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“Pido perdón”, y después qué…

Con esto de que siempre funcionan por consignas, a las primeras cabezas políticas del PP les ha dado estos días por pedir perdón por no haber sabido rodearse de personas honestas. Primero comenzó Esperanza Aguirre en una rueda de prensa y,  a su imagen y semejanza, le siguió  Mariano Rajoy a las 24 horas, en esta ocasión ante el Senado; si bien lo más llamativo de su intervención era observar a Javier Arenas en segunda línea con cara de morderse la lengua, que en un descuido se le escapó por la comisura derecha de sus labios, como si quisiese decir algo que su corrupto cerebro le prohibía. Y es que en el fondo son como niños, pero niños malos y peligrosos que recuerdan a una madre que, cuando detienen a su hijo, hecha la culpa a sus amigos que les han dado mal ejemplo; pero en realidad tienen ya edad como para saber el talante moral de quienes les rodean. ¿Podemos imaginar a Al Capone descubrir que uno de los suyos es honesto?; pues esto es igual, pero al revés.

Los acontecimientos se suceden a una velocidad endiablada, hasta el punto que la “Operación Púnica” parece hacer olvidar el caso de las tarjetas black, y entre uno y otro escándalo el imputado Ángel Acebes pasa  de puntillas, después de haber negado conocer en sede judicial al arquitecto que proyectó las obras pagadas con dinero negro en la sede de Génova, y sonrojarse cuando el instructor le enseñaba una fotografía en la que le estrecha la mano en presencia de Don Mariano, el capo de la familia del PP.

Como buenos creyentes, los dirigentes del PP deben de ser conscientes que “Dios los crea y ellos se juntan”; y que nadie ponga cara de tonto afirmando que no sabía que quienes le han rodeado durante años eran unos corruptos, ladrones y  sirvergüenzas. Todos, yo mismo, hemos tenido algún amigo o conocido poco recomendable; pero se notaba, y llegaba un momento en que la relación personal se rompía, sin esperar a que lo tuviesen que meter  en la cárcel.  Por lo que no es creíble que Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy, no se enterasen de nada, cuando era de dominio público que muchos de estos sinvergüenzas ya eran sospechosos de serlo.

A Esperanza Aguirre ya no le deben de quedar amigos, salvo los palmeros incombustibles que le ríen todas las gracias. Tenía una estrecha relación con el presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, ahora en la cárcel; mantenía amistad con el presidente de la patronal madrileña, actualmente implicado en el caso de las tarjetas black; era de su máxima confianza Juan José Güemes, hijo político del condenado Carlos Fabra y  exconsejero de Sanidad de  la Comunidad de Madrid cuando ella la presidía, ahora imputado por cohecho y prevaricación; se cuentan por decenas los consejeros, diputados regionales y alcaldes de la Comunidad de Madrid actualmente imputados, y que fueron nombrados todos ellos cuando la lideresa presidía el PP de Madrid y la propia Comunidad;  y ahora cae con todo lo puesto quien fuera su brazo derecho y persona de su máxima confianza, Francisco Granados. Y ella “sin enterarse de nada”; más que caza talentos, es una auténtica experta caza corruptos. Doña Esperanza, ¿podría decirme en tres segundos el nombre de un conocido que no esté bajo sospecha de corrupción?. ¿No?, pues mal anda de reflejos,  de amistades, y de escrúpulos.

Y si hablamos de Mariano Rajoy, más de lo mismo. Defendió públicamente a Francisco Camps, el de los trajes, ahora convertido en un apestado en la Comunidad valenciana; puso como ejemplo de buen gobierno el trabajo realizado como presidente de Baleares por Jaume Matas, ahora en la cárcel por corrupto; salió en defensa de su extesorero Luís Barcenas, que cumple prisión preventiva desde hace más de un año; compartió banco azul con Rodrigo Rato, uno de los máximos responsables del hundimiento económico de Bankia e imputado en  el caso de las tarjetas black; cuando ya era presidente del PP, tuvo de Secretario General de su partido a Ángel Acebes, ahora imputado por adquirir acciones de un periódico digital de ideología ultraderechista; y cada vez que entra en la sede de su partido en la calle Génova, es consciente de que ha sido rehabilitada con dinero negro, sin pagar el IVA, procedente supuestamente de la percepción de comisiones ilegales. ¿Y sigue afirmando que nada sabía?. Es tonto o se hace, pero ya nadie le cree, salvo el 28% de los votantes que, como feligreses incombustibles,  parecen apoyar en las urnas la  institucionalización de la corrupción.

Son tantos los corruptos y tantos los escándalos que ya no somos capaces de acordarnos de todos, y muchos se nos quedan en el tintero. Pero, fuera bromas, no basta con pedir perdón. Doña Esperanza y Don Mariano, si les queda un mínimo de decencia, que casi todos ya lo dudamos, deben dimitir de inmediato de todos sus cargos, desaparecer de la vida política, y dejar que en nuestro país entre un poco de aire fresco, que el olor ya es nausebundo. Eso sí, no se olviden de llevar con ustedes a todos sus amigos y personas de confianza, no sea que nos dejen la basura sin recoger. Pero antes, que nos devuelvan nuestro dinero, el que nos han robado a manos llenas durante .

Difunde

Urge restituir en sus puestos a los jueces Baltasar Garzón y Elpidio Silva

garzonelpidio

Tras sufrir una persecución indecorosa, indigna e implacable, el 9 de febrero de 2012 nos enterábamos de que el Tribunal Supremo, en contra del criterio del fiscal,  condenaba a 11 años de inhabilitación por prevaricación al juez Baltasar Garzón, lo que suponía poner fin definitivamente a su carrera judicial.  Su pecado no era otro que el haber sido impacable con la persecución de la corrupción del Partido Popular. Desde entonces, para vergüenza de algunos jueces y fiscales, continúa siendo el primer y único condenado por el caso Gürtel.

Aunque constituyó noticia de segundo nivel, al haber copado los titulares de los medios de comunicación el contagio del ébola y las tarjetas opacas, el pasado 7 de octubre se publicaba la noticia de que el juez Elpidio Silva era condenado a 17,5 años de inhabilitación por prevaricación continuada, por el Tribunal Superior de Justicia. Su pecado no era otro que el haber privado de libertad de forma indebida a los personajes tan “honorables” como Miguel Blesa y Gerardo Díaz Ferrán. La sentencia no es firme, ya que puede ser revocada por el Tribunal Supremo, pero supone un grave mazazo a la indepencia de los jueces. Curiosamente es el primer condenado por el caso Bankia.

De personalidades muy distintas y antagónicas, ambos han tenido en común el llevar al límite la investigación judicial de graves casos de corrupción, cometidos por personajes abyectos, pero pertenecientes a la casta de los intocables, y que por ello gozan de una protección especial por parte de quienes, con mucho poder y carentes de escrúpulos, pueden llegar a influir en determinadas decisiones judiciales.  Molestos y peligrosos, era preciso inhabilitarlos de por vida, y de paso se mandaba un mensaje a sus compañeros, que a buen seguro ya saben a que se arriesgan si osan imitarles.

La prevarición, que consiste en estos casos en dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son, es de una subjetividad en su interpretación que permite que hechos muy similares puedan ser o no considerados como delito en razón a la ideología y mentalidad del juez que ha de decidir, por lo que una condena puede incluso  llegar a estar motivada por prejuicios y pasiones de carácter extrajurídico. Y si a ello unimos  que en determinadas instancias, como pueden ser el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, muchos de sus miembros están nombrados en base a criterios políticos, el plato está servido para que pueda ser condenado un inocente sin que quien firma la sentencia  pueda incurrir en responsabilidad alguna.

No está de más recordar que el caso Gúrtel ha servido para destapar en cadena situaciones gravísimas de corrupción. Porque el  caso Bárcenas o la ya muy avanzada investigación sobre la financiación ilegal del partido en el Gobierno, nunca hubiesen salido a la luz sin la intervención  inicial del polémico juez Garzón, al que todas las personas decentes le debemos gratitud.

Lo llamativo de la condena del juez Elpidio Silva, es que coincide en el tiempo con el conocimiento público de las tarjetas opacas de Bankia, que permite descubrir que el honorable Blesa, a falta de saber con detalle en qué se gastó los 436.700 euros que se le imputan, invirtió 9.000 euros en un Safari en África y 10.000 en vino. Y nos estamos refiriendo al mismo Blesa  que hace unos meses  acusaba al juez Silva por daños irreparables a su honor, al mismo amigo que impuso Aznar para gestionar Bankia, cuyo rescate nos ha costado a nuestros bolsillos 23.465 millones de euros. Por cierto, gracias a los correos intervenidos por el juez ahora condenado,  se ha podido tirar del hilo para descubrir la existencia de las tarjetas  “black”.

En las últimas semanas están pasando  muchas cosas, demasiadas, para saber que se ha levantado la  veda del corrupto; y los partidos de la casta, atemorizados por lo que se les puede venir encima cuando continúen saliendo a la luz otros casos de corrupción, están sufriendo un desgaste irrecuperable. Se ha acabado el discurso derecha o izquierda, ahora toca enfrentar a las personas honestas con los ladrones y sirvergüenzas; y una sociedad que está empeñada en recuperar su dignidad, no puede permitirse el lujo de dejar en el dique seco a dos jueces que, con sus errores humanos, han influido de forma decisiva  en que podamos vez  la luz en un país con un altisimo nivel de corrupción.

Por su contribución a la decencia,  los jueces Baltasar Garzón y Elpidio Silva deben ser restituidos de inmediato en sus puestos. Se lo debemos.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24)


La muerte de un banquero y “la doctrina Botín”

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La muerte de un ser humano debería sentirse en mayor o menor grado en razón a los vínculos afectivos que nos unan con el fallecido. El resto, y todo lo que se dice cuando muere una persona “importante”, es hipocresía, cinismo, o puro interés. En los últimos años han fallecido en nuestro país decenas de personas como consecuencia de los recortes o de la desesperación que produce quedarse sin nada,  y no han pasado de ser una noticia más sin relevancia, que se queda en el olvido en pocos días. La última víctima, de cuyo nombre nadie se acordará ya, un hombre de 72 años que paseaba por la acera de una calle de Madrid. La causa directa de su muerte fue la caída de una rama de un árbol en mal estado;  la indirecta, los recortes en el Ayuntamiento de Madrid, dejando en la calle a 160 jardineros, y la privatización del servicio. Pero no importa, los seres anónimos sin pedigrí, solo son valorados por los políticos en épocas electorales, y el resto del tiempo no son más que un número.

En nuestro país tienes que tener mucho dinero o haber hecho muchas travesuras para ser recordado en tu muerte. Ha muerto Emilio Botín, ¿y qué?; nunca ha regalado nada a nadie, salvo por el interés, y solamente  ha hecho favores para cobrarlos después, y con intereses. Si dejabas de abonar la hipoteca concedida por su Banco, nadie te preguntaba los motivos de su impago, cayendo sobre el moroso la espada de Damocles en forma de intereses usurarios de más de un 20% por demora y un previsible desahucio de la vivienda habitual; y en muchos casos la de los padres de la víctima, en su condición de avalistas de buena fe.

Emilio Botín ha fallecido sin perdonar nada a nadie, excepto las deudas de algunos partidos políticos, que se han pagado después en forma de favores. Se dice que el Banco Santander condonó en el 2006 al Partido Socialista una cantidad cercana a los 12 millones de euros, y curiosamente unos años después un gobierno de Zapatero indultó de forma vergonzosa a Alfredo Sáenz, consejero delegado de dicha entidad. ¿Pura coincidencia?; los ciudadanos tenemos derecho a pensar mal y con motivo. Y de esas prácticas no se ha salvado el PP, aunque el dinero para la  financiación ilegal del partido en el gobierno suele  llegar por otros caminos y ser más opaco.

Lo cierto es que Emilio Botín en el ámbito judicial pasará a la historia por haber conseguido salir indemne de todas las querellas interpuestas contra su persona, dado el interés especial de algunos jueces y fiscales en que fuese así, al no haber visto delito en  conductas irregulares que podrían considerarse tipificadas penalmente. Es más, fue fuente de inspiración de la que ya se conoce como “doctrina Botín”, un invento del Tribunal Supremo para exonerarle de responsabilidad criminal, por el mero hecho de que la acusación partía del ejercicio de la acción popular, pero no era apoyada por el Fiscal. Por entonces se preguntaron algunos magistrados que votaron en contra  para qué servía la acción popular si no gozaba de propia autonomía para llegar hasta el final. Qué lujo de justiciable al que le han puesto su apellido a una interpretación novedosa del Tribunal Supremo, expresamente inventada para él. Obviamente el fiscal ni estaba ni se le esperaba, recibiendo las órdenes del gobierno de turno, que para eso lo había nombrado y estaba bajo su control directo.

Por cierto, ¿por qué no se aplicó a Baltasar Garzón la “doctrina Botín”, a pesar de que fue el ejercicio de la  acción popular, sin la intervención del fiscal, lo que permitió su condena?, ¿Alguien lo puede explicar para convencer a quienes hemos dejado de creer hace muchos años que la justicia es igual para todos?. Aunque a buen seguro dicha doctrina ayudará a salvar a la Infanta Cristina; quién le iba a decir a Don Emilio que a título póstumo iba a servir su apellido para exonerar de sentarse en el banquillo de los acusados a la mismísima hermana del Rey. Tiempo al tiempo, y descanse en paz, aunque no lo hagan las víctimas de la crisis económica que han perdido su vivienda, y en algunos casos su vida.


Jueces contra la represión

15m

En una época en la que nuestros gobernantes se olvidan de los derechos consagrados en nuestra Constitución, que solo la tienen en cuenta cuando les viene en gana, se agradece que los jueces, a través de sus sentencias, pongan las cosas en su sitio y defiendan la dignidad de los ciudadanos, que son perseguidos por reivindicar en las calles sus derechos, único lugar en el que pueden hacerlo entre elección y elección. Resultando bochornoso que nuestros derechos democráticos se menosprecien con comportamientos más propios de sistemas totalitarios.

Por eso hemos de aplaudir la valentía de los magistrados de la sección 1ª de la Sala de lo Penal la Audiencia Nacional, que han tenido el atrevimiento de absolver a los 19 acusados que blindaron el Parlament catalán durante una protesta del 15M, que tuvo lugar el 15 de junio de 2011, acusados de un delito contra las instituciones del Estado, y por el que se pedían a cada uno más de 5 años de prisión. Condenando tan solo a uno de ellos por una falta de daños, imponiéndole una pena simbólica.

La Sentencia es para enmarcar, y su contenido debería de servir de pauta cuando se enjuicien hechos similares. Nuestro país no puede soportar tantas injusticias, que nacen muchas de ellas de las propias instituciones del Estado, en donde la corrupción ya forma parte indisoluble de su funcionamiento, y goza de una escandalosa impunidad. Nos rasgamos las vestiduras porque un grupo de jóvenes impidan el acceso al Parlament de un grupo de diputados, y permitimos que muchos de ellos deshonren las propias instituciones con sus conductas inmorales sentándose en sus escaños.

De su contenido queremos destacar un párrafo que expresamente reproducimos: “la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación, íntimamente vinculados como cauces de la democracia participativa, gozan de una posición preferente en el orden constitucional, por lo que han de ser objeto de una especial protección y necesitan de un amplio espacio exento de coacción, lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez ni temor. Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado a admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismo de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta en el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de personas y grupos para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia  la Constitución en su título preliminar“.

Estás reflexiones, en voz alta, incluidas en la sentencia de la Audiencia Nacional, no son gratuitas, sino que están inspiradas en una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2.000; aunque por la referencia a los medios de comunicación privados, bien podrían estar inspiradas en el propio Pablo Iglesias. Por lo que no sería de extrañar que algunos jueces acaben formando un Circulo en Podemos; eso sí, clandestino, con eso de que tienen prohibido pertenecer a organizaciones políticas.

El Fiscal General del Estado, comisario político del gobierno de Rajoy,  ya ha mostrado su malestar por la sentencia y ha dado instrucciones para que el fiscal encargado del caso interponga recurso de casación. Aquel, es el mismo Fiscal que con vehemencia defiende la inocencia de la Infanta Cristina; por lo que intuimos que para él no resulta delito comprarse un palacete con dinero público, y sí lo es que un grupo de jóvenes protesten en la calle amparados, como dice la sentencia, en los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión.

Cada día que pasa las instituciones del Estado se distancian más de la calle, y de la realidad. Pero por muchas leyes represivas que impongan, ya están perdiendo la batalla de la opresión, porque muchos jueces han decidido con sus resoluciones frenar sus ímpetus totalitarios; y lo hacen aplicando el sentido común y con la Constitución en la mano, nada más y nada menos.

(Publicado en elplural.com)

 


Caso Nóos: Súbitamente aparece un contable “arrepentido”, ¿otra maniobra para exonerar de responsabilidad penal a la Infanta?

castrohorrach

Huele mal, muy mal, la repentina aparición de un contable “arrepentido”, precisamente el mismo día que finaliza el plazo para recurrir el auto del Juez Castro, en el que se mantiene la imputación de la Infanta Cristina. Un pacto con la Fiscalía no se realiza en un día, sino que requiere una previa negociación en la que se minorará la pena del “arrepentido” en razón a lo que aporte y su grado de veracidad, y ésta precisa la presentación de nuevas pruebas para verificarla. Por lo que me permito pensar que se dio publicidad a esta noticia escogiendo la fecha adecuada para debilitar mediáticamente la postura del Juez Castro respecto a la Infanta. Si sacamos un conejo de la chistera, no por eso se produce una sorpresa positiva para el prestidigitador y los espectadores, si el animal está enfermo y contaminado; y eso parece.

Se hace necesario que el Fiscal Horrach nos aclare desde cuándo conocía que el contable arrepentido quería confesar, cuándo presentó la declaración por escrito, qué  pruebas le ha aportado para demostrar su veracidad, en qué términos se ha pactado una rebaja de la pena a imponerle, y por qué no le dio traslado inmediato al juez Castro. Porque si estos interrogantes no reciben una respuesta adecuada, muchos ciudadanos sospecharemos que este episodio, para algunos cinematográfico, forma parte de la estrategia global planteada por la oligarquía dominante  para eximir de cualquier responsabilidad a la Infanta e impedir que se siente en el banquillo de los acusados. Y si se confirmase esta intuición, deberíamos de abrir una nueva causa para acusar a los responsables de esta conspiración de un delito de obstrucción a la justicia, entre otros  posibles.

Como letrado en ejercicio desde hace 40 años, cada día que pasa me siento más escandalizado por la forma con la que se está llevando este asunto por algunos medios de comunicación, y por quienes deberían de dar ejemplo de respeto al buen hacer de la justicia; y en ellos incluyo al Gobierno, al Fiscal General del Estado y a la Casa Real. Aunque lo verdaderamente  importante e inmoral no es lo que vemos o nos cuentan, sino lo que muchos intuimos que se cuece entre bambalinas para conseguir que la justicia no sea igual para todos; y quienes lo hacen son los que en muchas ocasiones se convierten en ardientes defensores de una Constitución, que no me cabe la menor duda que  está sometida a una permanente manipulación.

En todo caso el “arrepentido” deberá ratificar y demostrar todo lo que ahora afirma durante el juicio oral, en una sala en la que compartirá banquillo con la Infanta Cristina. Será en este momento, y nunca antes, cuando tendrá que comprobarse si aquélla es o no responsable de los delitos de los que se le acusa. Porque, en principio, esta declaración del contable de Nóos  no la exime de sus responsabilidades penales, y puede resultar intrascendente, ya que nadie ha cuestionado que hayan sido  Undargarín y Diego Torres los cabecillas de la trama.

Es más, el delito fiscal se comete en razón a la cuantía defraudada, y si se demuestra que superó la barrera de los 120.00 euros,  en la medida en que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, será muy difícil que una persona universitaria, preparada durante años con dinero público, y muy valorada en los puestos de trabajo que ha realizado en entidades bancarias, recibiendo por ello un sueldo incompatible con la ignorancia de la que ahora presume, pueda ser creída ante un tribunal de que no se enteraba de nada.

Podríamos decir lo mismo al referirnos al delito de blanqueo de capital. En una economía doméstica, en donde existe un amor verdadero en la pareja, parece evidente que ambos deben conocer el importe de sus ingresos, para saber el límite de sus disponibilidades. Y cuando los gastos con destino a muebles, inmuebles, viajes y a sufragar un alto nivel de vida, se disparan, y superan los ingresos, deberían ambos pensar  que de alguna parte debe salir el dinero, y no precisamente de una entidad sin ánimo de lucro.

En todo caso, conocida la declaración del arrepentido, será imprescindible abrir una nueva causa para investigar con más rigor a todos los que controlaban las administraciones públicas en las Comunidades de Valencia y  Baleares, por regalar dinero público a cambio de nada. Se está hablando de casi seis millones de euros, más de mil millones de las antiguas pesetas, y esto es mucho dinero sustraído de nuestros bolsillos con la colaboración de muchos políticos aforados. Don Mariano, ahora que está empeñado en regenerar la democracia, ¿se anima a sugerirlo al Fiscal General del Estado, para que persiga a los suyos?. Sería una buena iniciativa para empezar a ser creíble. ¿Y si  hablase su contable, el que está en la cárcel, un tal Luis Bárcenas?; recen para que no lo haga disfrazado de “arrepentido”.

(Publicado en elplural.com)


La Infanta Cristina debe sentarse en el banquillo de los acusados

infalta

Resulta bochornoso el espectáculo que estamos contemplando en el que, en un acto de hipocresía colectiva, todos los que desean lo peor para el juez Castro, se afanan en respetar al mismo tiempo su resolución,  afirmando  que su decisión demuestra que la justicia es igual para todos, cuando esa aseveración es falsa, nadie se la cree, y el tiempo lo demostrará. Es patético y muy poco edificante el papel que ha decidido interpretar el fiscal, que se extralimita en sus funciones tanto en el fondo como en las formas, con el apoyo explícito del Fiscal General de Estado, directamente nombrado por el Gobierno.

Quien se haya podido tomar la molestia de leer el minucioso Auto del Juez Castro, en el que se mantiene la imputación contra la Infanta Cristina por blanqueo de dinero y delito fiscal, quedará perplejo al comprobar cómo aquélla y su amado esposo se gastaban el dinero procedente de nuestros impuestos en cenas o diversiones, o para rehabilitar un palacete de lujo; aunque también servía para contratar  ilegalmente a su servicio doméstico. Lo hacían sin complejos, a sabiendas de que sus gastos no se correspondían con los ingresos procedentes de sus nóminas,  con la sensación de que gozaban de plena impunidad por ser quienes eran, así de sencillo.

Por ello observar a un fiscal enrabietado, desesperado, fuera de sus casillas, actuando con un servilismo impropio  de su cargo, resulta altamente ofensivo para quienes aún creemos que la justicia debería de ser igual para todos. Porque el fiscal Horrach, que está tirando por la borda su prestigio a costa de convertirse en defensor apasionado de la Infanta, se equivoca en todo: en el fondo, por cuanto existen indicios más que sobrados para que sea acusada y tenga que sentarse en el banquillo de los acusados; y en las formas, al enfrentarse al juez instructor con insultos y descalificaciones injuriosas, como si se tratase de una vendetta personal, haciendo el juego sucio a otros, a cambio de no se sabe qué.

La instrucción del juez Castro ha sido procesalmente  impecable, sin dejar resquicio alguno a la crítica en cuanto a su tramitación, y ha cumplido su misión de investigador como muy pocos se atreverían a hacer. Su misión no es juzgar, sino recopilar todos los elementos de juicio necesarios para que otros lo hagan, y aquí  acaba su papel. Quien cumple correctamente con su trabajo, superando todo tipo de presiones, no merece ser descalificado por ello, sino todo lo contrario. Aunque, por lo que estamos escuchando en las últimas horas, se ha convertido en el destinatario de todo tipo de improperios y ofensas por parte de los defensores incondicionales de la impunidad de la Infanta Cristina.

Ahora toca esperar a la resolución que dicte la Audiencia Provincial de Baleares, que en buena lógica debería ser confirmatoria del Auto del juez Castro, por cuanto si los indicios existen y estos son suficientes para que se proceda a la apertura del juicio oral, no puede hacer otra cosa, so pena de prejuzgar unos hechos, lo que sería excederse en sus competencias. Es más, fue la propia Audiencia la que sugirió al juez Castro que orientase su instrucción en el delito de blanqueo de capitales. Aunque, con las presiones que estarán sufriendo sus componentes, se puede esperar cualquier cosa.

Es preciso aclarar que el recurso no interrumpe la tramitación, y ésta debe continuar dando traslado a las partes acusadoras para que se pronuncien.  Y es ahí donde el fiscal se abstendrá de formular acusación, y está aún por saber la postura de la Abogacía del Estado (encargada de defender nuestro dinero), y la de otras acusaciones populares. Aunque sería desalentador comprobar una vez más cómo Manos Limpias, de ideología ultraderechista, nos saca de nuevo las castañas del fuego.

Se están escuchando voces de que todo quedará en nada, al entender que la acusación popular no será suficiente para juzgarla, por ser de aplicación  la doctrina Botín; la misma doctrina que, por no ser tenida en cuenta a la hora de juzgar a Garzón, permitió que éste fuese condenado. Paradógico pero cierto, nuestro Tribunal Supremo se ha inventado doctrinas de quita y pon, para aplicarlas según  convenga. Y a esto lo llaman justicia.

Falta aún un largo recorrido procesal, o corto si la Audiencia decide darle carpetazo a la imputación de la Infanta. Pero al final todo acabará en nada, y a nuestra oligarquía dominante se le llenará de nuevo la boca de babas, afirmando que la justicia es igual para todos. Y en el  teatro de la vida, en donde las injusticias y desigualdades campan por sus fueros, se seguirán escribiendo nuevos capítulos poco edificantes, que algunos -si nos dejan y aún nos queda fuerza- seguiremos denunciando públicamente.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24)


¿A quién tiene miedo el Rey saliente?

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Después de una semana aciaga, en donde el boato y la suntuosidad que emerge del poder ha tenido su momento de gloria, ya hemos vuelto a la normalidad, que es muy distinta y diferente a la que se nos pretenden trasmitir, y en la que la transparencia que nos prometió Felipe VI se convierte de nuevo en la opacidad que siempre hemos conocido, y que afecta especialmente a la Familia Real y a sus aledaños, que cada vez son más a medida que aquella disminuye en componentes. Y ahora toca aforar apresuradamente, como sea y a cualquier precio, al rey saliente, sin importar que se haga con una fórmula contraria a la Constitución, pues ya se encargará  el Tribunal Constitucional, si a ello hubiere lugar,  de darle en su momento una salida adecuada para que así sea, aunque constituya un nuevo atentado al Estado de Derecho.

Resulta paradójico que quienes se llenaban la boca pregonando el respeto al cumplimiento de las leyes para acallar a los que solicitábamos una consulta previa al nombramiento del nuevo Rey, sean los que ahora busquen atajos para mantener la impunidad de por vida de Don Juan Carlos, olvidándose de que el aforamiento lo es en razón al cargo y no tiene carácter personal, que no es posible extenderlo en el tiempo a situaciones previas o posteriores a  la función desempeñada, y que no debería proteger comportamientos de índole particular.

Con las prisas no se cuidan las formas, se prioriza el fondo, y la chapuza está servida. Porque pretender introducir y regular el aforamiento de Don Juan Carlos introduciendo una enmienda en un proyecto de ley de racionalización del sector público que modifica mínimamente la Ley Orgánica del Poder Judicial en un apartado sobre permisos de los jueces, que en principio solo afecta a funcionarios, aprovechándose de que ésta se encuentra en el final de su tramitación, es un auténtico disparate legal, aunque se consiga el fin previsto. Pero al  menos no introducen la enmienda en el debate del nuevo Código Penal, que sí sería esperpéntico, e invitaría a agudizar el sentido del humor, que en los últimos años se ha convertido en la válvula de escape de muchos españoles.

Parece evidente que hay dos temas que deberían de preocupar de manera especial al monarca que ha dejado de serlo: uno de índole penal, ya que el juez Castro podría tener la genial ocurrencia de llamarle a declarar como imputado en su condición de encubridor de las supuestas fechorías de la Infanta Cristina y su yerno, que lo sigue siendo, Iñaki Urdangarín; aunque todos sabemos que no lo hará. Y otro asunto de índole civil, de enorme calado, que hace referencia a dos demandas sobre paternidad que no pudieron tramitarse en su día, dada la inviolabilidad de la que gozaba por mandato constitucional alguien que hace dos años se atrevió a afirmar durante el discurso de Navidad que todos los españoles éramos iguales ante la Ley; todos, menos él, se le olvidó añadir.

En referencia a esta segunda preocupación, ya sabemos que un tal Albert  Solá, que afirma ser descendiente del Rey saliente , ya ha solicitado judicialmente la reanudación del procedimiento no admitido a trámite en el año 2012; y pretende ser declarado hijo de Don Juan Carlos, según dice con la única intención de que se reconozca la verdad biológica. El algodón no engaña, y la fiabilidad de las pruebas de ADN para establecer la paternidad tampoco, por lo que si se cumple la Ley, y esperemos que así sea, muy pronto deberíamos saber el veredicto final, por el bien del Estado de Derecho y de la transparencia. Menudo marrón si se confirma que es su hijo, y en mayor medida al convertirse en su primogénito, que en buena lid debería haber sido coronado como Rey. Puede resultar divertido para los republicanos ver la corrida desde la barrera mientras esperamos nuestra oportunidad; y no se descarta que algún espontáneo pretenda lanzarse al ruedo aprovechando la ocasión.

Por cierto no hablamos de Ingrid Sartiau, supuesta hermana de Albert Solá, y también con muchas probabilidades de ser hija también de Don Juan Carlos, porque es mujer, y ya sabemos que en temas reales la Constitución es inconstitucional al no admitir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. No me negarán que este país es folklórico a tope; y este real reality no acaba más que empezar. De confirmarse sus vínculos biológicos,  muy pronto querremos saber  la verdadera vida paralela de Don Juan Carlos, y todas las maniobras realizadas entre bambalinas para ocultar su existencia y su familia numerosa. Pero esto se lo dejamos para Telecinco, la cadena de máxima audiencia de este país.

Pero recuperemos la seriedad, el aforamiento no supone inmunidad ni inviolabilidad, sino un cambio de escenario en donde juzgar los hechos. Y no deja de ser muy sospechoso que se escoja el Tribunal Supremo como el lugar idóneo para que puedan resolverse las contiendas judiciales que afecten a Don Juan Carlos, alejándolo del juez natural; porque muchos podríamos sospechar  que la justicia funciona de manera diferente en razón al cargo que hayas desempeñado, y hasta suponer de que pueda cuestionarse la imparcialidad del  Alto Tribunal; y eso sí que sería muy grave para el Estado de Derecho. Aunque para algunos, y en especial para quienes nos gobiernan con mayoría absoluta, es un tema menor, y lo que importa es mantener a cualquier precio los privilegios y la impunidad de los intocables, la casta que diría Pablo Iglesias.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24)


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