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Uno de los pilares del Estado de Derecho se encuentra en su sistema judicial; si este no funciona correctamente discriminando a los ciudadanos en razón a su origen, status social o posición de poder, aquél se tambalea y su desprestigio puede afectar a las instituciones, y por ende a la credibilidad del sistema democrático, que puede entrar en una crisis profunda de difícil solución, y de ahí al totalitarismo hay un paso.

La decisión de la Audiencia de Mallorca de suspender la imputación de la infanta Cristina, por esperada, ha sorprendido a muy pocos, pero ha escandalizado a la mayoría de los ciudadanos, al dejar impune una conducta reprochable moralmente y con suficientes indicios para poder considerarla delictiva. Eso sí, los magistrados que han tomado tal decisión, quizás porque aún les queda un poco de vergüenza, piden que se siga investigando e insinúan que la infanta puede haber incurrido en un delito fiscal y en un delito de blanqueo de capitales, y hasta uno se ha atrevido a emitir un voto particular, por lo que en conjunto creen haber salvado aparentemente sus conciencias, aunque sea a costa de perder su dignidad.

La credibilidad del fiscal, recurriendo un auto de imputación, algo insólito en la justicia cotidiana (no he visto nada igual en 38 años de ejercicio profesional como abogado), ha quedado bajo mínimos. Y al mismo nivel puede posicionarse la Abogacía del Estado, que debe de velar por el bien común, y lejos de ello se ha posicionado defendiendo los intereses personales de una presunta delincuente, que fue capaz de comprar y amueblar el Palacio de Pedralbes, sin saber cómo lo podría pagar. Tonta no es.

Me avergüenza el servilismo de los dos grandes partidos (PP y PSOE), que celebran la “buena noticia”, como si de un triunfo se tratase, lo que demuestra que la anunciada regeneración democrática es una pura falacia, ya que sus mentes siguen dormidas y enfermas de poder. ¿Por qué tanto peloteo y tanta sumisión a la Familia Real, pase lo que pase?.

Pero quizás la Monarquía es la institución más dañada. Inmersa en casos de supuesta corrupción, ahora se confirma una vez más que es intocable, impune e inviolable. ¿A eso se refería Don Juan Carlos cuando afirmó que la justicia es igual para todos? Nos están haciendo pasar a todos por tontos, y tarde o temprano a la ciudadanía se le acabará la paciencia y se alzará contra tanta hipocresía y abuso de posición dominante. Esto se parece cada vez más a una monarquía bananera, incompatible con un sistema democrático.

A partir de ahora cada vez que un ciudadano sea llamado a declarar como imputado, como paso previo a una investigación judicial, por el mero hecho de haber sido denunciado, podrá preguntarse: ¿Y por qué a mi sí y a la infanta Cristina no?. La respuesta es muy sencilla: porque es la hija del Rey, ni más  ni menos, y la “justicia” la protege. Y así nos va.

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Se equivocó el Rey cuando dijo en el discurso de Navidad que “la justicia es igual para todos“, por ser el menos apropiado para afirmarlo, dado que su persona es  inviolable y está excluido de responder de sus actos por el artículo 56 de la Constitución Española; y se equivoca ahora el juez Castro, cuando lo reitera en el auto por el que acuerda imputar a la infanta Cristina. Si fuese cierto, ya hubiese sido citada hace meses a declarar en tal condición, junto con el resto de los hasta ahora imputados, cuando ya eran evidentes los indicios de su presunta complicidad y conocimiento de las actividades de su esposo.

Debemos recordar que Iñaki Urdangarín fue nombrado presidente del Instituto Nóos en el 2003, y ese mismo año fue cuando, junto con su esposa la Infanta Cristina, creó la sociedad Aizoon S.L., aparentemente con la intención de controlar el patrimonio familiar, si bien ya se sabe fue empleada  para desviar fondos públicos captados irregularmente por el Instituto Nóos. Y si tenemos en cuenta que el capital inicial aportado por cada uno fue de 1.503 euros, que se convirtieron en tres años en 572.406 euros, parece evidente que tal espectacular incremento del valor de las acciones tienen un origen más que sospechoso,  dado  que el 95% de los ingresos de Aizoon provenían de Nóos. Esta sola circunstancia hubiese sido suficiente para imputarla hace más de un año, pero el hecho de que se tratase de la hija del Rey y ante la falta de apoyo del Fiscal para tomar una decisión de tanto calado, el juez Castro se vio obligado a posponerla en busca de nuevos indicios que corroborasen el conocimiento de la Infanta de los ingresos irregulares de su esposo; lo  que se ha refrendado por el contenido de los correos electrónicos aportados recientemente por el también imputado Diego Torres.

No obstante la decisión ahora adoptada por el juez Castro ha sido muy valiente, como muy cobarde la postura del Fiscal al no apoyarle. Pero lo que no era imaginable es que el propio Fiscal, con el visto bueno del Fiscal General del Estado (nombrado directamente por el gobierno), tomase la decisión de recurrir la imputación, convirtiéndose con ello en un humilde, servil y fiel defensor de la Familia Real. Y aunque se desconoce cual será la decisión final de la Audiencia Provincial de Baleares, intuyo que puede resultar favorable a la tesis del Fiscal, confirmando que “la justicia no es igual para todos”, y convirtiendo el asunto en uno de los mayores escándalos judiciales de los últimos años.

En los próximos días asistiremos a una vergonzosa campaña con la intención de poner en evidencia la imparcialidad y honradez del juez Castro, que debe de contrarrestarse con el apoyo público a su labor por parte de quienes creemos que su honradez profesional no puede ser mancillada.  Por el momento la Casa Real, que debería mantener una neutralidad absoluta impuesta por la propia Constitución, ya se ha puesto del lado del Fiscal, los partidos mayoritarios no parecen aceptar de buen agrado la decisión judicial, y el PP ya ha dado cuerda al bufón Pujalde para que diga los primeros improperios  contra el juez instructor, acusándole de su afán de protagonismo, cuando en su trabajo profesional ha demostrado precisamente todo lo contrario.

No  perdamos la confianza en que la justicia salga triunfadora; pero en un país en donde la corrupción ha contaminado las instituciones, los intocables siguen siendo intocables, aunque sea a costa de liquidar definitivamente la escasa credibilidad que tiene nuestro sistema judicial.

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En nuestro país, haciendo un flaco favor a la ética y a la decencia, los políticos han colocado muy bajo el listón de la moralidad, hasta el punto que todo se permite en tal “digna”profesión con tal de que no sea delito. Es más, se permiten conductas que, siendo delictivas, logren apaciguarse en los tribunales; incluidas aquellas que, por haber prescrito, ya no pueden ser motivo de condena penal. De ahí que la figura del político se encuentre tan desprestigiada ante la ciudadanía, sin visos de solución salvo que exista un cambio de rumbo, que ni tan siquiera se atisba en el horizonte.

Cuando estalló el caso Bárcenas, la intención inicial del PP fue judicializarlo  al máximo, a sabiendas de que la actualidad se renueva y transita con más celeridad que los tribunales de justicia; y permite que ante cualquier pregunta inconveniente se utilice la respuesta fácil de que no se puede opinar al existir una investigación judicial. Ademas dilatar las instrucciones judiciales en la vía penal pueden traer incluso sorpresas agradables en forma de nulidades, prescripciones, e incluso cambio de jueces díscolos por otros más dóciles con el poder; y si no que se lo pregunten a Carlos Fabra, que lleva pendiente de ser juzgado más de 10 años.

Culpar a los jueces de parcialidad o de interés desmedido en investigar, cuando resultan inconvenientes para sus intereses, es un ejercicio habitual del Partido Popular, que ya ha puesto en práctica en más de una ocasión, y con resultados positivos. La muestra más reciente la tenemos en la expulsión de la carrera judicial de Baltasar Garzón por métodos bastardos; eso sí, Federico Trillo, su impulsor, ha recibido como premio la Embajada del Reino Unido, sin que tengamos  noticias de que se prodigue en exceso en la defensa de los intereses de nuestro país.

Ahora el PP, con la inestimable ayuda de la Fiscalía, pretende centrar el debate en los aparentes enfrentamientos entre dos jueces de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz y Javier Gómez Bermúdez, cuando se trata de un tema menor y formal,  ya que un conflicto de competencias se resuelve fácilmente mediante un pronunciamiento de su inmediato superior, en este caso la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que deberá de decidir primero si ambas causas pueden ser instruidas de forma separada; y de entender que existe duplicidad, determinar quien es el competente, que probablemente será el juez Ruz, por haber sido el primero en instruirlas y al estar en sus manos la investigación del caso Gürtel.

No obstante, no estoy muy seguro de que exista duplicidad, aunque sean comunes muchas de las pruebas a practicar. La causa que instruye el juez Ruz va encaminada a determinar las posibles conductas delictivas de Luis Bárcenas; mientras que la que está en manos de Gómez Bermúdez, y seguida por querella de IU,  está más orientada a la exigencia de responsabilidades penales a dirigentes del PP. Aunque es posible que tarde o temprano tengan que acumularse.

Es conocido el odio que los dirigentes del PP profesan al juez Gómez Bermúdez desde que demostró,  con la sentencia del 11M, las mentiras de los populares tras el atentado más sangriento de nuestra historia reciente, y que motivaron una inesperada derrota electoral de la derecha. Pero las preferencias por el meticuloso juez Ruz parten de la interinidad de éste en su puesto en la Audiencia Nacional, que tiene como fecha de caducidad  el próximo mes de septiembre, por lo que aún disponen de tiempo para tratar de situar en su lugar a un juez más dócil y asequible para el poder. Lo que sumado a la colaboración “desinteresada” de la Fiscalía, puede conducir a un archivo “inesperado” del caso Bárcenas, para mayor gloria de la corrupción masiva en la que están incursos.

Por cierto, con su proyecto de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Gallardón pretende dar un papel protagonista a los fiscales, que se convertirán en los instructores de las causas penales, misión hasta ahora encomendada a los jueces. Es una manera como otra cualquiera de que el poder político pueda controlar las investigaciones criminales, al ser el Gobierno de turno el encargado de nombrar al Fiscal  General del Estado, a cuyo criterio están sometidos todos los fiscales, y el camino ideal para fomentar la impunidad absoluta en los casos de corrupción.

Mantener la llama de la esperanza de que la justicia pueda actuar con imparcialidad, rigor y celeridad es lo único que nos queda. Pero que nadie dude de que los principales enemigos para conseguirlo están gobernándonos por mayoría absoluta, y esto suena a desolador para nuestro futuro inmediato.

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Aunque el tema es complejo, y requiere un minucioso estudio, sin entrar en pormenores de una primera lectura de la Sentencia de fecha 14 de marzo de 2013 dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la que se resuelve una petición de decisión prejudicial que tiene por objeto la interpretación de una Directiva Comunitaria  sobre las claúsulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y que se siguió a instancia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, podemos extraer algunas conclusiones de extraordinaria importancia:

–1ª) Centrando el tema de debate, de las diversas cuestiones planteadas, el Tribunal no entra a valorar si son abusivas las claúsulas incluidas en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria referidas a unos intereses de demora anuales del 18,75%, o aquellas que establecen el vencimiento anticipado  en los contratos de larga duración por incumplimientos del deudor en un periodo limitado; como tampoco entra en el fondo en cuanto a la posibilidad de que el prestamista pueda liquidar unilateralmente el importe de la deuda impagada. Entiende que estas cuestiones deben de resolverse en cada caso concreto por cada estado miembro, y será el juez competente el que deba determinar el posible abuso por la posición dominante de la entidad bancaria. En definitiva, entiende que no es de su competencia la determinación de si las claúsulas cuestionadas son o no abusivas.

–2ª) Lo verdaderamente importante de esta resolución es que acoge como contraria a la Directiva Europea la primera de las cuestiones planteadas, en el sentido de considerar que la  limitación de las causas de oposición por parte del consumidor establecidas en las normas legales  que regulan la tramitación de una ejecución hipotecaria le privan de una protección adecuada para la protección de sus derechos, situándole en una posición de indefensión, y por ello se vulneraría nuestro derecho constitucional a una tutela judicial efectiva.

..3ª) Y es esencial destacar que en el apartado 62 de la sentencia, que se está refiriendo a la resolución en cuanto al fondo de la primera cuestión prejudicial, literalmente se afirma: “…basta con que los profesionales -se refiere al prestamista o entidad bancaria- inicien, si concurren los requisitos, el procedimiento de ejecución hipotecaria, para privar sustancialmente a los consumidores de la protección que pretende garantizar la Directiva…”

La conclusión se hace evidente: todos los procedimientos actualmente en trámite están viciados desde su inicio, por lo que deben de ser suspendidos de inmediato, pudiendo ser declarada su nulidad; y no cabe a partir de hoy admitir a trámite ninguna nueva demanda ejecutiva, hasta tanto no se produzca una modificación legal que garantice los derechos de defensa de los consumidores. Por lo que es de enorme transcendencia el contenido de esta resolución, que supondrá la paralización inmediata de los desahucios que se deriven de una ejecución hipotecaria, abriendo la puerta a que puedan cuestionarse -por inconstitucionales- los que ya se han consumado.

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El pasado domingo el diario El País publicaba los resultados de una encuesta en la que se confirmaba que ni siquiera los votantes del PP se creen las mentiras sobre el “caso Bárcenas”, y más de un 80% consideran que el extesorero tiene pruebas que pueden comprometer al partido y a alguno de sus dirigentes, lo que confirma el descrédito absoluto de nuestros gobernantes. Pero destaca el hecho de que la mayoría de los ciudadanos valoren como  injusta la sentencia dictada por el T.S. que apartó a Garzón de la carrera judicial, al considerarla basada en motivos políticos y no jurídicos; y un 83%  entiendan que aquella sentencia era parte de una maniobra para apartarlo del caso Gürtel e intentar ralentizarlo, lo que es tanto como mantener muy serias dudas sobre la imparcialidad de quienes le juzgaron.

No es entendible, ni nadie ha dado una mínima explicación al respecto, por qué se centró exclusivamente la acusación de prevaricación sobre el juez Garzón, cuando el fiscal apoyó la intervención de las comunicaciones de los detenidos,  e incluso el juez Pedreira la prorrogó, ante el peligro de que desde la prisión aquellos diesen las órdenes precisas para poner a buen recaudo el dinero obtenido ilícitamente. Como no lo fue que se abriesen  tres causas penales contra Baltasar Garzón prácticamente al mismo tiempo, instruidas con una celeridad a la que no estamos acostumbrados, y perfectamente coordinadas para hacer el mayor daño posible al magistrado.

Lo ocurrido no es casual, y tenía una explicación y un objetivo ya conseguido: apartar al Juez Garzón de la instrucción del “caso Gürtel” y extender una sospecha de falta de honorabilidad sobre su persona, como medio de justificar ante la sociedad su confabulación. Y para ello la derecha política, la judicial, y los medios de comunicación afines, orquestaron  una maquiavélica conspiración, que la historia la juzgará como uno de los hechos más turbios de nuestra joven democracia.

Pero la verdad es muy tozuda, y poco a poco ya vamos sabiendo que, lo hasta ahora conocido del “caso Gürtel”, no es más que la punta del iceberg de un escándalo de corrupción de considerables magnitudes, que dejará muy tocado al partido en el gobierno y puede acabar con la carrera política de muchos de sus dirigentes históricos, los mismos que en las últimas décadas nos han querido dar a todos lecciones de moralidad, y ahora, ya sabemos, han tenido un comportamiento muy poco decente.

Bárcenas parece saberlo todo, aunque desconocemos si está o no dispuesto a contarlo; todo dependerá del resultado de las presiones a las que está sometido y de los pactos ocultos a los que pueda llegar con el PP. Pero los ciudadanos ya han hablado, y les han condenado por haberse lucrado con nuestro dinero para provecho propio o de su partido.

La condena a Baltasar Garzón no es historia, sino pura actualidad, por ser el único condenado en el “caso Gürtel” después de más de cuatro años de investigación, lo que resulta verdaderamente escandaloso y es un desprestigio para nuestro Estado de Derecho. Han querido matar al mensajero, pero les ha salido un impresentable respondón; y es que Bárcenas, aquel senador por el que Rajoy ponía la mano en el fuego, ha sido siempre un sinvergüenza, y ahora les toca sufrirlo a los mismos que lo encumbraron.

Garzón, un juez honrado y justiciero, que ha conseguido tener enemigos en todas partes, ya no está con nosotros. Pero su atrevimiento en investigar a fondo la corrupción de nuestra derecha ha dejado huella, y no ha sido olvidado por los ciudadanos. Quizás sería un revulsivo y un buen fichaje para IU; está por ver, pero que nadie lo descarte. Que bonita escena sería verle interpelando y sacando los colores en el Congreso de los Diputados a los mismos que quisieron acabar con él. Tiempo al tiempo.

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Analizando en su conjunto todo cuanto se ha publicado en los últimos días sobre la extraña relación laboral existente en los años 2010 a 2012 entre Luis Barcenas y el Partido Popular, y las manifestaciones de sus dirigentes afirmando que el extesorero habían sido ya despedido en el 2010, Torres Dulce, el flamante Fiscal General elegido por el partido en el gobierno, tiene una excelente oportunidad de demostrar su independencia y tomar la iniciativa para abrir una investigación sobre las posibles responsabilidades penales que pudiesen derivarse de tan anómala situación, que está creando una evidente alarma social.
Para ello sugiero a Torres Dulce que, una vez abierta la investigación con todo el material periodístico ya publicado y los vídeos de las declaraciones de María Dolores de Cospedal y de Carlos Floriano, Secretaria General del Partido Popular y Portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso, respectivamente:
–1) Requiera al Partido Popular para que presente el documento o finiquito que acredite la finalización de la relación laboral por despido, incluyendo las condiciones económicas pactadas; así como los documentos  que reflejen las retenciones que a cuenta del IRPF se le hubiesen efectuado en los años 2010, 2011 y 2012, y los justificantes de los pagos habidos en dicho periodo a la Seguridad Social por el PP (TC1) y la relación nominal de los trabajadores asalariados (TC2).
–2º) Se requiera a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social en los mismo términos, a fin de poder comprobar si son veraces los documentos que hubiese aportado el Partido Popular.
–3º) Se requiera a Luis Bárcenas para que aporte las declaraciones fiscales de los tres últimos años, a fin de que se tenga conocimiento del concepto por el que tributó a la Agencia Tributaria los 400.000 euros que se afirma percibió como indemnización fraccionada.
–3º) Se tome declaración a  Doña María Dolores de Cospedal y a Don Luis Floriano, a fin de que se ratifiquen en las declaraciones públicas efectuadas la pasada semana ante los medios de comunicación.
Con estas sencillas actuaciones podremos saber si los dirigentes del PP pueden estar o no incursos en un posible delito de falsedad documental previsto y penado en los artículos 390 y siguientes del Código Penal, con independencia de otras infracciones administrativas.
De considerar el Fiscal General del Estado tal posible responsabilidad penal, por entender que se ha simulado una relación laboral inexistente, debería de remitir al Juzgado correspondiente su investigación previa a fin de que instruya las actuaciones penales correspondientes.
Por el contrario, de quedar acreditada la existencia de una relación laboral hasta diciembre de 2012 o entender que su conducta no es delictiva, por responsabilidad política los dirigentes del PP que nos mintieron deberían de dimitir de inmediato. Un país no puede estar gobernado por quienes tratan de engañarnos un día si y otro también.

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Gallardón ha conseguido lo que parecía imposible en este país: poner a todo el mundo judicial de acuerdo y en su contra en un tema tan sensible, como es el contenido de la Ley de Tasas Judiciales, que hace que se establezca  una justicia para ricos y otra justicia para pobres, vulnerando el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y el derecho a la tutela judicial efectiva, y fomentado la inseguridad jurídica, lo que la convierte en claramente  inconstitucional. Todas las asociaciones de jueces y fiscales de uno y otro signo, y la abogacía en pleno han pedido su inmediata derogación desde el mismo día en que ha sido publicada en el BOE, y no cejarán en su empeño, ante el gravísimo deterioro irreversible  que puede producir en la calidad de nuestra justicia.

El Ministro de Justicia es consciente de que vulnera nuestra Constitución, y así se lo ha hecho ver el propio TC en una reciente sentencia en la que, tras declarar la constitucionalidad de las tasas judiciales que hasta ahora venían abonando las grandes empresas, advierte sobre la inconstitucionalidad de unas tasas abusivas o desproporcionadas que impidiesen el acceso a la justicia a una parte de la sociedad. Pero, consciente de que un Recurso al TC podría demorarse años en su resolución,  su afán recaudatorio y el manifiesto desprecio a los ciudadanos le ciega, y su vanidad le impide reconocer su error.

Resulta llamativo el hecho de la Ley de Tasas Judiciales ya ha entrado en vigor el pasado 22 de noviembre, pero sin embargo no se aplica dado que aún no existen los impresos necesarios para su ingreso en la Agencia Tributaria, inconveniente que podría resolverse en 24 horas. ¿Por qué entonces se demora semanas su aplicación?. Sospecho, y espero no equivocarme, que ya se está estudiando su modificación para suavizar las cuantías y aumentar los supuestos de exención del pago, y se aprovechará la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para introducir las reformas.

En un Estado de derecho como el nuestro, la Justicia, con mayúsculas, es el principal pilar del sostenimiento de nuestra democracia. Y cuando se resquebraja se pone en peligro el propio sistema democrático. Nos estamos jugando mucho, y debemos poner freno a un cúmulo de desatinos, que ahora se centran en un ataque al corazón de la  administración de justicia.

Gallardón ya es un cadáver político que ha defraudado a todos, incluso a los suyos. Si aún le quedase una mínima decencia debería dimitir de inmediato, pero su soberbia y cobardía se lo impiden. Por el momento no le dejaremos respirar, y mañana 12/12/12, a las 12 horas, en las puertas de todas las sedes judiciales de nuestro país jueces, fiscales, abogados, procuradores y otros colectivos afines se concentrarán en un acto de protesta que promete ser masivo. Estáis todos invitados.

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