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Efectos de la anulación de la justicia universal: asesinos, genocidas, y narcotraficantes, en libertad y sin cargos

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La dignidad de un país se mide por su capacidad para respetar y ser respetado en el orden internacional por sus hechos y actitudes singulares en defensa de los derechos humanos y el orden universal. Cuesta años de trabajo ganarla pero, como la honra, se puede perder de un día para otro, y se tarda décadas en restituirla.

Pero quien manda, manda. Llevamos años secuestrados por los mercados y los intereses económicos de los más poderosos, incluso de aquellos que practican la dictadura para imponer sus normas, y hemos aprendido con gran celeridad a hacer la genuflexión y agachar la cabeza ante ellos. Y en eso José María Aznar fue un precursor y un alumno destacado cuando nos hizo partícipes de la guerra de Irak por una foto, y poco más, convirtiéndonos en colaboradores innecesarios de un genocidio.

Para quienes pensamos que el dinero no hace un país, España tuvo unos años de gloria en el orden universal cuando decidió ampliar legalmente los límites de sus competencias para hacer justicia en todos los rincones del mundo, sabedora que la Corte Penal Internacional sólo vincula a los países que ratificaron el Estatuto de Roma, y obviamente EEUU y China no lo hicieron. Aún permanece en el recuerdo la época en la que el juez Garzón persiguió desde Madrid por todo el planeta al dictador Pinochet, y nuestro país era admirado y respetado fuera de nuestras fronteras por su dignidad en la defensa de los derechos humanos; pero eso eran otros tiempos, y ahora ya no nos queda ni juez ni norma legal que pudiese amparar sus decisiones.

Es indigno que un país, como China, en donde el respeto a los derechos humanos brilla por su ausencia, para conseguir la impunidad de su expresidente Jiang Zemin, acusado de genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad en el Tíbet,  con presiones económicas nos  imponga la derogación de una norma legal que acaba con la justicia universal en nuestro país. Hemos cedido al chantaje, y mediante una reforma express, de esas aquí te pilló aquí te mato, hemos renunciado a la defensa universal de los derechos humanos, nada mas y nada menos.

Ahora hemos comenzado a sufrir los efectos colaterales, y la pasada semana en menos de 72 horas 12 narcotraficantes detenidos recientemente por transportar grandes alijos de droga han sido puestos en libertad, en aplicación de la reforma legal llevada a cabo  por el gobierno del PP. Pero eso es lo de menos, dado que en el futuro no podremos actuar en aguas internacionales aunque sepamos que un barco transporta un gran cargamento de droga, salvo que tengamos la certeza de que son españoles y se dirigen a nuestro país. En la práctica hemos legalizado un corredor marítimo, lindando con nuestras aguas territoriales, para que los narcos de la droga puedan transportar la mercancía de forma segura. ¿Alguien se imagina lo que hubiese pasado si esto ocurre en la época de Zapatero?

En base a los argumentos que posibilitaron la imputación de Magdalena Álvarez, si la jueza Alaya fuese competente para tramitar una querella por prevaricación contra el Gobierno, a buen seguro preimputaría a Mariano Rajoy y a todos sus miembros por haber promovido una norma legal que posibilita la impunidad de asesinos, genocidas y narcotraficantes. Pero esto no deja de ser ciencia ficción.

¿Y qué dicen los ciudadanos a todo esto?. Nada, siguen en el limbo, y muchos preparan sus maletas para disfrutar sus vacaciones de Semana Santa. La defensa de los derechos humanos parece no ser una preocupación prioritaria.

(Publicado en elplural.com)

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Con tres jueces instruyendo la misma causa, Gallardón pretende blindar la impunidad de la casta de los intocables

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Bajo la excusa de querer acabar con los jueces estrella, que es tanto como considerarlos nocivos para el buen hacer de la justicia, Gallardón propone que sean tres jueces, y no uno como hasta ahora, los que instruyan las causas “importantes”; y la reforma, a falta de conocer la letra pequeña, va dirigida de manera especial a los juzgados de la Audiencia Nacional, que son los que se encargan de las causas más mediáticas,  que afectan de manera especial a personas vinculadas con la corrupción o con los grandes fraudes, muchas de las cuales pertenecen, por sus vinculaciones con la política o las  finanzas, a lo que podría denominarse la “casta de los intocables”, al gozar de una especial impunidad por su estatus, que solo se puede vencer con jueces valientes, comprometidos y sin complejos, que algunos llaman jueces estrella.

Tengo el pleno convencimiento de que si se hubiese instaurado hace años este sistema de instrucción, que tambien quiere extenderse a todos los Juzgados con causas “importantes”, muchas de esas grandes causas se hubiesen quedado en nada o en muy poca cosa,  y los niveles de corrupción hubiesen subido como la espuma a sabiendas de las mayores dificultades para su investigación. Sin jueces como Garzón, Castro, Ruz, o Elpidio Silva, y muchos otros que no han destacado tanto en los medios de comunicación, tengo el pleno convencimiento de que la Infanta no hubiese sido imputada, Urdangarín seguiría al frente de Noos, Francisco Camps continuaría siendo presidente de la Comunidad valenciana, Blesa estaría al frente de una entidad bancaria, el caso Gürtel se habría quedado en nada o en muy poca cosa, y es muy posible que Bárcenas seguiría siendo Senador y tesorero del PP. Eso sí, los ciudadanos continuaríamos viviendo en el limbo, creyendo que nuestros políticos son honrados y sirven para algo.

Alguien podría decirme que tres mentes piensan más que una, y no es así exactamente. La investigación de una causa penal, que en algunos casos requiere inmediatez en sus actuaciones, debe quedar en manos de una sola persona, para conseguir la eficacia necesaria, y evitar que se neutralice la toma de decisiones valientes, que solo conduciría a mayor inseguridad jurídica y a ralentizar aún más la instrucción. Cosa muy distinta es el enjuiciamiento de los hechos en donde, ahí sí, tres mentes piensan más que una a la hora de decidir si el acusado es culpable o inocente.

Gallardón, para justificar su decisión, argumenta que se aceleraría la instrucción, y evitaría que las causas se dilatasen en el tiempo como hasta ahora. Craso error, con tres jueces instructores podrían incluso ralentizarse aún más, porque cada decisión requeriría un previo consenso o toma de decisiones por mayoría, y neutralizaría actuaciones urgentes, como puede ser un registro por sorpresa para evitar la destrucción de pruebas. Y resulta inimaginable ver a tres jueces preguntando, al unísono, a un imputado o a un testigo, lo que haría que se perdiese el hilo conductor del interrogatorio.

Las instrucciones de los casos llamados “importantes”, como puede ser el “caso Gürtel” y  una de sus ramificaciones conocidas como”caso Bárcenas”,  no se dilatan porque las instruya un solo juez, sino por falta de medios para investigar y  la ausencia de de colaboración con la justicia por parte de quienes  deben de facilitar la documentación requerida, lo que posibilita la destrucción de pruebas  de especial relevancia (discos duros de ordenadores, por poner un ejemplo).  Por lo que si Gallardón quiere de verdad acelerar la instrucción de esta causa, lo que debería de hacer es hablar con sus compañeros de partido para que, allí donde puedan (desde la sede de Génova o desde la Comunidad de Madrid, por poner dos ejemplos), colaboren con el  juez Ruz, facilitando toda la documentación requerida, sin ocultar nada, y con ello evitarían la entrada y registro en la sede del PP,  y los numerosos requerimientos para la entrega de los contratos suscritos con las empresas de Correa. A buen seguro con tal contribución a la instrucción,  con un solo juez instructor  ya habría finalizado, eso sí previsiblemente con más imputados,  en los que estarían incluidos destacados dirigentes del PP.

Lo que les falta a los Juzgados de la Audiencia Nacional no son jueces sino medios, y en especial un equipo de peritos judiciales independientes que les puedan asesorar. Por cierto, si Gallardón está actuando de buena fe, y quiere de verdad acelerar las instrucciones,  para poner en vigor su reforma debería de triplicar la plantilla de jueces que tramiten causas penales. ¿Está previsto en la reforma?; seguro que no.

Nuestro actual Ministro de Justicia ha convertido en aberrantes todas sus propuestas, y se supera día a día. Si existe en este país algún juez de instrucción que esté de acuerdo con esta nueva iniciativa que levante la mano, y si no, que proteste, pero ya, antes de que sea demasiado tarde.

(Publicado en elplural.com)

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La verdadera catadura moral de Esperanza Aguirre

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Si todavía nos quedaba alguna duda de lo que podía dar de sí Esperanza Aguirre, una sola acción, que no tiene nada de anecdótica, define su verdadera catadura moral, y ha puesto al descubierto todas sus “virtudes”. Por mucho que se esfuercen algunos en  disimularlo, lo ocurrido el pasado jueves en la Gran Vía de Madrid, no es un simple incidente de tráfico, sino algo de muy especial gravedad, máxime cuando se trata de una persona que aspira a todo en nuestro país, incluso a gobernarnos. “El que la hace la paga“, decía la ínclita cuando los suyos comenzaron a acusar a Luis Bárcenas de delincuente peligroso; pues ahora le toca a ella asumir las consecuencias de sus actos, aunque nadie duda que todo quedará en nada, porque pertenece a la casta de los “intocables”, a los que nadie se atreve a perseguir, ni siquiera los propios jueces, que con ello ponen en peligro su puesto de trabajo.

La  prepotencia de Esperanza Aguirre, común a la mayoría de los políticos veteranos que se han alejado de la realidad de la calle, ya se detecta cuando al ser justamente multada mantiene una actitud desafiante, dirigiéndose a los agentes, como ella misma reconoció, con palabras provocativas: “¿Qué?, ¿multita y bronquita?”; y adquiere una especial virulencia cuando, desobedeciendo las  órdenes de la autoridad, se ausenta del lugar, arrollando la moto de un agente de Movilidad, que no hacía otra cosa que cumplir con su trabajo. Esta evasión, en sí misma, ya puede ser constitutiva de un delito de desobediencia a la autoridad; y no olvidemos que existen testigos presenciales que afirman que un agente trató de impedirlo, poniéndose delante de su vehículo.

Como chulesco y muy grave, constituyendo un nuevo acto de desobediencia a la autoridad, puede calificarse  el hecho de haberse negado a detenerse cuando un vehículo policial le tuvo que perseguir hasta su domicilio. Lo que se corrobora por la denuncia formulada por los agentes de Movilidad, que llegan a afirmar que circularon de forma paralela haciéndole indicaciones para que se detuviese, a lo que hizo caso omiso.

 La cobardía es consustancial a la lideresa, en lo que es reincidente. Ante todos los temas de corrupción que han perseguido durante años su actividad política, nunca ha sido capaz de responsabilizarse de nada, poniendo a los pies de la justicia a sus subordinados; baste con citar el caso Gürtel o el espionaje a consejeros de su propio gabinete.  En esta ocasión, se introdujo en su casa desde el garaje, y se escondió detrás de dos guardias civiles, que parece ser custodian su domicilio, a los que utilizó como parapeto para no ser detenida. Y nosotros pagando impuestos para esto.

Esperanza Aguirre, con su actuación, se ha convertido en una presunta delincuente, por cuantos los hechos ocurridos son constitutivos de un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, tipificado en el artículo 556 del Código Penal, que conlleva una pena de seis meses a un año de prisión. Es más, incluso en situaciones menos graves, cualquier ciudadano anónimo hubiese sido detenido de inmediato por la policía, pasaría la noche en un calabozo, y sería puesto al día siguiente a disposición del juez de guardia, que a buen seguro hubiese decretado su libertad, pero con cargos. Y como en el caso de Esperanza Aguirre los hechos son constitutivos de un delito flagrante, dado que  la autoridad ha podido comprobar en persona cómo se estaba cometiendo, debería de ser citada a un Juicio Rápido, de esos de “aquí te pillo, aquí te mato”, que para estas situaciones se inventaron, que se celebraría en un plazo no superior a 72 horas, con una más que previsible sentencia de condena, por cuanto los hechos que ella misma reconoce ya serían suficiente prueba de cargo y, en todo caso, prevalecería la palabra de la autoridad, investida de mayor veracidad.

El cinismo de Esperanza Aguirre desborda cualquier previsión de su  innata arrogancia, al pretender convertirse en damnificada de su deleznable actitud, transformando en culpables a los agentes de la autoridad, dando un nefasto ejemplo a los ciudadanos que sí sufrimos las consecuencias de la ley. Afirmar que ha sido víctima de una retención ilegal es todo un atentado a la inteligencia de los ciudadanos, que ahora ya sabemos tenemos más sentido común que quien aún no ha renunciado a gobernarnos. ¿Alguien se atrevería a huir del lugar en el que está siendo multado por un policía, alegando una retención ilegal? Probemos este fin de semana  para saber qué nos pasaría.>

El 1 de abril pasado, 48 horas antes de lo sucedido  a la altura del número 44 de la Gran Vía, con motivo de los incidentes del  22M, Esperanza Aguirre escribía en Twitter: “Una Nación que se respete a sí misma no puede permitir que se ataque así a los policías, que son los últimos garantes de nuestra libertad“. Eso sí, coherencia no le falta.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24.es)

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“A los jueces se les controla con el palo y la zanahoria”

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. EFE/Archivo

Una entrevista personal a Carlos Lesmes, actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha servido para que todos conozcamos el verdadero talante de este insigne magistrado, en la primera oportunidad que ha tenido, cuando descalifica a sus más de 3.000 compañeros de profesión, afirmando literalmente que “a los jueces se les controla con palo y zanahoria“. Qué peligro tiene este personaje, al que le ha traicionado su subconsciente, y ha dicho sin complejos lo que piensa y está en su cabeza.  Sinceridad no le falta, pero desvergüenza tampoco. Y lo más preocupante es que, pensando así, lleva décadas ejerciendo como magistrado.

De ideología ultraconservadora, y por ello muy cercano a las tésis del PP,  Carlos Lesmes cumple fielmente con la función que se le ha encomendado, que no es otra que actuar de comisario político del Gobierno en el máximo órgano de los jueces. Quizás a esto se refería el Ministro de Justicia cuando proponía una reforma profunda en el CGPJ para dar más autonomía al poder judicial. Pues ya lo ha conseguido, y con un alumno muy destacado.

La frase es pura ideología, puesto que el juez o magistrado que pretenda ir por libre  ya sabemos que se encontrará con las fuerzas del poder absoluto en su contra, que no tendrán ningún prejuicio en aniquilarle sin piedad si fuese necesario, como ya ha ocurrido con los magistrados Baltasar Garzón y Elpidio José Silva. El juez Ruz se está salvando por ahora porque ha decidido no llegar muy arriba en la investigación, pero en cualquier momento le pueden cortar las alas impidiendo que se le prorrogue su estancia en el Juzgado que instruye el caso “Gürtel”, lo que sería tanto como apartarle de su investigación para ser sustituido por un magistrado más dócil.

En las últimas horas el juez Pedraz ha entrado en la lista de los perseguibles, y hoy en la COPE Luis Floriano, que ejerce a las mil maravillas el papel de bufón del PP, le ha mencionado su “sesgo ideológico“, y le recuerda que “los jueces están obligados a aplicar la ley“, en referencia a su intención de no archivar el caso Couso, ignorando que la nueva norma legal que deroga la aplicación de la  justicia universal va en contra del IV Convenio de Ginebra sobre protección de las personas civiles en tiempo de guerra, ratificado por España en 1952, y que por ello forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. En definitiva, al juez Santiago Pedraz se le lanza el mensaje de que ahora le toca comer la zanahoria, bajo la velada advertencia de que en otro caso le espera el palo, dicho en términos metafóricos.

La corrupción y los manejos del poder pretenden convertir a nuestra justicia en unos zorros. Y todo por quedar bien con los dueños del mundo o por “salvar su culo”, que más da. Lo importante es conseguir la impunidad de los criminales con poder.

(Publicado en elplural.com)

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La jueza Alaya se supera “grosso modo”

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La jueza Alaya, actuando por motivaciones políticas, en su afán de ocupar las primeras páginas de los periódicos y abrir los telediarios, se ha convertido en una auténtica y dañina  caja de sorpresas.  Para ello juega con el desconocimiento de los ciudadanos y la escasa preparación jurídica de los periodistas, y  crea la confusión suficiente para que muchos piensen que están debidamente justificadas sus decisiones, aunque éstas carezcan de motivación e incurran en numerosas contradicciones.

Para que todos nos podamos entender es preciso aclarar que una norma legal  propuesta por el poder ejecutivo y aprobada por el legislativo es a todas luces legal, al margen de pueda considerarse por algunos injusta, oscura o poco clara. En consecuencia cuantas normas fueron propuestas en los últimos años por el gobierno andaluz o por alguna de sus consejerías, y refrendadas por el parlamento de Andalucía, en tanto que no fueron recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa ni cuestionada su constitucionalidad mediante el preceptivo recurso ante el Tribunal Constitucional, son legítimas, y su aplicación no puede ser cuestionada por los tribunales, ni mucho menos considerarlas contrarias a la ley.

Magdalena Álvarez se limitó durante su mandato como Consejera de Hacienda a cumplir con unas disposiciones aprobadas por el parlamento andaluz, que no pueden estimarse ilegales por la jueza Alaya, por mucho que más de uno se hubiese aprovechado de su aplicación para apropiarse de dinero público. Y esto es lo que a buen seguro tendrá que decir la futura resolución que dicte la  Audiencia Provincial de Sevilla cuando -como es de esperar- deje sin efecto por segunda vez la imputación de la exconsejera andaluza, o la establecerá la  sentencia absolutoría que se dicte, de ser sentada finalmente en el banquillo de los acusados.

La resolucion dictada la pasada semana por la jueza Alaya, en la que se impone a Magdalena Álvarez una fianza de más 29 millones de euros, es todo un despropósito judicial en el tiempo, por cuanto no espera a que el próximo mes de abril la Audiencia Provincial de Sevilla resuelta el recurso interpuesto por Magdalena Álvarez frente a su segunda imputación, y que tiene muchos visos de prosperar, dado que la nueva imputación no hace más que reproducir los argumentos de la primera, que ya fue desestimada en su día. Resultando baladi el argumento de que puede ocultar sus bienes, que ni por asomo se acercarán en su valoración al importe de la fianza interesada.

La alusión, para justificar su resolución, de que existe una “probabilidad cierta” de ser condenada, es toda una extralimitación en sus funciones como instructora, dado que no es de su competencia juzgar los hechos por los que es acusada, ni hacer juicios de valor en tal sentido. Afortunadamente hace décadas se consiguió separar la instrucción del enjuiciamiento, y de ello parece haberse olvidado la jueza Alaya.

 Los motivos por los que fija la fianza en 29.568.129,20 millones de euros, y no otra cantidad,  no están debidamente justificados ni razonados, y la mención “grosso modo“, no deja de ser un nuevo argumento muy poco afortunado. Pretender que Magdalena Álvarez devuelva el dinero del que se apropiaron otros es todo un dislate judicial carente de un serio fundamento, máxime cuando todos sabemos que no se ha quedado con un solo euro.

A alguien se le puede ocurrir presentar una querella criminal contra Cristobal Montoro por haber ideado la ley que permitió la amnistia fiscal de miles de contribuyentes. Si por suerte le correspondiese en reparto a la jueza Alaya a buen seguro que trataría de  preimputarlo (término que utiliza la jueza para los aforados, que se encuentran fuera de sus competencias), acusando al actual Ministro de Hacienda de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber sido el inventor de un sistema que ha permitido una defraudación masiva, impiendo el ingreso de un dinero a las arcas públicas, con intereses y multas millonarias incluidas, de haberse investigado con eficacia el impago de los impuestos que se les perdonan. Pero sería un dislate admitirla a trámite; la amnistía fiscal es injusta y discriminatoria, pero es legal, y en todo caso nunca podría perseguirse penalmente a su autor, legitimado democráticamente por las urnas, por mucho que nos duela.

Me gustaría saber qué opina de la actuación de la jueza Alaya el fiscal que tuvo a bien exigir responsabilidades penales al juez Elpidio José Silva por encarcelar en dos ocasiones a Miguel Blesa, hasta conseguir que fuese apartado de la carrera judicial; aplicando similares criterios  podría querellarse contra ella. Lo que sí parece claro es que, una vez que todo vuelva a su lugar, Mercedes Alaya se está jugando la posibilidad de que Magdalena Álvarez le presente una querella criminal por prevaricación y le exiga una indemnización millonaria, por el daño irreparable que le está ocasionando a su persona. Los dislates judiciales no pueden salir gratis ni mucho menos quedar impunes.

(Publicado en elplural y en asturias24)

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Ridícula justicia, con distintas varas de medir

Ridícula justicia

Ya casi nadie duda que la administración de justicia está sufriendo una crisis muy profunda en su funcionamiento, de la que es principal responsable el actual Ministro de Justicia, que con sus mal llamadas “reformas” está impidiendo con la Ley de Tasas que muchos ciudadanos puedan acceder a las decisiones de los Tribunales  por falta de recursos, y al mismo tiempo con los recortes en personal ha conseguido que los procesos se demoren de una manera escandalosa. Y no estoy haciendo mención ahora a los casos de corrupción, que parecen nunca acabar, sino a la justicia del día a día que exigen los ciudadanos de a pie.

Pero en paralelo a esta situación de deterioro de uno de los pilares de la democracia, asistimos con excesiva frecuencia a lamentables episodios que ridiculizan a nuestra administración de justicia y a quienes la imparten, y evidencian una vez más que  es caprichosa y manipulable,  y por supuesto no igual para todos. En concreto me refiero a dos episodios ocurridos en los últimos días: la citación para declarar como testigos de los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV)  y la implacable persecución  al supuesto autor de la grabación en vídeo de una parte mínima de la declaración de la Infanta Cristina.

En referencia a los verificadores, es posible que las actuaciones de los dirigentes de ETA llevándose en una caja de cartón las armas, después de exhibirlas, pueda calificarse de grotesca. Pero la intervención de aquellos va mucho más allá, pues se trata de expertos internacionales que tratan de favorecer y consolidar el fin del terrorismo, y con sus actuaciones no cabe duda de que están contribuyendo a ello con la mejor voluntad. Por eso tratar de ridiculizarlas, como han hecho muchos dirigentes del PP, es todo un despropósito que muestra que nuestros gobernantes no están, una vez más, a la altura de las circunstancias. Pero el mayor desatino lo cometió el juez Ismael Moreno al llamarles a declarar como testigos para saber dónde se reunieron y con quién, ignorando que este tipo de encuentros deben de estar rodeados de la máxima discreción para que a medio plazo tengan un resultado positivo. Durante los gobiernos de Aznar, Felipe González y Zapatero consta que hubo reuniones secretas, y a nadie se le ocurrió investigarlas judicialmente.

Ridículo resulta igualmente perseguir y detener con inusitada celeridad al supuesto autor de una mala grabación de tres minutos de la declaración de la Infanta Cristina, cuyo contenido no es secreto y ya todos lo sabemos, por el mero hecho de desobedecer a un juez cuando prohibió que se captasen imágenes en el interior de la sala. Con qué facilidad se le imputó por una simple sospecha, que contrasta con las dificultades para conseguir la imputación de la Infanta, lo que demuestra una vez más que no todos somos iguales. Aquí el juez  Castro no estuvo fino cuando se mostró cabreado por un tema carente de trascendencia real, y se constata que en este país parecemos más eficaces cuando perseguimos al mensajero, y acabamos  convirtiendo lo anecdótico  en el objeto central de la investigación. Si el abogado investigado llega a ser condenado y la Infanta definitivamente apartada de la persecución de sus presuntas conductas delictivas, servirá para confirmar el trato desigual que se recibe en razón al rango o al capricho puntual, y confirmará una vez más que los intocables son eso,  intocables.

Siguiendo con el hilo de la desobediencia a las decisiones judiciales, igual delito estarían cometiendo todos aquellos políticos y funcionarios públicos que retardan o se niegan a entregar la documentación, por poner un ejemplo, en relación a la contratación con las empresas de la Gürtel,  solicitada por el juez Ruz a distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid; y que se sepa en ningún caso hemos visto que el Fiscal exija la apertura de actuaciones penales por este tipo de conductas burlescas, que son constitutivas de los delitos de desobediencia y obstrucción a la justicia.  Pero de un país en donde se persigue  la captura unas imágenes en vídeo y  se pasa olímpicamente de investigar la destrucción de  unos discos duros con contenido supuestamente relevante para la investigación del caso más grave de corrupción de nuestra democracia, poco puede esperarse.

Pero cuando lo que es anecdótico se convierte en noticia principal no es una casualidad, sino que tiene una clara intencionalidad política, que no persigue otra cosa que enterrar con cal viva la corrupción,  para lo que el actual gobierno cuenta con la colaboración “desinteresada” de los medios de comunicación afines, que son todos, o casi todos.

(Publicado en www.elplural.com)

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Poker de ases

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Tal como se han puesto las cosas en este país, la verdadera justicia frente a los delitos cometidos por los poderosos sólo la pueden llevar a cabo jueces valientes y sacrificados, que son capaces de ejercer su función con los escasos medios que les facilitan a costa de un gran sacrificio personal, a sabiendas de que estarán sometidos a una soledad difícil de soportar y su trabajo puede resultar injustamente inútil, y siendo conscientes de que en cualquier momento pueden ser sometidos a una persecución implacable que acabará con su carrera profesional, y de que los fiscales que deberían de trabajar a su lado pueden convertirse en sus principales enemigos.

Obviamente me estoy refiriendo a jueces como Baltasar Garzón, Pablo Ruz, Elpidio José Silva, o José Castro, con cuya tenacidad y a pecho descubierto han cumplido fielmente con sus obligaciones, a sabiendas de que su cabeza está en juego cuando llegan a un punto en el que pueden resultar excesivamente molestos o peligrosos. Es entonces cuando, puestos de común acuerdo, quienes mueven las teclas del poder absoluto deciden decapitarles sin piedad, y ejemplos tenemos de ello.

La justicia se ha convertido en un gran tablero de ajedrez en donde los primeros en caer son los peones y los alfiles, e incluso por el camino son sacrificadas las torres, pero cuando queremos ir más allá la cosa se pone cruda, y peligra la permanencia de los que lo intentan. En esta situación resulta toda una heroicidad dar un paso al frente, y la mayoría de los jueces de alto nivel deciden mantener un perfil gris, y mirar para otro lado o no profundizar en aquellos temas en los que puede estar en juego la cabeza de un intocable.

Por eso podemos temblar  de solo pensar lo que puede ocurrir si sale adelante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende Gallardón, en la que se encomienda la instrucción de las causas penales a los fiscales, sometidos a la obediencia debida del Fiscal General del Estado, que a su vez es nombrado por el gobierno. De estar ya en vigor nadie duda de que en el caso  Gürtel se acabaría condenando solo a Luis Bárcenas y a los políticos de bajo nivel, el caso Blesa no existiría, y la Infanta Cristina nunca habría declarado como imputada. Es como introducirse en el túnel del tiempo para cambiar a un futuro peor aún.

¿Alguien se acuerda ahora de la implacable Fiscalía Anticorrupción?. Ahora los fiscales, con minúscula, por activa o por pasiva se han convertido en escudos defensores de los intocables, y la teoría Botín ya se encarga de mantener su impunidad cuando las acusaciones particulares pretenden sustituirles en su labor.

En estas circunstancias el panorama de nuestra justicia resulta aterrador, y si los ciudadanos no reaccionamos de inmediato castigando a quienes quieren acabar con la honestidad y dignidad de nuestro sistema judicial, muy pronto hablaremos de democracia como algo del pasado que se engulló un poder curiosamente salido de las urnas.

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