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En un lugar en donde la delincuencia organizada goza de impunidad, los políticos sacan pecho y se atreven a todo, incluso a utilizar la “censura política” como método antidemocrático para ocultar 10 inocentes fotografías que son recuerdo de lo ocurrido durante el año 2009. La reacción de sus organizadores, la Unió de Periodistes Valencians, ha sido fulminante y han decidido retirar de inmediato la exposición “Fragmentos de un año”, en la confianza de encontrar un lugar libre e independiente en donde exhibirla. El error político, al margen de indecente, se ha convertido en un boomerang frente a quienes tomaron tan equivocada decisión, ya que las 10 fotografías tendrán una difusión nacional sin precedentes. Aquí las tenéis, destacando las más significativas:
El atentado a la libertad de expresión cometido por la Diputación de Valencia no tiene precedentes en la España democrática, es propio de mentes fascistas, supone tratar de ocultar a los valencianos los recuerdos gráficos del caso Gürtel, y requiere una inmediata explicación pública que todos estamos esperando. Por el momento los políticos responsables se mantienen en silencio, como no podía ser de otra manera.
Algunos políticos se sienten superiores al resto de los ciudadanos y tienen la creencia de que pueden emitir acusaciones falsas que, de ser ciertas, serían constitutivas de delito. Se consideran intocables en la creencia de que están por encima del bien y del mal, lo que no parece ser la manera mas honesta de representar a los ciudadanos que les han elegido. Pero, como mantiene Ignacio Escolar, hablar no es gratis, y un calentón veraniego no les exime de responder de sus actos, y puede tener consecuencias legales, e incluso políticas.
la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se pasó tres pueblos cuando en el mes de agosto, y esgrimiendo una frivolidad propia de los políticos con poco estilo, acusó al gobierno de estar poniendo en peligro la democracia al convertir a España en “un Estado policial” propio de la dictadura del pasado, y de estar detrás de “escuchas telefónicas ilegales” a destacados dirigentes nacionales de su partido. Las graves y falsas acusaciones se fueron desvaneciendo durante el otoño, y cuando parecía que el ambiente ya se había enfriado con la llegada del invierno, nos llega la noticia de que De Cospedal ha sido citada para comparecer ante un Juzgado de Madrid el próximo 17 de febrero, como consecuencia de la demanda conciliatoria presentada por iniciativa de un grupo de ciudadanos que le piden que “demuestre lo que dice o se retracte“, considerando que de no aportar pruebas debería de dimitir de inmediato. Como afirma uno de los promotores de esta iniciativa judicial “es indignante que cualquier político pueda salir en televisión acusando de un delito a alguien sin necesidad de demostrarlo“.
Estoy convencido de que De Cospedal no asistirá a la celebración del acto de conciliación; puede no hacerlo y la ley le permite incluso ser representada por un Procurador. Pero si no acude personalmente acreditará su cobardía ante los ciudadanos, demostrará que es indigna de continuar en el cargo que ocupa y perderá el poco prestigio que le queda. También estoy seguro que no dimitirá, los políticos cobardes, indignos y carentes de prestigio nunca lo hacen; pero con su continuidad tendrá la oportunidad de cubrirse de mierda cuando se levante definitivamente el secreto sumarial del caso Gürtel, aquél que quiso tapar con sus falsas acusaciones, que parece entrar en una nueva fase en las últimas horas al haber solicitado la fiscalía anticorrupción al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se soliciten las cuentas del PP de Valencia, ante la sospecha cada vez más evidente de la financiación ilegal del partido conservador.
2010 puede convertirse en el año en el que queden al descubierto las vergüenzas del PP. No les afectará electoralmente, pues los suyos son el puro retrato de sus dirigentes, pero al menos servirá para que la izquierda se movilice para impedir que la corrupción masiva de quienes carecen de escrúpulos gobierne España.
(La fotografía representa la escultura de Francisco Fresno “Hacía la luz”, un nuevo símbolo de Gijón, y que puede inspirar a jueces y fiscales para llegar al fondo del asunto en el caso Gürtel).
El pasado 21 de diciembre el Partido Popular aprobaba el “Código de Buenas Prácticas” que prometió Rajoy. Y quien mejor que Ana Mato para presentarlo en sociedad y explicarnos a todos los principios y ética de los conservadores; no en vano estuvo casada con Jesús Sepúlveda, uno de los imputados en el “Caso Gürtel”, acusado de haber recibido en 1999 de Correa, el jefe de la trama corrupta, un Jaguar valorado en 52.190 euros en compensación por los servicios prestados. No sería nada extraño que la vicesecretaria de organización del PP se hubiese paseado en más de alguna ocasión en el vehículo deportivo, y tendrá conocimiento directo de la importancia de los sobornos recibidos por decenas de militantes de su partido.
Bromas aparte, me he tomado la molestia de leer con detenimiento el documento presentado, y no pasa de ser un panfleto plagado de “buenas intenciones”, pero vacio de contenido práctico, ya que su eficacia es prácticamente nula. Sin carácter obligatorio, no impone ningún castigo ejemplarizante a quien lo incumpla, y se limita a remitirse a las sanciones contenidas en los actuales Estatutos del PP, los mismos que se están aplicando para evadir de responsabilidades políticas a las decenas de imputados que ocupan puestos de relevancia en el partido.
Su contenido llega a ser burlesco si tenemos en cuenta que:
–1º) No lucha contra la corrupción, sino contra los descuidos que han permitido el descubrimiento del “Caso Gürtel”.
-2º) Carece de efectos retroactivos, por lo que no afecta a ninguno de los miembros del PP actualmente imputados por casos de corrupción; incluido Carlos Fabra, a quién Rajoy sigue defendiendo. Por lo que podrán mantener en sus bolsillos los 20 millones de euros (más de tres mil millones de las antiguas pesetas) que se sospecha han cobrado en el “caso Gürtel” personas vinculadas al PP entre sobornos y mordidas.
-3º) Para convertirse en un cargo electo será necesario que no exista “ninguna causa jurídica que le inhabilite para participar en un proceso electoral“, por lo que podrán presentarse imputados por delitos de corrupción e incluso aquellos que estén condenados si la sentencia no es aún firme.
-4º) La auditoría externa de sus cuentas en modo alguno descarta la financiación ilegal. La contabilidad oficial siempre es clara, transparente y cristalina; y obviamente en ella no se incluye el dinero “B”, también llamado dinero negro, que “no existe oficialmente”.
-5º) Se prohíbe aceptar cualquier tipo de regalo, salvo aquellos que respondan a “usos y costumbres”. ¿Se incluyen los trajes a medida? Nada se aclara.
-5º) Consuela saber que la contratación interna en el partido estará bajo la supervisión de la Mesa de Contratación formada, entre otros, por el tesorero del partido, es decir por el Luis Bárcenas de turno; por lo que se hace compatible la condición de senador con la de imputado, una manera muy digna de demostrar “el digno ejercicio de la actividad política”, en palabras del propio Código.
¿Se trata de una broma pesada o de una tomadura de pelo? Todo seguirá igual o peor. Pero con esta estrategia se gana tiempo y mantienen el apoyo de los suyos. ¿Cómo reaccionarán cuando se conozca el contenido completo del sumario del “Caso Gürtel?; como siempre, con cinismo e hipocresía, como si la cosa no fuera con ellos.
(El “Código de Buenas Prácticas” del PP nace cubierto de nubarrones, que amenazan tormenta; los mismos que se visualizan en la imagen captada en el Cabo Vidio el pasado 12 de abril de 2008).
Causa cierta perplejidad escuchar a Rajoy afirmando que “es injusto extender un manto de descrédito sobre toda la clase política“, y proponer medidas “contundentes” para luchar contra la corrupción, cuando al mismo tiempo anuncia que Francisco Camps se presentará de nuevo como candidato a la Presidencia de las Comunidad Valenciana y promueve una campaña de descrédito del SITEL, poniendo en duda su legalidad con el único objetivo de conseguir la nulidad del caso Gürtel, el mayor escánndalo de corrupción de los últimos años, en el que parece cobijarse la financiación ilegal del PP, bajo la batuta de su tesorero Luis Bárcenas.
Don Mariano, que se ha convertido en un encubridor de las fechorías de sus correligionarios, debería de saber que su actual “misión purificadora” es incompatible con su intención de extender un manto para esconder la corrupción, y de promesas e intenciones los ciudadanos ya estamos un poco hartos, y ahora solo pedimos hechos y actuaciones que conlleven consecuencias.
La irresponsabilidad del PP creando dudas sobre el SITEL (Sistema Integrado de Interceptación Telefónica) es manifiesta, no solo por el hecho de darlo a conocer para que los delincuentes que puedan ser interceptados tomen las medidas precisas para evitarlo, sino en especial porque fue encargado por el propio Mariano Rajoy el 24 de octubre de 2001, cuando era Ministro del Interior del segundo gobierno de Aznar, y costó al erario público 9.825.975 euros (unos 1.600 millones de las antiguas pesetas); dándose la circunstancia de que, estando prevista su fecha de entrega el 31/3/2003, alargaron el plazo de entrada en funcionamiento dos sucesivos aplazamientos, precisamente firmados por María Dolores de Cospedal, en su condición por entonces de Subsecretaria del Ministerio del Inerior.
Si Don Mariano considera ilegal el SITEL, ¿por qué se adquirió con su personal respaldo como Ministro del Interior?, ¿no se debería haber analizado antes de su adquisición su posible ilegalidad?, ¿cómo es posible gastar 10 millones de euros en un sistema que no sirve?, ¿han incurrido en un delito de malversación de caudales públicos quienes decidieron la compra de un sistema ilegal, los mismos que ahora cuestionan su ilegalidad?. Rajoy debe de saber que si prospera su intención de declarar ilegal el SITEL deberá responder del dinero invertido.
Recientemente nos hacíamos eco de la noticia de que en el Congreso todos los partidos mostraban su voluntad de endurecer las penas contra los políticos corruptos, y ya estaban en estudio los cambios legislativos a adoptar para hacer efectivo su compromiso. No obstante tengo serias dudas de que se lleve a la práctica en los próximos meses y, como tantas otras promesas, sospecho que todo quedará en nada; no nos olvidemos que quienes ostentan el mando sólo ven los defectos de los demás y son muy poco dados a mirarse al espejo, ya que su permanencia en el poder les aísla de sus electores y les convierte en vanidosos compulsivos.
Debemos de evidenciar que la corrupción de los políticos no ha aumentado, sino que ahora se está investigando, y de verdad, por lo que algún mérito tendrá el Gobierno dotando de más medios a la fiscalía anticorrupción para que pueda cumplir con su misión con más eficacia. Pero eso no es suficiente, dado que los políticos acusados de adueñarse de dinero público se enrocan en su postura de negarlo todo hasta que no existan pruebas que así lo acrediten, se mantienen en sus cargos políticos para mantener los privilegios que algunos tienen como aforados, y son conscientes de que la lentitud de la Justicia les permitirá demorar los procedimientos judiciales, en algunas ocasiones de forma escandalosa (como es el caso de Carlos Fabra).
Resulta una auténtica provocación para los ciudadanos comprobar cómo en el Senado se sienta ocupando su escaño Luís Bárcena, tesorero de facto del PP nacional, que cobra su sueldo todos los meses y mantiene su militancia en el partido como si nada hubiese ocurrido a pesar de estar inculpado por el Tribunal Supremo por delitos de corrupción; o cómo tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid mantienen sus puestos y votan en favor del partido que les encubre.
Nuestra propuesta legislativa, al margen de otras que se promuevan en el Congreso, es bien sencilla: Aprobar de inmediato una norma legal en la que, de forma automática, se suspenda de sus cargos y funciones a cuantos políticos sean inculpados por delitos de corrupción, en tanto dure el proceso penal, pudiendo tan sólo recuperar su puesto y condición en el caso de que sean declarados inocentes de los delitos por los que fueron acusados. Se trataría de una medida cautelar de efecto inmediato para evitar que los políticos corruptos se burlen de los ciudadanos manteniéndose en su cargos.
Es posible que una medida de tal naturaleza la consideren algunos como inconstitucional por violar el principio de presunción de inocencia. Pero en la medida en que los políticos tienen ciertos privilegios que les hacen ser diferentes del resto de los ciudadanos, se les debe de exigir un plus de responsabilidad; no nos olvidemos de que son ellos quienes administran el dinero público y los que con demasiada frecuencia lo desvían para aumentar su patrimonio personal.
Al “caso Gürtel” del que es posible que tan sólo conozcamos por el momento los primeros capítulos, se une ahora la “operación Pretoria”, un caso de corrupción a la catalana con tintes de rancio nacionalismo que ha salpicado de forma muy evidente al PSC; lo que confirma que ningún partido se salva de la ambición desmedida de algunos políticos que se convierten en peligrosos delincuentes cuando consiguen el poder.
Ahora sabemos que el juez Garzón venía investigando las graves irregularidades del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet desde hace dos años y que el Tribunal de Cuentas ya había detectado irregularidades que habían pasado “desapercibidas” para los políticos catalanes, y en especial para el PSC, por lo que es manifiestamente censurable su pasividad. Nuestro juez estrella demuestra ahora que persigue implacablemente a unos y a otros, y con la misma contundencia, lo que ha descolocado al PP, incapaz de salir en tromba para criticar la corrupción de los socialistas catalanes, porque ello sería tanto como ensalzar la eficacia de un juez que han denunciado por prevaricación.
Resulta evidente que hay corruptos en todos los partidos, pero las reacciones de unos y otros son muy distintas cuando se publican los escándalos y las listas de los nuevos delincuentes. Mientras que el PP dirigió sus dardos contra Garzón, los fiscales y la policía cuando se conocieron las primeras investigaciones del caso Gürtel, la reacción del PSC ha sido muy distinta, y automáticamente han sido expulsados del partido sus presuntos corruptos y serán de inmediato sustituidos en sus cargos. Pero eso no es suficiente, dado que sólo han reaccionado cuando se hacen públicas sus fechorías, que muchos debían de conocer y guardaron silencio.
Por eso es preciso exigir a nuestros políticos, y en especial a aquellos que aún mantienen su honradez, que denuncien a sus “compañeros” tan pronto tengan noticia de que han metido la mano en donde no deben, sin necesidad de esperar a que sean perseguidos en vía penal. Solamente con medidas preventivas puede atajarse el mal de la corrupción, y será el único camino para que los ciudadanos no pierdan la poca confianza que les queda en sus representantes.
Por el momento los principales partidos ya se han puesto de acuerd0 para endurecer las penas en los delitos relacionados con la corrupción; pero es necesario que a la mayor brevedad se aprueben las modificaciones precisas en nuestro Código, las que solamente serán eficaces si se buscan fórmulas procesales para que la justicia actúe con la máxima rapidez, dotando a la Administración de Justicia de medios suficientes.
De lo que sí tenemos que congratularnos todos es que los fiscales, los jueces y la policía están actuando con profesionalidad y eficacia; y es innegable que con la llegada de Zapatero la corrupción se persigue caiga quien caiga, lo que no ocurrió en gobiernos anteriores.
(La foto se corresponde a un meandro del rio Madalena, a su paso por San Salvador, concejo de Teverga -Asturias-, y fue tomada el pasado sábado 24 de octubre, con una Canon 5D MarkII, usando un objetivo 24/70 mm, con una distancia focal de 45 mm, una exposición de 15 segundos, con f/11 de diafragma y sensibilidad 100 ISO).
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