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El PP atrapado por el caso Gürtel

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Quienes, prevaliéndose de su posición dominante, mienten y tergiversan la realidad de los hechos con la única finalidad de confundir y engañar a los ciudadanos, tratando de justificar lo inaceptable,  demuestran tener sus mentes podridas, lo que representa una forma más de corrupción. Eso es lo que están haciendo los dirigentes del PP en los últimos días, con la intención de manipular nuestros cerebros, pretendiendo que creamos que ellos son unas víctimas más de la corrupción de los suyos, cuando han sido cómplices y encubridores de las fechorías cometidas por sus compañeros de partido, ahora acusados formalmente en el caso Gürtel. Pretenden tomarnos por tontos, y eso es insultar a la inteligencia de los ciudadanos, que sabemos muy bien lo que ha pasado, y quiénes son los principales responsables, al margen de que se sienten o no en el banquillo de los acusados.

Querer negar la existencia de la caja B, cuando la policía, el juez instructor, la Fiscalía Anticorrupción y la propia Abogacía del Estado no la ponen en duda, es toda una osadía incalificable, que enfanga el futuro político de personas tan relevantes como la propia Secretaria General del  PP, María Dolores de Cospedal, entre otras muchas. Este no es el camino más adecuado para condenar y querer acabar con la corrupción, sino todo lo contrario, pues lo que se pretende con tales actitudes no es otra cosa que negar la evidencia, y converger con las propias mentes de los que han sido acusados de corrupción.

Ante los escritos de acusación que vamos conociendo en el  caso Gürtel, se está utilizando por Carlos Floriano y  compañía un argumento engañoso, como es el hecho de afirmar que el PP no ha sido acusado formalmente en el proceso, cuando lo está siendo a través de sus últimos tres tesoreros (Álvaro Lapuerta, Ángel Sanchís y Luis Bárcenas), que eran los encargados del control del dinero del partido, en base a tener por probado que el Partido Popular se financió de manera irregular  entre los años 1990 y 2008. Obviamente el PP como tal no puede ser acusado formalmente, por cuanto no fue hasta la modificación del Código Penal del año 2010, cuando se reguló por vez primera en el artículo 31 bis que “las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho“. Parece obvio que haber estado en vigor este precepto con anterioridad a la fecha en la que tuvieron lugar los hechos que ahora se enjuician, el Partido Popular habría sido acusado formalmente.

Pero ello no impide que se les considere responsables civiles por haberse beneficiado a título lucrativo de las actividades ilícitas cometidas por sus tesoreros, que es tanto como decir que disfrutaron del uso del dinero obtenido de forma ilegal, y por ello tienen sus  manos manchadas. Y, con lo listos que son,  no debemos tener la menor duda que Rajoy y compañía lo sabían y lo consintieron, por mucho que ahora quieran mirar para otro lado. No olvidemos que la rehabilitación de la sede del PP en la calle Genova fue financiada en parte con dinero B, procedente supuestamente de donaciones efectuadas por empresas que se beneficiaron de importantes adjudicaciones, y que no fueron declaradas ni constan en su contabilidad oficial.

En un país decente, y el nuestro no lo es, una acusación formal en la que se piden por delitos de corrupción cientos de años de prisión para excargos del PP, que lo eran cuando se cometieron los hechos, haría caer a un Gobierno. Los actuales dirigentes del partido en el gobierno, con su actitud, están demostrando que carecen de la menor dignidad personal y política, y no merecen ostentar los cargos que ocupan. Y les auguro un sufrimiento permanente en los próximos meses; la sombra del Caso Gürtel es alargada y más de uno tendrá pesadillas soñando con Baltasar Garzón, que ya ha conseguido su objetivo, a pesar de haber sido expulsado de la carrera judicial por la única razón de tratar de perseguir la corrupción política.

Por cierto, resulta extraño, desconcertante  e incomprensible que el mismo día en el que se conoció que la Abogacía del Estado pedía más de 60 años de cárcel para Luis Bárcenas, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretase su libertad bajo fianza de 200.000 euros, alegando, entre otros motivos para creer que no se fugará, su arraigo “personal, social, familiar y laboral” con nuestro país; se les ha olvidado mencionar  en su resolución que su arraigo “económico” se ubica en Suiza y en diversos paraísos fiscales; pero eso ya lo sabemos todos los ciudadanos. Vergonzosa decisión, que emborrona la actuación de la justicia, cuando todo parecía discurrir por sus cauces.

Y ahora solo nos queda esperar acontecimientos, que intuyo pondrán aún más en su sitio a nuestros actuales gobernantes, a quienes les auguro un futuro muy poco prometedor. Con que se conozca la verdad será suficiente.

(Publicado en elplural.com)

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El PP y el Gobierno de Rajoy se cargan definitivamente el Estado de Derecho

Sin una justicia  independiente del poder ejecutivo, que actúe con plena autonomía, el Estado de Derecho se convierte en una falacia más de un sistema democrático que vive una crisis profunda. Que un gobierno, a través de organismos interpuestos, en este caso el Consejo General del Poder Judicial, pueda apartar de sus cargos a jueces que le son molestos, por investigar las indecencias del partido que lo mantiene en el poder, resulta toda una escandalosa desvergüenza, inimaginable en una democracia consolidada. Primero se cargaron a Baltasar Garzón, inhabilitándolo de por vida; le siguió Elpidio Silva por encarcelar a Blesa por el caso Bankia; y ahora aniquilan al juez Ruz, poniendo fecha de caducidad a las causas que instruye en su contra.

Aparentemente no le diseccionan el cuello, hasta el punto de que le permiten continuar hasta marzo al frente del juzgado de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, y continuar después instruyendo la causa del “caso Gürtel”, si así lo solicita. Pero esa es la “versión para niños”, en palabras de Iñaki Gabilondo, dado que esa autorización  tiene trampa, ya que al convertirse en juez de apoyo del magistrado al que le adjudiquen la plaza, perderá la capacidad para tomar decisiones de forma autónoma y sus resoluciones precisarán el visto bueno de su superior, que es tanto como cortarle la cabeza.

Con esta maniobra, Mariano Rajoy y su pandilla de impresentables quedan inhabilitados de por vida para gobernar un país decente, porque representan lo peor de una sociedad en crisis, ahogada por la falta de escrúpulos de sus políticos. Hay muchas formas de acabar con la corrupción, entre ellas enterrándola para siempre; y ésta, y no otra, es la intención de nuestro actual Gobierno, al liquidarse al juez que les puede llevar a la cárcel.

El juez Ruz, aislado en su despacho y sin medios para investigar, lleva años realizando un ímprobo trabajo que muy pocos podrían soportar, sufriendo constantes ataques a su independencia, e ininterrumpidas zancadillas para que su instrucción no pueda llevarse a buen fin: En la sede del PP se destruyeron discos duros con  información relevante, y lo que constituía una clara conducta delictiva, otro juez más dócil se encargo de no perseguirla; el Partido Popular ocultó deliberadamente al  instructor información documental de interés directamente relacionada con la rehabilitación con dinero negro de su sede de Genova, hasta el punto de que el juez Ruz se vio obligado a llevar acabo un registro en la sede central del partido que nos gobierna; y así podríamos continuar con otros ejemplos. Y ahora, como no han podido pararle los pies, deciden practicar su muerte lenta, hasta dejarle sin respiración.

Mariano Rajoy, el gobierno que preside y el Partido Popular que lo sustenta, han quedado inhabilitados de por vida para luchar contra la depravación del sistema, porque ellos representan la corrupción, al degradar hasta limites inimaginables nuestro sistema democrático. Son capaces de todo, con tal de salir airosos e indemnes de la podredumbre en la que están inmersos;  solo les preocupa mantener el poder para seguir utilizándolo en su provecho y en beneficio directo de sus amigos más cercanos. Por cierto hace unas horas el PP votaba en bloque para impedir comisiones de investigación para conocer el alcance de la corrupción y de lo ocurrido en el caso Bankia; y ahora que nos digan que están dispuestos a tomar medidas para perseguir la corrupción.

Pese a todo, intuyo que el juez Ruz, un magistrado discreto e incansable en su trabajo, les tiene preparada alguna sorpresa desagradable, que puede llegar antes del mes de marzo. Y hasta entonces les tendrá muy nerviosos y cometerán errores. Ojala sea cierto, y podamos acabar definitivamente con esa banda de indeseables.

(publicado en elplural.com)


Complot político-judicial para impedir que la Infanta Cristina se siente en el banquillo

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Parece ser el cuento de nunca acabar, en el que el juez Castro, un magistrado  honesto e independiente que trata de hacer justicia al pretender sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina por sus presuntas conductas delictivas, lucha contra los elementos, que no son otros que un fiscal sometido a las directrices del Gobierno, que se ha convertido de hecho, equivocando su papel, en un vehemente defensor de la Infanta;  una Abogacía del Estado dependiente directamente del Ministerio de Justicia,  que se niega a proteger los intereses del propio Estado; y una Inspección de Hacienda controlada por el Ministerio de Hacienda, que mantiene que la hermana del Rey no ha cometido delito fiscal.

Triste espectáculo que demuestra una vez más que la justicia no es igual para todos; y de eso tendría mucho que decir la propia Isabel Pantoja cuando, por unos hechos muy similares, está  a punto de entrar en prisión.  Y la parodia continúa, al entrar esta semana en escena la Audiencia Provincial de Baleares, aparentando imparcialidad al mantener la imputación de la Infanta por dos delitos fiscales, pero poniéndose en evidencia al levantar la imputación por un delito de blanqueo de capitales.

Aparentemente los ciudadanos pueden pensar, después de conocer la resolución de la Audiencia Provincial de Baleares, que la justicia funciona, aunque sea a medias. Pero hay gato encerrado, que es preciso sacar a la luz, para poder confirmar que existe un complot político-judicial que trata a  toda costa de impedir que la Infanta Cristina se siente en el banquillo de los acusados. Todo es cuestión de matices, por lo que es preciso hilar muy fino.

Inicialmente partiremos de la base de que ni el fiscal ni la Abogacía del Estado van a a acusar a la Infanta, por lo que tan solo cabe que lo haga Manos Limpias, en su condición de acusación popular. Y es ahí donde puede entrar en juego la doctrina Botín, un invento del Tribunal Supremo para evitar que en el año 2007 Emilio Botín tuviese que sentarse en el banquillo de los acusados; que contrasta con la doctrina Atutxa, otro invento del Tribunal Supremo para impedir que el político vasco Juan María Atutxa pudiese beneficiarse de la aplicación de la doctrina Botín, como también ocurrió en alguno de los procesos seguidos contra el juez Garzón.

Para que todos podamos entender la diferencia: la doctrina Botín solo es aplicable en delitos que dañan a alguien en concreto,  por entender que solamente el fiscal o el directamente perjudicado puede acusar, sin que lo pueda hacer en solitario la acusación popular. Mientras que la doctrina Atuxta es aplicable cuando no existe un perjudicado concreto, sino que el daño lo sufren los intereses colectivos, en cuyo caso la intervención de la acusación popular es suficiente.

Parece evidente que en el  delito fiscal, por el único por el que se puede acusar ahora a la Infanta, existe un perjudicado concreto, como es la Agencia Tributaria, por lo que sería posible la aplicación de la doctrina Botín, que impediría sentarla en el banquillo si solo acusa la acusación popular y no lo hace ni el fiscal ni el Abogado del Estado. Lo que no ocurriría en el supuesto de que hubiese sido imputada por un delito de blanqueo de capitales, que permitiría que la acusación popular pudiese mantener la acusación en solitario por estar dañados los intereses colectivos.

Como hemos dicho todo es cuestión de matiz y tenemos que hilar muy fino. Pero lo ocurrido nos permite pensar que muchas voluntades se han aunado para buscar una salida a la Infanta, sin dañar aparentemente la justicia. Una lamentable parodía para salvar a la hermana del Rey. Tiempo al tiempo.

Por cierto ¿alguién conoce algún caso en el que un cuidadano sea imputado por un delito fiscal, al haber defraudado al fisco, y no sea acusado por ello ni por el Ministerio Fiscal ni por  la  Abogacia del Estado?. Pues, de confirmarse nuestras sospechas, ya tendríamos un nefasto y escandaloso precedente, propiciado por el propio Gobierno, presidido por Don Mariano Rajoy; el mismo que en las últimas horas se ha presentado como cruzado contra la  corrupción. Buen comienzo si lo hace junto a Monago  y al mismo tiempo se convierte en defensor de los defraudadores.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24.es)


La alcaldesa de Gijón aprende rápido, juega con fuego, y puede quemarse

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El asunto huele muy mal y,  en los tiempos en los que estamos, peor. Ya se ha convertido en noticia de ámbito nacional que el PSOE de Gijón ha denunciado que el Gobierno Local habría pagado con dinero público al periodista Federico Jímenez Losantos unos 37.000 euros por el programa que EsRadio realizó en el Teatro Jovellanos el pasado viernes, y en el que se incluía una entrevista a la alcaldesa Carmen Moriyón, que puede fácilmente interpretarse como un acto de propaganda electoral, si tenemos en cuenta que faltan poco más de siete meses para las elecciones locales.

EsRadio se defiende afirmando que el dinero percibido  era el precio de la contratación de cuñas publicitarias para promocionar diversos actos que se celebran en nuestra ciudad, y que el coste del programa fue cero. Muy difícil de creer si tenemos en cuenta que estamos hablando de mucho dinero abonado a una emisora de radio con escasísima audiencia, ya que su share es de un 2,2%, frente -por poner un ejemplo- el 35,89% de la Cadena Ser; y tal parece que la entrevista no es más que un regalo encubierto por la jugosa contratación con un medio ideológicamente afín.

El tema no es baladí, ya que se está usando dinero público de todos los gijoneses, y tal parece que tiene, entre otros objetivos, la promoción de nuestra alcaldesa y de Foro Asturias, formación política presidida por Francisco Álvarez Cascos, uno de los secretarios generales del PP que compartió época con Luis Bárcenas, aunque “no se enterase de nada” de lo que por entonces sucedía con la caja B del partido.

El tema no debería quedar en una mera denuncia periodista, sino que es necesario, de no darse antes explicaciones convincentes y creibles, ponerlo en conocimiento del Fiscal, para que investigue la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos. Parece evidente a primera vista, y ello podría ser refrendado mediante un informe pericial, que con una inversión de 37.000 euros es posible obtener una mayor promoción de nuestra ciudad en emisoras con mayor audiencia; y si ello es así se demostraría que hay gato encerrado.

Los gijoneses estamos muy hartos que, sin nuestro permiso, se malgaste nuestro dinero por los políticos de turno para su promoción pública; y tales conductas están claramente tipificadas en nuestro Código Penal. Una investigación judicial en profundidad es imprescindible por el bien de la decencia. Es más, incluso el Ministerio Fiscal, teniendo ya conocimiento de tales hechos,  puede actuar de oficio  para que se esclarezca lo que se esconde detrás de esta “inversión publicitaria”.

Y ahora solo nos queda esperar acontecimientos. Aunque, como es habitual, puede  que todo quede en nada, confirmándose que el presidente del Consejo General del Poder Judicial tenía razón cuando afirmó que la ley solo está pensada “para el robagallinas”.


“Pido perdón”, y después qué…

Con esto de que siempre funcionan por consignas, a las primeras cabezas políticas del PP les ha dado estos días por pedir perdón por no haber sabido rodearse de personas honestas. Primero comenzó Esperanza Aguirre en una rueda de prensa y,  a su imagen y semejanza, le siguió  Mariano Rajoy a las 24 horas, en esta ocasión ante el Senado; si bien lo más llamativo de su intervención era observar a Javier Arenas en segunda línea con cara de morderse la lengua, que en un descuido se le escapó por la comisura derecha de sus labios, como si quisiese decir algo que su corrupto cerebro le prohibía. Y es que en el fondo son como niños, pero niños malos y peligrosos que recuerdan a una madre que, cuando detienen a su hijo, hecha la culpa a sus amigos que les han dado mal ejemplo; pero en realidad tienen ya edad como para saber el talante moral de quienes les rodean. ¿Podemos imaginar a Al Capone descubrir que uno de los suyos es honesto?; pues esto es igual, pero al revés.

Los acontecimientos se suceden a una velocidad endiablada, hasta el punto que la “Operación Púnica” parece hacer olvidar el caso de las tarjetas black, y entre uno y otro escándalo el imputado Ángel Acebes pasa  de puntillas, después de haber negado conocer en sede judicial al arquitecto que proyectó las obras pagadas con dinero negro en la sede de Génova, y sonrojarse cuando el instructor le enseñaba una fotografía en la que le estrecha la mano en presencia de Don Mariano, el capo de la familia del PP.

Como buenos creyentes, los dirigentes del PP deben de ser conscientes que “Dios los crea y ellos se juntan”; y que nadie ponga cara de tonto afirmando que no sabía que quienes le han rodeado durante años eran unos corruptos, ladrones y  sirvergüenzas. Todos, yo mismo, hemos tenido algún amigo o conocido poco recomendable; pero se notaba, y llegaba un momento en que la relación personal se rompía, sin esperar a que lo tuviesen que meter  en la cárcel.  Por lo que no es creíble que Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy, no se enterasen de nada, cuando era de dominio público que muchos de estos sinvergüenzas ya eran sospechosos de serlo.

A Esperanza Aguirre ya no le deben de quedar amigos, salvo los palmeros incombustibles que le ríen todas las gracias. Tenía una estrecha relación con el presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, ahora en la cárcel; mantenía amistad con el presidente de la patronal madrileña, actualmente implicado en el caso de las tarjetas black; era de su máxima confianza Juan José Güemes, hijo político del condenado Carlos Fabra y  exconsejero de Sanidad de  la Comunidad de Madrid cuando ella la presidía, ahora imputado por cohecho y prevaricación; se cuentan por decenas los consejeros, diputados regionales y alcaldes de la Comunidad de Madrid actualmente imputados, y que fueron nombrados todos ellos cuando la lideresa presidía el PP de Madrid y la propia Comunidad;  y ahora cae con todo lo puesto quien fuera su brazo derecho y persona de su máxima confianza, Francisco Granados. Y ella “sin enterarse de nada”; más que caza talentos, es una auténtica experta caza corruptos. Doña Esperanza, ¿podría decirme en tres segundos el nombre de un conocido que no esté bajo sospecha de corrupción?. ¿No?, pues mal anda de reflejos,  de amistades, y de escrúpulos.

Y si hablamos de Mariano Rajoy, más de lo mismo. Defendió públicamente a Francisco Camps, el de los trajes, ahora convertido en un apestado en la Comunidad valenciana; puso como ejemplo de buen gobierno el trabajo realizado como presidente de Baleares por Jaume Matas, ahora en la cárcel por corrupto; salió en defensa de su extesorero Luís Barcenas, que cumple prisión preventiva desde hace más de un año; compartió banco azul con Rodrigo Rato, uno de los máximos responsables del hundimiento económico de Bankia e imputado en  el caso de las tarjetas black; cuando ya era presidente del PP, tuvo de Secretario General de su partido a Ángel Acebes, ahora imputado por adquirir acciones de un periódico digital de ideología ultraderechista; y cada vez que entra en la sede de su partido en la calle Génova, es consciente de que ha sido rehabilitada con dinero negro, sin pagar el IVA, procedente supuestamente de la percepción de comisiones ilegales. ¿Y sigue afirmando que nada sabía?. Es tonto o se hace, pero ya nadie le cree, salvo el 28% de los votantes que, como feligreses incombustibles,  parecen apoyar en las urnas la  institucionalización de la corrupción.

Son tantos los corruptos y tantos los escándalos que ya no somos capaces de acordarnos de todos, y muchos se nos quedan en el tintero. Pero, fuera bromas, no basta con pedir perdón. Doña Esperanza y Don Mariano, si les queda un mínimo de decencia, que casi todos ya lo dudamos, deben dimitir de inmediato de todos sus cargos, desaparecer de la vida política, y dejar que en nuestro país entre un poco de aire fresco, que el olor ya es nausebundo. Eso sí, no se olviden de llevar con ustedes a todos sus amigos y personas de confianza, no sea que nos dejen la basura sin recoger. Pero antes, que nos devuelvan nuestro dinero, el que nos han robado a manos llenas durante .


Urge restituir en sus puestos a los jueces Baltasar Garzón y Elpidio Silva

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Tras sufrir una persecución indecorosa, indigna e implacable, el 9 de febrero de 2012 nos enterábamos de que el Tribunal Supremo, en contra del criterio del fiscal,  condenaba a 11 años de inhabilitación por prevaricación al juez Baltasar Garzón, lo que suponía poner fin definitivamente a su carrera judicial.  Su pecado no era otro que el haber sido impacable con la persecución de la corrupción del Partido Popular. Desde entonces, para vergüenza de algunos jueces y fiscales, continúa siendo el primer y único condenado por el caso Gürtel.

Aunque constituyó noticia de segundo nivel, al haber copado los titulares de los medios de comunicación el contagio del ébola y las tarjetas opacas, el pasado 7 de octubre se publicaba la noticia de que el juez Elpidio Silva era condenado a 17,5 años de inhabilitación por prevaricación continuada, por el Tribunal Superior de Justicia. Su pecado no era otro que el haber privado de libertad de forma indebida a los personajes tan “honorables” como Miguel Blesa y Gerardo Díaz Ferrán. La sentencia no es firme, ya que puede ser revocada por el Tribunal Supremo, pero supone un grave mazazo a la indepencia de los jueces. Curiosamente es el primer condenado por el caso Bankia.

De personalidades muy distintas y antagónicas, ambos han tenido en común el llevar al límite la investigación judicial de graves casos de corrupción, cometidos por personajes abyectos, pero pertenecientes a la casta de los intocables, y que por ello gozan de una protección especial por parte de quienes, con mucho poder y carentes de escrúpulos, pueden llegar a influir en determinadas decisiones judiciales.  Molestos y peligrosos, era preciso inhabilitarlos de por vida, y de paso se mandaba un mensaje a sus compañeros, que a buen seguro ya saben a que se arriesgan si osan imitarles.

La prevarición, que consiste en estos casos en dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son, es de una subjetividad en su interpretación que permite que hechos muy similares puedan ser o no considerados como delito en razón a la ideología y mentalidad del juez que ha de decidir, por lo que una condena puede incluso  llegar a estar motivada por prejuicios y pasiones de carácter extrajurídico. Y si a ello unimos  que en determinadas instancias, como pueden ser el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, muchos de sus miembros están nombrados en base a criterios políticos, el plato está servido para que pueda ser condenado un inocente sin que quien firma la sentencia  pueda incurrir en responsabilidad alguna.

No está de más recordar que el caso Gúrtel ha servido para destapar en cadena situaciones gravísimas de corrupción. Porque el  caso Bárcenas o la ya muy avanzada investigación sobre la financiación ilegal del partido en el Gobierno, nunca hubiesen salido a la luz sin la intervención  inicial del polémico juez Garzón, al que todas las personas decentes le debemos gratitud.

Lo llamativo de la condena del juez Elpidio Silva, es que coincide en el tiempo con el conocimiento público de las tarjetas opacas de Bankia, que permite descubrir que el honorable Blesa, a falta de saber con detalle en qué se gastó los 436.700 euros que se le imputan, invirtió 9.000 euros en un Safari en África y 10.000 en vino. Y nos estamos refiriendo al mismo Blesa  que hace unos meses  acusaba al juez Silva por daños irreparables a su honor, al mismo amigo que impuso Aznar para gestionar Bankia, cuyo rescate nos ha costado a nuestros bolsillos 23.465 millones de euros. Por cierto, gracias a los correos intervenidos por el juez ahora condenado,  se ha podido tirar del hilo para descubrir la existencia de las tarjetas  “black”.

En las últimas semanas están pasando  muchas cosas, demasiadas, para saber que se ha levantado la  veda del corrupto; y los partidos de la casta, atemorizados por lo que se les puede venir encima cuando continúen saliendo a la luz otros casos de corrupción, están sufriendo un desgaste irrecuperable. Se ha acabado el discurso derecha o izquierda, ahora toca enfrentar a las personas honestas con los ladrones y sirvergüenzas; y una sociedad que está empeñada en recuperar su dignidad, no puede permitirse el lujo de dejar en el dique seco a dos jueces que, con sus errores humanos, han influido de forma decisiva  en que podamos vez  la luz en un país con un altisimo nivel de corrupción.

Por su contribución a la decencia,  los jueces Baltasar Garzón y Elpidio Silva deben ser restituidos de inmediato en sus puestos. Se lo debemos.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24)


La muerte de un banquero y “la doctrina Botín”

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La muerte de un ser humano debería sentirse en mayor o menor grado en razón a los vínculos afectivos que nos unan con el fallecido. El resto, y todo lo que se dice cuando muere una persona “importante”, es hipocresía, cinismo, o puro interés. En los últimos años han fallecido en nuestro país decenas de personas como consecuencia de los recortes o de la desesperación que produce quedarse sin nada,  y no han pasado de ser una noticia más sin relevancia, que se queda en el olvido en pocos días. La última víctima, de cuyo nombre nadie se acordará ya, un hombre de 72 años que paseaba por la acera de una calle de Madrid. La causa directa de su muerte fue la caída de una rama de un árbol en mal estado;  la indirecta, los recortes en el Ayuntamiento de Madrid, dejando en la calle a 160 jardineros, y la privatización del servicio. Pero no importa, los seres anónimos sin pedigrí, solo son valorados por los políticos en épocas electorales, y el resto del tiempo no son más que un número.

En nuestro país tienes que tener mucho dinero o haber hecho muchas travesuras para ser recordado en tu muerte. Ha muerto Emilio Botín, ¿y qué?; nunca ha regalado nada a nadie, salvo por el interés, y solamente  ha hecho favores para cobrarlos después, y con intereses. Si dejabas de abonar la hipoteca concedida por su Banco, nadie te preguntaba los motivos de su impago, cayendo sobre el moroso la espada de Damocles en forma de intereses usurarios de más de un 20% por demora y un previsible desahucio de la vivienda habitual; y en muchos casos la de los padres de la víctima, en su condición de avalistas de buena fe.

Emilio Botín ha fallecido sin perdonar nada a nadie, excepto las deudas de algunos partidos políticos, que se han pagado después en forma de favores. Se dice que el Banco Santander condonó en el 2006 al Partido Socialista una cantidad cercana a los 12 millones de euros, y curiosamente unos años después un gobierno de Zapatero indultó de forma vergonzosa a Alfredo Sáenz, consejero delegado de dicha entidad. ¿Pura coincidencia?; los ciudadanos tenemos derecho a pensar mal y con motivo. Y de esas prácticas no se ha salvado el PP, aunque el dinero para la  financiación ilegal del partido en el gobierno suele  llegar por otros caminos y ser más opaco.

Lo cierto es que Emilio Botín en el ámbito judicial pasará a la historia por haber conseguido salir indemne de todas las querellas interpuestas contra su persona, dado el interés especial de algunos jueces y fiscales en que fuese así, al no haber visto delito en  conductas irregulares que podrían considerarse tipificadas penalmente. Es más, fue fuente de inspiración de la que ya se conoce como “doctrina Botín”, un invento del Tribunal Supremo para exonerarle de responsabilidad criminal, por el mero hecho de que la acusación partía del ejercicio de la acción popular, pero no era apoyada por el Fiscal. Por entonces se preguntaron algunos magistrados que votaron en contra  para qué servía la acción popular si no gozaba de propia autonomía para llegar hasta el final. Qué lujo de justiciable al que le han puesto su apellido a una interpretación novedosa del Tribunal Supremo, expresamente inventada para él. Obviamente el fiscal ni estaba ni se le esperaba, recibiendo las órdenes del gobierno de turno, que para eso lo había nombrado y estaba bajo su control directo.

Por cierto, ¿por qué no se aplicó a Baltasar Garzón la “doctrina Botín”, a pesar de que fue el ejercicio de la  acción popular, sin la intervención del fiscal, lo que permitió su condena?, ¿Alguien lo puede explicar para convencer a quienes hemos dejado de creer hace muchos años que la justicia es igual para todos?. Aunque a buen seguro dicha doctrina ayudará a salvar a la Infanta Cristina; quién le iba a decir a Don Emilio que a título póstumo iba a servir su apellido para exonerar de sentarse en el banquillo de los acusados a la mismísima hermana del Rey. Tiempo al tiempo, y descanse en paz, aunque no lo hagan las víctimas de la crisis económica que han perdido su vivienda, y en algunos casos su vida.


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