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Escuchaba recientemente en el programa “A vivir que son dos días”  de la cadena SER una tertulia en la que se opinaba sobre la situación actual de Garzón ante la justicia, y el denominador común de todos los participantes se resumía en considerar que era víctima de las venganzas de sus enemigos y los celos de algunos de sus compañeros. Y lo afirmaban con naturalidad, como si fuesen normal que la venganza y los celos formasen parte de las causas que pueden  justificar la apertura de un proceso judicial.

Me aterroriza pensar que la actual sociedad es inmune a una “justicia” sectárea, selectiva y  fanática, en la que se prioriza la figura del acusado para después buscarle conductas que “aparentemente” puedan tener connotaciones delictivas con el único  propósito de prefabricar procesos judiciales, y así acabar con un personaje no deseado por muchos. Pero lo patético y trágico es que entre esos muchos estén mezclados políticos en activo enredados  con la corrupción, personajes vinculados con la ultraderecha y algunos jueces vengativos. Una conjunción así debería hacer temblar los pilares de nuestro Estado de Derecho, y sin embargo parece no importarle a casi nadie, lo que confirma que el deterioro de los principios y la decencia de nuestra sociedad se consolida, y ya estamos bajo mínimos y en plena decadencia.

De los tres procesos abiertos contra Garzón sólo tiene connotaciones exclusivamente políticas el referido a la investigación de los crímenes del franquismo, que con el renacimiento de una ultraderecha “democrática” cada vez está más vivo; la raíz de la causa por las escuchas del caso “Gürtel” se  localiza en una camorra a la española, cada vez más consolidada en nuestra sociedad y que goza de plena impunidad; y la tercera de las causas por la solicitud de fondos para organizar un curso en la Universidad de Nueva York, la más artificial desde el punto de vista legal, pretende introducir dudas sobre la honradez del Juez Garzón, para que la sociedad no lo considere solamente una víctima política.

Pero lo terrorífico y espeluznante es la frialdad con la que actúa nuestra “justicia” administrando deliberadamente los tiempos. En sus inicios los tres procesos se abrieron y tramitaron con una desconocida rapidez, que no pretendía otra finalidad que expulsar a Garzón de la Audiencia Nacional e inhabilitarle “provisionalmente” como juez. Pero una vez neutralizado ya no hay prisa, y su enjuiciamiento se demora sin justificación ni motivo alguno.

¿Por qué el Tribunal Supremo retrasa ahora los procesos contra Garzón? ¿Alguien me lo puede explicar?. Aunque lo más lamentable es que creo conocer la respuesta, y tiemblo pensando  que no esté equivocado.

(Publicado aquí en www.elplural.com)

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Bajo el lema “puedes confiar“, el PP ha celebrado el pasado fin de semana en Sevilla su  Convención Nacional como paso previo a la celebración de las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo. Durante 48 horas, y al margen de loas a sus personas y ataques virulentos al gobierno  socialista,  poco, muy poco, se ha escuchado sobre su programa electoral que no fuesen generalidades sin concreción alguna. Sí destacó el protagonismo de su núcleo duro  personalizado en la figura de José Maria Aznar  y la presencia de decenas de dirigentes del PP involucrados en gravísimos casos de corrupción, que se paseaban por los pasillos del Hotel Renacimiento, entre abrazos y sonrisas cómplices, sin mostrar rubor alguno.

Y cuando todos se sentían triunfantes aparentando transmitir una sensación de unidad, pocas horas después Esperanza Aguirre marcaba distancias  dejando en mal lugar a la candidata oficial a la presidencia del Principado de Asturias Isabel “Fernandez” Espinosa, al manifestar públicamente sus preferencias  por Francisco Alvarez Cascos,  y Javier Arenas resucitaba la teoría de la conspiración insinuando una vez más que ETA fue la autora intelectual del 11M, olvidándose de las consecuencias electorales que les deparó en el 2004 una mentira de tal naturaleza.

Pero como no hay dos sin tres, ni tres sin cuatro, esta  misma semana un informe policial ratificaba los favores recibidos por Ana Mato de la trama Gürtel y el instructor de la causa abierta contra Francisco Camps en la comunidad valenciana confirmaba que seguía imputado por un delito de cohecho. Si “gobernar es imitar a Francisco Camps“, como así afirmó Javier Arenas durante la celebración de la Convención Nacional, el código ético del PP parece haber sufrido “ligeras” modificaciones.

Pero como no hay cuatro sin cinco, para acabar la semana se confirma el acuerdo que sobre las pensiones ha alcanzado el gobierno con los sindicatos y los empresarios, lo que ha cogido con el pie cambiado al PP, cuyos dirigentes confiaban en el fracaso de las negociaciones.

A pesar de las encuestas la mayoría de los españoles tienen muy poca confianza en nuestra derecha, ascendiendo  a un 70% el porcentaje de los españoles que piensan que el PP ha actuado con manifiesta irresponsabilidad en el tema de la crisis económica.  Por lo que si el gobierno comienza a gobernar de verdad, y ya lo está haciendo en la actualidad, es más que posible que muchos ciudadanos cambien de parecer en su intención de voto ante el recelo que genera nuestra derecha.

Por cierto, ¿alguien ha visto a Rajoy esta última semana?.

(publicado en elplural.com. aquí)

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Puede que Tomás Gómez tenga razón y sea inocente, no dudo de que no se ha quedado con un solo euro, y hasta es posible que sea víctima del doble rasero que algunos jueces aplican a la hora de juzgar a los políticos en razón a su origen ideológico, pero Trinidad Rollán ha sido juzgada y condenada por la Audiencia Provincial de Madrid, y en tanto que dicha sentencia no sea revocada por el Tribunal Supremo su situación actual es incompatible con la ostentación de cargos de dirección en un partido que dice no admitir corrupción en su seno.

Si, como afirma Tomás Gómez, el PSOE “es el partido de la justicia“, el respeto a las decisiones judiciales  dictadas por los jueces es la mejor manera de demostrar su aseveración, y Trinidad Rollán no puede permanecer un día más como Secretaria de Organización de la Federación Socialista de Madrid. No olvidemos que, al menos por el momento, ha sido condenada por un delito de prevaricación, que encierra una de las conductas más reprochables en las que puede incurrir un político en el ejercicio de su actividad: dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es.

Muchos pensamos que la derecha admite y acepta la corrupción entre los suyos, y los negocios que realizan a costa de la política los consideran históricamente consustanciales a su ideología, hasta el punto de que el PP es capaz de inventarse un “código ético” para no cumplirlo, y no solamente no se rasgan las vestiduras por ello, sino que comprenden y justifican a sus corruptos hasta el punto de auparlos o mantenerlos ocupando cargos públicos de primer nivel, aún a costa de la pérdida del prestigio de nuestras instituciones.

Pero la izquierda no es la derecha, y debe de dar ejemplo de ello a diario, aunque solo sea para evitar que los conservadores justifiquen el mantenimiento de sus corruptos en el poder utilizando los mismos argumentos que ahora expone Tomás Gómez para sostener en su puesto a Trinidad Rollán. Espero que esta aberración no pase de ser un calentón momentáneo y se corrija de inmediato; en otro caso perderá credibilidad entre sus propios votantes  y pondrá en peligro el prestigio de todos los socialistas, cuyo electorado es mucho más exigente con los suyos y no les perdona este tipo de desviaciones.

Por el bien del socialismo, urge que Trinidad Rollán dimita de inmediato de todos sus cargos o sea cesada por su Secretario General. Tiempo habrá de  rescatarla si el Tribunal Supremo la declara inocente. Pero ahora toca que desaparezca de inmediato de la vida pública.

(Publicado aquí en el plural.com)

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A Carlos Fabra le ha tocado de nuevo la lotería, pero esta vez quienes manejaban el bombo de la suerte no eran precisamente  los niños de San Ildefonso, sino los magistrados de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Castellón, que se han lucido con una “exquisita” resolución judicial que permite arrojar al cubo de la basura la práctica totalidad de los exhaustivos informes periciales  realizados por inspectores de la Agencia Tributaria para demostrar la comisión de delitos contra la Hacienda Pública por los impagos fiscales de los ejercicios  2.000 a 2.003. Con el sobreseimiento libre acordado sobre cuatro de las cinco causas que se mantenían abiertas,  si no lo remedia el tribunal Supremo resolviendo el recurso que ya ha anunciado  la fiscalía,  se consiguen dos objetivos fundamentales: evitar  que Carlos Fabra sea condenado por las presuntas defraudaciones cometidas e impedir que las arcas públicas recuperen la deuda contraída por el presidente de la Diputación de Castellón.

El Tribunal considera que los delitos han prescrito, y para ello no se ruborizan  en sacar  del  sombrero una curiosa y peculiar interpretación de la prescripción, entendiendo que ésta no se ha interrumpido por una resolución judicial dictada por ellos mismos, en las que se acordaba interesar un informe pericial para comprobar sus irregularidades fiscales, en orden a exigirle las responsabilidades penales correspondientes. Con una retórica retorcida y rebuscada, propia de quien no tiene la conciencia muy tranquila, los magistrados hacen un  flaco favor a la justicia permitiendo una vez más  la impunidad de un poderoso. Nueve jueces y cuatro fiscales no han podido con el señor feudal de Castellón, y ahora las instancias superiores ponen el broche final.

Pero lo más llamativo,  y parece que les sobra habilidad e “inteligencia” para escoger  el momento adecuado  para pronunciarse, es que la resolución judicial es de fecha 23 de diciembre, el mismo día en que entraron en vigor las modificaciones del Código Penal; y es que los argumentos que se esgrimen para el archivo  de cuatro de las cinco causas abiertas en parte se fundamentan en la nueva redacción del art. 132.2, en el que se define precisamente la prescripción y las causas de su interrupción.

La justicia se luce una vez más, colaborando activamente para que los corruptos de alto “standing” del PP  salgan indemnes de las fechorías que han cometido. Y aunque se mantiene abierta una de las causas abiertas  contra Carlos Fabra, en la que se le acusa de tráfico de influencias, cohecho y delito fiscal correspondiente al ejercicio 1999, tiempo tendrán  en el futuro para buscar una nueva salida interpretativa que le deje indemne de todos cargos que se le imputan.

Lo triste es que esta resolución, que demuestra una vez más que la justicia deja impune al poderoso, mientras se pudren en la cárcel un montón de pobres desgraciados que no gozan de la misma protección, no es más que el comienzo de una serie de resoluciones judiciales que con el tiempo irán  archivando las decenas de causas judiciales abiertas actualmente contra dirigentes del PP.  Tiempo al tiempo, para desgracia de algunos ingenuos  que aún creemos en la honradez y en la justicia, eso sí con minúsculas.

Un ridículo Esteban González Pons ya ha salido al ruedo de la indecencia afirmando que era una “…mala noticia para los fans de los banquillos mediáticos...”, olvidándose de que Carlos Fabra sigue imputado por los delitos más graves por los que puede ser acusado un político en activo. La italianización de nuestro sistema democrático lo puede todo, ante la absoluta pasividad de la mayoría de los ciudadanos que lo admiten como natural.

(Publicado en elplural.com con el titulo “El cacique de Castellón”)

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El 23 de diciembre fue un día muy especial para quienes aún creemos en un periodismo de verdad; se despedía Iñaki Gabilondo de CNN+, y lo hacía con una versión nostálgica del “Nocturno en do menor”, de Chopin, afirmando que la encontraba muy apropiada “para esta noche“. Pero el plato fuerte de su último programa, tras un interesante encuentro con Pérez Rubalcaba, fue una entrevista a Baltasar Garzón, que brilló con luz propia como persona y como defensor de la justicia universal, aquella que está muy por encima de la capacidad intelectual y jurídica de los magistrados del Tribunal Supremo que ahora pretenden juzgarle.

Con la foto al fondo de un inquietante Luciano Varela, escuchamos a un juez Garzón en plena forma, valiente, claro y contundente en sus afirmaciones, pero triste por la persecución injusta que estaba sufriendo por parte de un grupo de magistrados acomplejados que están conspirando para acabar con su carrera judicial, sin darse cuenta que con su actuar, mediatizado por intereses políticos a los que sus mentes  no son ajenas, comprometen la independencia de los jueces, y ponen en peligro al propio Estado de derecho.

Escuché a Garzón como ciudadano y como jurista con experiencia más  dilatada en el tiempo que la del propio juez estrella, y suscribo por completo todas sus afirmaciones respecto a los tres procesos judiciales que se han prefabricado para acabar con su carrera; y no es casualidad que la implacable persecución surja precisamente cuando comienza la investigación del caso Gürtel, por el que están imputados decenas de cargos políticos del PP.

Garzón se siente condenado, aunque aún no lo esté, y se ha atrevido a cuestionar la apariencia de imparcialidad de los magistrados que le van a juzgar, que ya están contaminados por haber intervenido directa o indirectamente en la instrucciones de las causas abiertas contra él. Triste espectáculo cuando estamos poniendo en peligro la libertad del poder judicial.

A Baltasar Garzón no se le está ni tan siquiera permitiendo que pueda demostrar su inocencia cuando se le deniegan sin argumentos convincentes la práctica totalidad de las pruebas propuestas; situándole con ello en una absoluta indefensión. Y lo triste es que no se actúa  contra él por envidia o por celos, sino por intereses espurios que son fáciles de deducir.

A los magistrados del Tribunal Supremo, que ya han condenado a Garzón antes de juzgarle, les haría estas preguntas:

–1ª) Si consideran que prevaricó por considerarse competente en la causa contra los crímenes del franquismo, ¿por qué no han perseguido por el mismo delito a los jueces y fiscales que entienden correcta su interpretación de la ley?.

–2ª) Si entienden que prevaricó interceptando determinadas conversaciones telefónicas de los cabecillas del caso Gürtel, ¿por qué no han acusado también como prevaricadores al fiscal que las autorizó y al juez Pedreira que las secundó?.

–3ª) Si opinan que actuó incorrectamente archivando una causa contra Emilio Botín meses después de haber partido en un seminario patrocinado por el Banco de Santander, ¿por qué no se sigue la causa también  contra el fiscal que solicitó el archivo y contra los magistrados del Tribunal Supremo que lo confirmaron?.

Garzón está vivo y  hace unas horas se ha atrevido a humillar públicamente a los magistrados que le van a juzgar. Lo triste es que mientras unos pocos le escuchábamos, la mayor parte de los televidentes  estaban enganchados con “Gran Hermano”, uno de los programas estrella de la cadena televisiva que ha considerado que Iñaki Gabilondo no tiene sitio en su programación, mientras pasean de plató en plató a Belén Esteban, “la princesa del pueblo”.

(Publicado en el plural.com)

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Con lo vergonzoso que puede resultar para un político recibir regalos “a medida”,  sea o no delito, los trajes parecen quedarse pequeños, y por mucho que Ricardo Costa se  afane en usar cuellos “desahogados”, la camisa ya no le llega al cuerpo. La noticia ya está en las primeras páginas de los periódicos, y la denuncia pública de la corrupción generalizada del PP valenciano y el descubrimiento de su financiación ilegal parece imparable. De nada sirven que se afanen en negar la evidencia y anunciar querellas contra todo aquel que ose poner en duda su honradez, la información publicada en El País en capítulos es demoledora,   y a cada amenaza de los conservadores se responde con otra andanada de información que desvirtúa los desmentidos del día anterior.  Y quién niegue que  el informe de la policía nada tiene que ver con los regalos se equivoca; lo que ahora se conoce, es  la causa o motivo  que los justifica, y demuestra la existencia de un cohecho.

Si el Consejo General del Poder Judicial quiere preservar a la Administración de Justicia de un descrédito generalizado de los jueces de este país, debe de actuar de inmediato. La actuación de los miembros de la Sala Penal del Tribunal de Justicia de Valencia, y en especial de la de su Presidente Juan Luis de la Rúa, huele a podrido, y de ser cierto cuanto se ha conocido en los últimos días, no les servirán los tecnicismos para justificar “sus resoluciones” y sus responsabilidades podrían ser perseguibles incluso por la vía criminal. Sí un juez tiene en sus manos un informe policial que acredita  la existencia de unas conductas delictivas, debe de perseguirlas de inmediato o remitirlas a quién proceda y al Ministerio Fiscal para que actúe en consecuencia, y no limitarse a devolver el documento a su remitente; ¿se imaginan a un bombero que se niega a apagar un fuego porque no le consta la llamada de aviso?, pues algo parecido está ocurriendo con estos impresentables que están desprestigiando a su colectivo.

La disculpa de las últimas horas de que la contabilidad del PP valenciano está en orden al haber sido auditada por el Tribunal de Cuentas, resulta ridícula y pueril; a nadie en su sano juicio se le ocurriría presentar para su control la doble contabilidad, incluyendo el dinero negro y las facturas dobles. Pero no estaría de más preguntarnos quién ha nombrado al Tribunal de Cuentas valenciano; es posible que nos pudiésemos llevar alguna sorpresa.

Don Mariano, defensor “incondicional” de Camps, se encuentra en la cuerda floja,  y ya nadie tiene ahora la menor duda de que estaba enterado de todo lo que se cocía en Valencia. Pero quizás su mayor preocupación se encuentre en su despacho de la calle Génova, aquel que continúa ocupando Luis Bárcenas, el tesorero “suspendido” del PP, y en el que presumiblemente se organizó la financiación ilegal del partido a escala nacional. No nos olvidemos que en Valencia se descubrió en 1989 el “Caso Naseiro”, vergonzosamente archivado por el Tribunal Supremo al no admitir como pruebas las grabaciones que acreditaban la financiación ilegal del PP, de lo que sabe mucho Alberto Ruíz Gallardón -por entonces Secretario General del PP-, y en el que estaba directamente implicado Eduardo Zaplana, quién en agradecimiento a los “servicios prestados” ha conseguido mutiplicar por diez sus ingresos retirándose como consejero de Telefónica.

Por cierto las escuchas telefónicas de la policía no aparecen por generación espontánea, sino que se han obtenido con orden judicial, lo que acredita que las grabaciones no se realizaron por iniciativa de la propia policía o del ministro Rubalcaba, sino que forman parte de una investigación autorizada por la justicia, ante las fundadas sospechas de que algo muy sucio con el dinero se estaba cocinando en la Comunidad Valenciana, tan proclive a la corrupción sin sonrojo y con sonrisa “profidén”; no en vano allí reside Carlos Fabra, el “padrino” político de muchos de sus dirigentes, que “pone la mano en el fuego” por la inocencia de los suyos.

El tema de la corrupción masiva del PP valenciano sube enteros, y cada vez resulta más interesante  conocer sus entresijos para saber hasta donde pueden llegar los políticos que quieren “ilusionarnos” con sus promesas. ¿Conseguirán salir indemnes de las nuevas y gravísimas acusaciones?; es muy posible que no, en su caída  libre les acompañarán muchos de los suyos, y para entonces ya no habrá paracaídas para todos, y es muy posible que ni tan siquiera para Rajoy.

Nota: (La foto del encabezamiento fue tomada el pasado domingo 27/9/2009 desde la Senda del Cervigón, en La Providencia, de Gijón).

(Publicado aquí en elplural.com)

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El problema se antoja laberíntico para un profano; subir, mantener o bajar los impuestos son decisiones políticas complejas que requieren un conocimiento muy profundo del estado actual de nuestros ingresos, para saber si son suficientes para cubrir los gastos necesarios e imprescindibles. Frivolizar con un tema tan delicado es un ejercicio de  irresponsabilidad, y denota la escasa catadura moral de aquellos que pretenden obtener votos a costa de ser ligeros en el lenguaje.

La sensatez debería de imponerse en nuestros políticos, pero ya sabemos que resultará imposible un consenso para salir de la crisis económica. Vivimos en un país en donde siempre se está en campaña electoral, y la cordura parece ser una cualidad poco común en quienes nos gobiernan o aspiran a conseguir el poder a medio plazo. El fin justifica los medios, y estos no son precisamente los adecuados para resolver nuestros problemas, sino que van  orientados a conseguir una victoria electoral,  lo que parece decir poco bueno de nuestros gobernantes o de quienes aspiran a serlo. Los argumentos demagógicos de unos y otros se imponen, y el engaño a los electores es la forma habitual de comunicarse con quienes les encumbramos en el poder; poco gratificante para un sistema democrático, pero  es  lo que hay y no podemos aspirar a más.

Parece evidente que a la crisis económica mundial, de la que son  responsables los especuladores financieros que se han enriquecido a costa de todos en las últimas décadas, se suma en nuestro país la crisis del ladrillo, de la que somos culpables todos por acción u omisión, y que ha sido la causa principal de la pérdida de empleo y del deterioro de nuestra economía. Solamente reconociendo culpas y con una actitud constructiva de futuro podremos salir de esta situación, y no parece que los políticos tengan un mínimo de decencia y de modestia para admitir las responsabilidades del pasado.

Lo que parece elemental es que ahora es preciso actuar, y hacerlo sin titubeos y sin complejos, y en especial sin pensar en los efectos negativos que puedan derivarse en las próximas elecciones. Parece evidente que un gobierno socialista debe de priorizar el mantenimiento del estado del bienestar y las políticas sociales, lo que supone un esfuerzo económico importante que es posible que no se pueda afrontar con los actuales ingresos, que han disminuido por debajo de lo previsto. Si esto es así, la subida de impuestos, aunque sea provisional y transitoria, resulta incuestionable, y debe de incidir en las clases pudientes, preservando el poder adquisitivo de la clase trabajadora, que ha sido la más afectada con la crisis económica.

Ya sabemos que la derecha preconiza la bajada de impuestos, aunque sea a costa de sacrificar las políticas sociales; y también defiende el despido libre para que la patronal puede sanear sus empresas, y así recuperar el nivel de ganancias a costa del sacrificio de sus asalariados. Pero en momentos de crisis es cuando se hace más visible la diferencia entre las políticas de izquierdas y de derechas, y los ciudadanos debemos decidir con quién estamos, con todas las consecuencias.

¿Subida de impuestos? Sí, de ser necesaria, pero con prudencia y moderación, y siempre  que sea asumida por los que más tienen y no impida la recuperación económica. Es una buena manera de poner en práctica la solidaridad de todos con todos; algo que la derecha nunca entenderá.

(Publicado aquí en elplural.com)

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