos o nos cuentan, sino lo que muchos intuimos que se cuece entre bambalinas para conseguir que la justicia no sea igual para todos; y quienes lo hacen son los que en muchas ocasiones se convierten en ardientes defensores de una Constitución, que no me cabe la menor duda que  está sometida a una permanente manipulación.

En todo caso el “arrepentido” deberá ratificar y demostrar todo lo que ahora afirma durante el juicio oral, en una sala en la que compartirá banquillo con la Infanta Cristina. Será en este momento, y nunca antes, cuando tendrá que comprobarse si aquélla es o no responsable de los delitos de los que se le acusa. Porque, en principio, esta declaración del contable de Nóos  no la exime de sus responsabilidades penales, y puede resultar intrascendente, ya que nadie ha cuestionado que hayan sido  Undargarín y Diego Torres los cabecillas de la trama.

Es más, el delito fiscal se comete en razón a la cuantía defraudada, y si se demuestra que superó la barrera de los 120.00 euros,  en la medida en que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, será muy difícil que una persona universitaria, preparada durante años con dinero público, y muy valorada en los puestos de trabajo que ha realizado en entidades bancarias, recibiendo por ello un sueldo incompatible con la ignorancia de la que ahora presume, pueda ser creída ante un tribunal de que no se enteraba de nada.

Podríamos decir lo mismo al referirnos al delito de blanqueo de capital. En una economía doméstica, en donde existe un amor verdadero en la pareja, parece evidente que ambos deben conocer el importe de sus ingresos, para saber el límite de sus disponibilidades. Y cuando los gastos con destino a muebles, inmuebles, viajes y a sufragar un alto nivel de vida, se disparan, y superan los ingresos, deberían ambos pensar  que de alguna parte debe salir el dinero, y no precisamente de una entidad sin ánimo de lucro.

En todo caso, conocida la declaración del arrepentido, será imprescindible abrir una nueva causa para investigar con más rigor a todos los que controlaban las administraciones públicas en las Comunidades de Valencia y  Baleares, por regalar dinero público a cambio de nada. Se está hablando de casi seis millones de euros, más de mil millones de las antiguas pesetas, y esto es mucho dinero sustraído de nuestros bolsillos con la colaboración de muchos políticos aforados. Don Mariano, ahora que está empeñado en regenerar la democracia, ¿se anima a sugerirlo al Fiscal General del Estado, para que persiga a los suyos?. Sería una buena iniciativa para empezar a ser creíble. ¿Y si  hablase su contable, el que está en la cárcel, un tal Luis Bárcenas?; recen para que no lo haga disfrazado de “arrepentido”.

(Publicado en elplural.com)

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La Infanta Cristina debe sentarse en el banquillo de los acusados

infalta

Resulta bochornoso el espectáculo que estamos contemplando en el que, en un acto de hipocresía colectiva, todos los que desean lo peor para el juez Castro, se afanan en respetar al mismo tiempo su resolución,  afirmando  que su decisión demuestra que la justicia es igual para todos, cuando esa aseveración es falsa, nadie se la cree, y el tiempo lo demostrará. Es patético y muy poco edificante el papel que ha decidido interpretar el fiscal, que se extralimita en sus funciones tanto en el fondo como en las formas, con el apoyo explícito del Fiscal General de Estado, directamente nombrado por el Gobierno.

Quien se haya podido tomar la molestia de leer el minucioso Auto del Juez Castro, en el que se mantiene la imputación contra la Infanta Cristina por blanqueo de dinero y delito fiscal, quedará perplejo al comprobar cómo aquélla y su amado esposo se gastaban el dinero procedente de nuestros impuestos en cenas o diversiones, o para rehabilitar un palacete de lujo; aunque también servía para contratar  ilegalmente a su servicio doméstico. Lo hacían sin complejos, a sabiendas de que sus gastos no se correspondían con los ingresos procedentes de sus nóminas,  con la sensación de que gozaban de plena impunidad por ser quienes eran, así de sencillo.

Por ello observar a un fiscal enrabietado, desesperado, fuera de sus casillas, actuando con un servilismo impropio  de su cargo, resulta altamente ofensivo para quienes aún creemos que la justicia debería de ser igual para todos. Porque el fiscal Horrach, que está tirando por la borda su prestigio a costa de convertirse en defensor apasionado de la Infanta, se equivoca en todo: en el fondo, por cuanto existen indicios más que sobrados para que sea acusada y tenga que sentarse en el banquillo de los acusados; y en las formas, al enfrentarse al juez instructor con insultos y descalificaciones injuriosas, como si se tratase de una vendetta personal, haciendo el juego sucio a otros, a cambio de no se sabe qué.

La instrucción del juez Castro ha sido procesalmente  impecable, sin dejar resquicio alguno a la crítica en cuanto a su tramitación, y ha cumplido su misión de investigador como muy pocos se atreverían a hacer. Su misión no es juzgar, sino recopilar todos los elementos de juicio necesarios para que otros lo hagan, y aquí  acaba su papel. Quien cumple correctamente con su trabajo, superando todo tipo de presiones, no merece ser descalificado por ello, sino todo lo contrario. Aunque, por lo que estamos escuchando en las últimas horas, se ha convertido en el destinatario de todo tipo de improperios y ofensas por parte de los defensores incondicionales de la impunidad de la Infanta Cristina.

Ahora toca esperar a la resolución que dicte la Audiencia Provincial de Baleares, que en buena lógica debería ser confirmatoria del Auto del juez Castro, por cuanto si los indicios existen y estos son suficientes para que se proceda a la apertura del juicio oral, no puede hacer otra cosa, so pena de prejuzgar unos hechos, lo que sería excederse en sus competencias. Es más, fue la propia Audiencia la que sugirió al juez Castro que orientase su instrucción en el delito de blanqueo de capitales. Aunque, con las presiones que estarán sufriendo sus componentes, se puede esperar cualquier cosa.

Es preciso aclarar que el recurso no interrumpe la tramitación, y ésta debe continuar dando traslado a las partes acusadoras para que se pronuncien.  Y es ahí donde el fiscal se abstendrá de formular acusación, y está aún por saber la postura de la Abogacía del Estado (encargada de defender nuestro dinero), y la de otras acusaciones populares. Aunque sería desalentador comprobar una vez más cómo Manos Limpias, de ideología ultraderechista, nos saca de nuevo las castañas del fuego.

Se están escuchando voces de que todo quedará en nada, al entender que la acusación popular no será suficiente para juzgarla, por ser de aplicación  la doctrina Botín; la misma doctrina que, por no ser tenida en cuenta a la hora de juzgar a Garzón, permitió que éste fuese condenado. Paradógico pero cierto, nuestro Tribunal Supremo se ha inventado doctrinas de quita y pon, para aplicarlas según  convenga. Y a esto lo llaman justicia.

Falta aún un largo recorrido procesal, o corto si la Audiencia decide darle carpetazo a la imputación de la Infanta. Pero al final todo acabará en nada, y a nuestra oligarquía dominante se le llenará de nuevo la boca de babas, afirmando que la justicia es igual para todos. Y en el  teatro de la vida, en donde las injusticias y desigualdades campan por sus fueros, se seguirán escribiendo nuevos capítulos poco edificantes, que algunos -si nos dejan y aún nos queda fuerza- seguiremos denunciando públicamente.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24)

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¿A quién tiene miedo el Rey saliente?

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Después de una semana aciaga, en donde el boato y la suntuosidad que emerge del poder ha tenido su momento de gloria, ya hemos vuelto a la normalidad, que es muy distinta y diferente a la que se nos pretenden trasmitir, y en la que la transparencia que nos prometió Felipe VI se convierte de nuevo en la opacidad que siempre hemos conocido, y que afecta especialmente a la Familia Real y a sus aledaños, que cada vez son más a medida que aquella disminuye en componentes. Y ahora toca aforar apresuradamente, como sea y a cualquier precio, al rey saliente, sin importar que se haga con una fórmula contraria a la Constitución, pues ya se encargará  el Tribunal Constitucional, si a ello hubiere lugar,  de darle en su momento una salida adecuada para que así sea, aunque constituya un nuevo atentado al Estado de Derecho.

Resulta paradójico que quienes se llenaban la boca pregonando el respeto al cumplimiento de las leyes para acallar a los que solicitábamos una consulta previa al nombramiento del nuevo Rey, sean los que ahora busquen atajos para mantener la impunidad de por vida de Don Juan Carlos, olvidándose de que el aforamiento lo es en razón al cargo y no tiene carácter personal, que no es posible extenderlo en el tiempo a situaciones previas o posteriores a  la función desempeñada, y que no debería proteger comportamientos de índole particular.

Con las prisas no se cuidan las formas, se prioriza el fondo, y la chapuza está servida. Porque pretender introducir y regular el aforamiento de Don Juan Carlos introduciendo una enmienda en un proyecto de ley de racionalización del sector público que modifica mínimamente la Ley Orgánica del Poder Judicial en un apartado sobre permisos de los jueces, que en principio solo afecta a funcionarios, aprovechándose de que ésta se encuentra en el final de su tramitación, es un auténtico disparate legal, aunque se consiga el fin previsto. Pero al  menos no introducen la enmienda en el debate del nuevo Código Penal, que sí sería esperpéntico, e invitaría a agudizar el sentido del humor, que en los últimos años se ha convertido en la válvula de escape de muchos españoles.

Parece evidente que hay dos temas que deberían de preocupar de manera especial al monarca que ha dejado de serlo: uno de índole penal, ya que el juez Castro podría tener la genial ocurrencia de llamarle a declarar como imputado en su condición de encubridor de las supuestas fechorías de la Infanta Cristina y su yerno, que lo sigue siendo, Iñaki Urdangarín; aunque todos sabemos que no lo hará. Y otro asunto de índole civil, de enorme calado, que hace referencia a dos demandas sobre paternidad que no pudieron tramitarse en su día, dada la inviolabilidad de la que gozaba por mandato constitucional alguien que hace dos años se atrevió a afirmar durante el discurso de Navidad que todos los españoles éramos iguales ante la Ley; todos, menos él, se le olvidó añadir.

En referencia a esta segunda preocupación, ya sabemos que un tal Albert  Solá, que afirma ser descendiente del Rey saliente , ya ha solicitado judicialmente la reanudación del procedimiento no admitido a trámite en el año 2012; y pretende ser declarado hijo de Don Juan Carlos, según dice con la única intención de que se reconozca la verdad biológica. El algodón no engaña, y la fiabilidad de las pruebas de ADN para establecer la paternidad tampoco, por lo que si se cumple la Ley, y esperemos que así sea, muy pronto deberíamos saber el veredicto final, por el bien del Estado de Derecho y de la transparencia. Menudo marrón si se confirma que es su hijo, y en mayor medida al convertirse en su primogénito, que en buena lid debería haber sido coronado como Rey. Puede resultar divertido para los republicanos ver la corrida desde la barrera mientras esperamos nuestra oportunidad; y no se descarta que algún espontáneo pretenda lanzarse al ruedo aprovechando la ocasión.

Por cierto no hablamos de Ingrid Sartiau, supuesta hermana de Albert Solá, y también con muchas probabilidades de ser hija también de Don Juan Carlos, porque es mujer, y ya sabemos que en temas reales la Constitución es inconstitucional al no admitir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. No me negarán que este país es folklórico a tope; y este real reality no acaba más que empezar. De confirmarse sus vínculos biológicos,  muy pronto querremos saber  la verdadera vida paralela de Don Juan Carlos, y todas las maniobras realizadas entre bambalinas para ocultar su existencia y su familia numerosa. Pero esto se lo dejamos para Telecinco, la cadena de máxima audiencia de este país.

Pero recuperemos la seriedad, el aforamiento no supone inmunidad ni inviolabilidad, sino un cambio de escenario en donde juzgar los hechos. Y no deja de ser muy sospechoso que se escoja el Tribunal Supremo como el lugar idóneo para que puedan resolverse las contiendas judiciales que afecten a Don Juan Carlos, alejándolo del juez natural; porque muchos podríamos sospechar  que la justicia funciona de manera diferente en razón al cargo que hayas desempeñado, y hasta suponer de que pueda cuestionarse la imparcialidad del  Alto Tribunal; y eso sí que sería muy grave para el Estado de Derecho. Aunque para algunos, y en especial para quienes nos gobiernan con mayoría absoluta, es un tema menor, y lo que importa es mantener a cualquier precio los privilegios y la impunidad de los intocables, la casta que diría Pablo Iglesias.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24)

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¿Dónde están los principios programáticos de IU?

Se dice que de la teoría a la práctica hay un trecho, e Izquierda Unida nos lo confirma con sus movimientos pendulares que sus dirigentes siempre tratan de justificar, pero ya no se sostienen. Y para ejemplo podemos destacar lo que está ocurriendo en Asturias y en Extremadura, que requiere una explicación pública y muy exhaustiva por parte de sus dirigentes.

La pasada semana nos enteramos de que Ángel González, el portavoz de IU en el parlamento asturiano, ha sido condenado a 7 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, al haber incurrido en un fraccionamiento de forma ilegal de contratos públicos contrario al ordenamiento legal vigente, siendo plenamente consciente de ello. Puede que haya sido una práctica habitual de muchas administraciones, sin que hubiese estado sometida a la persecución penal, pero quienes han querido convertirse en los adalides de la limpieza, no pueden incurrir en el mismo grave error que ellos mismos critican.

Lo más grave de su conducta se encuentra en el hecho de permanecer en el cargo a pesar de haber sido imputado, acusado formalmente, y ahora condenado. ¿Nos hemos olvidado de las palabras de muchos dirigentes de Izquierda Unida, exigiendo la dimisión de los imputados por higiene democrática?. Mucho predicar y exigir a los demás, pero cuando les toca a ellos se olvidan de sus promesas. Ya sabemos que no va a dimitir de sus cargos, salvo que le obliguen a ello, pero la circunstancia de tener intención de recurrir la sentencia por entender, como ha afirmado, que “todo es una gran mentira“, no justifica su permanencia en el escaño que ocupa.

La dirección de IU de Asturias parece que ya ha reaccionado al pedir su dimisión, aunque ha tardado mucho en posicionarse, y ahora lo hace obligada por sus bases, que parecen demostrar más sensatez. Es más, debería haberle exigido su renuncia a todos los cargos que ocupa, incluido el escaño, cuando fue acusado formalmente, y no esperar a su condena.

Lo de Extremadura, en donde gobierna el PP con el apoyo explícito de IU, es otro cantar, que afecta directamente a la credibilidad de sus dirigentes nacionales, cuando afirmaron que nunca permitirían que hubiese un gobierno de derechas cuando pudiesen evitarlo. Ahora los socialistas han presentado una moción de censura por sorpresa y les ha cogido con el pie cambiado, poniéndoles en una posición muy incómoda en plena campaña electoral para las europeas.  Tenían  la oportunidad de rectificar, pero han optado por abstenerse, que es tanto como mantener su apoyo inquebrantable a la derecha, lo que tarde o temprano les va a pasar factura en las urnas. No se puede mantener un programa de izquierdas apoyando a la derecha, y todo hace pensar que los dirigentes extremeños actuan más por desavenencias personales que por ideología.

Y ahora, ¿cómo sale  IU de los atolladeros en los que que se ha metido sin la ayuda de nadie?. Una huida hacia adelante puede convertirse en un grave error, que por soberbia son incapaces de enmendar. Sus dirigentes cada vez se parecen más en su forma de actuar a los de los dos grandes partidos. Cosas que pasan cuando los mismos de siempre se perpetúan en sus cargos. Los profesionales de la política, salvo escasas excepciones,  son así; todos iguales.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24).

 

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Jugada maestra de Elpidio Silva en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

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Desconozco si en política será capaz de desenvolverse con esa habilidad y eficacia, pero cuando tiene que enfrentarse a sus propios juzgadores, en especial si estos son amateurs impuestos por motivaciones políticas, lo hace con extraordinaria destreza, como si se tratase de un experto jugador de ajedrez capaz de mover la pieza más adecuada en cada momento. No olvidemos que, aunque más de uno insinúe que no está en sus cabales, ha sido el primero de su promoción y la práctica en su profesión le ha convertido en un buen procesalista.

Como todos ya sabemos, Elpidio Silva está sufriendo una implacable persecución  político-judicial por haber tenido la osadía de encarcelar en  dos ocasiones a Miguel Blesa, que no acabará hasta que consigan apartarle definitivamente de la carrera judicial. Es conocedor que la guerra puede estar perdida, pues se enfrenta a un enemigo muy poderoso que juega con las cartas marcadas, pero no está dispuesto a  humillarse y resistirá hasta el final. Se encuentra en buena forma, y sabrá enfrentarse a las próximas batallas, a sabiendas que el tiempo juega a su favor.

Quienes le persiguen lo han infravalorado, y ahora están sufriendo sus consecuencias, al haber puesto en ridículo al mismísimo sistema judicial, hasta el punto que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, compuesto por magistrados dóciles al poder y advenedizos sin experiencia nombrados por motivaciones políticas, se ha quedado sin jueces para juzgarle, tras haber prosperado todas las recusaciones que Elpidio Silva ha formulado en cadena. Primero fueron dos de los tres magistrados que componían el Tribunal  colegiado que le iba a juzgar; después ha quedado fuera una de sus sustitutas, María Tardón, tras haber prosperado la recusación formulada contra ella, dadas sus vinculaciones personales con el Partido Popular y con la propia Bankia; le sigue el presidente del Tribunal, Arturo Bertrán, que ha decidido apartarse del asunto para evitar ser noqueado de nuevo y entrar en la deriva del ridículo; y muy pronto será recusado otro suplente,  por haber conseguido su puesto con los exclusivos votos del poder del PP, lo que hace que esté contaminado antes de actuar. No olvidemos que la admisión de la recusación de la juez Tardón se fundamentó en la intención de “preservar la imagen de la Justicia“; lo que ignoramos es saber a qué justicia, con minúscula, se refería.

A buen seguro que el Tribunal Superior de Justicia buscará una fórmula para nutrir de magistrados el Tribunal que le ha de juzgar, una vez que se han quedado sin jugadores de campo y sin reservas en el banquillo,  pero se cuidará muy mucho de que los que definitivamente le juzguen no estén contaminados. Por el momento el juicio queda suspendido “sine die”, se celebrará con magistrados aparentemente imparciales,  y comenzará de cero, es decir, que deberán de posicionarse nuevamente sobre la procedencia o no de las pruebas que en su día fueron rechazadas, que pueden resultar vitales para su defensa. Pero todo puede cambiar si Elpidio Silva es elegido  eurodiputado, en cuyo caso, debido a su aforamiento, sería el Tribunal Supremo el competente para juzgarle. Esto no ha hecho más que empezar, y se augura un desarrollo interesante, con desenlace incierto.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24)

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Juicio político contra el magistrado Elpidio Silva

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La democracia es incompatible con la corrupción y con las  corruptelas, sus hermanas menores, que aparentan decencia pero puede ser más dañinas que aquélla. Cuando un país pierde su honra y su dignidad, y se vende al mejor postor, lo pierde todo y entra en un declive   en beneficio de unos pocos y en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos, que se convierten en convidados de piedra y ven cómo los tres poderes del Estado se confabulan para eliminar a sus enemigos sin piedad, sin esconderse, y sin sonrojo alguno. Y esto es lo que está pasando en España, aunque algunos  todavía no se hayan enterado o no quieran reconocerlo.

Elpidio Silva cometió el error de cumplir rigurosamente con sus obligaciones como juez instructor, y decidió encarcelar a un amigo íntimo del poder. En nuestro país, con razón y sin razón, se acuerdan a diario cientos de órdenes de prisión y no pasa nada; y si un juez se equivoca, viene el superior que le corrige y le revoca su decisión, y no pasa nada. Pero,  ¿a quién se le ocurre meter entre rejas al principal responsable de la ruina de Bankia, que nos ha costado a los españoles más de 30.000 millones de euros?. La osadía de ese magistrado díscolo, no tiene nombre, y es preciso acabar con él. En otros tiempos hubiese sido llevado a la guillotina en plaza pública, para que el pueblo se deleitase con su sufrimiento; pero como ahora somos más civilizados,  en un pispás le organizamos un juicio político, y en un tiempo récord lo imputamos, acusamos y juzgamos por prevaricación, pidiéndole como pena nada más y nada menos que treinta años de inhabilitación, para que nunca más pueda ejercer ni molestar a la casta de los intocables.

Ahora algunos se escandalizan con el comportamiento del magistrado durante la celebración del juicio; le acusan de no ser respetuoso con la justicia, y que ha demostrado que no es apto para administrarla, tratando de justificar con ello la persecución de que éste es objeto. Les hubiese gustado más que hubiese sido dócil  y sumiso ante el juicio-farsa que se ha confeccionado a la medida contra él; pero quienes lo han pretendido han fracasado clamorosamente.

Elpidio Silva ha planteado su defensa con el objetivo de que el juicio tenga la máxima publicidad y se convierta en una denuncia pública contra un sistema judicial  a dos niveles y de dos velocidades. Porque ya todos sabemos, y hasta el propio Fiscal General del Estado lo ha reconocido en público, que hay una justicia para poderosos y ricos influyentes, y una justicia para los demás, y eso resulta intolerable en una democracia, en la que se supone que todos somos iguales ante la ley, tal como dice nuestra Constitución.

Llama la atención que alguna de las excentricidades justificadas del juez Silva han conseguido poner nerviosos a los magistrados que le juzgan, que no han sabido estar a la altura de las circunstancias, demostrando un autoritarismo insaciable y muy poco afortunado. Suspender un juicio por renuncia de un letrado a la defensa de su cliente ocurre  todos los días en los juzgados españoles, y no pasa nada; si acaso un pequeño retraso en días hasta que se nombre un nuevo letrado, y nada más. Pero había prisa por imputarle, por acusarle, por juzgarle y, por qué no decirlo, por condenarle, porque a estas alturas de la película el guión ya está escrito y  ya nadie duda que lo será. Es la consecuencia lógica de un juicio prefabricado para un fin concreto, como es acabar con la carrera judicial de alguien que se ha atrevido a encarcelar a un intocable, amigo del poder y de los poderosos, a quien muchos deben muchos favores, y es hora de pagarlos.

 Lo que estamos viendo no es nuevo, y guarda un descarado paralelismo, con algunos matices,  con la persecución de la que fue víctima el juez Garzón. Ambos se atrevieron a investigar la corrupción de gentes importantes, a los dos se les ha colocado en situación de indefensión al denegarles la práctica de pruebas imprescindibles para su defensa, y en uno y otro caso han sido  juzgados con inusitada rapidez. Aviso a navegantes, no  hay dos sin tres, y quien ose incurrir en similar error será perseguido de forma implacable por el sistema. Señores magistrados sean sumisos y coman la zanahoria, aunque no sean vegetarianos, que ya saben lo que les espera de ser desobedientes; y no digan que no se les ha advertido por su jefe supremo, el mismísimo presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Hace unas horas escuchábamos en la Sexta al letrado Cándido Conde-Pumpido, abogado defensor hasta fecha reciente de Elpidio Silva y, en contra de lo que muchos querían escuchar, estuvo en su sitio, demostrando que es un gran profesional, y no habló mal de su cliente, sino todo lo contrario. Eso sí, denunció las irregularidades del proceso, el autoritarismo del tribunal y la inexplicable prisa por juzgar al juez antes de las elecciones europeas, en las que es candidato. Sólo le faltó decir que los Tribunales Superiores de Justicia,  por la forma en la que son nombrados sus miembros, tienen un componente político poco edificante para una justicia justa.

Estamos asistiendo a la segunda parte de El Padrino, con cambio de actores pero no de guionista. Pero falta imaginación porque el final es el mismo y es predecible. Triste espectáculo en un país que se ha convertido en una monarquía bananera, y va camino de superarse al haber adquirido un especial protagonismo la utilización perversa de la justicia.  Y os lo dice quien lleva cuarenta años ejerciendo la digna profesión de la abogacía ante los tribunales de justicia.

(Publicado en elplural.com y Asturias24)

 

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