Tag: Tribunales

“Rodrigo somos todos”, cantan alborozados, y en silencio, los dirigentes del PP

rodrigosomostodos

Hace unas horas contemplábamos como quién fuera vicepresidente del gobierno con el PP durante ocho años, y presumía de ser un azote contra el fraude fiscal, era detenido por los presuntos delitos de blanqueo de capital, fraude y alzamiento de bienes. El espectáculo se transmitió en directo, previa citación de todos los medios de comunicación,  para que el escarnio a la persona de Rodrigo Rato adquiriese el máximo nivel. Nadie se preocupó en ese momento de quién estaba detrás de esta  demostración de fuerza, que permitía transmitir la sensación de que el Estado de Derecho funciona gracias a la acción del gobienro. Pero todo se desinfló cuando horas después veíamos, también en directo, como se ponía punto final a su detención, al ser puesto en libertad sin tomar ninguna medida cautelar contra él.

Paralelamente el ministro de justicia proclamaba a los cuatro vientos que “esto demuestra que la ley está por encima de amigos o compañeros“, lo que hizo sospechar a más de uno que, al haberse hecho pública la noticia de que Rato se había acogido a la amnistía fiscal aprobada por quién fuese su colaborador directo, Cristóbal Montoro, los acontecimientos  se habían acelerado y se pretendía convertir la “detención” en una acto más de propaganda electoral del gobierno, que sacaba pecho de un montaje en el que han colaborado activamente  la Agencia Tributaria y la Fiscalía de Madrid, que funciona bajo el control directo de la Fiscal General del Estado, a su vez lacaya del gobierno.

Lo cierto es que el “detenido” fue puesto el libertad sin haber ni tan siquiera visto la cara del juez que acordó ambas medidas, pudo dormir en su casa, y hasta tiene la posibilidad de viajar hoy a Suiza para continuar con las labores de blanqueo de capital y posiblemente seguir destruyendo pruebas. Muy ingenuo será quien crea que este tipo de personajes esconden la documentación sensible en su propio domicilio o en su despacho personal.

Por lo que ahora sabemos no había ninguna investigación judicial abierta, en la mañana del 16 de abril la Agencia Tributaria se apresuró a mandar un informe al fiscal jefe de Madrid, para que éste a su vez acudiese presuroso al juzgado de guardia para solicitar un inmediato registro judicial, que se llevó a cabo  horas después. Todo un montaje preparado por los políticos que nos gobiernan para llevar a cabo un acto electoral a costa de hacer sangre con uno de los suyos. Ni la mafia italiana podría hacer las cosas mejor y con tanta rapidez.

Visto lo visto hoy los dirigentes del PP podrían cantar al unísono, pero en silencio,  “Rodrigo somos todos“, solo que a unos ya les han cazado y a otros no. Es la única diferencia entre los que gobiernan y los que han dejado de hacerlo. Ahora que el 30% de los españoles sigan votando a estos manipuladores, trileros impresentables, carentes de escrúpulos, que son capaces de todo con tal de mantenerse en el poder.

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Orden de búsqueda y captura para el ministro Cristóbal Montoro

Tan locuaz y charlatán, nuestro “flamante” Ministro de Hacienda e Instituciones Públicas parece haberse olvidado de que la tierra es redonda y de que el día sucede a la noche, hasta el punto de que lleva una semana en ignorado paradero, por lo que no ha quedado más opción que emitir una orden ciudadana de búsqueda y captura, para que dé explicaciones públicas de todo lo que está ocurriendo alrededor de su persona, y confiamos en que con  el mismo estilo que le caracteriza para criticar y sembrar dudas sobre los demás.

Personaje siniestro, mordaz y alejado de los comportamientos que deben de adoptarse por quien se supone tiene las llaves de nuestro dinero, Cristóbal Montoro ha conseguido en tres años destruir definitivamente la imagen de seriedad, imparcialidad y neutralidad que debe trasladar a los ciudadanos la Agencia Tributaria, que siempre debe de estar ajena y distante a los cambios políticos, para convertirla en una fuente de información privilegiada para sus intereses políticos y de partido, hasta el punto de que la ha transformado en un chiringuito más del partido en el gobierno, que ha servido para perdonar deudas millonarias a sus amigos defraudadores mediante una amnistía encubierta, perseguir implacablemente al honrado ciudadano por meros errores en su declaración,  verter insinuaciones maliciosas frente a destacados miembros de la cultura que no les son afines, y ocultar sus propias vergüenzas para exonerar a los suyos de graves responsabilidades penales.

Los enfrentamientos entre la Agencia Tributaria y el juez Ruz se han convertido en la gota que colmó el vaso, al atribuirse aquella facultades para decidir lo que es o no es delito, cuando es competencia exclusiva del instructor, de la misma manera que éste no debe decidir si una determinada irregularidad fiscal es motivo o no de sanción administrativa. Pero comparar al PP con Cáritas, por el mero hecho de que ambas entidades formalmente gozan de los privilegios de las organizaciones sin ánimo de lucro, es tal dislate que insulta al sentido común de la mayoría de los ciudadanos, cuando ya sabemos  que el PP se ha convertido en un negocio muy lucrativo para muchos de sus dirigentes y allegados.

Es cierto que la Ley de Partidos Políticos deja exentas del pago del Impuesto de Sociedades las donaciones que reciban y sean destinadas a los fines propios del partido. Pero obviamente se está refiriendo a donaciones legales, transparentes, incluidas dentro de la contabilidad oficial auditada por el Tribunal de Cuentas, y que no excedan de los límites legalmente establecidos. Y, por supuesto, no incluye las donaciones obtenidas ilegalmente, procedentes supuestamente de comisiones pagadas por empresas con el objetivo de obtener a cambio concesiones de obras públicas, dinero negro puro y duro que tan solo se refleja en su contabilidad B, conseguido al estilo mafioso de los años 40 de Lucky Luciano. Por lo que darle el mismo tratamiento fiscal es todo un despropósito jurídico, alejado de los principios que deben presidir un Estado de Derecho decente, del que tanto queremos presumir.

Para que todos nos entendamos, el PP se financia de forma ilegal con dinero negro y no declarado, trata de blanquearlo repartiéndolo en sobre marrones a sus dirigentes y mediante la ejecución de obras en su propia sede, consensúa con el arquitecto ejecutor su entrega en B para que éste se ahorre el pago del IVA, convirtiéndose en colaborador necesario del fraude fiscal, y ahora pretende, con el apoyo de la Agencia Tributaria controlada por  el propio Cristóbal Montoro, que se le dé el mismo tratamiento que al dinero legal. Todo un escándalo, que en un país decente hubiese provocado su inmediata dimisión.

Pero como no hay dos sin tres, ahora sabemos que los beneficios del despacho fundado por Cristóbal Montoro, denominado actualmente Equipo Económico S.L., crecieron como la espuma en época de crisis cuando aquél lo abandonó para dedicarse de nuevo a la política y convertirse posteriormente en Ministro de Hacienda. Todo ello “casualmente” gracias al contrato millonario firmado con Madrid Network, empresa semipública de la Comunidad de Madrid, presidida por entonces Antonio Beteta, actual Secretario de Estado de Instituciones Públicas, dependiente del propio Cristóbal Montoro.  Un caso de tráfico de influencias de libro, tipificado en el artículo 428 del Código Penal, y penado con multa y prisión de seis meses a dos años, de esa que se tiene que cumplir cuando los hechos son socialmente reprobables y producen escándalo público, como le ha ocurrido a la propia Isabel Pantoja, que por mucho menos está en la cárcel.

Pico a la puerta, ¿está el Sr. Montoro?… No contesta, parece que se ha escondido en el cuarto de las escobas hasta que amaine el temporal. Y mientras tanto el PP y Don Mariano Rajoy dándonos a todos lecciones de honradez y exigiendo a los griegos que cumplan sus compromisos, cuando ellos hacen todo lo contrario a lo que prometen, meten la mano en la cartera del dinero público, y gozan de una impunidad escandalosa. Qué vergüenza.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24.es)

 


Bárcenas puede querellarse contra el Ministro de Justicia

rafaelcatala

Muy desafortunado para los intereses de los suyos ha estado el actual Ministro de Justicia, Rafael Catalá, al afirmar que “Bárcenas se ha quedado con dinero del PP“. Sus acusaciones son inapropiadas en razón al cargo que ocupa en el Gobierno, y han permitido que el extesorero pueda retar al Partido Popular  a que se querelle contra él por un presunto delito de apropiación indebida. Parece obvio que quien se siente víctima de una sustracción de dinero acuda de inmediato a la justicia para denunciar tal situación, en mayor medida si conoce su nombre y apellidos y tiene posibilidades reales de conseguir que le sea reintegrado, dado el importante patrimonio que posee el autor de los hechos, por lo que resulta extraño que todo se quede en palabras.

El PP protegió, defendió, y alabó la excelente labor de Luis Bárcenas en el partido durante años, trató de comprar su silencio con una “indemnización en diferido” mientras había visos de poder salvar la situación, y cuando fue incriminado y encarcelado por graves delitos económicos lo consideró totalmente amortizado y se lanzó a su yugular, tildándole de delincuente peligroso para desacreditar sus declaraciones, que involucraban a todas las cúpulas del PP de las últimas décadas. Pero ahora sus numerosos voceros deben de tener mucho cuidado con sus palabras, no sea que en su afán de desprestigiar al extesorero incurran en contradicciones que hagan que se descubra de una vez toda la sucía verdad, que nos tratan de ocultar.

Si le damos la vuelta a la tortilla, Rafael Catalá ha puesto en bandeja  la posibilidad de que Luís Bárcenas pueda querellarse contra él por un presunto delito de calumnias, al haberle acusado,  falsamente a juicio del extesorero, de haber cometido un delito de apropiación indebida. No olvidemos que una  imputación de tal naturaleza se encuentra sancionada en el artículo 207 de nuestro Código Penal, con una pena que puede llegar a los dos años de prisión.

Imaginemos que esto ocurre, al decidirse Luis Bárcenas a querellarse contra el actual Ministro de Justicia. Ello obligaría a este último, para poder exonerarse de responsabilidad penal,  a demostrar que son ciertas sus acusaciones. El tal caso debería de acreditar el dinero que fue objeto de apropiación, en dónde se encontraba depositado y, en especial, su procedencia. Y dado que el PP mantiene que sus únicas cuentas son las oficiales, debería descubrirse fácilmente con el examen de la contabilidad auditada, de la que reiteran no existe ninguna irregularidad.

Otra cosa es que Luis Bárcenas, como todos sospechamos, se haya apropiado de parte del dinero B del Partido Popular, pero esto no puede discutirse en los tribunales porque, en palabras de María Dolores de Cospedal, la contabilidad B es de Luis Bárcenas, y no de su partido. Lo cierto es que el galimatías en el que se han metido nuestro actuales gobernantes es de tal entidad que solo un acto de fe de los muy creyentes permite darles algún grado de credibilidad. Aunque ya sabemos que la fe mueve montañas, y puede llegar a esconder toda la podredumbre que les rodea; para ello es preciso estar mal del olfato, porque el olor a corrupción e inmoralidad es muy difícil de eliminar.

 No obstante lo previsible es que ni uno ni otro lleguen a la querella, porque tanto el PP como Luis Bárcenas son conscientes de que los tribunales no son el campo de batalla adecuado para dirimir sus diferencias. Bastante tienen en los Juzgados como para darles cancha a los jueces para que les rematen definitivamente. Eso sí, en las próximas semanas, mientras negocian en secreto la salida más adecuada para que todos puedan salvarse, se tirarán dardos sin cruzar la línea roja. Aunque si el PP comete errores e incurre en extralimitaciones, Luis Bárcenas puede cabrearse de verdad, y hacer pública parte de la munición que tiene guardada en su polvorín.

Para quienes aún creemos que es posible recuperar la decencia en la política, la situación que vivimos es sucia, asquerosa e infumable. Rajoy y compañía, una pandilla de cobardes incapaces de asumir sus responsabilidades, no deberían tener cabida en nuestro futuro inmediato, si queremos de verdad acabar con la corrupción en nuestro país. La solución es muy fácil y sencilla, las urnas tienen la última palabra y pueden poner a cada uno en su sitio.

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El PP atrapado por el caso Gürtel

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Quienes, prevaliéndose de su posición dominante, mienten y tergiversan la realidad de los hechos con la única finalidad de confundir y engañar a los ciudadanos, tratando de justificar lo inaceptable,  demuestran tener sus mentes podridas, lo que representa una forma más de corrupción. Eso es lo que están haciendo los dirigentes del PP en los últimos días, con la intención de manipular nuestros cerebros, pretendiendo que creamos que ellos son unas víctimas más de la corrupción de los suyos, cuando han sido cómplices y encubridores de las fechorías cometidas por sus compañeros de partido, ahora acusados formalmente en el caso Gürtel. Pretenden tomarnos por tontos, y eso es insultar a la inteligencia de los ciudadanos, que sabemos muy bien lo que ha pasado, y quiénes son los principales responsables, al margen de que se sienten o no en el banquillo de los acusados.

Querer negar la existencia de la caja B, cuando la policía, el juez instructor, la Fiscalía Anticorrupción y la propia Abogacía del Estado no la ponen en duda, es toda una osadía incalificable, que enfanga el futuro político de personas tan relevantes como la propia Secretaria General del  PP, María Dolores de Cospedal, entre otras muchas. Este no es el camino más adecuado para condenar y querer acabar con la corrupción, sino todo lo contrario, pues lo que se pretende con tales actitudes no es otra cosa que negar la evidencia, y converger con las propias mentes de los que han sido acusados de corrupción.

Ante los escritos de acusación que vamos conociendo en el  caso Gürtel, se está utilizando por Carlos Floriano y  compañía un argumento engañoso, como es el hecho de afirmar que el PP no ha sido acusado formalmente en el proceso, cuando lo está siendo a través de sus últimos tres tesoreros (Álvaro Lapuerta, Ángel Sanchís y Luis Bárcenas), que eran los encargados del control del dinero del partido, en base a tener por probado que el Partido Popular se financió de manera irregular  entre los años 1990 y 2008. Obviamente el PP como tal no puede ser acusado formalmente, por cuanto no fue hasta la modificación del Código Penal del año 2010, cuando se reguló por vez primera en el artículo 31 bis que “las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho“. Parece obvio que haber estado en vigor este precepto con anterioridad a la fecha en la que tuvieron lugar los hechos que ahora se enjuician, el Partido Popular habría sido acusado formalmente.

Pero ello no impide que se les considere responsables civiles por haberse beneficiado a título lucrativo de las actividades ilícitas cometidas por sus tesoreros, que es tanto como decir que disfrutaron del uso del dinero obtenido de forma ilegal, y por ello tienen sus  manos manchadas. Y, con lo listos que son,  no debemos tener la menor duda que Rajoy y compañía lo sabían y lo consintieron, por mucho que ahora quieran mirar para otro lado. No olvidemos que la rehabilitación de la sede del PP en la calle Genova fue financiada en parte con dinero B, procedente supuestamente de donaciones efectuadas por empresas que se beneficiaron de importantes adjudicaciones, y que no fueron declaradas ni constan en su contabilidad oficial.

En un país decente, y el nuestro no lo es, una acusación formal en la que se piden por delitos de corrupción cientos de años de prisión para excargos del PP, que lo eran cuando se cometieron los hechos, haría caer a un Gobierno. Los actuales dirigentes del partido en el gobierno, con su actitud, están demostrando que carecen de la menor dignidad personal y política, y no merecen ostentar los cargos que ocupan. Y les auguro un sufrimiento permanente en los próximos meses; la sombra del Caso Gürtel es alargada y más de uno tendrá pesadillas soñando con Baltasar Garzón, que ya ha conseguido su objetivo, a pesar de haber sido expulsado de la carrera judicial por la única razón de tratar de perseguir la corrupción política.

Por cierto, resulta extraño, desconcertante  e incomprensible que el mismo día en el que se conoció que la Abogacía del Estado pedía más de 60 años de cárcel para Luis Bárcenas, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretase su libertad bajo fianza de 200.000 euros, alegando, entre otros motivos para creer que no se fugará, su arraigo “personal, social, familiar y laboral” con nuestro país; se les ha olvidado mencionar  en su resolución que su arraigo “económico” se ubica en Suiza y en diversos paraísos fiscales; pero eso ya lo sabemos todos los ciudadanos. Vergonzosa decisión, que emborrona la actuación de la justicia, cuando todo parecía discurrir por sus cauces.

Y ahora solo nos queda esperar acontecimientos, que intuyo pondrán aún más en su sitio a nuestros actuales gobernantes, a quienes les auguro un futuro muy poco prometedor. Con que se conozca la verdad será suficiente.

(Publicado en elplural.com)


El PP y el Gobierno de Rajoy se cargan definitivamente el Estado de Derecho

Sin una justicia  independiente del poder ejecutivo, que actúe con plena autonomía, el Estado de Derecho se convierte en una falacia más de un sistema democrático que vive una crisis profunda. Que un gobierno, a través de organismos interpuestos, en este caso el Consejo General del Poder Judicial, pueda apartar de sus cargos a jueces que le son molestos, por investigar las indecencias del partido que lo mantiene en el poder, resulta toda una escandalosa desvergüenza, inimaginable en una democracia consolidada. Primero se cargaron a Baltasar Garzón, inhabilitándolo de por vida; le siguió Elpidio Silva por encarcelar a Blesa por el caso Bankia; y ahora aniquilan al juez Ruz, poniendo fecha de caducidad a las causas que instruye en su contra.

Aparentemente no le diseccionan el cuello, hasta el punto de que le permiten continuar hasta marzo al frente del juzgado de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, y continuar después instruyendo la causa del “caso Gürtel”, si así lo solicita. Pero esa es la “versión para niños”, en palabras de Iñaki Gabilondo, dado que esa autorización  tiene trampa, ya que al convertirse en juez de apoyo del magistrado al que le adjudiquen la plaza, perderá la capacidad para tomar decisiones de forma autónoma y sus resoluciones precisarán el visto bueno de su superior, que es tanto como cortarle la cabeza.

Con esta maniobra, Mariano Rajoy y su pandilla de impresentables quedan inhabilitados de por vida para gobernar un país decente, porque representan lo peor de una sociedad en crisis, ahogada por la falta de escrúpulos de sus políticos. Hay muchas formas de acabar con la corrupción, entre ellas enterrándola para siempre; y ésta, y no otra, es la intención de nuestro actual Gobierno, al liquidarse al juez que les puede llevar a la cárcel.

El juez Ruz, aislado en su despacho y sin medios para investigar, lleva años realizando un ímprobo trabajo que muy pocos podrían soportar, sufriendo constantes ataques a su independencia, e ininterrumpidas zancadillas para que su instrucción no pueda llevarse a buen fin: En la sede del PP se destruyeron discos duros con  información relevante, y lo que constituía una clara conducta delictiva, otro juez más dócil se encargo de no perseguirla; el Partido Popular ocultó deliberadamente al  instructor información documental de interés directamente relacionada con la rehabilitación con dinero negro de su sede de Genova, hasta el punto de que el juez Ruz se vio obligado a llevar acabo un registro en la sede central del partido que nos gobierna; y así podríamos continuar con otros ejemplos. Y ahora, como no han podido pararle los pies, deciden practicar su muerte lenta, hasta dejarle sin respiración.

Mariano Rajoy, el gobierno que preside y el Partido Popular que lo sustenta, han quedado inhabilitados de por vida para luchar contra la depravación del sistema, porque ellos representan la corrupción, al degradar hasta limites inimaginables nuestro sistema democrático. Son capaces de todo, con tal de salir airosos e indemnes de la podredumbre en la que están inmersos;  solo les preocupa mantener el poder para seguir utilizándolo en su provecho y en beneficio directo de sus amigos más cercanos. Por cierto hace unas horas el PP votaba en bloque para impedir comisiones de investigación para conocer el alcance de la corrupción y de lo ocurrido en el caso Bankia; y ahora que nos digan que están dispuestos a tomar medidas para perseguir la corrupción.

Pese a todo, intuyo que el juez Ruz, un magistrado discreto e incansable en su trabajo, les tiene preparada alguna sorpresa desagradable, que puede llegar antes del mes de marzo. Y hasta entonces les tendrá muy nerviosos y cometerán errores. Ojala sea cierto, y podamos acabar definitivamente con esa banda de indeseables.

(publicado en elplural.com)


Complot político-judicial para impedir que la Infanta Cristina se siente en el banquillo

infalta

Parece ser el cuento de nunca acabar, en el que el juez Castro, un magistrado  honesto e independiente que trata de hacer justicia al pretender sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina por sus presuntas conductas delictivas, lucha contra los elementos, que no son otros que un fiscal sometido a las directrices del Gobierno, que se ha convertido de hecho, equivocando su papel, en un vehemente defensor de la Infanta;  una Abogacía del Estado dependiente directamente del Ministerio de Justicia,  que se niega a proteger los intereses del propio Estado; y una Inspección de Hacienda controlada por el Ministerio de Hacienda, que mantiene que la hermana del Rey no ha cometido delito fiscal.

Triste espectáculo que demuestra una vez más que la justicia no es igual para todos; y de eso tendría mucho que decir la propia Isabel Pantoja cuando, por unos hechos muy similares, está  a punto de entrar en prisión.  Y la parodia continúa, al entrar esta semana en escena la Audiencia Provincial de Baleares, aparentando imparcialidad al mantener la imputación de la Infanta por dos delitos fiscales, pero poniéndose en evidencia al levantar la imputación por un delito de blanqueo de capitales.

Aparentemente los ciudadanos pueden pensar, después de conocer la resolución de la Audiencia Provincial de Baleares, que la justicia funciona, aunque sea a medias. Pero hay gato encerrado, que es preciso sacar a la luz, para poder confirmar que existe un complot político-judicial que trata a  toda costa de impedir que la Infanta Cristina se siente en el banquillo de los acusados. Todo es cuestión de matices, por lo que es preciso hilar muy fino.

Inicialmente partiremos de la base de que ni el fiscal ni la Abogacía del Estado van a a acusar a la Infanta, por lo que tan solo cabe que lo haga Manos Limpias, en su condición de acusación popular. Y es ahí donde puede entrar en juego la doctrina Botín, un invento del Tribunal Supremo para evitar que en el año 2007 Emilio Botín tuviese que sentarse en el banquillo de los acusados; que contrasta con la doctrina Atutxa, otro invento del Tribunal Supremo para impedir que el político vasco Juan María Atutxa pudiese beneficiarse de la aplicación de la doctrina Botín, como también ocurrió en alguno de los procesos seguidos contra el juez Garzón.

Para que todos podamos entender la diferencia: la doctrina Botín solo es aplicable en delitos que dañan a alguien en concreto,  por entender que solamente el fiscal o el directamente perjudicado puede acusar, sin que lo pueda hacer en solitario la acusación popular. Mientras que la doctrina Atuxta es aplicable cuando no existe un perjudicado concreto, sino que el daño lo sufren los intereses colectivos, en cuyo caso la intervención de la acusación popular es suficiente.

Parece evidente que en el  delito fiscal, por el único por el que se puede acusar ahora a la Infanta, existe un perjudicado concreto, como es la Agencia Tributaria, por lo que sería posible la aplicación de la doctrina Botín, que impediría sentarla en el banquillo si solo acusa la acusación popular y no lo hace ni el fiscal ni el Abogado del Estado. Lo que no ocurriría en el supuesto de que hubiese sido imputada por un delito de blanqueo de capitales, que permitiría que la acusación popular pudiese mantener la acusación en solitario por estar dañados los intereses colectivos.

Como hemos dicho todo es cuestión de matiz y tenemos que hilar muy fino. Pero lo ocurrido nos permite pensar que muchas voluntades se han aunado para buscar una salida a la Infanta, sin dañar aparentemente la justicia. Una lamentable parodía para salvar a la hermana del Rey. Tiempo al tiempo.

Por cierto ¿alguién conoce algún caso en el que un cuidadano sea imputado por un delito fiscal, al haber defraudado al fisco, y no sea acusado por ello ni por el Ministerio Fiscal ni por  la  Abogacia del Estado?. Pues, de confirmarse nuestras sospechas, ya tendríamos un nefasto y escandaloso precedente, propiciado por el propio Gobierno, presidido por Don Mariano Rajoy; el mismo que en las últimas horas se ha presentado como cruzado contra la  corrupción. Buen comienzo si lo hace junto a Monago  y al mismo tiempo se convierte en defensor de los defraudadores.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24.es)


La alcaldesa de Gijón aprende rápido, juega con fuego, y puede quemarse

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El asunto huele muy mal y,  en los tiempos en los que estamos, peor. Ya se ha convertido en noticia de ámbito nacional que el PSOE de Gijón ha denunciado que el Gobierno Local habría pagado con dinero público al periodista Federico Jímenez Losantos unos 37.000 euros por el programa que EsRadio realizó en el Teatro Jovellanos el pasado viernes, y en el que se incluía una entrevista a la alcaldesa Carmen Moriyón, que puede fácilmente interpretarse como un acto de propaganda electoral, si tenemos en cuenta que faltan poco más de siete meses para las elecciones locales.

EsRadio se defiende afirmando que el dinero percibido  era el precio de la contratación de cuñas publicitarias para promocionar diversos actos que se celebran en nuestra ciudad, y que el coste del programa fue cero. Muy difícil de creer si tenemos en cuenta que estamos hablando de mucho dinero abonado a una emisora de radio con escasísima audiencia, ya que su share es de un 2,2%, frente -por poner un ejemplo- el 35,89% de la Cadena Ser; y tal parece que la entrevista no es más que un regalo encubierto por la jugosa contratación con un medio ideológicamente afín.

El tema no es baladí, ya que se está usando dinero público de todos los gijoneses, y tal parece que tiene, entre otros objetivos, la promoción de nuestra alcaldesa y de Foro Asturias, formación política presidida por Francisco Álvarez Cascos, uno de los secretarios generales del PP que compartió época con Luis Bárcenas, aunque “no se enterase de nada” de lo que por entonces sucedía con la caja B del partido.

El tema no debería quedar en una mera denuncia periodista, sino que es necesario, de no darse antes explicaciones convincentes y creibles, ponerlo en conocimiento del Fiscal, para que investigue la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos. Parece evidente a primera vista, y ello podría ser refrendado mediante un informe pericial, que con una inversión de 37.000 euros es posible obtener una mayor promoción de nuestra ciudad en emisoras con mayor audiencia; y si ello es así se demostraría que hay gato encerrado.

Los gijoneses estamos muy hartos que, sin nuestro permiso, se malgaste nuestro dinero por los políticos de turno para su promoción pública; y tales conductas están claramente tipificadas en nuestro Código Penal. Una investigación judicial en profundidad es imprescindible por el bien de la decencia. Es más, incluso el Ministerio Fiscal, teniendo ya conocimiento de tales hechos,  puede actuar de oficio  para que se esclarezca lo que se esconde detrás de esta “inversión publicitaria”.

Y ahora solo nos queda esperar acontecimientos. Aunque, como es habitual, puede  que todo quede en nada, confirmándose que el presidente del Consejo General del Poder Judicial tenía razón cuando afirmó que la ley solo está pensada “para el robagallinas”.


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