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En poco menos de 48 horas las tres comunidades autónomas gobernadas por la derecha que más casos de corrupción aglutinan en España han decidido considerar a la fiesta de los toros como patrimonio cultural, como si sus cornamentas desgastadas por los avatares de la putrefacción política precisasen ahora de especial protección para seguir avasallando a cuantos se les pongan por delante. Dicen que es una manera de defenderse de los ataques de los nacionalistas catalanes, aunque analizándolo bien sus decisiones van encaminadas a advertir a sus enemigos que la derecha está dispuestos a acabar con cuantos osen ponerles en evidencia.
La historia de la humanidad está plagada de tradiciones y costumbres enraizadas en la sociedad de la época; hace veinte siglos los gladiadores se jugaban la vida entre sí y los leones se comían a los cristianos, bañando de sangre los circos romanos. Parece “lógico” ahora que quienes antes eran víctimas se hayan convertido en verdugos, aunque sea a costa de los pobres astados que no han hecho mal a nadie. La historia se repite, y nunca mejor dicho, aunque con distintos protagonistas.
Lo preocupante es que la derecha utiliza la “Fiesta Nacional” para fulminar a sus principales enemigos; y ahora le ha tocado a Baltasar Garzón. Sin compasión lo visten de astado, y tras unas chicuelinas bien medidas lo someten al rejoneo del CGPJ, para posteriormente rematarlo con la espada de la “justicia” en manos del Tribunal Supremo. Algunos dicen que no llega a Semana Santa, aunque los más optimistas opinan que resistirá algunos meses, y pocos apuestan por su salvación. En poco tiempo nos cargaremos definitivamente la poca credibilidad de justicia, pero no importa, al fin y al cabo el fin justifica los medios, aunque para ello pongamos en peligro nuestro sistema democrático.
En nuestra historia reciente la derecha siempre ha tapado su mierda, la única que parece no oler aunque se revuelva, con la “desinteresada” colaboración del Tribunal Supremo. Y si lo consiguieron en el “Caso Naseiro”, es fácil suponer que lo lograrán de nuevo con el “Caso Gürtel”. Pero lo ocurrido la pasada semana resulta de una gravedad inimaginable; permitir que un presunto corrupto actualmente privado de libertad pueda acusar al juez instructor que descubrió sus fechorías y ordenó su ingreso en prisión no tiene precedentes, y pone en cuestión todo nuestro sistema judicial, uno de los principales pilares del mantenimiento de nuestro sistema democrático.
Confío en que el sentido común se recupere y se le ponga a cada uno en su sitio, pero el mal ya está hecho, y el PP ha convertido la corrupción en su propio patrimonio cultural.
Un hecho casual, propiciado por la dificultad para conectarme a otra cadena durante un desplazamiento por motivos de trabajo, me permitió comprobar que algunos ciudadanos con mentalidad fascista dicen padecer de almorranas en el alma cuando escuchan a Bibiana Aído, nuestra joven y atrevida Ministra de Igualdad; al menos es lo que deduzco por las palabras del escritor e “intelectual” Juan Manuel de Prada vertidas durante el programa La Mañana, de la Cope, el pasado 23F.
Teniendo en cuenta que el primer síntoma de las almorranas es la aparición de sangre roja brillante en las heces, podría pensarse que Don Juan Manuel, alérgico a algunos colores, padece de un estreñimiento provocado para evitar el espanto que le produce el carmesí; pero de eso a intentar desviar sus almorranas a su alma, en la creencia de que así se hacen invisibles e incoloras, existe un abismo.
Por lo escuchado en boca de Juan Manuel de Prada, que en un tono machista y fascista menosprecia de continuo a Bibiana Aído por ser mujer y socialista, tal parece que sus almorranas se ubican más bien en el cerebro, por el que transcurren sus heces sanguinolentas dedicadas a subestimar e insultar todo lo que suene a democracia.
Algunos jueces se están haciendo famosos a marchas forzadas, pero no precisamente por sus aciertos sino por sus permanentes dislates, consecuencia de una Administración de Justicia en decadencia, que requiere una inmediata regeneración para que no se resquebraje el Estado de Derecho, pilar esencial en nuestra democracia. Los excesivos personalismos, las rencillas ocultas entre unos y otros, las interpretaciones caprichosas de más de uno, y los “errores informáticos” de otros, están convirtiendo a nuestra justicia en un barco a la deriva con excesivas vías de agua abiertas, ante la absoluta pasividad del Consejo General del Poder Judicial, más preocupado de hacer política que de poner orden en su casa.
En los últimos treinta días hemos podido comprobar como:
-El juez Ricardo Rodríguez Fernández, titular del Juzgado de lo Penal 16 de Madrid, condenaba al director de la SER y al director de los servicios informativos de esa cadena a una pena de prisión de dieciocho meses por difundir una noticia que el propio magistrado considera un hecho noticiable, bajo la excusa de que “la libertad de expresión en internet debe matizarse”.
-El Tribunal Supremo admitía a trámite una querella de Falange Española contra Garzón, al que le imputa un delito de prevaricación por haberse declarado competente en su día para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. ¿Resultaría imaginable que el Tribunal Supremo alemán admitiese a trámite una querella interpuesta por un grupo de neonazis contra un juez que estuviese investigando el holocausto sufrido por los judíos durante la II Guerra Mundial?.
Cuando visionaba la noticia de que los presos de Soto del Real podrían disfrutar de una zarzuela en la víspera de Navidad, tras observar los rostros de los “agraciados”, no pude menos que pensar que a la cárcel siempre van los mismos, los pobres desgraciados y marginados que no han tenido la suerte de disfrutar de riqueza y una buena posición social. En mi primera etapa profesional fueron numerosas las causas penales en las que intervine, y no era extraño comprobar que detrás de un delincuente había una historia familiar trágica y dramática de marginación. Pero la sociedad es insensible a estas situaciones, y los ciudadanos “de bien” están encantados con la privación de libertad que sufren quienes aparentemente les son molestos.
Obviamente no se puede generalizar, pero los poderosos en pocas ocasiones se asoman tras una reja, y por un motivo u otro evitan ser condenados o cumplir sus penas privativas de libertad. Delincuentes de traje y corbata los hay, a miles, en nuestro país; pero muy pocos son perseguidos o descubiertos, campan por sus fueros con absoluta impunidad, y en muchos casos ocupan cargos políticos o son ejecutivos de importantes empresas. El sistema les protege.
Si robas en un supermercado para comer forzando la puerta de entrada, es muy posible que no te libres de una condena de cárcel, que cumplirás. Pero si te apropias de millones de euros del Liceo de Barcelona, es más que probable que puedas sonreir en los pasillos del Juzgado por quedar en libertad, y muy posible que te libres de cumplir la condena; y seguirás siendo un señor respetado e influyente disfrutando con el dinero de los demás.
Esporádicamente aparece un importante que molesta (como fue el caso puntual de Mario Conde), y en un gesto de autoridad el sistema le persigue implacablemente, y le condena con una sentencia ejemplarizante; es una manera de que todos se sientan bien para demostrar que la justicia es igual para todos, aunque sea una mentira histórica difícil de enmendar.
En este país es compatible conducir un Ferrari y dejar de pagar la nómina a cientos de trabajadores, sin que pase nada. Así nos va, manteniendo la impunidad de los poderosos y persiguiendo a los más débiles. Por cierto Gerardo Díaz Ferrán aún no ha presentado su dimisión, aunque se hubiese publicado la noticia el pasado 28 de diciembre, día los santos inocentes, y continúa ocupando la presidencia de la CEOE. Su desfachatez es difícil de superar.
TODO SOLUCIONADO… Fue un problema técnico, sin más… No borro esta entrada porque nunca lo hago… pero cuando se aclara un malentendido, TODOS SALIMOS GANANDO.. Y el buen rollo entre afines se mantiene
Ignacio Escolar, a quien por su fama se le cree poseedor de la verdad y se le considera un referente de la izquierda, parece practicar la censura previa. Cierto egocentrismo incompatible con su ideología le impide publicar comentarios cuando se le ponen en duda sus conocimientos sobre algunos temas; al menos es lo que intuyo cuando a las 1,15 de hoy 9/1/2010 envié un comentario en relación con una entrada que, bajo el título “La injusticia express de la SGAE”, demostraba ignorar las competencias de la Audiencia Nacional, que las limitaba a la intervención en temas penales, y que no fue publicado:
“Sugiero a Ignacio Escolar que se ilustre sobre lo que es la Audiencia Nacional, que no sólo se dedica a temas penales. Los periodistas siempre quieren opinar de todo, pero no se ilustran lo suficiente. Nacho, te tengo mucho aprecio, pero enteráte bien de lo que escribes.”
Tengo un gran respeto a Ignacio Escolar, y seguiré visitando a diario su blog; pero quien pretende formar opinión debe de ilustrarse debidamente antes sobre lo que escribe para no confundir a sus lectores. Puede que lo que comento sea simplemente una anécdota, pero demuestra que los dioses también son de barro, y existen muchos más de los que pensamos. Muchas veces la izquierda no es lo que parece, por eso mantengo por encima de todo mi independencia, sin ataduras de ningún tipo; y en eso consiste mi libertad individual, a la que tengo un especial aprecio.
Aquí en SInLaVeniA NUNCA se ha censurado una opinión y todas han sido publicadas íntegramente; sin que nadie pueda afirmar lo contrario. En eso consiste la “libertad de expresión en estado puro“, mi lema.
TODO SOLUCIONADO… Fue un problema técnico, sin más, no hay censura previa en escolar.net… No borro esta entrada porque nunca lo hago… pero cuando se aclara un malentendido, TODOS SALIMOS GANANDO.. Y el buen rollo entre afines se mantiene
Agradezco a Nacho Escolar su aclaración, que figura en los comentarios. Y todos tan amigos. Y obviamente rectifico cualquier alusión a un egocentrismo que, me ha demostrado, no existe. Y, de paso, le dedico la foto del encabezamiento.
Se confirma que la activista Aminatou Haidar no podrá volver por el momento al Sahara Occidental, dado que Marruecos no se lo permite, por lo que continuará con la huelga de hambre en territorio español. Pero sus justas reivindicaciones para volver a su país de origen,no justifican que insulte al Gobierno español llamándole cómplice de Marruecos, y acuse a nuestro país de empujarla hasta la muerte.
Si a su llegada se hubiese aplicado el artículo 25 de la Ley de Extranjería, se le habría impedido la entrada en nuestro país; pero por razones de humanidad se consintió su entrada en España y se le ofreció aplicarle el Estatuto del Refugiado, lo que inmediatamente rechazó; posteriormente se le brindó la posibilidad de concederle de forma excepcional el pasaporte español, que igualmente rehusó; y en los últimos días se ha intentado su traslado al Sahara Occidental, lo que ha resultado imposible por la negativa de las autoridades de Marruecos.
España y el Gobierno español han hecho todo lo posible por solucionarle su problema; y España no se merece sus insultos y descalificaciones. A Pedro Almodóvar, que intervino en un festival musical en favor de su postura, “le aterra la idea de que esta mujer se esté inmolando“; y nuestro Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, considera que se está asesorando mal a Haidar, ya que “el Gobierno, desde el comienzo de esta situación, ha buscado ayudar a la ciudadana saharaui, de buena fe y con enorme compromiso político”. Y parece evidente que no puede pretender crear un conflicto diplomático de impredecibles consecuencias entre dos países que se necesitan.
Aunque muchos lo piensan, pero nadie lo dice, creo que España merece ser respetada, y no es justo su comportamiento con quienes le han ofrecido todas las opciones posibles para resolver su problema.
(Le dedico a Haidar este campo de girasoles como gesto de solidaridad con su causa, pero le pido que sea justa con España).
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de la libertad de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de internet, que podrían abrir la puerta a la censura en la red, en las últimas 24 horas numerosas páginas web han colgado en la red un manifiesto “en defensa de los derechos fundamentales de internet“, con cuyo contenido se solidariza SInLaVenia, y que se concreta en los siguientes extremos:
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
En un Estado de Derecho como el nuestro, en donde el derecho a la tutela judicial efectiva es una pieza clave en nuestra Constitución, no es admisible dar facultades a la administración (en este caso a la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura) para que, sin autorización judicial previa, pueda cerrar una web que entiendan explote derechos de obras ajenas. Como ha afirmado recientemente el abogado David Bravo, que junto a Javier de la Cueva ha defendido a una veintena de páginas de enlaces ante los jueces, “se han quitado de en medio a los jueces”; no olvidemos que los tribunales han mantenido reiteradamente que estos sitios no cometen un delito ni incurren en un ilicito civil. Si la ley entra en vigor la administración podrá considerar ilegal y cerrar aquellas páginas que los jueces han decidido que pueden mantenerse abiertas.
En un Estado de Derecho no hay atajos posibles, y cuando creiamos que la censura previa era historia, ahora precisamente un gobierno socialista que presume de progresista pretende a hurtadillas instaurarla de nuevo. No podemos negar que una resolución administrativa puede ser recurrida, pero es a través de un largo camino de recursos administrativos y ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo como, trás una espera de años acompaña de incesantes gastos, se puede conseguir una sentencia judicial que declare la nulidad de lo acordado por el Ministerio de Cultura.
No estoy a favor de que en internet se cometan ilegalidades; pero son los jueces y no la administración quienes deben de corregirlas y perseguirlas. No podemos permitir que la S.G.A.E. se salga con la suya; es el momento de demostrar al Gobierno la fuerza real de internet. Zapatero debe de saber que no todo vale para conseguir que los “cantantes y artistas” progres le acompañen en las campañas electorales en la creencia de que con ellos gana votos; no olvide que sus votantes somos más inteligentes y no nos dejamos llevar por el desfile de oportunistas.
(En internet cientos de miles de blogueros compartimos a diario nuestros conocimientos y nuestra creaciones sin pedir nada a cambio; es una manera de enriquecer la cultura de todos con todos, y por eso hoy os obsequio con una foto que transmite fuerza y optimismo para luchar contra quienes pretenden imponer la censura).
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