En defensa del juez Rafael Tirado Márquez
Rafael Tirado Márquez no es más que uno de los 4.000 jueces encargados de impartir justicia en nuestro país. Sus méritos personales se limitan a haber estudiado Derecho y aprobado una oposición, lo que le ha permitido ocupar una plaza como funcionario de la Administración de Justicia, siendo el actual titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla. Por la información de la que dispongo su nivel de rendimiento profesional era excelente, hasta el punto de que en el primer semestre del año 2007 resolvió un 40% más de asuntos de los que el CGPJ considera razonable, superando el 50% en el segundo semestre; si bien es cierto que existía un retraso en su Juzgado en la ejecución de las sentencias de la que son los más directos responsables el secretario judicial y los funcionarios encargados de tal menester. Por ello la sanción impuesta por falta grave al juez Tirado lo fue por retraso, muy posiblemente motivado por falta de medios, y no por pasividad o dejadez, que de haberse producido hubiese motivado una falta muy grave. Y la cuantia de la multa es la prevista legalmente, aunque nos pueda parecer ridícula.
En una entrevista publicada el 12 de septiembre en el diario La Nueva España, el magistrado asturiano Agustín Azparren, vocal en funciones del CGPJ, elegido en su día por consenso entre el PSOE y el PP, y por ello con la condición de independiente, y cuyo voto fue decisivo a la hora de determinar la gravedad de la conducta del juez Tirado, nos explica el por qué de su decisión, calificando la postura de la Fiscalía General como de hipócrita, y considerando que “los políticos tienen una rara habilidad para cargar las culpas de las cosas que ocurren a otros, y así tapar las posibles responsabilidades“.
La campaña mediática de linchamiento y descrédito personal que está sufriendo el juez Tirado, propiciada por la cruzada emprendida por el padre de Mari Luz, y azuzada por los políticos de los principales partidos, y que tiene como principal misión confundir a la sociedad y crear una cortina de humo para que los responsables del mal funcionamiento de la Justicia tapen sus vergüenzas, me parece muy lamentable. Era imaginable pensar que Rajoy se aprovecharía de la situación por motivos partidistas; lo que no me podía suponer es que Zapatero hiciese frente común con Don Mariano, y ambos pusiesen en práctica una postura populista propia de un país bananero; ambos dirigentes han tenido un comportamiento cobarde, incapaces de asumir su culpabilidad directa en el mal funcionamiento de la Administración de Justicia.
Me parece correcto que a los funcionarios de la Administración de Justicia se les exijan responsabilidad cuando no cumplan con su trabajo. Pero primero es preciso que dispongan de los medios adecuados para poder desarrollarlo con plenas garantías de eficacia; si los Juzgados dispusiesen de un programa informático similar al de la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, previsiblemente no estaríamos hablando del “caso Mari Luz”, dado que el control de la ejecución de las sentencias estaría garantizado. El problema es que en nuestro país sólo se invierte para recaudar o para conseguir votos, nunca para mejorar adecuadamente nuestros servicios.
No confundamos un retraso por acumulación de trabajo, como el ocurrido en este caso, con la pasividad, vagancia o prepotencia de la que muchos jueces alardean, y cuyas conductas sí podrían ser calificadas como muy graves y merecedoras de la expulsión de la carrera judicial.
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Gemma Gallego, la juez instructora del caso que pretendía relacionar ETA y el 11M a través del ácido bórico, y que artificialmente criminalizó la conducta de algunos mandos de las Fuerzas de Seguridad para mantener viva la llama de la teoría de la conspiración, contribuyendo a favorecer los intereses políticos de los conservadores, ahora es nombrada miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. ¿Pago por los servicios prestados?, ¿agradecimiento por la “imparcialidad” que ha demostrado en el ejercicio de sus actuaciones jurisdiccionales?; en cualquier caso es una vergüenza que se produzcan este tipo nombramientos que no hacen más que corroborar que algunos jueces pueden llegar a ser capaces de dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son, para favorecer intereses partidistas.