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Estado policial

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Si ahora nos quejamos de que las libertades ciudadanas están siendo perseguidas por el gobierno de Mariano Rajoy, qué diremos cuando se vean las consecuencias reales de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada con el exclusivo apoyo del PP. Muy pronto los desahucios, que a diario se llevan a cabo por parte de los bancos contra personas que están sufriendo la marginación social por culpa de la crisis, ya no serán noticia, porque nadie se atreverá a protestar o tratar de impedir que se ejecuten, por miedo a que les impongan una multa millonaria; ni se podrá salir a la calle en protesta espontánea contra las injusticias sociales y laborales que a diario se cometen, para evitar una dura sanción; y mucho cuidado con el contenido de las pancartas que se exhiban en una manifestación legal, no sea que ofendan a nuestras autoridades y apliquen la conocida como “ley mordaza”.

Ni en los últimos años de la dictadura franquista se impuso una ley tan represiva como la aprobada la pasada semana. Pero esta situación no ha llegado sola, y son culpables muchos de los que ahora protestan. Dar el poder absoluto a un partido con convicciones ideológicas antidemocráticas tiene su precio, y ahora lo pagaremos todos, menos ellos; quedarse en casa, como hacen la mayoría de los ciudadanos, sin evidenciar una oposición a los abusos de poder que se están produciendo, les envalentona aún más para humillarnos. Lo que no entiendo es cómo nuestra sociedad, salvo puntuales excepciones, puede permitir esto, a no ser que estemos conformes con la represión ideológica y la pérdida de derechos consagrados en nuestra Constitución.

A partir de ahora los atropellos policiales podrán cometerse con absoluta impunidad, y ya no habrá una foto ni un vídeo tomado por un honrado ciudadano que permita conocer la verdad, para que se haga justicia. Porque enfocar a un grupo de policías que puedan estar pegando una paliza a alguien en plena vía pública, y de esto tenemos algunos ejemplos muy clamorosos en los últimos tiempos, está sancionado con multas muy cuantiosas. Sin embargo podrás acudir a un juicio si has sido testigo de un abuso de autoridad, pero en este momento descubrirás que, por ley, la palabra del funcionario de policía vale más que la tuya. Hasta tiene más valor la palabra del guardia civil detenido por pertenecer al Frente Atlético, que la nuestra.

Mientras desayuno, en el mismo diario, leo en la prensa que varios trabajadores de Arcelor Mittal pueden ser condenados a cinco años de prisión por disturbios producidos durante una protesta laboral. Paso la página y me entero de que un tal Rato, que nos engañó a todos cuando presidía Bankia, lo que ha supuesto desembolsar miles de millones de euros procedentes de nuestros bolsillos,  goza de plena libertad, y hasta se permite el lujo de viajar a Suiza con frecuencia, “no sabemos a qué”, dado que ni siquiera se le ha retenido el pasaporte. ¿En qué hemos convertido nuestro país?; en una vergüenza nacional, para sonrojo de propios y extraños.

¿Y qué dicen los jueces a todos esto?. Muchos no se atreven a actuar, otros ya hacen bastante con perseguir  con escasez de medios la corrupción  de quienes nos gobiernan, pero a partir de ahora quedarán anulados por ley para intervenir en todo cuanto se regula en la Ley de Seguridad Ciudadana, dado que el control de las infracciones lo tendrá la propia administración, que se convertirá en juez y parte, dejando a los ciudadanos en una completa indefensión. Y todo esto lo hacen quienes por la mañana defienden la Constitución y por la tarde la vulneran.

La calle ya no es de los ciudadanos, porque hemos dejado que otros se apoderen de nuestro espacio;  pero al menos nos queda la palabra,  que debemos de usar para defender nuestros derechos y denunciar las injusticias antes de que nos corten también la lengua, que a buen seguro lo intentarán; que nadie lo dude.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24)

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13M: “yo también estuve allí”

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A mi nunca me ha entrevistado un secretario general de un partido político“. Con estas palabras comenzaba la intervención de Iñaki Gabilondo cuando era entrevistado por Pablo Iglesias, para La Tuerka. Y lo que constituyó un encuentro de enorme contenido de dos personajes de primera línea, representativos de dos generaciones muy distintas, confrontando y enfrentando posiciones sobre el análisis del pasado y las predicciones del futuro inmediato de nuestro país, la mayoría de los medios de comunicación lo resumen destacando un mero dato anécdotico, como es el secreto revelado por Pablo Iglesias, de que el famoso SMS  que motivó una protesta multitudinaria frente a la sede central del PP tras el 11M, se gestó en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense.

Pero ya que los medios han decidido rememorar lo ocurrido el 13M de 2004, no estaría de más recordar que su origen está motivado por las manipuladoras mentiras del último gobierno de Aznar que, después de haber apoyado la guerra de Irak, por motivos exclusivamente electorales, pretendió desviar la atención de la autoría de la masacre del 11M hacia ETA, cuando las primeras sospechas ya apuntaban a que el sangriento atentado era obra de Al Qaeda.

Aznar, con la  directa colaboración activa del por entonces Ministro del Interior, Angel Acebes, pretendieron celebrar durante  el día de reflexión un gran acto electoral para reforzar al ya endeble candidato a la presidencia del  Gobierno, Mariano Rajoy, pretendiendo vender una gran mentira al pueblo español; y los ciudadanos nos limitamos  a reaccionar masivamente, para evitar que saliese triunfante el último engaño de un personaje repulsivo, como lo era y lo es, un tal Jose María Aznar.

Pero los intentos de manipular los hechos y cambiar la historia del país no se limitaron a mentir a los españoles, a los que el propio Angel Acebes insultó llamándoles miserables por no apoyar las consignas del gobierno, sino que fueron mucho más allá cuando trataron de forzar a los directores de los medios de comunicación escritos para que cambiasen los titulares de cabecera de sus periódicos, se transmitió la orden a todos embajadores de España en el extranjero para que difundiesen que había sido ETA la autora del atentado del 11M,  e igual mensaje trataron de imponer -en vano- a la propia Organización de Naciones Unidas.

Pudo contribuir Pablo Iglesias, a través del SMS salido de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, al éxito de la movilización ciudadana, pero lo cierto es que las concentraciones de protesta que tuvieron lugar el 13M en cientos de ciudades españolas, motivadas por el hartazgo de mantener una mentira, a sabiendas de que lo era, tuvieron un carácter más espontáneo. Sin ir más lejos la celebrada en Gijón, en la que participé personalmente, no tuvo ningún SMS convocante; simplemente los cientos de gijoneses que asistimos, nos dirigimos a las 8 de la tarde a la plaza del Instituto, por ser aquél lugar y aquélla hora en la que se habían celebrado las protestas contra la guerra de Irak. Fue algo así como un acto de telepatia colectiva.

Por eso escuchar de miembros del gobierno y dirigentes del PP una versión sesgada y diferente a la verdad, es una demostración más de que nuestra derecha nos miente y nos trata de manipular siempre, incluso para tergiversar la historia que casi todos recordamos. Resultando patético escuchar a Jorge Fernández Díaz, actual Ministro del Interior, afirmando que las concentraciones del 13M fueron ilegales, cuando decenas de jueces se encargaron de decir lo contrario, archivando una por una todas las denuncias interpuestas por el PP contra asistentes a las mismas, A quienes les imputaban la comisión de un delito electoral. Recuerdo, por haber intervenido como abogado defensor de algunos de los denunciados, que la última en sobreseerse fue precisamente la tramitada en Gijón.

Ahora que lo pienso, el dato anecdótico comentado por Pablo Iglesias, al menos ha servido para recordar un desagradable capítulo de nuestro pasado reciente, y evitar que se manipule una vez más la historia de nuestro país, precisamente por los mismos que están destruyendo ahora nuestros derechos ciudadanos, pero no nuestro orgullo y dignidad, que aún Podemos defender con la palabra y la verdad.

(Publicado en elplural.com)


La “ley mordaza”, un paso atrás en nuestra débil democracia

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Si hace 48 horas el Gobierno, a través del Consejo General del Poder Judicial,  daba un golpe mortal a nuestro Estado de Derecho, al atacar directamente la independencia de los jueces,  inhabilitando “de facto” al juez Ruz para que pueda finalizar la instrucción del “caso Gürtel”; en el día de ayer, con la aprobación definitiva de la “ley mordaza” en el Congreso de los Diputados, se consumó un ataque directo a derechos fundamentales, al limitar los derechos de manifestación y de reunión, con la fijación de multas de cuantías desorbitadas, las que, sin intervención judicial previa,  se podrán imponer en vía administrativa a quien ose transgredir una norma legal propia de un régimen autoritario, que nos recuerda a los tiempos de la dictadura franquista, que creíamos ya superados.

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana es claramente inconstitucional. El problema es que interponer un recurso contra la misma ante el Tribunal Constitucional puede resultar frustrante desde el momento que sus magistrados carecen de la independencia necesaria al haber sido nombrados por los partidos de la casta, a los que deben rendir pleitesía y obediencia; y podría ser incluso contraproducente, ya que corremos el riesgo de que una interpretación involutiva la respaldase, consagrando definitivamente la limitación de los derechos fundamentales que incluye nuestra Carta Magna.

Hay muchas maneras de convertir una sistema democrático en un régimen totalitario. El método más eficaz y rápido es del golpe de estado; pero cuando éste resulta inviable o poco estético, en  cuatro años de gobierno con mayoría absoluta de un partido ultraconservador, se puede conseguir el mismo objetivo. Y en la práctica los derechos democráticos están quedando  en nada, o en muy poca cosa.

El Gobierno del PP ha conseguido en tres años acabar con la independencia de los medios de comunicación públicos, controlar los privados imponiendo cambios en la dirección de los que no les siguen sus consignas, colocar los cimientos para acabar con la enseñanza pública, potenciar la sanidad privada en perjuicio de la pública, acabar con la independencia judicial expulsando a los que no les son afines, imponer las decisiones del Tribunal Constitucional a través de sus fieles magistrados, potenciar la desigualdad social margjnando a las personas más débiles, derogar por la vía del estrangulamiento presupuestario la Ley de Dependencia, favorecer los intereses de los bancos y las grandes empresas; y así podríamos seguir indefinidamente. Y, como les parecía poco, limitan ahora los derechos de reunión y manifestación con una ley claramente coactiva y retrógrada.

El próximo año será vital para desalojar del poder a una derecha reaccionaria, que puede acabar con nuestra democracia. Pero debemos ser firmes en nuestras decisiones para cambiar el futuro, y no dejarnos engañar por la multitud de embustes, mentiras y manipulaciones que surgirán del gobierno y del partido que lo sustenta en los próximos meses.  Tendremos que demostrar que nuestra democracia es recuperable, y somos mayores para cuidarla, respetarla y fomentarla; solo así conseguiremos que lo que está ocurriendo ahora lo veamos como una mala pesadilla.

Por cierto cuando cambien las cosas, y cambiarán dentro de un año, una de las primeras misiones será derogar la denominada “ley mordaza”, para recuperar nuestras libertades. Se puede hacer en muy pocos días, y sin pérdida de tiempo, si existe verdadera voluntad política. Entre todos Podemos.

(Publicado en elplural).


El PP y el Gobierno de Rajoy se cargan definitivamente el Estado de Derecho

Sin una justicia  independiente del poder ejecutivo, que actúe con plena autonomía, el Estado de Derecho se convierte en una falacia más de un sistema democrático que vive una crisis profunda. Que un gobierno, a través de organismos interpuestos, en este caso el Consejo General del Poder Judicial, pueda apartar de sus cargos a jueces que le son molestos, por investigar las indecencias del partido que lo mantiene en el poder, resulta toda una escandalosa desvergüenza, inimaginable en una democracia consolidada. Primero se cargaron a Baltasar Garzón, inhabilitándolo de por vida; le siguió Elpidio Silva por encarcelar a Blesa por el caso Bankia; y ahora aniquilan al juez Ruz, poniendo fecha de caducidad a las causas que instruye en su contra.

Aparentemente no le diseccionan el cuello, hasta el punto de que le permiten continuar hasta marzo al frente del juzgado de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, y continuar después instruyendo la causa del “caso Gürtel”, si así lo solicita. Pero esa es la “versión para niños”, en palabras de Iñaki Gabilondo, dado que esa autorización  tiene trampa, ya que al convertirse en juez de apoyo del magistrado al que le adjudiquen la plaza, perderá la capacidad para tomar decisiones de forma autónoma y sus resoluciones precisarán el visto bueno de su superior, que es tanto como cortarle la cabeza.

Con esta maniobra, Mariano Rajoy y su pandilla de impresentables quedan inhabilitados de por vida para gobernar un país decente, porque representan lo peor de una sociedad en crisis, ahogada por la falta de escrúpulos de sus políticos. Hay muchas formas de acabar con la corrupción, entre ellas enterrándola para siempre; y ésta, y no otra, es la intención de nuestro actual Gobierno, al liquidarse al juez que les puede llevar a la cárcel.

El juez Ruz, aislado en su despacho y sin medios para investigar, lleva años realizando un ímprobo trabajo que muy pocos podrían soportar, sufriendo constantes ataques a su independencia, e ininterrumpidas zancadillas para que su instrucción no pueda llevarse a buen fin: En la sede del PP se destruyeron discos duros con  información relevante, y lo que constituía una clara conducta delictiva, otro juez más dócil se encargo de no perseguirla; el Partido Popular ocultó deliberadamente al  instructor información documental de interés directamente relacionada con la rehabilitación con dinero negro de su sede de Genova, hasta el punto de que el juez Ruz se vio obligado a llevar acabo un registro en la sede central del partido que nos gobierna; y así podríamos continuar con otros ejemplos. Y ahora, como no han podido pararle los pies, deciden practicar su muerte lenta, hasta dejarle sin respiración.

Mariano Rajoy, el gobierno que preside y el Partido Popular que lo sustenta, han quedado inhabilitados de por vida para luchar contra la depravación del sistema, porque ellos representan la corrupción, al degradar hasta limites inimaginables nuestro sistema democrático. Son capaces de todo, con tal de salir airosos e indemnes de la podredumbre en la que están inmersos;  solo les preocupa mantener el poder para seguir utilizándolo en su provecho y en beneficio directo de sus amigos más cercanos. Por cierto hace unas horas el PP votaba en bloque para impedir comisiones de investigación para conocer el alcance de la corrupción y de lo ocurrido en el caso Bankia; y ahora que nos digan que están dispuestos a tomar medidas para perseguir la corrupción.

Pese a todo, intuyo que el juez Ruz, un magistrado discreto e incansable en su trabajo, les tiene preparada alguna sorpresa desagradable, que puede llegar antes del mes de marzo. Y hasta entonces les tendrá muy nerviosos y cometerán errores. Ojala sea cierto, y podamos acabar definitivamente con esa banda de indeseables.

(publicado en elplural.com)


Por un proceso constituyente

La presidenta del Gobierno de Aragón, Luis Fernanda Rudi; el presidente de la Generalitat de Valenciana, Alberto Fabra; el presidente de la Región de Murcia,Alberto Garrre; el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; la vicepresidenta del Gobierno,Soraya Saénz de Santamaría; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y el presidente del Tribunal Constitucional,Francisco Pérez de los Cobos (izquierda a derecha y de arriba a abajo), durante el acto conmemorativo del 36 aniversario de la Constitución, hoy en el Congreso de los Diputados. EFE

Son el pasado, aunque se crean el presente, y no tienen futuro

Hoy nuestra Carta Magna cumple treinta y seis años de edad, la suficiente como para poder afirmar que una mayoría importante de los españoles no tuvieron la ocasión de votarla, y ni tan siquiera se les ha dado la oportunidad de refrendarla. La Constitución de 1978 fue un texto forzado por las circunstancias, en una coyuntura de cambio entre una dictadura y la llegada de la democracia a nuestro país, en cuya redacción participaron advenedizos llegados de un régimen dictatorial. Era una Constitución para salir del paso, con fecha de caducidad, asumible hasta que se produjese una consolidación definitiva de la democracia, que parece no llega nunca.

El tiempo nos ha permitido saber que ha servido para algunas cosas, y que ha quedado coja,  a medio construir e incompleta en otras. Y ahora ya es hora de decidir si la retocamos o comenzamos de cero para construir una nueva Carta Magna adaptada a los nuevos tiempos y a las nuevas generaciones. El viejo edificio tiene goteras, sus pilares se tambalean, y la calefacción -y esto no es ninguna metáfora-  ya no llega a todos; y es  el momento de dilucidar si lo derribamos para construir otro, más moderno y eficaz, en el mismo solar, o nos dedicamos a hacer algunas chapuzas para tapar agujeros, y así salir del paso.

Llevamos años escuchando de los políticos de siempre, de esos que viven en otro mundo y no se han enterado de que los años pasan para todos, afirmar que es preciso hacer cambios en la Constitución, para después decir que “no es el momento”. Pertenecen a los mismos partidos que fueron capaces de cambiar, sin preguntar a nadie, el artículo 135, con el único objetivo de dar prioridad al pago de la deuda por delante de las necesidades vitales de los ciudadanos; y desde entonces han conseguido que los ricos sean más ricos y los especuladores financieros tengan garantizados sus beneficios, a costa de crear unos índices de pobreza inimaginables en un país lo suficientemente rico como para que todos podamos vivir dignamente. Y con esa modificaciòn constitucional, realizada con nocturnidad y alevosía, hemos conseguido ser pioneros en Europa en desnutrición infantil, que a eso de ser los primeros en algo no nos gana nadie.

¿De qué nos sirve tener una Constitución que establece en su articulo 47 el derecho de todos los españoles a a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, si estamos viendo cómo cientos de miles de familias pierden la suya afectadas directamente por ser víctimas de una crisis económica de la que no son responsables, a costa de que las recuperen los bancos que la han motivado con sus delirios de grandeza?

¿Para qué queremos que se diga en el artículo 14  que todos somos iguales ante la ley, cuando hemos construido una justicia para ricos y otra para pobres, y más de diez mil intocables gozan del derecho al aforamiento, que en los últimos años les ha servido de escudo para disfrutar de una vergonzosa impunidad ante la corrupción?

¿Por qué no blindamos el derecho en nuestra Carta Magna el derecho a una sanidad pública, universal y gratuita, que hubiese impedido los recortes salvajes que se han llevado a cabo en los últimos años,  que están poniendo en peligro el estado de salud y la integridad física de muchos ciudadanos?

Y así podríamos seguir con ejemplos claros que demuestran que nuestra Constitución ha fracasado en muchos aspectos, no se ha desarrollado debidamente en otros, y ha dejado de incluir derechos que merecen una protección especial. Los antisistema no son quienes proponen una nueva Carta Magna, sino quienes son incapaces de reconocer sus fracasos y no admiten que es una exigencia de los nuevos tiempos.

Si hubiesemos afrontado la crisis económica con una Constitución diferente, que defendiese de verdad los derechos y la dignidad de los ciudadanos, nuestra actual situación social sería muy distinta, porque hubiese sido diferente la manera de enfrentarla. Quizás ahora los ricos seguirían siendo ricos, pero no tanto,  la pobreza y la marginación social no se hubiese extendido por el país como la espuma, y veríamos  el futuro con más esperanza para todos. Las cosas pueden hacerse de otra manera, y ha llegado el momento de ponerse a trabajar.

(Publicado en elplural)


Ridícula persecución a Íñigo Errejón

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En una época en la que las nuevas tecnologías han permitido que millones de ciudadanos  puedan trabajar desde cualquier parte del mundo con plena eficacia, sin perjuicio del lugar en dónde se ubique físicamente la sede de la empresa u organismo para el que prestar los servicios, resulta ridículo y absurdo que a Iñigo Errejón se le suspenda provisionalmente de empleo y sueldo, por no sentarse durante ocho horas en el pupitre de la Universidad de Málaga; y no haber comunicado por escrito, pero sí verbalmente, que lo haría a distancia, al disponer de la autorización expresa de su supervisor.

Se comenta, y nadie duda de que sea cierto, que son insoportables las presiones  que las autoridades de la Universidad de Málaga  está recibiendo de destacados miembros de la Junta de Andalucía, de la que dependen económicamente, presidida por la que a su vez es presidenta del partido socialista, que ya tuvo ocasión de intervenir personalmente en este asunto. Susana Díaz debería de emplear mejor su tiempo y dedicarse a acabar con el paro y la pobreza en Andalucía, perseguir con el mismo vigor a los centenares de corruptos y ladrones de guante blanco integrados en su partido, y abrir una investigación en profundidad para saber a dónde iban a parar los millones de euros destinados a los cursos de formación, entre otras cosas porque es dinero público, y es preciso saber en qué bolsillos se quedó.

Es llamativo que los medios de comunicación controlados por los partidos de la casta, que son casi todos, se plieguen a los intereses de PP/PSOE, y destaquen como noticia de portada algo que es un tema menor, circunscrito a un expediente administrativo aún  pendiente de resolverse definitivamente. No olvidemos que tanto El País como El Mundo, en una situación económica crítica, han permitido que el Gobierno de Rajoy cambie a sus directores, bajo la amenaza de que en otro caso no les dejarán respirar; en otras palabras, han vendido sus editoriales al partido de la corrupción por un puñado de lentejas, y ahora tienen que pagar los favores.

Lo que preocupa en el expediente abierto a Iñigo Errejón son las formas y no el fondo. Porque no se cuestiona que hubiese realizado su trabajo, que eso es lo importante, sino en dónde lo desarrolló. Y todo se ha hecho en un tiempo record e inusual, a sabiendas de que ya había comunicado, y por escrito, que cesaría el próximo 15 de diciembre, por no disponer de tiempo para llevarlo a cabo ante su nuevo nombramiento en la dirección de Podemos. Era necesario resolver los trámites iniciales del expediente antes de dicha fecha, ya que después no tendría sentido suspenderlo de un empleo que ya no tenía, y ya no sería noticia.

Si toda la munición que tienen contra Podemos es ésta, no convencerán a nadie,  y su persecución implacable y ridícula producirá el efecto contrario al perseguido. Los partidos de la casta siguen sin enterarse de nada, han perdido su capacidad para regenerarse, continúan utilizando métodos indecorosos para perseguir a sus enemigos políticos, y muy pronto serán historia. Podemos es el futuro por  mucho que se empeñen en ignorarlo. Cerrar los ojos ante la evidencia es una forma de morir políticamente, y van camino de conseguirlo.

(Publicado en elplural)


La violencia en el fútbol y la coleta de Cristina Cifuentes

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Este domingo hemos  asistido a un espectáculo bochornoso que culminó con la muerte de un ser humano, lanzado al Manzanares después de sufrir una brutal paliza, en el transcurso de un violento enfrentamiento entre hooligans del Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña. Ahora muchos, y en especial las autoridades, los dirigentes de los grandes clubes, y la propia Liga de Fútbol Profesional, se lavarán las manos y nos anunciarán medidas para que esto no vuelva a suceder; y otra vez vuelta a empezar, como si lo ocurrido fuese un hecho no previsible en un partido de alto riesgo, calificado erróneamente de riesgo bajo.

Desde que el fútbol dejó de ser un deporte para convertirse en un negocio puro y duro, y lo único que cuenta es el dinero que unos pocos ganan a costa de que otros muchos vacíen sus bolsillos, lo sucedido este pasado domingo forma parte de lo posible. Los dueños de los clubes llevan fomentando desde hace décadas la existencia de pequeños grupos de extremistas descerebrados, que nacen y crecen alrededor de los colores de una camiseta, y que les sirven para jalear a sus jugadores un domingo sí y otro también. Dan dinero, porque dan agitación, y se han convertido en animadores del espectáculo. Los conocen por sus nombres y apellidos, y hasta tienen estudiado su índice de peligrosidad; pero compensa tenerlos entre sus seguidores más fieles, porque son rentables.

Pero, ¿dónde estaba Cristina Cifuentes  cuando estos hechos ocurrieron?. La última vez que se le vió, fue haciendo campaña electoral a la alcaldía de Madrid en la noche del sábado en el programa “Un Tiempo Nuevo”, de Telecinco, afirmando que Pedro Sánchez se estaba dejando coleta, y presumiendo que la suya era más larga que la de Pablo Iglesias.

La Delegada del Gobierno, que tan “eficaz” es  en  la lucha para reprimir a los indignados, a los que se oponen a los desahucios,  y a los que políticamente no piensan como ella, en vez de estar pensando en su futuro político, tenía que haber previsto que esto podía suceder en un partido de alto riesgo, y tomar las medidas preventivas adecuadas. Pero no pudo hacerlo porque estaba en otras cosas, y no se enteró ya que,  según se comenta, el enfrentamiento  se convocó por WhatsApp. Parece ser que sus informadores son incapaces de acceder con eficacia a las convocatorias que se difunden a través de las nuevas tecnologías; aunque esto es normal que suceda  en un país de pandereta, en donde el “pequeño Nicolás” es uno de sus principales protagonistas.

Cristina Cifuentes, la máxima responsable de la seguridad ciudadana de la Comunidad de Madrid, ha fallado estrepitosamente, y esto se le tiene que apuntar en su debe. Aunque sabrá superar este nuevo borrón con su capacidad de cinismo, que la tiene, y muy sobrada. Me dan pavor los progres de derechas, de lo que ella presume; porque  esconden una ideología ultraconservadora y represora. ¿Os acordáis de Gallardón?, Pues intuyo que son parecidos, con dos caras, y es mejor enterarse a tiempo.

Por cierto, el partido se celebró,  con un cadáver en la mente de sus responsables indirectos. Lo importante es el negocio. Qué vergüenza.

(Publicado en elplural.com)


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