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En muy pocos meses, y todas ellas en contra del criterio del Fiscal, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite tres querellas contra Garzón; para ello se sirven de la jerga judicial que les permite caprichosamente admitir o no a trámite una querella. Me estoy imaginando a la derecha judicial, paseando por sus despachos perfumados de incienso entre decenas de legajos que esperan desde hace años ser resueltos, buscando la manera y los “argumentos” de tumbarse al juez que, para bien o para mal, les hizo sombra. Y como “las prioridades son las prioridades”, y ahora toca perseguir a Garzón, aunque sea a costa de convertir en prevaricación cualquier criterio judicial que no les convenza, bajando el listón para incluir en este tipo de delito conductas que hasta ahora no eran objeto de persecución criminal. Cuando vuelvan a sus casas con la satisfacción del “deber cumplido” no estaría de más que se mirasen al espejo y recordasen muchas de las decisiones controvertidas que tomaron en su vida profesional, y que ahora, con su actual criterio, serían tipificadas como supuestamente prevaricadoras.
Recientemente comentaba en abstracto la prevaricación masiva en la que se podía incurrir cuando un colectivo de personas se guiaban por criterios ajenos a los meramente judiciales. Alguien me dijo que mi opinión, respaldada por el derecho constitucional a la libertad de expresión, podía considerarse delictiva; pero viendo lo visto, puede que incluso me quedase corto. No es explicable que el juez Pedreira entienda que pueden considerarse lícitas las grabaciones efectuadas en las comunicaciones entre detenidos y letrados cuando existen sospechas de que están encaminadas a la ocultación de pruebas, y al mismo tiempo el Tribunal Supremo aperture ahora una causa penal contra el juez instructor, por considerarlas supuestamente delictivas.
Pero lo más preocupante es que la admisión a trámite de esta querella tiene un doble objetivo: acabar con Garzón, y dar el primer paso para comenzar a dudar de la legalidad de algunas pruebas en las que se fundamenta la acusación en el “Caso Gürtel”, la mayor trama de corrupción descubierta en el siglo XXI, y que afecta de forma directa a destacados dirigentes del PP. No cabe duda de que los conservadores son ambiciosos para conseguir todo lo que pretenden, y si pueden hacerse dos trajes por el precio de uno, para qué gastar más energías; no en vano Camps consiguió gratis media docena, y continúa sin rubor tapando con ellos sus vergüenzas.
Ante el acoso judicial, político y mediático que está sufriendo Baltasar Garzón, hemos podido conocer su vertiente más humilde, al manifestar que no se sentía perseguido; pero al afirmar hace pocas horas que “no me voy a marchar“, advierte a todos que su tenacidad y fortaleza mental es muy superior a las de sus contrincantes.
Cada vez tengo más ganas de contaros las cientos de corruptelas judiciales que he vivido durante 36 años de ejercicio profesional; quizás algún día lo haga, pero si me eximen previamente por escrito de cualquier tipo de responsabilidad no tendría inconveniente en empezar mañana.
Se protegen, se encubren y se sienten poderosos; incluso llegan a creerse dioses intocables que están por encima del bien y del mal, y se atreven a interpretar caprichosamente las leyes para saciar su apetito justiciero. La mayoría, en sus inicios, juraron por convicción los principios del movimiento nacional, y nunca se han olvidado de sus orígenes franquistas; y ahora cuentan con el apoyo de algunos “progres” que quieren saciar sus venganzas. Con nuestros impuestos les pagamos las togas, las puñetas, e incluso las plumas con las que dictan sus sentencias; ¿qué más quieren, que los ciudadanos nos pleguemos a sus decisiones arbitrarias?
Ahora pretenden doblegar y acabar con Garzón por haber cometido el pecado de investigar los crímenes del franquismo, aquellos que quedaron impunes y causaron miles de muertes. Todos a una, como Fuenteovejuna, y con el apoyo de la ultraderecha más reaccionaria.
Dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son, o movidos por motivos ajenos al estricto cumplimiento de nuestras leyes, es prevaricar; y en grupo puede convertirse en una prevaricación masiva. ¿Es el fin de Garzón?. Si lo consiguen habrán logrado convertir definitivamente la Justicia en un estercolero, y todos -incluso ellos- saldremos perdiendo.
El pasado 10 de septiembre, al referirme a la comparecencia de Garzón como imputado ante el Tribunal Supremo , tenía la creencia de que estaba en buenas manos al declarar ante el magistrado Luciano Varela, designado como instructor. ¿Qué fue de este juez, marcadamente de izquierdas, cuando en sus inicios presidía en Asturias la Asociación “Derecho y Sociedad” y era un referente del buen hacer judicial?. ¿Tanto cambian las personas con el tiempo?.
Mediré mis palabras, ya que en los tiempos en que vivimos cualquier desliz, que hace muy poco tiempo estaba amparado por el derecho a la libertad de expresión, puede ahora jugarme una mala pasada, y a mi edad me he vuelto agresivamente prudente, aunque muchos piensen lo contrario. Pero tildar a un magistrado de prevaricador por dictar resoluciones contradictorias, que han incluso creado interpretaciones distintas y distantes en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, me parece un auténtico despropósito, y me atrevo a pensar que hay más de lo que sabemos.
En 35 años de ejercicio profesional he conocido decenas de resoluciones judiciales en las que un juez se pasaba del negro al blanco, o del blanco al negro, sin pestañear, ante el desconcierto del justiciable, y sin tener que responder por sus actos; y las disparidades y disparates de la Administración de Justicia no están en la actualidad ajenos al ciudadano que casi a diario los conoce a través de los medios de comunicación; no en vano la globalización de la información nos acerca a todo y a todos. Pero nunca creí que los jueces, por discrepar entre sí o cambiar de opinión, o incluso por mantener interpretaciones atrevidas, estuviesen incurriendo en una responsabilidad penal; y no soy capaz de creerme que así lo piense el magistrado Varela respecto al juez Garzón.
Si se tuviese que acusar de prevaricadores a quienes mantengan posturas diametralmente opuestas, TODOS los jueces y magistrados de este país, SIN EXCEPCION, tendrían que sentarse en alguna ocasión en el banquillo de los acusados; y no parece que así suceda. Aplicando la doctrina de “Luciano Varela” podrían incluso ser acusados de prevaricadores los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ante el varapalo recibido por el Tribunal Supremo cuando les desautoriza y archiva definitivamente la causa contra Patxi López e Ibarretxe.
El debe y el haber de Baltasar Garzón está repleto de aciertos y desaciertos; no cabe duda de que es un juez polémico por sus decisiones, pero no le podemos negar que ha sido fundamental en nuestra democracia al profundizar en investigaciones judiciales en las que muy pocos se hubiesen atrevido a instruir hasta sus últimas consecuencias (la última el caso Gúrtel, por el que sufrió gravísimas acusaciones del PP, que han quedado impunes). Y ahora, cuando se convierte en el único juez que se ha atrevido a investigar la guerra civil y la dictadura franquista, en la creencia de que la Ley de Memoria Histórica no era papel mojado, es considerado prevaricador por un magistrado que antaño consideraba el progresismo como una virtud; paradojas de la vida.
Por cierto, el Ministerio Fiscal califica la actuación de Luciano Varela de “inquisitiva”, “injustificadamente retardada” y “absolutamente sorprendente”; son sus palabras, no las mías, aunque las comparta. ¿Qué les pasa a algunos jueces cuando llegan al Tribunal Supremo?
Se me antoja un otoño muy caliente en lo político, en lo judicial y en lo económico. En las últimos días han pasado tantas cosas, que he decidido dedicar el fin de semana a meditar. La derecha se siente atacada, y ha comenzado a utilizar sus mejores armas, que maneja como nadie: sentirse víctimas de una conspiración, negar lo evidente, y acusar a jueces, fiscales y policías de que les persiguen. Y Rajoy, como siempre, haciendo el Don Tancredo y mirando para otro lado.
A comienzos de semana, durante la inauguración del año judicial, el Presidente del Tribunal Supremo defendía a sus compañeros de los criticas de las que eran objeto por la persecución al juez Garzón; pero lamentablemente se olvidaba de la bochornosa actuación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el caso Gürtel, que exigiría una investigación en profundidad por parte del Consejo General del Poder Judicial.
En las últimas 48 horas ha estallado en su verdadera dimensión el caso Gürtel, y El País -que ha enmendado la táctica del ataque sistematico al Gobierno al comprobar que ello afecta a sus ventas- denunciaba a bombo y platillo que el vicepresidente de Camps y la cúpula del PP valenciano dirígian la financiación ilegal de su partido. Por cierto, ¿hacía lo mismo a nivel nacional el tesoreo del PP Luís Barcenas, imputado por el Tribunal Supremo?.-
Y mientras que Zapatero participaba en la reunión del G20, en la que se discutieron temas tan trascendentales como el cambio climático y la proliferación nuclear, los medios más conservadores de este país se entretenían comentando la foto en donde aparecen las hijas de Zapatero o criticando los gastos que éstas han originado en su desplazamiento.
La derecha política, económica y judicial, parece haber desenterrado el hacha de guerra. Es preciso estar preparados, pués ya sabemos como se las gastan los sucedores “democráticos” del franquismo.
Por el momento le dedico a Francisco Camps la foto del encabezamiento, recordandole que aún debe de superar muchos peldaños para salir indemne de tanta porquería.
Aunque muchos se sientan escandalizados por ello, ayer fue un buen día para el Estado de Derecho, al comprobar -y confío en que sirva de ejemplo- que todos los ciudadanos podemos ser iguales ante la ley. La circunstancia de que el Juez Garzón hubiese comparecido durante cuatro horas como imputado ante el Tribunal Supremo, a fin de declarar en una querella admitida a trámite por un supuesto delito de prevaricación, es un signo de normalidad en nuestra Administración de Justicia. Lo anormal y reprobable es que algunos jueces, por motivos políticos y de amistad, sean tolerantes con algunos políticos y archiven las causas abiertas contra ellos sin llevar a cabo una verdadera instrucción, como ha ocurrido en Valencia con el caso Camps; el magistrado Juan Luis de la Rúa -Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana- debería de saber que por actuaciones menos sospechosas que la suya ya ha sido acusado y condenado algún juez por prevaricación, y dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son, o por no examinar la documentación depositada en sus dependencias, puede conllevar un reproche penal.
Pero me satisface comprobar que el magistrado encargado de la instrucción contra el Juez Garzón es un tal Luciano Varela; si es el que recuerdo, y no creo que haya muchos más en el Tribunal Supremo con ese nombre y apellido, Garzón tiene garantizada una justicia justa, un bien escaso en nuestro sistema judicial. Conocí a Luciano Varela al final de la década de los 70, a su paso por los juzgados de Pola de Lena y Avilés, y sólo tengo buenos recuerdos de su etapa en Asturias. Siempre estaba presente en todas las declaraciones, ya fuesen civiles o penales, lo que no se prodigaba mucho por entonces, y era toda una garantía para el justiciable por su sentido de la equidad. Para él todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, y creía en una justicia rápida y eficaz; no en vano sus Juzgados siempre estaban al día, trabajando a destajo cuantas horas fuesen necesarias. Con él viví las mejores anécdotas de mi vida profesional (recuerdo cómo organizó una rueda de identificación de ganado al estilo de una rueda de detenidos, que algún día os contaré con detalle) y sus sentencias eran un ejemplo a seguir.
Garzón está en buenas manos (no me refiero a las Manos Limpias que hacen el trabajo sucio al PP) y no tengo la menor duda de que Don Luciano Varela desarrollará una instrucción impecable. Todavía quedan buenos jueces y magistrados en nuestra país, aunque la actuación deshonesta de algunos haga pensar lo contrario.
La pasada semana el Tribunal Supremo admitía a trámite una querella interpuesta por Manos Limpias contra el Juez Garzón, convirtiendo así en un posible delito de prevaricación lo que no pasaba de ser una discrepancia sobre que órgano judicial era el competente para investigar las posibles responsabilidades penales del franquismo, y para acordar en su caso la apertura de las fosas comunes en donde yacen cientos de víctimas de la guerra civil y de la dictadura.
En su momento, tras numerosas discrepancias judiciales no exentas de la tensión que genera una cuestión de tal naturaleza, en las que en modo alguno queda oculta la ideología personal de cada miembro de la carrera judicial que tuvo que intervenir, y después de haberse posicionado en favor de la tesis de Garzón cinco magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aquél se inhibió en favor de los Juzgados del territorio en el que se ubicaban cada una de las fosas comunes aún pendientes de apertura.
Días después se produce un giro inesperado en la polémica suscitada al declararse incompetente un Juzgado de Granada, devolviendo las actuaciones a la Audiencia Nacional, impidiendo con ello la apertura de la fosa en la que se sospecha se encuentran los restos de Federico García Lorca. Parece ser que la Juez de Granada, en coincidencia con la tesis que mantuvo en su día Garzón, considera que es éste el competente al tratarse de “crímenes contra la humanidad”. ¿Debemos de entender que la juez de Granada también prevarica al coincidir con la tesis de Garzón?. Evidentemente no; una discrepancia en criterios sobre competencia y prevaricación son cosas muy distintas, a pesar de la inexcusable confusión del TS que decidió admitir a trámite la querella, cuyo ponente podría convertirse -por sus propios argumentos- en un supuesto prevaricador.
Menudo marrón para el TS. La misma Sala de lo Penal que admitió a trámite la querella, pero compuesta por magistrados distintos, deberá resolver definitivamente la cuestión de competencia suscitada en su día, y -al menos en teoría- es posible que pueden darle la razón al juez Garzón. Les sugiero que cuanto antes acuerden el archivo de la querella, para salir del atolladero en donde se han metido; criminalizar discrepancias judiciales en temas de competencia constituye una grave imprudencia de un órgano judicial, que cada vez se parece más a un cementerio de elefantes.
“Me defenderé en su momento, la ley es igual para todos“. Con estas palabras, que demuestran un saber estar y una tranquilidad de conciencia en su actuación profesional, ha respondido Garzón a la admisión de la querella por supuesta prevaricación, presentadas por Manos Limpias y admitida a trámite por el Tribunal Supremo.
Me he tomado la molestia de leer con detenimiento el Auto dictado el pasado 26 de mayo por el Tribunal Supremo, y he podido obtener las siguientes conclusiones:
–1ª) Que en su Razonamiento Jurídico Tercero deja muy claro que la decisión de admitir a trámite la querella lo es por cumplirse los requisitos procesales y sustantivos que exige nuestro ordenamiento jurídico, matizando al referirse a los hechos que motivan la querella que “…la valoración de si tienen significación penal no puede hacerse sino en función de los hechos como son alegados en la querella, y no de los que resulten acreditados..”, lo que para un profano significa que tan sólo se mantendrá su tramitación de acreditarse los hechos expuestos en la querella, sin que a priori pueda considerarse que existen indicios racionales de criminalidad. Concluyendo que “.. En definitiva, la admisión a trámite de la querella no exige la constancia acreditada de lo que afirma, sino la posible relevancia penal de los hechos que contiene … y será luego en el ámbito del proceso correspondiente donde ha de decidirse en su caso el sobreseimiento, si procede..“.
–2º) Que los hechos objeto de querella son susceptibles de interpretaciones sofisticadas sobre si la Audiencia Nacional era o no competente para juzgar la causa abierta contra el franquismo, que en el fondo pretendía dar cobertura legal para la localización de las víctimas desaparecidas en la guerra civil y en la posguerra. Y si alguien no comprende lo que acabo de exponer, que lea con detenimiento el Auto y acabará no entendiendo nada, salvo que sea un avezado jurista especializado en temas de competencia.
–3º) Que en su Razonamiento Jurídico Quinto finalizaba concluyendo que “Esta Sala, sin valorar ni prejuzgar lo sucedido, entiende que no se dan las condiciones para rechazar la admisión a trámite de la querella“; y deberá ser el Magistrado de esta Sala designado como instructor quien queda facultado para resolver lo que proceda.
¿Implica su admisión a trámite que necesariamente tendrá que declarar como imputado? No, en tanto no se acuerde en este sentido, siendo factible que se produzca el sobreseimiento de la causa sin necesidad de su declaración, por cuanto lo que ha de enjuiciarse no se trata tanto de hechos sino de un análisis jurídico de las actuaciones judiciales llevadas a cabo por Garzón.
Como la instrucción ha correspondido a un excelente magistrado, llamado Luciano Varela Castro, tengo la firme convicción de que la querella será archivada, pues ningún delito ha cometido. Pero es importante que todos seamos capaces de comprender con naturalidad que cualquier ciudadano, incluido el propio Garzón, sometido a una permanente presión mediática, es susceptible de ser investigado por la justicia.
Garzón se expone a diario a los riesgos que conlleva la interpretación de la ley, y con la misma naturalidad con la que actúa en su profesión ha asumido su situación de querellado.
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La pasada semana el Tribunal Supremo admitía a trámite una querella interpuesta por Manos Limpias contra el Juez Garzón, convirtiendo así en un posible delito de prevaricación lo que no pasaba de ser una discrepancia sobre que órgano judicial era el competente para investigar las posibles responsabilidades penales del franquismo, y para acordar en su caso la apertura de las fosas comunes en donde yacen cientos de víctimas de la guerra civil y de la dictadura.