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Efectos de la anulación de la justicia universal: asesinos, genocidas, y narcotraficantes, en libertad y sin cargos

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La dignidad de un país se mide por su capacidad para respetar y ser respetado en el orden internacional por sus hechos y actitudes singulares en defensa de los derechos humanos y el orden universal. Cuesta años de trabajo ganarla pero, como la honra, se puede perder de un día para otro, y se tarda décadas en restituirla.

Pero quien manda, manda. Llevamos años secuestrados por los mercados y los intereses económicos de los más poderosos, incluso de aquellos que practican la dictadura para imponer sus normas, y hemos aprendido con gran celeridad a hacer la genuflexión y agachar la cabeza ante ellos. Y en eso José María Aznar fue un precursor y un alumno destacado cuando nos hizo partícipes de la guerra de Irak por una foto, y poco más, convirtiéndonos en colaboradores innecesarios de un genocidio.

Para quienes pensamos que el dinero no hace un país, España tuvo unos años de gloria en el orden universal cuando decidió ampliar legalmente los límites de sus competencias para hacer justicia en todos los rincones del mundo, sabedora que la Corte Penal Internacional sólo vincula a los países que ratificaron el Estatuto de Roma, y obviamente EEUU y China no lo hicieron. Aún permanece en el recuerdo la época en la que el juez Garzón persiguió desde Madrid por todo el planeta al dictador Pinochet, y nuestro país era admirado y respetado fuera de nuestras fronteras por su dignidad en la defensa de los derechos humanos; pero eso eran otros tiempos, y ahora ya no nos queda ni juez ni norma legal que pudiese amparar sus decisiones.

Es indigno que un país, como China, en donde el respeto a los derechos humanos brilla por su ausencia, para conseguir la impunidad de su expresidente Jiang Zemin, acusado de genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad en el Tíbet,  con presiones económicas nos  imponga la derogación de una norma legal que acaba con la justicia universal en nuestro país. Hemos cedido al chantaje, y mediante una reforma express, de esas aquí te pilló aquí te mato, hemos renunciado a la defensa universal de los derechos humanos, nada mas y nada menos.

Ahora hemos comenzado a sufrir los efectos colaterales, y la pasada semana en menos de 72 horas 12 narcotraficantes detenidos recientemente por transportar grandes alijos de droga han sido puestos en libertad, en aplicación de la reforma legal llevada a cabo  por el gobierno del PP. Pero eso es lo de menos, dado que en el futuro no podremos actuar en aguas internacionales aunque sepamos que un barco transporta un gran cargamento de droga, salvo que tengamos la certeza de que son españoles y se dirigen a nuestro país. En la práctica hemos legalizado un corredor marítimo, lindando con nuestras aguas territoriales, para que los narcos de la droga puedan transportar la mercancía de forma segura. ¿Alguien se imagina lo que hubiese pasado si esto ocurre en la época de Zapatero?

En base a los argumentos que posibilitaron la imputación de Magdalena Álvarez, si la jueza Alaya fuese competente para tramitar una querella por prevaricación contra el Gobierno, a buen seguro preimputaría a Mariano Rajoy y a todos sus miembros por haber promovido una norma legal que posibilita la impunidad de asesinos, genocidas y narcotraficantes. Pero esto no deja de ser ciencia ficción.

¿Y qué dicen los ciudadanos a todo esto?. Nada, siguen en el limbo, y muchos preparan sus maletas para disfrutar sus vacaciones de Semana Santa. La defensa de los derechos humanos parece no ser una preocupación prioritaria.

(Publicado en elplural.com)

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El silencio de los corderos

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La versión española de “El silencio de los corderos” no es una película de ficción, sino la constatación del canibalismo del PP de llevarse por delante todo lo que sea molesto o incómodo para sus fines, incluyendo instituciones, medios de comunicación y personas. La falta de escrúpulos de nuestros actuales gobernantes es de tal magnitud, que ha desbordado cualquier previsión de acontecimientos posibles propiciados por una mayoría absoluta, que ha sido lograda con mentiras y engaños, lo que cuestiona su legitimidad. Vivimos en una democracia trampa en donde se pretenden manipular cada día nuestras conciencias, y cuando la paciencia de los ciudadanos se agote todo esto puede acabar muy mal.

Los ciudadanos, atemorizados por una crisis económica propiciada deliberadamente por un neoliberalismo destructor de derechos y libertades, se han convertido en unos dóciles corderos, que temen perder más si se rebelan contra el poder; y éste, para controlar a los díscolos, está montando un sistema represor que puede acabar definitivamente con nuestra democracia.

El poder propiciado por una mayoría absoluta se ha transformado en un sistema neofascista que lamina todo lo que encuentra a su paso. Y lo lamentable es que el miedo se ha introducido en las propias entrañas de los partidos de la oposición, que mantienen un sospechoso silencio que suena a complicidad. Y es que nuestra democracia ha sido construida por unos profesionales de la política, que han decidido nacer, crecer y morir en el inmovilismo de sus lucrativos sillones, y que arriesgan muy poco en la defensa de los derechos y libertades de quienes les hemos otorgado nuestra confianza.

El gobierno del PP, con la complicidad del sector más conservador del poder judicial, se lleva por delante a cuantos jueces osen investigar las cloacas del poder. Y con la complicidad  de los sectores más reaccionarios del empresariado que controla los medios de comunicación, ha convertido la información en propaganda, y la censura, impuesta o consentida, en la fórmula adecuada para tapar la  corrupción, a lo que ha contribuido de forma determinante la sustitución de los directores de El Mundo y El País, ahora dóciles medios de comunicación al servicio del Gobierno, por mucho que traten de disimularlo.

Si el tesorero de la CDU de Angela Merkel declarase en sede judicial que sus campañas electorales se financiaban con dinero negro, y que ella lo sabía, habría una hecatombe en Europa y rodarían cabezas. Pero aquí no pasa nada, Rajoy ha impuesto la ley del silencio, y tan solo espera a que comience la Semana Santa para que los dirigentes del PP se vayan a rezar, sabedor que a la vuelta todo se habrá olvidado, porque en nuestro país nunca pasa nada, hasta que pasa. Y así nos va, destruyendo nuestro mundo, nuestra democracia y nuestras libertades, en silencio, y sin dejar hablar.

(Publicado en elplural.com)

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La corrupción masiva del PP confirma la credibidad cero de sus dirigentes

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En su nueva declaración Luis Bárcenas no ha dicho nada que no pensasen la mayoría de los ciudadanos, si bien su reconocimiento se hace en sede judicial, y después de haber comprobado que sus compañeros de partido lo han tirado a la basura para salvarse ellos. La cárcel es muy dura, ablanda al más fuerte, y Bárcenas ha decidido tirar de la manta sin dejar a nadie a salvo, implicando directamente a José María Aznar y a Mariano Rajoy, es decir a todos los presidentes del gobierno que ha tenido el PP en los 35 años de democracia; e incluyendo, como no podía ser menos, a todos los secretarios generales  desde su fundación, porque los más antiguos, ya eran conocedores de la financiación ilegal cuando eran tesoreros Angel Sanchis y Rosendo Naseiro, dando este último nombre al “caso Naseiro”, archivado vergonzosamente por el Tribunal Supremo a primeros de los 90, tras declarar nulas las grabaciones que confirmaban la financiación irregular del partido.

Ya nadie cuestiona que los papeles que reflejan la contabilidad B del PP son auténticos, y el tiempo ha servido para dar veracidad a la mayoría de los apuntes contables que allí aparecen, aunque también es cierto que la sociedad incomprensiblemente ha digerido y asumido desde hace tiempo que la derecha es corrupta por naturaleza, lo que a muchos parece no importarles. Pero  lo ahora declarado por Luis Bárcenas es una carga de profundidad de tal magnitud que, si aún quedase una mínima decencia, haría estallar por los aires al partido en el Gobierno.

Parece lógico que lo que afirma ahora Luis Bárcenas sea cierto, ya que no se puede creer que en una gran empresa, y el PP funciona como tal, solo se entere el contable de la existencia del dinero negro, máxime cuando se utiliza de forma habitual para sufragar muchas de sus actividades, en este caso las campañas electorales. Y si sus delegaciones  también recaudaban en B, es lógico pensar que de ello tendrían conocimiento sus dirigentes provinciales. Es más, aunque nadie quiere confesarse en público, muchos militantes han sido testigos presenciales de las entregas irregulares de dinero en metálico, al llevarse a cabo con absoluta naturalidad, y sin que nadie se ruborizase por ello.

En referencia a Francisco Álvarez-Cascos, nadie que le conozca puede pensar que lo ignoraba, ya que su carácter egocentrista y su obsesión por controlarlo todo, hace que sea inverosímil su desconocimiento de los hechos. Pero ahora ya sabemos, en palabras del propio extesorero del PP, que le llegó a entregar la llave de la caja fuerte en donde se almacenaba en efectivo el dinero negro. Algo debería decir el presidente de Foro Asturias, que no sea salirse por la tanjente o tirar balones fuera.

Aunque Aznar seguirá guardando silencio, ahora ya sabemos que Rajoy ha mentido en sede parlamentaria, y en sede judicial lo han hecho los secretarios generales que han declarado como testigos (Arenas, Álvarez-Cascos y María Dolores de Cospedal), por no seguir con la retahíla de dirigentes del PP que han negado la mayor, en los que incluimos a sus portavoces nacionales y hasta al mismísimo presidente de las cortes valencianas, Juan Cotino.

Ya está todo escrito en los medios de comunicación, y poco más que añadir. Solo una pregunta: ¿ podemos ser gobernados por un partido político plagado de mentirosos compulsivos, que se financia de manera irregular con dinero negro, supuestamente donado a cambio de favores? La respuesta está en las urnas, y muy pronto tendremos la oportunidad de pronunciarnos; no la desaprovechemos.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24)

 

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Con tres jueces instruyendo la misma causa, Gallardón pretende blindar la impunidad de la casta de los intocables

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Bajo la excusa de querer acabar con los jueces estrella, que es tanto como considerarlos nocivos para el buen hacer de la justicia, Gallardón propone que sean tres jueces, y no uno como hasta ahora, los que instruyan las causas “importantes”; y la reforma, a falta de conocer la letra pequeña, va dirigida de manera especial a los juzgados de la Audiencia Nacional, que son los que se encargan de las causas más mediáticas,  que afectan de manera especial a personas vinculadas con la corrupción o con los grandes fraudes, muchas de las cuales pertenecen, por sus vinculaciones con la política o las  finanzas, a lo que podría denominarse la “casta de los intocables”, al gozar de una especial impunidad por su estatus, que solo se puede vencer con jueces valientes, comprometidos y sin complejos, que algunos llaman jueces estrella.

Tengo el pleno convencimiento de que si se hubiese instaurado hace años este sistema de instrucción, que tambien quiere extenderse a todos los Juzgados con causas “importantes”, muchas de esas grandes causas se hubiesen quedado en nada o en muy poca cosa,  y los niveles de corrupción hubiesen subido como la espuma a sabiendas de las mayores dificultades para su investigación. Sin jueces como Garzón, Castro, Ruz, o Elpidio Silva, y muchos otros que no han destacado tanto en los medios de comunicación, tengo el pleno convencimiento de que la Infanta no hubiese sido imputada, Urdangarín seguiría al frente de Noos, Francisco Camps continuaría siendo presidente de la Comunidad valenciana, Blesa estaría al frente de una entidad bancaria, el caso Gürtel se habría quedado en nada o en muy poca cosa, y es muy posible que Bárcenas seguiría siendo Senador y tesorero del PP. Eso sí, los ciudadanos continuaríamos viviendo en el limbo, creyendo que nuestros políticos son honrados y sirven para algo.

Alguien podría decirme que tres mentes piensan más que una, y no es así exactamente. La investigación de una causa penal, que en algunos casos requiere inmediatez en sus actuaciones, debe quedar en manos de una sola persona, para conseguir la eficacia necesaria, y evitar que se neutralice la toma de decisiones valientes, que solo conduciría a mayor inseguridad jurídica y a ralentizar aún más la instrucción. Cosa muy distinta es el enjuiciamiento de los hechos en donde, ahí sí, tres mentes piensan más que una a la hora de decidir si el acusado es culpable o inocente.

Gallardón, para justificar su decisión, argumenta que se aceleraría la instrucción, y evitaría que las causas se dilatasen en el tiempo como hasta ahora. Craso error, con tres jueces instructores podrían incluso ralentizarse aún más, porque cada decisión requeriría un previo consenso o toma de decisiones por mayoría, y neutralizaría actuaciones urgentes, como puede ser un registro por sorpresa para evitar la destrucción de pruebas. Y resulta inimaginable ver a tres jueces preguntando, al unísono, a un imputado o a un testigo, lo que haría que se perdiese el hilo conductor del interrogatorio.

Las instrucciones de los casos llamados “importantes”, como puede ser el “caso Gürtel” y  una de sus ramificaciones conocidas como”caso Bárcenas”,  no se dilatan porque las instruya un solo juez, sino por falta de medios para investigar y  la ausencia de de colaboración con la justicia por parte de quienes  deben de facilitar la documentación requerida, lo que posibilita la destrucción de pruebas  de especial relevancia (discos duros de ordenadores, por poner un ejemplo).  Por lo que si Gallardón quiere de verdad acelerar la instrucción de esta causa, lo que debería de hacer es hablar con sus compañeros de partido para que, allí donde puedan (desde la sede de Génova o desde la Comunidad de Madrid, por poner dos ejemplos), colaboren con el  juez Ruz, facilitando toda la documentación requerida, sin ocultar nada, y con ello evitarían la entrada y registro en la sede del PP,  y los numerosos requerimientos para la entrega de los contratos suscritos con las empresas de Correa. A buen seguro con tal contribución a la instrucción,  con un solo juez instructor  ya habría finalizado, eso sí previsiblemente con más imputados,  en los que estarían incluidos destacados dirigentes del PP.

Lo que les falta a los Juzgados de la Audiencia Nacional no son jueces sino medios, y en especial un equipo de peritos judiciales independientes que les puedan asesorar. Por cierto, si Gallardón está actuando de buena fe, y quiere de verdad acelerar las instrucciones,  para poner en vigor su reforma debería de triplicar la plantilla de jueces que tramiten causas penales. ¿Está previsto en la reforma?; seguro que no.

Nuestro actual Ministro de Justicia ha convertido en aberrantes todas sus propuestas, y se supera día a día. Si existe en este país algún juez de instrucción que esté de acuerdo con esta nueva iniciativa que levante la mano, y si no, que proteste, pero ya, antes de que sea demasiado tarde.

(Publicado en elplural.com)

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La verdadera catadura moral de Esperanza Aguirre

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Si todavía nos quedaba alguna duda de lo que podía dar de sí Esperanza Aguirre, una sola acción, que no tiene nada de anecdótica, define su verdadera catadura moral, y ha puesto al descubierto todas sus “virtudes”. Por mucho que se esfuercen algunos en  disimularlo, lo ocurrido el pasado jueves en la Gran Vía de Madrid, no es un simple incidente de tráfico, sino algo de muy especial gravedad, máxime cuando se trata de una persona que aspira a todo en nuestro país, incluso a gobernarnos. “El que la hace la paga“, decía la ínclita cuando los suyos comenzaron a acusar a Luis Bárcenas de delincuente peligroso; pues ahora le toca a ella asumir las consecuencias de sus actos, aunque nadie duda que todo quedará en nada, porque pertenece a la casta de los “intocables”, a los que nadie se atreve a perseguir, ni siquiera los propios jueces, que con ello ponen en peligro su puesto de trabajo.

La  prepotencia de Esperanza Aguirre, común a la mayoría de los políticos veteranos que se han alejado de la realidad de la calle, ya se detecta cuando al ser justamente multada mantiene una actitud desafiante, dirigiéndose a los agentes, como ella misma reconoció, con palabras provocativas: “¿Qué?, ¿multita y bronquita?”; y adquiere una especial virulencia cuando, desobedeciendo las  órdenes de la autoridad, se ausenta del lugar, arrollando la moto de un agente de Movilidad, que no hacía otra cosa que cumplir con su trabajo. Esta evasión, en sí misma, ya puede ser constitutiva de un delito de desobediencia a la autoridad; y no olvidemos que existen testigos presenciales que afirman que un agente trató de impedirlo, poniéndose delante de su vehículo.

Como chulesco y muy grave, constituyendo un nuevo acto de desobediencia a la autoridad, puede calificarse  el hecho de haberse negado a detenerse cuando un vehículo policial le tuvo que perseguir hasta su domicilio. Lo que se corrobora por la denuncia formulada por los agentes de Movilidad, que llegan a afirmar que circularon de forma paralela haciéndole indicaciones para que se detuviese, a lo que hizo caso omiso.

 La cobardía es consustancial a la lideresa, en lo que es reincidente. Ante todos los temas de corrupción que han perseguido durante años su actividad política, nunca ha sido capaz de responsabilizarse de nada, poniendo a los pies de la justicia a sus subordinados; baste con citar el caso Gürtel o el espionaje a consejeros de su propio gabinete.  En esta ocasión, se introdujo en su casa desde el garaje, y se escondió detrás de dos guardias civiles, que parece ser custodian su domicilio, a los que utilizó como parapeto para no ser detenida. Y nosotros pagando impuestos para esto.

Esperanza Aguirre, con su actuación, se ha convertido en una presunta delincuente, por cuantos los hechos ocurridos son constitutivos de un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, tipificado en el artículo 556 del Código Penal, que conlleva una pena de seis meses a un año de prisión. Es más, incluso en situaciones menos graves, cualquier ciudadano anónimo hubiese sido detenido de inmediato por la policía, pasaría la noche en un calabozo, y sería puesto al día siguiente a disposición del juez de guardia, que a buen seguro hubiese decretado su libertad, pero con cargos. Y como en el caso de Esperanza Aguirre los hechos son constitutivos de un delito flagrante, dado que  la autoridad ha podido comprobar en persona cómo se estaba cometiendo, debería de ser citada a un Juicio Rápido, de esos de “aquí te pillo, aquí te mato”, que para estas situaciones se inventaron, que se celebraría en un plazo no superior a 72 horas, con una más que previsible sentencia de condena, por cuanto los hechos que ella misma reconoce ya serían suficiente prueba de cargo y, en todo caso, prevalecería la palabra de la autoridad, investida de mayor veracidad.

El cinismo de Esperanza Aguirre desborda cualquier previsión de su  innata arrogancia, al pretender convertirse en damnificada de su deleznable actitud, transformando en culpables a los agentes de la autoridad, dando un nefasto ejemplo a los ciudadanos que sí sufrimos las consecuencias de la ley. Afirmar que ha sido víctima de una retención ilegal es todo un atentado a la inteligencia de los ciudadanos, que ahora ya sabemos tenemos más sentido común que quien aún no ha renunciado a gobernarnos. ¿Alguien se atrevería a huir del lugar en el que está siendo multado por un policía, alegando una retención ilegal? Probemos este fin de semana  para saber qué nos pasaría.>

El 1 de abril pasado, 48 horas antes de lo sucedido  a la altura del número 44 de la Gran Vía, con motivo de los incidentes del  22M, Esperanza Aguirre escribía en Twitter: “Una Nación que se respete a sí misma no puede permitir que se ataque así a los policías, que son los últimos garantes de nuestra libertad“. Eso sí, coherencia no le falta.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24.es)

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Los padres de la democracia

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Quienes, por no haber vivido la transición o carecer de información sobre lo ocurrido en aquella época, escuchen o lean lo que se afirma estos días con extrema reiteración en los medios de comunicación, pueden llegar a pensar que Adolfo Suárez fue el artífice de nuestra democracia. Se equivocan, los padres de la democracia son los cientos de miles de ciudadanos que, enfrentándose al régimen franquista, lucharon durante décadas por conseguirla, y muchos de ellos cayeron en el intento o sufrieron la cárcel durante la dictadura.

No cuestiono el mérito que, por su carácter dialogante, haya podido tener  Adolfo Suárez durante su etapa como presidente del gobierno, pero su éxito parte de su habilidad para cambiarse de chaqueta en el momento más oportuno. Antes de la muerte de Franco era un colaborador activo de la dictadura, y no se le conoce un solo escrito ni declaración anterior al 20 de noviembre de 1975 en defensa de la democracia y las libertades ciudadanas. Desde finales de los años 50 desempeñó diferentes cargos dentro de las estructuras del franquismo de la mano de Herrero Tejedor, pasando a formar parte en 1958 de la Secretaría General del Movimiento, algo así como el partido único en un regímen fascista; siendo nombrado a dedo procurador en Cortes por Ávila en 1967, y ostentando el cargo posteriormente de gobernador civil de Segovia. Y desde el año 1969 hasta el 1973, periodo en el que ejerció el cargo de Director General de Radio y Televisión, no se le recuerda que hubiese promocionado o permitido algún programa en defensa de los principios democráticos.

Por entonces, mientras que Adolfo Suárez gozaba de una posición acomodada en  el franquismo, con pertenencia activa en la Falange, decenas de miles de ciudadanos, que luchaban contra la dictadura y en favor de la instauración de las libertades democráticas, eran reprimidos por sus ideas, y muchos de ellos encarcelados por decisión del Tribunal de Orden Público. Por poner algún ejemplo, recuerdo en los primeros años de la década de los 70 el proceso 1001, en el que fueron encarcelados destacados miembros de Comisiones Obreras, con Marcelino Camacho a la cabeza, que fue condenado a 20 años de cárcel, si bien posteriormente el Tribunal Supremo le rebajó la pena a 6 años; y todo ello por querer pensar en libertad y defender los derechos de los trabajadores.

Que nadie se olvide, fue la lucha en la calle, en las fábricas y en la clandestinidad la que trajo la democracia a nuestro país. Y solo cuando en las elecciones generales de 1977 la izquierda se equiparó en votos a la derecha, surgió el diálogo de verdad, eso sí,  encabezado por Adolfo Suárez. Méritos tiene, pero los justos.

Por eso, cuando estos días todos, incluso quienes le traicionaron,  por motivos en muchos casos espurios, quieren convertirse en los herederos de sus méritos, deben saber que también han de asumir su historia, aquella que vivió junto al franquismo más recalcitrante.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24.es)

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La jueza Alaya se supera “grosso modo”

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La jueza Alaya, actuando por motivaciones políticas, en su afán de ocupar las primeras páginas de los periódicos y abrir los telediarios, se ha convertido en una auténtica y dañina  caja de sorpresas.  Para ello juega con el desconocimiento de los ciudadanos y la escasa preparación jurídica de los periodistas, y  crea la confusión suficiente para que muchos piensen que están debidamente justificadas sus decisiones, aunque éstas carezcan de motivación e incurran en numerosas contradicciones.

Para que todos nos podamos entender es preciso aclarar que una norma legal  propuesta por el poder ejecutivo y aprobada por el legislativo es a todas luces legal, al margen de pueda considerarse por algunos injusta, oscura o poco clara. En consecuencia cuantas normas fueron propuestas en los últimos años por el gobierno andaluz o por alguna de sus consejerías, y refrendadas por el parlamento de Andalucía, en tanto que no fueron recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa ni cuestionada su constitucionalidad mediante el preceptivo recurso ante el Tribunal Constitucional, son legítimas, y su aplicación no puede ser cuestionada por los tribunales, ni mucho menos considerarlas contrarias a la ley.

Magdalena Álvarez se limitó durante su mandato como Consejera de Hacienda a cumplir con unas disposiciones aprobadas por el parlamento andaluz, que no pueden estimarse ilegales por la jueza Alaya, por mucho que más de uno se hubiese aprovechado de su aplicación para apropiarse de dinero público. Y esto es lo que a buen seguro tendrá que decir la futura resolución que dicte la  Audiencia Provincial de Sevilla cuando -como es de esperar- deje sin efecto por segunda vez la imputación de la exconsejera andaluza, o la establecerá la  sentencia absolutoría que se dicte, de ser sentada finalmente en el banquillo de los acusados.

La resolucion dictada la pasada semana por la jueza Alaya, en la que se impone a Magdalena Álvarez una fianza de más 29 millones de euros, es todo un despropósito judicial en el tiempo, por cuanto no espera a que el próximo mes de abril la Audiencia Provincial de Sevilla resuelta el recurso interpuesto por Magdalena Álvarez frente a su segunda imputación, y que tiene muchos visos de prosperar, dado que la nueva imputación no hace más que reproducir los argumentos de la primera, que ya fue desestimada en su día. Resultando baladi el argumento de que puede ocultar sus bienes, que ni por asomo se acercarán en su valoración al importe de la fianza interesada.

La alusión, para justificar su resolución, de que existe una “probabilidad cierta” de ser condenada, es toda una extralimitación en sus funciones como instructora, dado que no es de su competencia juzgar los hechos por los que es acusada, ni hacer juicios de valor en tal sentido. Afortunadamente hace décadas se consiguió separar la instrucción del enjuiciamiento, y de ello parece haberse olvidado la jueza Alaya.

 Los motivos por los que fija la fianza en 29.568.129,20 millones de euros, y no otra cantidad,  no están debidamente justificados ni razonados, y la mención “grosso modo“, no deja de ser un nuevo argumento muy poco afortunado. Pretender que Magdalena Álvarez devuelva el dinero del que se apropiaron otros es todo un dislate judicial carente de un serio fundamento, máxime cuando todos sabemos que no se ha quedado con un solo euro.

A alguien se le puede ocurrir presentar una querella criminal contra Cristobal Montoro por haber ideado la ley que permitió la amnistia fiscal de miles de contribuyentes. Si por suerte le correspondiese en reparto a la jueza Alaya a buen seguro que trataría de  preimputarlo (término que utiliza la jueza para los aforados, que se encuentran fuera de sus competencias), acusando al actual Ministro de Hacienda de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber sido el inventor de un sistema que ha permitido una defraudación masiva, impiendo el ingreso de un dinero a las arcas públicas, con intereses y multas millonarias incluidas, de haberse investigado con eficacia el impago de los impuestos que se les perdonan. Pero sería un dislate admitirla a trámite; la amnistía fiscal es injusta y discriminatoria, pero es legal, y en todo caso nunca podría perseguirse penalmente a su autor, legitimado democráticamente por las urnas, por mucho que nos duela.

Me gustaría saber qué opina de la actuación de la jueza Alaya el fiscal que tuvo a bien exigir responsabilidades penales al juez Elpidio José Silva por encarcelar en dos ocasiones a Miguel Blesa, hasta conseguir que fuese apartado de la carrera judicial; aplicando similares criterios  podría querellarse contra ella. Lo que sí parece claro es que, una vez que todo vuelva a su lugar, Mercedes Alaya se está jugando la posibilidad de que Magdalena Álvarez le presente una querella criminal por prevaricación y le exiga una indemnización millonaria, por el daño irreparable que le está ocasionando a su persona. Los dislates judiciales no pueden salir gratis ni mucho menos quedar impunes.

(Publicado en elplural y en asturias24)

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