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Con lo vergonzoso que puede resultar para un político recibir regalos “a medida”, sea o no delito, los trajes parecen quedarse pequeños, y por mucho que Ricardo Costa se afane en usar cuellos “desahogados”, la camisa ya no le llega al cuerpo. La noticia ya está en las primeras páginas de los periódicos, y la denuncia pública de la corrupción generalizada del PP valenciano y el descubrimiento de su financiación ilegal parece imparable. De nada sirven que se afanen en negar la evidencia y anunciar querellas contra todo aquel que ose poner en duda su honradez, la información publicada en El País en capítulos es demoledora, y a cada amenaza de los conservadores se responde con otra andanada de información que desvirtúa los desmentidos del día anterior. Y quién niegue que el informe de la policía nada tiene que ver con los regalos se equivoca; lo que ahora se conoce, es la causa o motivo que los justifica, y demuestra la existencia de un cohecho.
Si el Consejo General del Poder Judicial quiere preservar a la Administración de Justicia de un descrédito generalizado de los jueces de este país, debe de actuar de inmediato. La actuación de los miembros de la Sala Penal del Tribunal de Justicia de Valencia, y en especial de la de su Presidente Juan Luis de la Rúa, huele a podrido, y de ser cierto cuanto se ha conocido en los últimos días, no les servirán los tecnicismos para justificar “sus resoluciones” y sus responsabilidades podrían ser perseguibles incluso por la vía criminal. Sí un juez tiene en sus manos un informe policial que acredita la existencia de unas conductas delictivas, debe de perseguirlas de inmediato o remitirlas a quién proceda y al Ministerio Fiscal para que actúe en consecuencia, y no limitarse a devolver el documento a su remitente; ¿se imaginan a un bombero que se niega a apagar un fuego porque no le consta la llamada de aviso?, pues algo parecido está ocurriendo con estos impresentables que están desprestigiando a su colectivo.
La disculpa de las últimas horas de que la contabilidad del PP valenciano está en orden al haber sido auditada por el Tribunal de Cuentas, resulta ridícula y pueril; a nadie en su sano juicio se le ocurriría presentar para su control la doble contabilidad, incluyendo el dinero negro y las facturas dobles. Pero no estaría de más preguntarnos quién ha nombrado al Tribunal de Cuentas valenciano; es posible que nos pudiésemos llevar alguna sorpresa.
Don Mariano, defensor “incondicional” de Camps, se encuentra en la cuerda floja, y ya nadie tiene ahora la menor duda de que estaba enterado de todo lo que se cocía en Valencia. Pero quizás su mayor preocupación se encuentre en su despacho de la calle Génova, aquel que continúa ocupando Luis Bárcenas, el tesorero “suspendido” del PP, y en el que presumiblemente se organizó la financiación ilegal del partido a escala nacional. No nos olvidemos que en Valencia se descubrió en 1989 el “Caso Naseiro”, vergonzosamente archivado por el Tribunal Supremo al no admitir como pruebas las grabaciones que acreditaban la financiación ilegal del PP, de lo que sabe mucho Alberto Ruíz Gallardón -por entonces Secretario General del PP-, y en el que estaba directamente implicado Eduardo Zaplana, quién en agradecimiento a los “servicios prestados” ha conseguido mutiplicar por diez sus ingresos retirándose como consejero de Telefónica.
Por cierto las escuchas telefónicas de la policía no aparecen por generación espontánea, sino que se han obtenido con orden judicial, lo que acredita que las grabaciones no se realizaron por iniciativa de la propia policía o del ministro Rubalcaba, sino que forman parte de una investigación autorizada por la justicia, ante las fundadas sospechas de que algo muy sucio con el dinero se estaba cocinando en la Comunidad Valenciana, tan proclive a la corrupción sin sonrojo y con sonrisa “profidén”; no en vano allí reside Carlos Fabra, el “padrino” político de muchos de sus dirigentes, que “pone la mano en el fuego” por la inocencia de los suyos.
El tema de la corrupción masiva del PP valenciano sube enteros, y cada vez resulta más interesante conocer sus entresijos para saber hasta donde pueden llegar los políticos que quieren “ilusionarnos” con sus promesas. ¿Conseguirán salir indemnes de las nuevas y gravísimas acusaciones?; es muy posible que no, en su caída libre les acompañarán muchos de los suyos, y para entonces ya no habrá paracaídas para todos, y es muy posible que ni tan siquiera para Rajoy.
Nota: (La foto del encabezamiento fue tomada el pasado domingo 27/9/2009 desde la Senda del Cervigón, en La Providencia, de Gijón).
El problema se antoja laberíntico para un profano; subir, mantener o bajar los impuestos son decisiones políticas complejas que requieren un conocimiento muy profundo del estado actual de nuestros ingresos, para saber si son suficientes para cubrir los gastos necesarios e imprescindibles. Frivolizar con un tema tan delicado es un ejercicio de irresponsabilidad, y denota la escasa catadura moral de aquellos que pretenden obtener votos a costa de ser ligeros en el lenguaje.
La sensatez debería de imponerse en nuestros políticos, pero ya sabemos que resultará imposible un consenso para salir de la crisis económica. Vivimos en un país en donde siempre se está en campaña electoral, y la cordura parece ser una cualidad poco común en quienes nos gobiernan o aspiran a conseguir el poder a medio plazo. El fin justifica los medios, y estos no son precisamente los adecuados para resolver nuestros problemas, sino que van orientados a conseguir una victoria electoral, lo que parece decir poco bueno de nuestros gobernantes o de quienes aspiran a serlo. Los argumentos demagógicos de unos y otros se imponen, y el engaño a los electores es la forma habitual de comunicarse con quienes les encumbramos en el poder; poco gratificante para un sistema democrático, pero es lo que hay y no podemos aspirar a más.
Parece evidente que a la crisis económica mundial, de la que son responsables los especuladores financieros que se han enriquecido a costa de todos en las últimas décadas, se suma en nuestro país la crisis del ladrillo, de la que somos culpables todos por acción u omisión, y que ha sido la causa principal de la pérdida de empleo y del deterioro de nuestra economía. Solamente reconociendo culpas y con una actitud constructiva de futuro podremos salir de esta situación, y no parece que los políticos tengan un mínimo de decencia y de modestia para admitir las responsabilidades del pasado.
Lo que parece elemental es que ahora es preciso actuar, y hacerlo sin titubeos y sin complejos, y en especial sin pensar en los efectos negativos que puedan derivarse en las próximas elecciones. Parece evidente que un gobierno socialista debe de priorizar el mantenimiento del estado del bienestar y las políticas sociales, lo que supone un esfuerzo económico importante que es posible que no se pueda afrontar con los actuales ingresos, que han disminuido por debajo de lo previsto. Si esto es así, la subida de impuestos, aunque sea provisional y transitoria, resulta incuestionable, y debe de incidir en las clases pudientes, preservando el poder adquisitivo de la clase trabajadora, que ha sido la más afectada con la crisis económica.
Ya sabemos que la derecha preconiza la bajada de impuestos, aunque sea a costa de sacrificar las políticas sociales; y también defiende el despido libre para que la patronal puede sanear sus empresas, y así recuperar el nivel de ganancias a costa del sacrificio de sus asalariados. Pero en momentos de crisis es cuando se hace más visible la diferencia entre las políticas de izquierdas y de derechas, y los ciudadanos debemos decidir con quién estamos, con todas las consecuencias.
¿Subida de impuestos? Sí, de ser necesaria, pero con prudencia y moderación, y siempre que sea asumida por los que más tienen y no impida la recuperación económica. Es una buena manera de poner en práctica la solidaridad de todos con todos; algo que la derecha nunca entenderá.
El Partido Popular para tapar sus vergüenzas, que son muchas, muy sucias y se extienden como una pandemia descontrolada, ha tenido que acudir al victimismo, y no se les ha ocurrido nada mejor que acusar al Gobierno de “espionaje ilegal” y de instaurar un “estado policial” al estilo de la dictadura franquista, curiosamente la misma que muchos de sus dirigentes añoran, justifican y nunca condenan. Lo cierto es que se sienten atrapados y acorralados por el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y, como es habitual en ellos, acuden a poner en práctica la máxima de “la mejor defensa es un ataque”, inventándose con ello una nueva “conspiración” de la que se sienten víctimas “inocentes”.
Descarados, hipócritas y fariseos, aúnan sus esfuerzos demagógicos bajo la batuta de una nueva Cospedal, directora de la nueva orquesta conservadora, incapaz de interpretar una partitura que no esté plagada de notas musicales discordantes y desafiantes. Su objetivo es subir el tono político hasta cotas que silencien la cordura, la mesura y, en especial, la crítica a las actuaciones vergonzantes de decenas de presuntos delincuentes que militan en su propio partido.
Aunque la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, el conocimiento profundo de las mismas exige un mayor respeto, y por ello quien ostenta la condición de Abogada del Estado, como es el caso de María Dolores de Cospedal, debe de saber que cuando se imputa un delito con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad se comete un delito de calumnia, que conlleva penas de prisión, y del que sólo puede quedar exenta si prueba el hecho criminal que se imputa, en este caso al Gobierno. En política no vale todo, y quienes traspasan la raya de lo admisible, deben de responder de las consecuencias de sus actos. La justicia es igual para todos, al menos eso es lo que se afirma en nuestra Constitución, y ahora sería un buen momento para demostrarlo.
El PP, ya no me cabe la menor duda, es un nido de presuntos delincuentes, que aúnan sus esfuerzos para conseguir su objetivo final, el poder absoluto, que les permita la plena impunidad de sus fechorías, y no pararán hasta conseguirlo, sin que les duela para ello descalificar, injuriar, acusar y menospreciar a sus oponentes y a las instituciones del Estado. El “todo vale” es su consigna, y su involucionismo hacia épocas que creíamos ya superadas no tiene límites; sólo queda la esperanza de que los ciudadanos no nos dejemos engañar por esa pandilla de impresentables que tienen los bolsillos demasiado grandes como para que nos hagan creer que pueden volverse honrados.
No por esperado, deja de sorprendernos. Cuando Francisco Camps afirmaba que tan solo quedaban “…uno o dos escaloncitos…”, era consciente de que su íntimo amigo Juan Luis de la Rua tenía la solución para quedar impune, y no le faltaba razón; hoy se ha consumado el tan esperado archivo, y con ello el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ampara legalmente los regalos recibidos por Camps y compañía. Lo positivo para los hasta ahora imputados es que podrán seguir vistiéndose gratis a costa de una banda de corruptos cuando sus cabecillas salgan de la cárcel.
La Comunidad Valenciana está inmersa en una masiva corrupción: primero fueron los políticos, aceptando regalos: les siguieron sus votantes, que respaldaron mayoritariamente en las urnas sus deshonestas conductas; y ahora son algunos jueces quienes, capitaneados por un intimo amigo de Camps que no ha tenido la decencia de inhibirse, dan cobertura legal a las fechorías de una trama corrupta, que ha crecido y vencido con la complicidad de los altos dirigentes de la Comunidad Valenciana, al haber favorecido descaradamente a Correa y a sus secuaces sin “nada a cambio”, como así lo interpreta el alto tribunal.
En muy pocas ocasiones he podido comprobar como una instancia superior desautoriza con tanto descaro el Auto del juez instructor, que sí veía indicios suficientes como para sentar en el banquillo de los acusados a los políticos imputados. Aunque afortunadamente aún quedan “brotes verdes” para pensar que la decencia judicial aún puede salvarse; me estoy refiriendo, en concreto, al magistrado Juan Montero, que ha emitido un voto particular.
Lo peculiar del auto de archivo es el rechazo a los recursos de la acusación particular y del fiscal, que solicitaban que se continuase la investigación, cerrada en falso. Y más llamativo resulta que inicialmente se rechaza investigar la posible relación entre las adjudicaciones a la trama Correa y los regalos recibidos, posteriormente se desestima interesar la imputación de los donantes fundamentándose en que eran investigados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid; y cuando éste decide inhibirse y remite parte de la causa a Valencia, sin tan siquiera abrir los bultos remitidos con toda la documentación, y aprovechando que durante el mes de agosto más de la mitad de los españoles se están de vacaciones y el país se encuentra en “stand bye”, apresuradamente se habilitan días para emitir el auto de archivo, por ser el momento adecuado para minimizar las críticas a su decisión.
Pero recomiendo que nadie cante victoria, no sea que la Sala Segunda del Tribunal Superior decida admitir el recurso que contra el archivo pueda plantearse. Como decía Quinto Horacio Flaco, el principal poeta satírico en lengua latina fallecido hace 2017 años, “la justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera“, y aun queda un escaloncito más para que se dicte la resolución definitiva.
Francisco Camps ha pretendido exonerarse de sus responsabilidades penales con los votos obtenidos en las urnas por el PP, pero no contaba con el enjuiciamiento de su conducta delictiva por un jurado popular compuesto por nueve ciudadanos elegidos por sorteo entre quienes curiosamente son sus propios electores; serán los ciudadanos, como el quería, quienes le juzguen, pero no en las urnas sino en las dependencias judiciales. Y deberá sentarse en el banquillo de los acusados para defenderse de la acusación más indigna a la que puede estar sometido un político: admitir regalos por razón de su cargo.
El contenido del Auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en fecha 6 de julio pasado, por el que se acuerda el enjuiciamiento de Francisco Camps y otros por un supuesto delito de cohecho, transmite sensaciones dispares, ya que podría calificarse de benévolo, contradictorio, contundente y humillante al mismo tiempo.
Lo considero benévolo al exculpar a los acusados de un delito de prevaricación, al establecer que “…no existe constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas de vestir …. y los concretos actos de contratación realizados por las autoridades y funcionarios de cada uno de los concretos organismos de la Administración Autonómica Valenciana que decidieron su adjudicación a Orange Market S.L. ….”. Tal afirmación precisaría una investigación exhaustiva de cada una de las adjudicaciones efectuadas, que parece no haberse realizado -al menos no se dice- para establecer si hubo o no un trato de favor, al margen de su apariencia de legalidad. El juez instructor ha pasado de puntillas en este apartado, con la ley del mínimo esfuerzo, que consistió en citar en una mañana a 35 cargos públicos, en intervalos de 5 minutos, para que se ratificasen en la legalidad de su actuación.
Al mismo tiempo, y enlazando con su benevolencia, resulta contradictoria la inexistencia de relación causa-efecto entre los regalos y las adjudicaciones, por cuanto no oculta que Orange Market SL y el grupo de sociedades dirigidas y controladas desde Madrid por Francisco Correa, se encargaban de organizar desde el 2003 la práctica totalidad de los actos del PP en la Comunidad Valenciana -lo que motivó que Álvaro Pérez y Ricardo Costa entablasen una relación de amistad- y al mismo tiempo desde el 2005 a dichas sociedades “...le fueron adjudicados a esa sociedad por diferentes organismos de la Administración de la Generalidad Valenciana numerosos contratos de muy variado objeto…”. No puede considerar casual ni baladí esta sucesión de ellos, que por sospechosa exigiría una muy exhaustiva investigación del por qué de las adjudicaciones masivas.
El juez instructor parece querer salvar los trastos al PP, pero no corren la misma suerte Camps y compañía; y en este sentido la resolución es diáfana y contundente al afirmar que los hechos realizados con los regalos de los trajes han “..alcanzado el grado de realidad muy probable….”, al existir una “..razonable base documental para poder inferir que el pago fuer atendido, unas veces por una sociedad administrada por Álvaro Pérez (“Orange Market”) que obtenía con asiduidad la adjudicación de numerosos contratos por diferentes organismos de la Generalidad Valenciana y, otras, por algunas sociedades vinculadas con aquélla...”. Y la abundante prueba de cargo documental y testifical existente contrasta con la falta absoluta de prueba de descargo, por cuanto Francisco Camps en ningún momento ha podido acreditar que hubiese pagado sus trajes, ni siquiera en metálico.
Y al mismo tiempo la resolución dictada resulta humillante para Francisco Camps y compañía, no solamente por el hecho de que serán juzgados por un jurado, sino en especial porque ellos mismos con su nerviosismo se delataron en las numerosas conversaciones telefónicas que mantuvieron tras haber prestado declaración ante la Fiscalía el sastre José Tomás. De las grabaciones efectuadas, a la espera de que se hagan públicas en su momento y que se nos antojan explosivas, el juez instructor extrae las conclusiones de que “..su contenido evidencia la patente preocupación de todos ellos por lo ocurrido, su intranquilidad porque se descubra lo que esos hechos significan, su afán de reunirse por reunirse para buscar una salida y para explicarle luego al Sr. Costa cómo Pablo Crespo ha ideado un modo de “arreglarlo”, su prevención acerca de las precauciones que algunos de ellos debieran de adoptar desde ese momento, y su inquietud, en fin, por la trascendencia del hecho atendida la relevancia política de las personas implicadas..”. Tal parece que ellos mismos se han delatado, y sus conversaciones parecen haber servido al juez instructor para disipar cualquier duda.
Salvo una inesperada sorpresa, la contundencia de la resolución judicial hace inverosímil que un recurso de apelación frente a la misma prospere; por lo que parece inevitable que Francisco Camps tenga que sentarse en el banquillo de los acusados; y los hechos de los que se le acusa demuestran tal nivel de indignidad como persona que resultaría inexplicable que continuase en política, fuese cual fuese el resultado final. Lo que resulta inexplicable es que aún no haya dimitido.
Visto lo visto, y ante los vicios, corruptelas y corrupciones que con más vigor se están enquistando en nuestro sistema democrático, que están convirtiendo en normal lo perverso y despreciable, para evitar un mayor deterioro que puede convertirse en insalvable nuestra democracia requiere una urgente y profunda regeneración de ideas, valores y personas. No tengo la menor duda de que en España conviven cientos de miles de ciudadanos, con intachables valores éticos y morales, que están en condiciones de sustituir a nuestros actuales dirigentes y capacitados para hacerlo mejor, mucho mejor. No obstante el cambio no debe de ser traumático, y por eso requiere unos tiempos para incrustar en la política nuevos valores, y en especial nuevas personas.
Decía recientemente Emma Bonino que uno de los males del sistema democrático italiano, que ya viene de lejos, está en la profesionalización de los políticos; tiene razón y su crítica puede ser transplantable a España. En nuestro país son muy escasos los ejemplos de políticos que entiendan que su misión es un servicio público limitado en el tiempo y no una profesión para mantenerse indefinidamente. Por eso, sin sonrojo, políticos de uno y otro signo se perpetúan de por vida en sus cargos, y los que abandonan lo hacen “bien colocados”. Pero quizás lo más perverso es que con el tiempo se olvidan de que son meros administradores, y se sienten dueños de lo que es de todos, actuando con una prepotencia y arrogancia impropia de sus cargos.
Resulta curioso cómo los partidos son capaces de aprobar códigos éticos para regular y juzgar las conductas de sus opositores, e incapaces de aplicarlos en su propia casa. Y en su perversión de doble moral, interpretan el principio de presunción de inocencia a su antojo, sin darse cuenta de que un político bajo sospecha fundada debería de abandonar de inmediato su cargo público, sin que ello suponga ningún trauma para nadie, y por supuesto sin tener que esperar a que se dicte una condena penal. Pero son incapaces de comprender que “responsabilidad política” y “responsabilidad penal” son dos conceptos distintos y distantes.
Quizás el problema actual de nuestros políticos es que casi todos tienen algo que ocultar, y al convertirse en encubridores de los demás, se protegen colectivamente ante los ataques externos. Y ya sabemos que en tiempos de crisis, cuando escasea el dinero para tapar sus fechorías, muchos pueden quedar al desnudo.
En los últimos meses estamos asistimos a un deterioro democrático, instalandose en el todo vale mientras no se descubra; y es preciso poner freno a esta inaceptable situación. Zapatero tiene la oportunidad de hacerlo persiguiendo de forma implacable cualquier corruptela que se descubra en el seno de su partido, sin hacer distinciones en razón a la importancia del cargo que ocupa; Rajoy debería de hacer lo mismo, y debemos de confiar en que tarde o temprano reaccione, antes de que sea demasiado tarde.
Pero, conocida la doble moral histórica de la derecha, no tengo la menor duda de que la regeneración democrática comienza por la izquierda. Y los ciudadanos se lo agradecerán en las urnas.
Mientras nuestros políticos son incapaces de aunar esfuerzos para consensuar las medidas necesarias para superar la grave crisis económica que sufrimos, y a diario se enfrentan con debates estériles, PP y PSOE han sido capaces de ponerse de acuerdo para eliminar de nuestro ordenamiento jurídico los preceptos que permitían a nuestros jueces defender el “principio de justicia universal” y perseguir las violaciones de los derechos humanos. Una modificación del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial impedirá en el futuro que se puedan investigar en vía penal casos como las atrocidades de Pinochet en Chile, las desapariciones en Argentina durante el régimen de Videla, la violación de los derechos humanos en el Tibet, o el genocidio cometido recientemente en Gaza por parte de las autoridades de Israel. Las presiones diplomáticas se han impuesto a la defensa universal de los derechos humanos, y nuestro país decide homologarse con los Estados que miran para otro lado ante las vejaciones que sufren millones de ciudadanos. España ha dejado ya de ser diferente.
Las utopías hacen grandes a los países que las defienden, y envilecen a sus dirigentes cuando renuncian a ellas. Zapatero, que pretendía convertirse en el gran defensor de la paz mundial con su proyecto sobre la “Alianza de las Civilizaciones”, renuncia ahora a defender el “principio de justicia universal”, que permitía la investigación judicial por parte de nuestra Audiencia Nacional para perseguir la violación de los derechos humanos en otros países. Con este cambio de actitud, ya se somete definitivamente a las directrices de los más poderosos; y serán irrepetibles decisiones tales como la de enfrentarse a la política belicista de Bush con la salida de las tropas de Irak, por poner un ejemplo. Aznar se sometió ante Bush y Zapatero hace lo mismo ante Obama, por lo que nuestros presidentes de gobierno comienzan a parecerse por su capacidad de humillarse ante el más fuerte.
Es posible que con el próximo cambio legislativo en el futuro, la Audiencia Nacional tenga más tiempo y recursos para dedicarse a los temas domésticos. Pero con ello se anula la esperanza de muchos ciudadanos del mundo que veían nuestro país, a falta de un efectivo Tribunal Penal Internacional, como uno de los pocos lugares en donde podían perseguirse los delitos de genocidio y terrorismo cometidos en cualquier parte del mundo sin necesidad de que las víctimas fuesen españolas. Se comenta que los procedimientos actualmente en trámite no se verán afectados, ante la falta de retroactividad de la ley; no estoy muy de acuerdo, por cuanto en materia penal las leyes penales más beneficiosas sí tienen efectos retroactivos, y aunque nos estamos refiriendo a una normativa procesal y no sustantiva, parece obvio que la modificación legal beneficiará a quienes ahora son acusados por crímenes contra la humanidad.
¿Qué nos queda si somos capaces de renunciar a nuestros principios y convicciones para homologarnos y someternos al comportamiento rutinario de los más poderosos? No voté a Zapatero para que fuese uno más, sino en la creencia de que era distinto.
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Mientras nuestros políticos son incapaces de aunar esfuerzos para consensuar las medidas necesarias para superar la grave crisis económica que sufrimos, y a diario se enfrentan con debates estériles, PP y PSOE han sido capaces de ponerse de acuerdo para eliminar de nuestro ordenamiento jurídico los preceptos que permitían a nuestros jueces defender el “principio de justicia universal” y perseguir las violaciones de los derechos humanos. Una modificación del