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A partir de ahora, si nos atenemos a la doctrina del PP, en palabras de Jorge Moragas aparece una nueva figura en el ámbito de la aplicación del Código Penal, la del delincuente “ejemplar”, para distinguirlo presuntamente del “no ejemplar”, es decir de todo aquel que no pertenezca al partido conservador.
En temas de conducir con una copa de más, con su famosa frase “Déjame que beba tranquilamente”, Don José María Aznar trató de ridiculizar una campaña de la Dirección General de Tráfico orientada a educar a los conductores para evitar el consumo de alcohol en la conducción de vehículos de motor; sus palabras las pone ahora en práctica, como buen seguidor de su ideología, el mismísimo presidente de las Nuevas Generaciones del PP, Ignacio Uriarte, al sufrir un accidente de tráfico conduciendo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cometiendo con ello un delito previsto y penado en nuestro Código Penal.
Lo pintoresco y alarmante es que Ignacio Uriarte, además de ser el cabeza visible de los cachorros del PP, ostenta la condición de diputado por elección popular, y hasta hace escasas fechas era miembro de la Comisión de Seguridad Vial en el Congreso. Su irresponsabilidad es manifiesta y como político debería de dimitir de todos sus cargos, pero hasta ahora se ha limitado a abandonar la comisión parlamentaria, sin tener intención alguna de dejar su puesto de diputado.
Pudo ser un error humano, como le sucede a cualquier ciudadano que cometa un hecho delictivo. Pero los errores se pagan, y cuanto se está en política activa resulta inadmisible que no entregue de inmediato su acta de diputado; es más, resulta vergonzoso que sus compañeros de partido le justifiquen o le comprendan. Recientemente Juan José Corrales, alcalde socialista de Pola de Siero (Asturias), se encontró en una situación similar, y tras reconocer su error y pedir perdón en una rueda de prensa, presentó de inmediato su dimisiónasumiendo las consecuencias políticas de su equivocación.
Ante un error similar ambos politicos en activo han reaccionado de manera muy distinta: el primero mantiene su condición de diputado y el segundo ha dimitido como alcalde de uno de los municipios más importantes de Asturias. Es cuestión de talante, de saber estar, y de honestidad; y demuestra que todos los políticos no son iguales.
En muy pocos meses, y todas ellas en contra del criterio del Fiscal, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite tres querellas contra Garzón; para ello se sirven de la jerga judicial que les permite caprichosamente admitir o no a trámite una querella. Me estoy imaginando a la derecha judicial, paseando por sus despachos perfumados de incienso entre decenas de legajos que esperan desde hace años ser resueltos, buscando la manera y los “argumentos” de tumbarse al juez que, para bien o para mal, les hizo sombra. Y como “las prioridades son las prioridades”, y ahora toca perseguir a Garzón, aunque sea a costa de convertir en prevaricación cualquier criterio judicial que no les convenza, bajando el listón para incluir en este tipo de delito conductas que hasta ahora no eran objeto de persecución criminal. Cuando vuelvan a sus casas con la satisfacción del “deber cumplido” no estaría de más que se mirasen al espejo y recordasen muchas de las decisiones controvertidas que tomaron en su vida profesional, y que ahora, con su actual criterio, serían tipificadas como supuestamente prevaricadoras.
Recientemente comentaba en abstracto la prevaricación masiva en la que se podía incurrir cuando un colectivo de personas se guiaban por criterios ajenos a los meramente judiciales. Alguien me dijo que mi opinión, respaldada por el derecho constitucional a la libertad de expresión, podía considerarse delictiva; pero viendo lo visto, puede que incluso me quedase corto. No es explicable que el juez Pedreira entienda que pueden considerarse lícitas las grabaciones efectuadas en las comunicaciones entre detenidos y letrados cuando existen sospechas de que están encaminadas a la ocultación de pruebas, y al mismo tiempo el Tribunal Supremo aperture ahora una causa penal contra el juez instructor, por considerarlas supuestamente delictivas.
Pero lo más preocupante es que la admisión a trámite de esta querella tiene un doble objetivo: acabar con Garzón, y dar el primer paso para comenzar a dudar de la legalidad de algunas pruebas en las que se fundamenta la acusación en el “Caso Gürtel”, la mayor trama de corrupción descubierta en el siglo XXI, y que afecta de forma directa a destacados dirigentes del PP. No cabe duda de que los conservadores son ambiciosos para conseguir todo lo que pretenden, y si pueden hacerse dos trajes por el precio de uno, para qué gastar más energías; no en vano Camps consiguió gratis media docena, y continúa sin rubor tapando con ellos sus vergüenzas.
Ante el acoso judicial, político y mediático que está sufriendo Baltasar Garzón, hemos podido conocer su vertiente más humilde, al manifestar que no se sentía perseguido; pero al afirmar hace pocas horas que “no me voy a marchar“, advierte a todos que su tenacidad y fortaleza mental es muy superior a las de sus contrincantes.
Cada vez tengo más ganas de contaros las cientos de corruptelas judiciales que he vivido durante 36 años de ejercicio profesional; quizás algún día lo haga, pero si me eximen previamente por escrito de cualquier tipo de responsabilidad no tendría inconveniente en empezar mañana.
Se protegen, se encubren y se sienten poderosos; incluso llegan a creerse dioses intocables que están por encima del bien y del mal, y se atreven a interpretar caprichosamente las leyes para saciar su apetito justiciero. La mayoría, en sus inicios, juraron por convicción los principios del movimiento nacional, y nunca se han olvidado de sus orígenes franquistas; y ahora cuentan con el apoyo de algunos “progres” que quieren saciar sus venganzas. Con nuestros impuestos les pagamos las togas, las puñetas, e incluso las plumas con las que dictan sus sentencias; ¿qué más quieren, que los ciudadanos nos pleguemos a sus decisiones arbitrarias?
Ahora pretenden doblegar y acabar con Garzón por haber cometido el pecado de investigar los crímenes del franquismo, aquellos que quedaron impunes y causaron miles de muertes. Todos a una, como Fuenteovejuna, y con el apoyo de la ultraderecha más reaccionaria.
Dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son, o movidos por motivos ajenos al estricto cumplimiento de nuestras leyes, es prevaricar; y en grupo puede convertirse en una prevaricación masiva. ¿Es el fin de Garzón?. Si lo consiguen habrán logrado convertir definitivamente la Justicia en un estercolero, y todos -incluso ellos- saldremos perdiendo.
El pasado 10 de septiembre, al referirme a la comparecencia de Garzón como imputado ante el Tribunal Supremo , tenía la creencia de que estaba en buenas manos al declarar ante el magistrado Luciano Varela, designado como instructor. ¿Qué fue de este juez, marcadamente de izquierdas, cuando en sus inicios presidía en Asturias la Asociación “Derecho y Sociedad” y era un referente del buen hacer judicial?. ¿Tanto cambian las personas con el tiempo?.
Mediré mis palabras, ya que en los tiempos en que vivimos cualquier desliz, que hace muy poco tiempo estaba amparado por el derecho a la libertad de expresión, puede ahora jugarme una mala pasada, y a mi edad me he vuelto agresivamente prudente, aunque muchos piensen lo contrario. Pero tildar a un magistrado de prevaricador por dictar resoluciones contradictorias, que han incluso creado interpretaciones distintas y distantes en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, me parece un auténtico despropósito, y me atrevo a pensar que hay más de lo que sabemos.
En 35 años de ejercicio profesional he conocido decenas de resoluciones judiciales en las que un juez se pasaba del negro al blanco, o del blanco al negro, sin pestañear, ante el desconcierto del justiciable, y sin tener que responder por sus actos; y las disparidades y disparates de la Administración de Justicia no están en la actualidad ajenos al ciudadano que casi a diario los conoce a través de los medios de comunicación; no en vano la globalización de la información nos acerca a todo y a todos. Pero nunca creí que los jueces, por discrepar entre sí o cambiar de opinión, o incluso por mantener interpretaciones atrevidas, estuviesen incurriendo en una responsabilidad penal; y no soy capaz de creerme que así lo piense el magistrado Varela respecto al juez Garzón.
Si se tuviese que acusar de prevaricadores a quienes mantengan posturas diametralmente opuestas, TODOS los jueces y magistrados de este país, SIN EXCEPCION, tendrían que sentarse en alguna ocasión en el banquillo de los acusados; y no parece que así suceda. Aplicando la doctrina de “Luciano Varela” podrían incluso ser acusados de prevaricadores los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ante el varapalo recibido por el Tribunal Supremo cuando les desautoriza y archiva definitivamente la causa contra Patxi López e Ibarretxe.
El debe y el haber de Baltasar Garzón está repleto de aciertos y desaciertos; no cabe duda de que es un juez polémico por sus decisiones, pero no le podemos negar que ha sido fundamental en nuestra democracia al profundizar en investigaciones judiciales en las que muy pocos se hubiesen atrevido a instruir hasta sus últimas consecuencias (la última el caso Gúrtel, por el que sufrió gravísimas acusaciones del PP, que han quedado impunes). Y ahora, cuando se convierte en el único juez que se ha atrevido a investigar la guerra civil y la dictadura franquista, en la creencia de que la Ley de Memoria Histórica no era papel mojado, es considerado prevaricador por un magistrado que antaño consideraba el progresismo como una virtud; paradojas de la vida.
Por cierto, el Ministerio Fiscal califica la actuación de Luciano Varela de “inquisitiva”, “injustificadamente retardada” y “absolutamente sorprendente”; son sus palabras, no las mías, aunque las comparta. ¿Qué les pasa a algunos jueces cuando llegan al Tribunal Supremo?
Ante todo dejar claro que Arnaldo Otegi no es santo de mi devoción, y él mismo ha cavado la tumba en la que poco a poco será enterrado al despreciar las oportunidades que tuvo de desmarcarse de ETA. Pero la actitud de Ángela Murillo, la jueza que preside la sala de la Audiencia Nacional que actualmente lo está juzgando por un delito de enaltecimiento del terrorismo, deja mucho que desear, y denigra la imagen de nuestra Justicia hasta límites inimaginables. Alguien opinaba en un foro que más que una jueza parecía un camionero con toga; no estoy de acuerdo con esta apreciación pues supondría faltar al respeto a los profesionales de la carretera. Más bien ha transmitido la imagen de falta de profesionalidad, y lo que es más grave, de despreciar y faltar al respeto de forma vulgar al acusado, lo que permite intuir que le tiene animadversión, y con ello facilita que se le ponga en duda su imparcialidad en el enjuiciamiento, posibilitando la petición de nulidad del juicio en un recurso al Tribunal Supremo si se dicta una sentencia condenatoria.
La frase “por mí, como si quiere beber vino“, está fuera de lugar, y resulta poco gratificante la actitud de quienes le ríen la gracia, sus propios compañeros en estrados.
Pero inaceptable e inoportuna resulta la coletilla de “..muy bien, ya lo sabía…”, cuando el acusado se niega a contestar al ser preguntado si condena la violencia de ETA. Supone una evidente falta de respeto al derecho del acusado al negarse a contestar o no declarar contra sí mismo.
Un juez en el ejercicio de sus funciones debe de demostrar su profesionalidad, y quien no sabe estar no puede presidir un Tribunal. Ante todo debe ser y dar la imagen de imparcialidad en su función juzgadora, mantener el respeto a todos los presentes, incluidos los acusados, sin perjuicio de reprender y sancionar a estos últimos si cometen alguna incorrección; y en base a las pruebas que se practiquen dictar sentencia en justicia, sin prejuzgar y respetando siempre la letra y el espíritu de nuestro Ordenamiento Jurídico.
Ahora que llegan los carnavales podríamos afirmar que el juicio se está convirtiendo en un espectáculo de chirigota, bajo la dirección de la jueza que preside la Sala. Y lo último conocido puede resultar lo más alarmante cuando, tras la frase de “no entiendo ni papa“, la jueza decide suspender el juicio al no figurar en las actuaciones penales una traducción fiable de la grabación en la que constan las frases que motivan la petición de condena por un delito de enaltecimiento del terrorismo; ¿Cómo un fiscal puede mantener una petición de condena en base a unas frases pronunciadas en euskera, que no entiende, y de las que ni tan siquiera dispone de su traducción?
Por capítulos asistimos a un bochornoso espectáculo judicial. ¿Quién va a tomar medidas para que situaciones así no se vuelvan a producir?.
Algunos jueces se están haciendo famosos a marchas forzadas, pero no precisamente por sus aciertos sino por sus permanentes dislates, consecuencia de una Administración de Justicia en decadencia, que requiere una inmediata regeneración para que no se resquebraje el Estado de Derecho, pilar esencial en nuestra democracia. Los excesivos personalismos, las rencillas ocultas entre unos y otros, las interpretaciones caprichosas de más de uno, y los “errores informáticos” de otros, están convirtiendo a nuestra justicia en un barco a la deriva con excesivas vías de agua abiertas, ante la absoluta pasividad del Consejo General del Poder Judicial, más preocupado de hacer política que de poner orden en su casa.
En los últimos treinta días hemos podido comprobar como:
-El juez Ricardo Rodríguez Fernández, titular del Juzgado de lo Penal 16 de Madrid, condenaba al director de la SER y al director de los servicios informativos de esa cadena a una pena de prisión de dieciocho meses por difundir una noticia que el propio magistrado considera un hecho noticiable, bajo la excusa de que “la libertad de expresión en internet debe matizarse”.
-El Tribunal Supremo admitía a trámite una querella de Falange Española contra Garzón, al que le imputa un delito de prevaricación por haberse declarado competente en su día para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. ¿Resultaría imaginable que el Tribunal Supremo alemán admitiese a trámite una querella interpuesta por un grupo de neonazis contra un juez que estuviese investigando el holocausto sufrido por los judíos durante la II Guerra Mundial?.
Cuando visionaba la noticia de que los presos de Soto del Real podrían disfrutar de una zarzuela en la víspera de Navidad, tras observar los rostros de los “agraciados”, no pude menos que pensar que a la cárcel siempre van los mismos, los pobres desgraciados y marginados que no han tenido la suerte de disfrutar de riqueza y una buena posición social. En mi primera etapa profesional fueron numerosas las causas penales en las que intervine, y no era extraño comprobar que detrás de un delincuente había una historia familiar trágica y dramática de marginación. Pero la sociedad es insensible a estas situaciones, y los ciudadanos “de bien” están encantados con la privación de libertad que sufren quienes aparentemente les son molestos.
Obviamente no se puede generalizar, pero los poderosos en pocas ocasiones se asoman tras una reja, y por un motivo u otro evitan ser condenados o cumplir sus penas privativas de libertad. Delincuentes de traje y corbata los hay, a miles, en nuestro país; pero muy pocos son perseguidos o descubiertos, campan por sus fueros con absoluta impunidad, y en muchos casos ocupan cargos políticos o son ejecutivos de importantes empresas. El sistema les protege.
Si robas en un supermercado para comer forzando la puerta de entrada, es muy posible que no te libres de una condena de cárcel, que cumplirás. Pero si te apropias de millones de euros del Liceo de Barcelona, es más que probable que puedas sonreir en los pasillos del Juzgado por quedar en libertad, y muy posible que te libres de cumplir la condena; y seguirás siendo un señor respetado e influyente disfrutando con el dinero de los demás.
Esporádicamente aparece un importante que molesta (como fue el caso puntual de Mario Conde), y en un gesto de autoridad el sistema le persigue implacablemente, y le condena con una sentencia ejemplarizante; es una manera de que todos se sientan bien para demostrar que la justicia es igual para todos, aunque sea una mentira histórica difícil de enmendar.
En este país es compatible conducir un Ferrari y dejar de pagar la nómina a cientos de trabajadores, sin que pase nada. Así nos va, manteniendo la impunidad de los poderosos y persiguiendo a los más débiles. Por cierto Gerardo Díaz Ferrán aún no ha presentado su dimisión, aunque se hubiese publicado la noticia el pasado 28 de diciembre, día los santos inocentes, y continúa ocupando la presidencia de la CEOE. Su desfachatez es difícil de superar.
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