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¿A quién tiene miedo el PP? Han transcurrido desde que me hice esa pregunta tan solo siete meses, y ya conocemos muchas de las escandalosas verdades que se escondían en la investigación judicial que por entonces instruía el Juez Garzón. Ahora ya sabemos que la corrupción del caso Gürtel estaba extendida como la pólvora en los principales feudos del PP, y ya nadie duda de que detrás de todo ello se encuentra la financiación ilegal de los conservadores, aunque por el camino más de uno se hubiese aprovechado para aumentar su patrimonio personal.
¿Quién decía que la Justicia era lenta? En siete meses se ha conseguido avanzar en la investigación hasta conseguir que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya inculpado a 71 políticos y empresarios, el Tribunal Supremo ya tenga despachados los suplicatorios para inculpar a un diputado y a un senador (nada más y nada menos que al tesorero nacional del PP), y en Valencia el olor a mierda de la corrupción ya huele en el trasero de algún magistrado, que a buen seguro será investigado por un presunto delito de prevaricación.
Pero la investigación aún está en marcha, las noticias se suceden día a día, y a buen seguro caerán por el camino decenas de políticos de la derecha, muchos de los cuales ocupan en la actualidad cargos de importancia. ¿Qué hace Rajoy, conocedor y encubridor de cuanto conocemos?: nada, absolutamente nada, sólo le preocupan los votos y si suben en las encuestas todo está justificado; al fin y al cabo los españoles están más preocupados por la subida de los impuestos (aquéllos que mantienen los servicios sociales, sufragan una sanidad y educación gratuita, y permiten la construcción de nuestras infraestructuras) que por la corrupción generalizada de una derecha que aspira a gobernar. Sí Berlusconi ganó por mayoría absoluta, ¿por qué no puede hacerlo el PP?; un sistema democrático como el nuestro puede permitírselo, aunque sea en detrimento de la pérdida de calidad moral de los ciudadanos.
Por cierto, ¿dónde está Federico Trillo?, ¿huido como siempre cuando sus denuncias y querellas fracasan?; ¿es que nos hemos olvidado de sus ataques personales y judiciales contra el Juez Garzón cuando se destapó el caso Gürtel, presentando numerosas denuncias falsas para tratar de encubrir la corrupción de su partido?.
El transcurso de 200 días ha servido para comprobar que Garzón estaba en el buen camino de la investigación, y que todo lo que se dijo y se hizo contra él fue injusto, e incluso constitutivo de delito. ¿Para cuándo una disculpa pública del PP al Juez Garzón?.
En la medida en que debemos de exigir a nuestros políticos que tengan un plus de decencia por encima de la media de nuestros ciudadanos, existen comportamientos, conductas o actitudes que, al margen de que puedan o no ser tipificadas como delito, desacreditan y deshonran a quién las mantienen. Recientemente un Ministro de Justicia tuvo que dimitir por coincidir en una cacería con el Juez Garzón y asistir a la misma sin disponer de los permisos pertinentes; no cometió ningún delito ni fue denunciado por ello, pero su conducta fue incorrecta e imprudente, y le impedía por decencia política mantener su puesto en el Gobierno. En nuestra joven democracia son numerosas las dimisiones por conductas que, sin ser criminales, eran reprochables, y la mayoría lo fueron de políticos socialistas. Aún podemos recordamos cómo en 1994 Antoni Asunción asumió su responsabilidad política dimitiendo como Ministro del Interior a raíz de la fuga de Luis Roldán; o cómo Demetrio Madrid dimitió en 1986 como presidente de la Junta de Castilla y León tras haber sido procesado en un caso relacionado con una empresa de su propiedad, aunque posteriormente fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban. Parece evidente que la responsabilidad política nada tiene que ver con la responsabilidad penal, que exige o requiere conductas tipificadas como delito en nuestro Código Penal, al margen de que socialmente sean más o menos reprochables.
Pese a ello el Partido Popular, que exige con estridencia las dimisiones de sus opositores por cualquier circunstancia (la última solicitada fue la de la Ministra de Defensa como consecuencia del brote de gripe A detectado en un cuartel que días antes había sido visitado por unos menores), no solamente es incapaz de aplicar la misma doctrina a los suyos (el caso de Yak-42 y Federico Trillo es indecente), sino que incluso defiende ardorosamente a quienes en sus filas se encuentran imputados y acusados por la presunta comisión de delitos directamente relacionados con la actividad política, llegando incluso Rajoy a acusar de “crueles inquisidores” a quienes les investigan (policías, jueces y fiscales), faltando al respeto con sus palabras al Estado de Derecho. Pero parece no preocuparles (genéticamente están acostumbrados a ser unos presuntos delincuentes políticos) y tan sólo asumirían su responsabilidad política de ser condenados en vía penal por sentencia firme, aunque para entonces ya no sería necesaria su dimisión, por cuanto la propia sentencia les inhabilitaría para mantener su puesto en la política (así ocurrió, a modo de ejemplo, con Jesús Gil, cuando dejó de ser Alcalde de Marbella al ejecutarse una condena penal que le inhabilitada para su cargo).
Identificar responsabilidad política con responsabilidad penal es un gravísimo error que sólo puede ser corregido por los votantes en las urnas; de no hacerlo con nuestros votos avalaremos las conductas deshonestas de los políticos, y degradaremos los valores morales de referencia que toda sociedad precisa. Ignoro si Francisco Camps será en su momento juzgado y condenado por un delito de cohecho, pero si se acredita que los trajes fueron un regalo de participantes en una trama corrupta, ya sería suficiente para exigirle su dimisión inmediata por conducta deshonesta.
En los temas de corrupción, que se extienden por toda España como un tsunami, los conservadores juegan permanentemente con el desconocimiento de los ciudadanos respecto del funcionamiento de la justicia, y se atreven a pronunciar a diario frases lapidarias que convendría ir anotando para ser recordadas en un futuro no muy lejano. No podemos ignorar que cuando un juez cita a un político como imputado es porque dispone de indicios de una conducta irregular que puede ser constitutiva de delito (caso de Francisco Camps); cuando un juez exige a un político una fianza de un millón de euros (como ocurre con los diputados madrileños), es porque existe documentación suficiente para creer que se han apropiado de una cantidad próxima a la solicitada; cuando una juez acuerde tras cinco años de investigación inculpar a un político por un delito de falsedad documental y un fiscal le acusa y solicita dos años de prisión (como le ha ocurrido al Sr. Fabra), es porque existen indicios racionales de criminalidad para sentarle en el banquillo de los acusados. Llamar inquisidores a quienes aplican la ley es justificar la delincuencia, y considerar honestos a los presuntos delincuentes es convertirse en encubridor de sus fechorías.
Don Mariano Rajoy ha tomado un camino equivocado, y es previsible su tercera derrota electoral. No estamos en Italia, y la sociedad española acabará tarde o temprano castigando en las urnas a los políticos corruptos.
Hace unas horas se ha conocido el contenido de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por la que se condena al general Vicente Carlos Navarro Ruiz a tres años de prisión por el caso Yak-42 como autor de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones,; y al resto de los acusados como cómplices del mismo a una pena a cada uno de ellos de un año y seis meses de prisión. La sentencia, de adquirir firmeza, motivará el ingreso en prisión del general Navarro, si bien el resto de los acusados obtendrán la suspensión de la condena al no superar dos años de prisión.
La sentencia técnicamente es perfecta, y difícilmente podrá ser modificada en un hipotético recurso ante el Tribunal Supremo, por cuanto los hechos probados son concluyentes en cuanto a la autoría y complicidad de los acusados, y la propia resolución deja patente sin género de dudas que el general Navarro “…era consciente de que no tenía identificados 30 cuerpos y, no obstante decidió falsear la verdad…“, llegando el Tribunal “...a la convicción de que actuó con conocimiento y voluntad de faltar a la verdad al emitir los documentos con identificaciones aleatoriamente asignadas; es decir, actuó dolosamente…”.
No obstante, es una sentencia fría en su redacción, benévola en la condena, y poco valiente en el enjuiciamiento global de los hechos.
Los hechos probados dejan claro que los acusados “fueron comisionados por el Ministerio de Defensa para la identificación y repatriación de los cadáveres de los militares españoles...”, si bien omite hacer alguna alusión a identificar a los superiores de quienes partieron las órdenes, si éstos eran conocedores o no de lo ocurrido, y el por qué de las prisas que motivaron la identificación aleatoria de los cadáveres. Para ello en el Fundamento de Derecho Primero el Tribunal se justifica afirmando que “la sentencia … contesta a las cuestiones planteadas … con la finalidad de declarar o excluir la responsabilidad criminal de los acusados, no pudiendo extenderse a otras valoraciones ajenas al objeto procesal ni a la conducta de personas no acusadas y sobre las que, en consecuencia, no se ha practicado prueba ni se ha formado convicción alguna el Tribunal“.
Tienen razón, pero no la tienen. Es obvio que no se puede juzgar a personas que no han sido acusadas formalmente, pero si de las pruebas practicadas se deducen indicios que motiven la creencia cierta de que existen otros implicados con posibles responsabilidades penales, el Tribunal no sólo no debe de omitirlo sino que está obligado a impulsar un nuevo proceso contra ellas. Por ello es una sentencia limitada a personas muy concretas que se juzgan por hechos muy concretos, y en consecuencia muy poco valiente.
Cuando la calificamos de benévola en la condena, nos referimos a que nos parece injusto que se impongan las penas en el mínimo legal “...por entender el Tribunal que no hay ningún plus en la conducta de los acusados que exija un mayor reproche punitivo…”. No comparto esta tesis; los hechos probados son de una gravedad tan extrema que exigirían una pena superior.
No me ha gustado la frialdad de la sentencia; parece dictada por un robot, sin sentimientos. Es correcta, pero distante, y a buen seguro no complacerá a los familiares de los militares fallecidos. Tantos años para tan poco, y para que queden impunes los verdaderos responsables, no parece un final acertado.
Don Federico Trillo estará contento porque no se le alude; pero puede seguir preocupado porque tampoco se le exime de su responsabilidad. Y la propia sentencia, que no abre ni cierra puertas para el futuro, permite un enjuiciamiento a niveles superiores.
Luis Bárcenas, tesorero del PP y presunto implicado en el “Caso Gürtel”, a buen seguro ya habrá autorizado el pago para consignar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la suma de 1.500 euros, que han exigido a los conservadores para personarse como acusación particular. Si bien resulta paradójico, procesalmente es posible, por cuanto sólo las personas físicas pueden ser acusadas en vía penal, y hasta el momento no se ha declarado la responsabilidad civil del PP por las presuntas fechorías de sus dirigentes políticos; aunque no es descartable pueda acordarse en el futuro.
Federico Trillo, que se encontraba en ignorado paradero a la espera de que amainen las críticas por su actuación en el “Caso Yak-42″, no ha tardado más de 24 horas en salir de su escondite para afirmar, con un cinismo hipócrita que atenta a la inteligencia de la mayoría de los españoles, que “el PP podrá defender su buen nombre“.
Aún cuando legalmente resulta muy discutible la decisión del Tribunal Superior de Justicia al permitirles el personamiento como acusación particular, por cuanto 9 de los hasta ahora imputados son dirigentes del PP y el resto lo están por la compra de las voluntades de aquéllos, la solución me parece inteligente para evitar convertirles en “víctimas”, y está basada en una interpretación muy extensiva del derecho a la tutela judicial efectiva; pero tal resolución puede ser revocada en cualquier momento, a la vista del resultado de la investigación judicial, y pueden pasar a convertirse en responsables civiles de las consecuencias económica de los delitos cometidos por sus afiliados.
En todo caso no me imagino al PP, ni tan siquiera en sentido figurado, persiguiendo a los suyos o a los amigos de los suyos; aunque hagan el paripé, no podrán acusarles formalmente, no sea que los corruptos se sientan presionados y cuenten lo que hasta ahora han ocultando.
¿Qué pretende entonces el PP con su personamiento?; parece evidente que no persiguen conocer el contenido de las actuaciones penales, por cuanto lo pueden conseguir a través de cualquier de sus afiliados “suspendidos”, una vez se levante el secreto de sumario. Su verdadera intención será ganar tiempo, obstaculizar y demorar la instrucción, y minimizar en lo posible las consecuencias de la misma, actuando como defensores “indirectos” de sus corruptos, por lo que se exponen a que en cualquier momento sean apartados del procedimiento por desleales. Actuarán a buen seguro incurriendo en fraude de ley, burlando la aplicación de la ley para obtener sus propios fines, tratando de esconder la corrupción de los suyos; no saben comportarse de otra manera.
Federico Trillo se ha convertido definitivamente en un mentiroso compulsivo, que justifica sus embustes con más engaños. Su reputación está definitivamente bajo mínimos, y resulta ya irrecuperable. Los familiares de los fallecidos en el Yak 42 nunca le olvidarán por su indigno comportamiento.
El trile es un juego que persigue el engaño, y la manipulación es un requisito necesario. Lo triste es que Trillo jugó con los ferétros para hacer creer a los familiares que les entregaba los restos de su pariente cercano, a sabiendas de que les engañaba; y lo lamentable es que aún continúe en la política activa.
Me ha decepcionado profundamente el juez Gómez Bermúdez cuando, para justificar la negativa a admitir como testigos de la acusación a Bono, Aznar y Trillo -entre otros propuestos-, afirma que “saber la verdad es algo ajeno al proceso penal”. Me consta que quiso decir que el juicio debería de limitarse a aclarar si hubo alteración de documento público, y si la misma puede tener o no relevancia penal, y por ello las pruebas a practicar deberían de limitarse a lo exclusivamente enjuiciado. Pero se equivoca profundamente ya que la única manera de saber si quienes están sentados en el banquillo de los acusados son o no culpables penalmente de los hechos por los que se les acusa, es conocer la verdad de todo lo ocurrido desde el momento en que se produjo el accidente, y quiénes fueron los verdaderos responsables de la toma de decisiones que condujeron al reconocimiento erróneo de los fallecidos, víctimas de una cadena de desatinos y despropósitos que comienzan con la nefasta contratación de un avión inadecuado para ahorrar aparentemente costes, y que costó la pérdida de 62 vidas humanas.
Las declaraciones que hasta ahora conocemos de los acusados resultan patéticas. “Firmé sin saberlo porque estaba todo en turco“, como así declaró el General Vicente Navarro, es reflejo de una irresponsabilidad manifiesta que le descalifica como militar y como persona; afirmar que “..hubo cambios de saco, de número, de embalajes…”, es demostración de falta de sensibilidad. Pero no dejan de ser declaraciones de unos mandados que estaban presionados por sus jefes para resolver la situación cuanto antes, porque así lo exigía el ministro de defensa.
Si Don Federico Trillo, la máxima autoridad que daba las órdenes, fue consecuente con su peculiar doctrina sobre la persecución judicial frente a los irresponsables, debería de inmediato de autoinculparse, sentarse en el banquillo de los acusados, condenarse y retirarse de inmediato de la política activa. Pero como nunca ha demostrado tener vergüenza, se porta como un cobarde, permite que lapiden a subalternos de segundo nivel, y no saldrá de su madriguera hasta que se dicte sentencia, que me temo será absolutoria al no encontrarse en el banquillo de los acusados quienes deberían de ser condenados.
Leopoldo Gay, abogado de la “Asociación Familias Afectadas por el Yak“, ante la negativa de ser citados Aznar, Trillo y Bono, manifestó que “no hay interés en traer al juicio a personas con notoriedad“. Es evidente de que la Justicia no es igual para todos, y que quienes al final pagan los platos rotos son los mandados y no quienes dan órdenes. Vergonzoso pero cierto.
El juicio por el caso del Yak-42 se ha convertido en una farsa para cubrir las apariencias y simular que se hace Justicia. Y de ello son responsables no sólo el Juez que instruyó la causa, sino también el Ministerio Fiscal, el Tribunal encargado del enjuiciamiento, y en especial Don Javier Gómez Bermúdez, para quién resulta secundario e irrelevante conocer la verdad.
El Partido Popular “lucha” contra la corrupción, y lo hace sin atajos y con tolerancia cero. Para ello aplica todo su esfuerzo en denunciar, desacreditar y desprestigiar a quienes osan poner en duda su honestidad (denunciantes, jueces, fiscal,y algún que otro sastre). Al menos eso es lo que parece deducirse de la viñeta de Álvaro Noguera.
Parece que hasta ahora el “método” para ocultar sus corrupciones y corruptelas les ha ido bien, y de su aplicación se ha encargado desde siempre el histórico Fedérico Trillo, como así denunciaba El País en un excelente artículo publicado el pasado domingo, bajo el título “Trillo dispara de nuevo al pianista“, de recomendada lectura. Lo curioso es que el señor Trillo parece ser honrado (al menos eso es lo que afirma el sastre de Camps, José Tomás), pero se ha convertido en un mentiroso compulsivo para defender las indecencias de los suyos. ¿Qué obtiene a cambio?; poder, protagonismo, y continuísmo en la política, aunque sea a cualquier precio.
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Hace unas horas se ha conocido el contenido de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por la que se condena al general Vicente Carlos Navarro Ruiz a tres años de prisión por el caso Yak-42 como autor de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones,; y al resto de los acusados como cómplices del mismo a una pena a cada uno de ellos de un año y seis meses de prisión. La sentencia, de adquirir firmeza, motivará el ingreso en prisión del general Navarro, si bien el resto de los acusados obtendrán la suspensión de la condena al no superar dos años de prisión.
