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La Guindilla, de Álvaro Noguera: Camps prepara su defensa
Oct
27
Oct
10
Caso Gürtel: Cortar una rama no purifica el árbol podrido
¿Se imaginan que Lucky Luciano, conocido en su día como el padre del crimen organizado, fuese el encargado de perseguir a la mafia?, ¿alguien se lo hubiese creído? Pues en el PP sus dirigentes consideran que buscando cabezas de turno de segundo nivel, podrán enterrar la corrupción de su partido, y se equivocan. Es posible que la “ley del silencio” se imponga tras las primeras dimisiones, pero tarde o temprano más de uno hablará por despecho o por rencor, y ya será tarde para atajar la enfermedad de la corrupción. Cuando un árbol está podrido, es preciso cortarlo desde su raíz para extirpar el mal, y plantar uno nuevo, que tardará en crecer, pero saneado.
En la comunidad valenciana cortar la cabeza a Ricardo Costa es reconocer expresamente que la corrupción llegaba al secretario general de su partido; pero que se encargue de la misión de “limpieza” su superior, es tanto como tratar de apagar el fuego con un lanzallamas. No en vano Juan Costa, el hermano mayor de Ric, ha salido en los últimos días en su defensa afirmando que seguía las órdenes y directrices de sus superiores. La batalla está servida, y salvo que el peregrinaje del fin de semana le amanse, es muy posible que Ricardo Costa no permanezca mucho tiempo en silencio, aunque también es cierto que su discreción es la salvaguarda para defenderse ante los tribunales. Pero por mi parte le propongo al “pijo” una malicia: hable con el Fiscal, pacte su inmunidad a cambio de contarlo todo, y así caerán todas las ramas podridas empezando por el tronco; en Italia los mayores golpes contra la mafia se consiguieron así, con chivatazos de segundo nivel.
En la comunidad de Madrid la táctica de Esperanza Aguirre es adelantarse a los acontecimientos, y quiere hacernos creer que los tres diputados regionales inculpados en el caso Gürtel han sido expulsados del Grupo Popular, pero se han negado a presentar sus actas. Mentira, todo es un montaje, y a buen seguro que está todo pactado; no nos olvidemos que uno de los defenestrados, Alberto López Viejo, es una persona de la máxima confianza de Doña Esperanza, y ésta no puede afirmar que nada sabía. Pero ¿han sido ya expulsados ya del PP?, ¿votarán por libre en la Asamblea Regional o mantendrán la disciplina de partido?. Algunos políticos piensan que los ciudadanos somos tontos, pero lo más preocupante es la “independencia” de muchos periodistas de todas las tendencias que aplauden la postura de la presidenta, demostrando carecer de personalidad y de profesionalidad ante su incapacidad para mantener una postura crítica y coherente.
El que quizás salga mejor parado será Núñez Feijoo, que pertenece a una nueva generación de políticos con futuro. Y aunque con sus afirmaciones reconoce que antes de llegar él la corrupción estaba instalada en Galicia, al menos es capaz de distanciarse en el tiempo y en las formas.
Mientras todo esto ocurre Don Mariano está en la inopia, como siempre, y finge no enterarse de nada, cuando lo sabe todo. Pero es más preocupante la postura silenciosa de Gallardón, que sigue perdiendo oportunidades para hablar claro y desmarcarse de la corrupción de su partido; lo que nunca “entendí” es el por qué el PP le margina, cuando sus dirigentes son conscientes que es el único político que tendría asegurada una victoria por amplia mayoría en unas elecciones generales.
La evolución del futuro político de la derecha española se nos antoja interesante. ¿Hasta cuándo aguantarán los dirigentes actuales?, ¿soportarán las sorpresas que encierra el contenido de la parte del sumario aún no conocida?. Lo que está claro es que mientras mantengan el apoyo masivo de sus incondicionales, se aferrarán al poder; no nos olvidemos que están ahí porque sus votantes consienten sus maneras indignas de actuar.
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Sep
14
El mayor escándalo judicial del siglo XXI
Con una indiferencia inexplicable, por limitarse a tímidas denuncias periodísticas, estamos asistiendo al mayor escándalo judicial del siglo XXI, en el que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana blinda la impunidad de unos presuntos delincuentes, dando cobertura legal a sus fechorías para evitar que puedan ser investigados en el futuro por otros Tribunales. Solamente el Tribunal Supremo puede corregir tal desatino admitiendo el recurso del Ministerio Fiscal y actuando con la rapidez necesaria para revocar de inmediato el archivo de la causa contra Francisco Camps y compañía; pero dudo que lo haga cuando su último entretenimiento consiste en perseguir en vía penal al Juez Garzón por haber cometido el “error” de pretender investigar los crímenes de la dictadura franquista. Los nostálgicos del pasado fascista han resucitado, parecen encontrarse en todos los estamentos y su afán de venganza frente a quien ose tocar a los “intocables” no tiene límites.
Garzón cometió también el “error” de investigar en profundidad el caso Gürtel, y fue de inmediato vilipendiado y denunciado en todas las instancias por la facción más casposa y conservadora de nuestra derecha; y solamente acabaron los ataques contra su persona cuando los defensores de la corrupción consiguieron el objetivo deseado de distribuir la causa penal entre varios tribunales, bajo el lema de “divide” y vencerás. El Tribunal Supremo, que debería de haberse declarado competente en exclusiva del “Caso Gürtel” para evitar la disgregación -cuyas lamentables consecuencias ya conocemos-, no supo estar a la altura de las circunstancias y tan sólo asumió la investigación de un Senador y un Diputado porque no le quedaba otra salida.
La división de la causa ha tenido consecuencias bien distintas. Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, cuyos magistrados son en su mayoría de tendencia conservadora, ha actuado con absoluta profesionalidad, como no podía ser de otra manera, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, presidido por un amigo de Francisco Camps que no ha tenido la decencia personal de abstenerse, actuando por motivaciones políticas bajo una “apariencia” de legalidad, limitó escandalosamente su investigación, con el único objetivo de impedir que Francisco Camps pudiese ser juzgado por sus conductas presuntamente delictivas.
En Valencia, núcleo de la corrupción generalizada, primero limitan la investigación a lo imprescindible, sin tan siquiera llamar a declarar a los cabecillas del caso “Gürtel”; cuando el Fiscal y las acusaciones solicitan que sean citados como imputados las personas que supuestamente hicieron los regalos, el Tribunal se excusa alegando que ya están siendo investigados por los mismos hechos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid; y cuando este Tribunal decide inhibirse en favor del T.S.J. de Valencia, y remite toda la documentación -que fue recibida el 28 de julio-, su Presidente acelera la resolución del recurso pendiente habilitando días durante el mes de agosto a fin de archivar y sobreseer con la máxima celeridad la causa abierta contra Camps, para evitar tener que pronunciarse sobre la inhibición y verse obligado a examinar toda la documentación recibida, cuyas cajas ni tan siquiera fueron abiertas.
Para los profanos en la materia les diré que las causas penales pueden ser sobreseídas provisional o definitivamente; lo normal y habitual es el sobreseimiento provisional, que permite la reapertura de la causa ante cualquier nueva prueba que pueda aportarse; pero el Sr. Rúa se inclinó por el definitivo, a sabiendas de que en los los sótanos de sus dependencias se apilaban cajas con documentación cuyo contenido podía ser concluyente para inculpar al Sr. Camps, blindando con ello su impunidad. Y ahora se permite el lujo de mantener que ni tan siquiera tiene la obligación de pronunciarse sobre la inhibición dado que la causa ya estaba archivada definitivamente con anterioridad (parece ser que formalmente registraron la recepción con posterioridad al archivo, aunque la documentación física ya estaba en su poder).
Si cuanto he afirmado es cierto, y me fundamento en lo publicado por la prensa, el Consejo General del Poder Judicial debería de abrir una investigación inmediata, incluso sin denuncia previa, para evitar ser encubridores del mayor escándalo judicial del siglo XXI. Pero sus miembros, estómagos agradecidos de los partidos que los han designado, aún no han recibido las instrucciones políticas de sus “superiores” para actuar. Las justicia no es igual ni es la misma para todos, y tenemos que perder el miedo a denunciar las arbitrariedades, no sea que se generalicen aún más.
(Publicado aquí en elplural.com)
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Ago
3
Corrupción masiva en la Comunidad Valenciana
No por esperado, deja de sorprendernos. Cuando Francisco Camps afirmaba que tan solo quedaban “…uno o dos escaloncitos…”, era consciente de que su íntimo amigo Juan Luis de la Rua tenía la solución para quedar impune, y no le faltaba razón; hoy se ha consumado el tan esperado archivo, y con ello el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ampara legalmente los regalos recibidos por Camps y compañía. Lo positivo para los hasta ahora imputados es que podrán seguir vistiéndose gratis a costa de una banda de corruptos cuando sus cabecillas salgan de la cárcel.
La Comunidad Valenciana está inmersa en una masiva corrupción: primero fueron los políticos, aceptando regalos: les siguieron sus votantes, que respaldaron mayoritariamente en las urnas sus deshonestas conductas; y ahora son algunos jueces quienes, capitaneados por un intimo amigo de Camps que no ha tenido la decencia de inhibirse, dan cobertura legal a las fechorías de una trama corrupta, que ha crecido y vencido con la complicidad de los altos dirigentes de la Comunidad Valenciana, al haber favorecido descaradamente a Correa y a sus secuaces sin “nada a cambio”, como así lo interpreta el alto tribunal.
En muy pocas ocasiones he podido comprobar como una instancia superior desautoriza con tanto descaro el Auto del juez instructor, que sí veía indicios suficientes como para sentar en el banquillo de los acusados a los políticos imputados. Aunque afortunadamente aún quedan “brotes verdes” para pensar que la decencia judicial aún puede salvarse; me estoy refiriendo, en concreto, al magistrado Juan Montero, que ha emitido un voto particular.
Lo peculiar del auto de archivo es el rechazo a los recursos de la acusación particular y del fiscal, que solicitaban que se continuase la investigación, cerrada en falso. Y más llamativo resulta que inicialmente se rechaza investigar la posible relación entre las adjudicaciones a la trama Correa y los regalos recibidos, posteriormente se desestima interesar la imputación de los donantes fundamentándose en que eran investigados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid; y cuando éste decide inhibirse y remite parte de la causa a Valencia, sin tan siquiera abrir los bultos remitidos con toda la documentación, y aprovechando que durante el mes de agosto más de la mitad de los españoles se están de vacaciones y el país se encuentra en “stand bye”, apresuradamente se habilitan días para emitir el auto de archivo, por ser el momento adecuado para minimizar las críticas a su decisión.
Pero recomiendo que nadie cante victoria, no sea que la Sala Segunda del Tribunal Superior decida admitir el recurso que contra el archivo pueda plantearse. Como decía Quinto Horacio Flaco, el principal poeta satírico en lengua latina fallecido hace 2017 años, “la justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera“, y aun queda un escaloncito más para que se dicte la resolución definitiva.
(Publicado aquí en elplural.com)
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Jul
20
Doña Rita ¿ha pagado su bolso de Louis Vuitton?
El PP siempre sale airoso de todo lo que huela a podrido. Por algo son de derechas y el listón de la honradez lo tienen a muy baja altura; pero muchos de sus dirigentes tienen la extraña habilidad de meterse en líos ellos solos, haciendo gala de sus repentinas ocurrencias, que después jalean con desbocadas sonrisas. Tengo que reconocer que en ocasiones les envidio: van a declarar como presuntos delincuentes y lo convierten en una fiesta; son citados como imputados “provisionales” (término que no contempla nuestra legislación) y reciben un gran alegría; se espían unos a otros, y siguen tan amigos…
Pero entre todos ellos en los últimos días destaca Rita Barberá, cuyo coeficiente intelectual me gustaría conocer para saber si está por encima de la media de nuestros políticos. Después de haber metido aparentemente la pata, insinuando que los trajes de Francisco Camps se los regalaron, y tras pedir que se inculpe a Zapatero por haber admitido las anchoas que le regaló Miguel Angel Revilla, ahora nos enteramos de que El Bigotes, el “amigo del alma” de Camps, le ha regalado bolsos de Louis Vuitton; desconozco si es verdad, pero así lo afirma aquel, quién reconoce también que nada les ha dado, lo que es tanto como admitir que otros sí lo hacen cuando reciben obsequios personales.
Lo llamativo es que Rita Barberá, con su habitual alegría y sonrisa populista, cuando asistió el pasado 20 de mayo a la sede del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana para arropar a Francisco Camps cuando declaraba como imputado, lo hizo llevando un bolso de Louis Vuitton, cuyo precio de mercado asciende a unos 850,00 euros, el equivalente a los ingresos netos de miles de valencianos por su salario mensual. Doña Rita ¿guarda la factura de su compra?, ¿puede acreditar que lo ha pagado?, ¿no será uno de los regalos que ha recibido de El Bigotes?. No es que me preocupe mucho, pero cuando se acercan las vacaciones me vuelvo más superficial, e incluso llego a disfrutar con cotilleos intrascendentes.
Rita Barberá ha dado instrucciones a sus abogados para que se querellen contra quién afirme que ha recibido regalos de la trama corrupta. Lo que debería de hacer antes de ofenderse es cuidar más su imagen pública, y elegir mejor el vestuario y los complementos a la hora de asistir a las declaraciones de presuntos delincuentes, no vaya a ser que la confundan.
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Jul
17
Caso Gürtel: Camps ya conoce el final de su película judicial
Cuando recientemente Camps afirmaba que “quedan dos escaloncitos y toda esta cuestión absurda habrá pasado“, ya estaba pensando en el resultado favorable de los recursos frente al auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ratifica los indicios de un supuesto delito de cochecho, y de que todo quedará en una sanción simbólica o en un archivo de las actuaciones penales. Y no está falto de razón cuando descubrimos que al juez Flors sus propios compañeros le han limitado su capacidad para investigar la trama del Caso Gürtel en Valencía, no permitiendo ir más allá de la averiguación sobre quién pagó los trajes, sin darle opción a investigar el por qué de los regalos y qué contraprestaciones podían recibir de la administración valenciana. La negativa a citar como imputados a los donantes de los regalos, y la no admisión de cualquier prueba nueva estos días se negaba la declaraciòn como testigos de seis consejeros para explicar los contratos de la Generalitat con empresas de la trama), así lo confirma.
Resulta judicialmente escandaloso que se justifique la negativa a ampliar la persecución judicial a los cabecillas de la trama bajo el argumento de que ya están siendo investigados por el Tribunal de Justicia de Madrid; para que todo el mundo lo entienda, es como si una banda de delincuentes cometen crímenes en Madrid y en Valencia, y la justicia limita la investigación a los delitos cometidos en la primera de las ciudades reseñadas, permitiendo que queden impunes respecto de los que han tenido lugar en Valencia. ¿Alguien lo puede comprender?.
Estamos asistiendo desde hace meses a una pantomima judicial, propiciada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y presuntamente dirigida por su presidente Juan Luis de la Rúa (íntimo amigo de Camps), que se niega a profundizar en la investigación, limitándose ésta a lo más liviano y superficial. A Camps le han transmitido que aguante, que todo quedará en nada, o en muy poco, y tal parece que el final ya está cerca. Lo que no entiendo es la pasividad del Fiscal para consentir que esto suceda.
A Camps le han confeccionado un traje judicial a su medida para que se mantenga en el cargo con un desgaste soportable. Si fuese un presidente socialista ya habría dimitido por la presión de sus votantes y del propio PP; pero ya sabemos como se las gasta la derecha en España: le justificarán las mentiras vertidas en sede judicial y parlamentaria, le convertirán en la víctima de una cacería contra su persona, y acabará sacando pecho ante su electorado. Si recordamos los antecedentes de una presunta financiación ilegal del PP descubierta en 1989, precisamente en Valencia, ya sabemos como acabó el famoso “Caso Naseiro“: fue archivado por el TS por motivos puramente formales, al declararse nulas las grabaciones que confirmaban lo sucedido, y un por entonces desconocido Zaplana, que llegó a afirmar que estaba en política para hacerse rico, llegó a ser Presidente de la Comunidad Valenciana, para convertirse posteriormente en Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y por “méritos personales”, ha conseguido jubilarse como delegado para Europa de la multinacional española Telefónica.
(Publicado aquí en elplural.com)
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Jul
8
Caso Gürtel: Francisco Camps será juzgado por los ciudadanos
Francisco Camps ha pretendido exonerarse de sus responsabilidades penales con los votos obtenidos en las urnas por el PP, pero no contaba con el enjuiciamiento de su conducta delictiva por un jurado popular compuesto por nueve ciudadanos elegidos por sorteo entre quienes curiosamente son sus propios electores; serán los ciudadanos, como el quería, quienes le juzguen, pero no en las urnas sino en las dependencias judiciales. Y deberá sentarse en el banquillo de los acusados para defenderse de la acusación más indigna a la que puede estar sometido un político: admitir regalos por razón de su cargo.
El contenido del Auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en fecha 6 de julio pasado, por el que se acuerda el enjuiciamiento de Francisco Camps y otros por un supuesto delito de cohecho, transmite sensaciones dispares, ya que podría calificarse de benévolo, contradictorio, contundente y humillante al mismo tiempo.
Lo considero benévolo al exculpar a los acusados de un delito de prevaricación, al establecer que “…no existe constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas de vestir …. y los concretos actos de contratación realizados por las autoridades y funcionarios de cada uno de los concretos organismos de la Administración Autonómica Valenciana que decidieron su adjudicación a Orange Market S.L. ….”. Tal afirmación precisaría una investigación exhaustiva de cada una de las adjudicaciones efectuadas, que parece no haberse realizado -al menos no se dice- para establecer si hubo o no un trato de favor, al margen de su apariencia de legalidad. El juez instructor ha pasado de puntillas en este apartado, con la ley del mínimo esfuerzo, que consistió en citar en una mañana a 35 cargos públicos, en intervalos de 5 minutos, para que se ratificasen en la legalidad de su actuación.
Al mismo tiempo, y enlazando con su benevolencia, resulta contradictoria la inexistencia de relación causa-efecto entre los regalos y las adjudicaciones, por cuanto no oculta que Orange Market SL y el grupo de sociedades dirigidas y controladas desde Madrid por Francisco Correa, se encargaban de organizar desde el 2003 la práctica totalidad de los actos del PP en la Comunidad Valenciana -lo que motivó que Álvaro Pérez y Ricardo Costa entablasen una relación de amistad- y al mismo tiempo desde el 2005 a dichas sociedades “...le fueron adjudicados a esa sociedad por diferentes organismos de la Administración de la Generalidad Valenciana numerosos contratos de muy variado objeto…”. No puede considerar casual ni baladí esta sucesión de ellos, que por sospechosa exigiría una muy exhaustiva investigación del por qué de las adjudicaciones masivas.
El juez instructor parece querer salvar los trastos al PP, pero no corren la misma suerte Camps y compañía; y en este sentido la resolución es diáfana y contundente al afirmar que los hechos realizados con los regalos de los trajes han “..alcanzado el grado de realidad muy probable….”, al existir una “..razonable base documental para poder inferir que el pago fuer atendido, unas veces por una sociedad administrada por Álvaro Pérez (“Orange Market”) que obtenía con asiduidad la adjudicación de numerosos contratos por diferentes organismos de la Generalidad Valenciana y, otras, por algunas sociedades vinculadas con aquélla...”. Y la abundante prueba de cargo documental y testifical existente contrasta con la falta absoluta de prueba de descargo, por cuanto Francisco Camps en ningún momento ha podido acreditar que hubiese pagado sus trajes, ni siquiera en metálico.
Y al mismo tiempo la resolución dictada resulta humillante para Francisco Camps y compañía, no solamente por el hecho de que serán juzgados por un jurado, sino en especial porque ellos mismos con su nerviosismo se delataron en las numerosas conversaciones telefónicas que mantuvieron tras haber prestado declaración ante la Fiscalía el sastre José Tomás. De las grabaciones efectuadas, a la espera de que se hagan públicas en su momento y que se nos antojan explosivas, el juez instructor extrae las conclusiones de que “..su contenido evidencia la patente preocupación de todos ellos por lo ocurrido, su intranquilidad porque se descubra lo que esos hechos significan, su afán de reunirse por reunirse para buscar una salida y para explicarle luego al Sr. Costa cómo Pablo Crespo ha ideado un modo de “arreglarlo”, su prevención acerca de las precauciones que algunos de ellos debieran de adoptar desde ese momento, y su inquietud, en fin, por la trascendencia del hecho atendida la relevancia política de las personas implicadas..”. Tal parece que ellos mismos se han delatado, y sus conversaciones parecen haber servido al juez instructor para disipar cualquier duda.
Salvo una inesperada sorpresa, la contundencia de la resolución judicial hace inverosímil que un recurso de apelación frente a la misma prospere; por lo que parece inevitable que Francisco Camps tenga que sentarse en el banquillo de los acusados; y los hechos de los que se le acusa demuestran tal nivel de indignidad como persona que resultaría inexplicable que continuase en política, fuese cual fuese el resultado final. Lo que resulta inexplicable es que aún no haya dimitido.
(Publicado aquí en elplural.com)