Tag: Corrupción

El himno nacional, la libertad de expresión y las bandas criminales

Los actuales dirigentes de la  televisión pública, pagada por todos, han  regalado a Ernesto Sáenz de Buruaga, afin a la ideología más reaccionaria del país, el programa “Así de claro”, de producción privada, para que satisfaga su ego seudofascista, invitando a comentaristas afines a su credo político. Buen ejemplo de “pluralidad ideológica”, que puede llegar a tener connotaciones criminales, y convertirse en un delito de malversación de caudales públicos.

Lo curioso es que uno de los temas de esta semana, que motivó una obvia unanimidad, se refería a los pitos dedicados por una parte del público al himno nacional durante la final de la copa del Rey en el Camp Nou. Trasladar este suceso previsible a la Comisión Antiviolencia, y que ésta lo remita a la Fiscalía General del Estado por si tuviese  consecuencias delictivas, parece un despropósito de tal magnitud que raya el ridículo, si no fuese porque en alguna medida está atentando a uno de los derechos constitucionales más sagrados, como es el de la libertad de expresión.

Lo llamativo es que el propio Pedro Sánchez, un republicano de boquilla que se arrodilla ante la institución monárquica, se suma a este cúmulo de despropósitos llamando al Rey Felipe VI para pedirle disculpas, ante el ultraje recibido. Y en este país muchos, demasiados, parecen rasgarse las vestiduras ante lo que no pasa de ser una mera anécdota, más o menos desafortunada; hasta el punto de que Carlos Floriano, el ilustre portavoz del PP, pide cambios legislativos. ¿Para qué?, ¿para llenar nuestras cárceles de desaprensivos independentistas que han osado tocar un pito?. Nuestro sistema democrático nunca será mayor de edad con personajes como éstos,  que están convirtiendo nuestro país en una monarquía bananera.

La semana pasada José de la Mata, el  magistrado que ha sustituido a Pablo Ruz en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, consideraba,  en una resolución dictada en una de las piezas del “caso Gürtel”, que el  Partido Popular había actuado como una “banda criminal”.  Lo curioso es que el Presidente del PP, es a su vez el Presidente del Gobierno, y no ha dimitido ni se ha ruborizado por estar al frente de un colectivo seudomafioso. ¿Acaso alguien ha sugerido que se cambie la legislación para que nunca más se produzca una situación tan bochornosa?. Tal parece que es más grave tocar un pito que robar, supuestamente, al sufrido ciudadano. Y así nos va.

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Aquí hay gato encerrado, y un delito de cohecho de libro

Las cosas son lo que son y no lo que las partes quieran que sean, mantiene un viejo principio  en derecho para resolver las discrepancias entre la realidad y la ficción. Porque simular una situación contractual para amparar unos cobros de dudosa legalidad, puede desmontarse cuando resulta inverosímil pensar que las contraprestaciones entre las partes están equilibradas, convirtiéndose  en un evidente fraude de ley.

Por poner algún ejemplo, nadie se puede imaginar, por no ser creíble, que un hostelero pague a un empleado el salario mínimo mensual por trabajar tan solo un día de cada quince, o que un cirujano cobre de la sanidad pública cinco mil euros al mes por tomar un café cada dos semanas con sus compañeros de trabajo para explicarles los nuevos avances en medicina. Todos pensarían que hay gato encerrado, y que algo  se está ocultando, máxime cuando vivimos en una sociedad en donde nadie regala algo a cambio de nada.

Por eso resulta de una inocencia supina, o una manera de asumir como normal la corrupción de nuestros políticos, y en esto parecen haberse contagiado todos los medios de comunicación, limitar el debate público a analizar si es ética o no la actuación del diputado Martínez-Pujalde, no cuestionando su legalidad; cuando estamos ante un caso evidente de cobro de comisiones ilegales, disfrazadas de una muy torpe relación contractual, que nadie se cree.

A los ciudadanos nos toman por tontos, sin  darse cuenta que en la mayoría aún sigue viva -en ello confío-  la capacidad de incredulidad respecto de las actuaciones de muchos, demasiados, políticos en activo. Resulta que Collosa, una empresa  que contrata habitualmente con las administraciones públicas, paga cinco mil euros al mes a un diputado del PP para que le asesore cada quince días sobre cómo va la economía en general,  mientras se toma un café con su consejero delegado. Y todo ello coincide en el tiempo con el apogeo de los parques eólicos en La Comunidad de Castilla-León, gobernada por el Partido Popular, de cuya adjudicación se ha beneficiado la empresa que le paga los cafés. ¿Nos quieren  tomar el pelo?.

Aquí hay gato encerrado, nadie contrata a Martínez-Pujalde por guapo, por listo o por ser un virtuoso de los temas económicos; lo hacen exclusivamente por ser diputado y tener capacidad de influencia sobre sus compañeros de partido para que quien le paga goce de una mejor posición a la hora de contratar con la administración. Eso es pago de comisiones, siempre ilegales,  al diputado o al partido, o a ambos para repartirse, a cambio de allanar el camino para obtener contratación pública. Y una actuación de tal naturaleza está tipificada como delito de cohecho en nuestro Código Penal.

Lo sorprendente es que el directivo de la empresa Collosa, que “fichó” a Martínez-Pujalte, lo justifica afirmando que “éste tiene una visión privilegiada de la economía“, por lo que con dos cafés al mes, sin un número puesto en negro sobre blanco,  parece que quedaba satisfecho. Pero más sorprendente es que al acabar su “contrato”, le sustituyó un diputado jurista, llamado Federico Trillo, que poco sabe de economía pero sí mucho de marrullerías jurídicas. Otro impresentable al que el PP protegerá porque le debe muchos favores, al haberse dedicado durante años a guardar los trapos sucios del partido actualmente en el gobierno.

Y mientras todo esto sabemos que ha ocurrido millones de españoles no llegan a final de mes y pasan necesidades por percibir unos salarios indignos, que en muchos casos apenas llegan a los 600 euros mensuales. Estos políticos de tres al cuarto, mentirosos y pendencieros, que se permiten practicar el pluriempleo muy bien pagado en un país con más de cinco millones de parados, se ríen de nosotros delante de nuestras narices. ¿Les vamos a dar otra oportunidad para que sigan haciéndolo?. Está en nuestra mano decidir este año su futuro, y debemos confiar en la sensatez y buen criterio de la mayoría. No olvidemos que ante las urnas somos los dueños de sus destinos.

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Que nadie se rasgue ahora las vestiduras con Rodrigo Rato

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Los mismos que le encumbraron, protegieron, y encubrieron durante décadas, se sorprenden ahora de los desmanes económicos de Rodrigo Rato, como si descubriesen ahora que era un personaje muy poco de fiar. Pero el problema para los dirigentes del PP no es que sea un desaprensivo, porque lo son muchos de los que dirigen ahora el destino de nuestro país,  sino que le han descubierto. Por eso os reproduzco el contenido de un artículo publicado en este blog el 4 de noviembre de 2009, cuando ya había dejado la presidencia del FMI y estaba a punto de ser nombrado presidente de Caja Madrid. Bajo el titulo “Pero, ¿quién es Rodrigo Rato?“:

Hay personajes en nuestra vida política que siempre son considerados como dioses, hagan lo que hagan y digan lo que digan, y sus noticias en negativo tan sólo se publican en letra pequeña; se asimilan a algunos  entrenadores de fútbol  que, después de fracasar en un equipo, son codiciados por otro y van rotando sin apenas desgastarse. Y esto es lo que parece ocurrirle  a Rodrigo Rato

Quizás lo más relevante en los últimos años de Rodrigo Rato es su pose muy estudiada, en donde la colocación de sus gafas y su “interesante” mirada tratan de hacerle distinto a los demás, consiguiendo ser respetado por casi todos. Pero aparte de una imagen, ¿qué hay verdaderamente detrás de este siniestro personaje que parece encandilar?. ¿Ya nadie recuerda la obligada intervención del Banco de Siero, propiedad de la familia Rato, que se convirtió en uno de los mayores escándalos económicos de la época franquista?.

Podría decirse que Don Rodrigo no es responsable de las andanzas de su padre, y es verdad; pero los turbios negocios de la familia Rato no están desvinculados de la actualidad. Sin ir más lejos el pasado 29 de octubre, se difundía la noticia de que un informe pericial encargado por el Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid, en un proceso judicial que mantiene imputadas a 16 persona por presunto “trato de favor”, avalaba la tesis de que Banesto había pagado a la familia Rato un sobreprecio por la compra de Aguas de Fuensanta, aunque el propio perito lo encontraba razonable, quizás porque las varas de medir son muy distintas para unos y para otros, y el poderoso casi siempre tiene razón, aunque no la tenga.

Rodrigo Rato tuvo la fortuna de haber coincidido su paso por el Ministerio de Economía con una época especialmente boyante en lo económico, y sólo necesitó copiar las recetas de Pedro Solbes, su antecesor, para salir airosamente brillante de su cargo. Pero en su debe está el haberse convertido en el artífice de la burbuja inmobiliaria en España trás su Ley del Suelo que lo liberalizaba, lo que facilitó la especulación galopante y provocó que los precios de la vivienda se duplicasen; y es ésta, y no otra, la causa de haber explotado la crisis en la construcción que se ha unido a la crisis económica sufrida a nivel mundial, la que ha colocado a nuestro país en una peor posición. Si a ello unimos el hecho de que la especulación del suelo, propiciada por las alegres recalificaciones llevadas a cabo por algunos Ayuntamientos,  es el origen de muchos casos actuales de corrupción (la “Operación Pretoria”, sin ir más lejos), vemos que su paso por la política durante los gobiernos de Aznar ha sido poco edificante para un futuro que ya sufrimos.

Y no podemos olvidar su paso como director gerente del Fondo Monetario Internacional, cuyo cargo abandonó en junio de 2007, sin haber terminado su mandato de cinco años, por “motivos familiares”, para dedicarse a sus hijos, y tras haber cumplido el tiempo necesario para hacerse acreedor a una buena pensión, compatible con otras actividades. En el fondo huyó del desastre que se veía venir en la economía mundial, y cuando tenía tiempo para subir al bote salvavidas, y dejó el FMI en un momento en  el que se llevaba a cabo una importante reconversión en su seno.

Rodrigo Rato es un liberal intervencionista, que ha llegado incluso a dudar del sistema capitalista cuando las “circunstancias” lo aconsejaban, lo que le convierte en un camaleón en el ámbito de la economía con un fondo de armario bien repleto. “Coherencia” no le falta, y el oportunismo parece ser su mejor cualidad para estar en el lugar adecuado y en el momento preciso cuando los cargos pendientes de asignar están bien remunerados.

Este es en síntesis el próximo presidente de Caja Madrid, la cuarta entidad financiera de nuestro país. ¿Es una elección adecuada?; cada uno tendrá su opinión, pero lo que no entiendo es la incoherencia de nuestro actual presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al afimar que “Yo no soy contrario a Rato“, cuando pocos día antes mantenía lo contrario por estar molesto por su dimisión del FMI; quizás lo considere el menos malo de los posibles, pensando que con ello se evita que Esperanza Aguirre se convierta en presidenta “de facto” de Caja Madrid, cuando pretendía colocar a su “caballo blanco” Ignacio González, su mano derecha y actual vicepresidente del gobierno autonómico. En todo caso lo que parece evidente es que la politización de Caja Madrid se consolida definitivamente.

Y ahora que cada uno saque sus propias conclusiones. Por entonces gobernaba un tal Rodríguez Zapatero, pero en la Comunidad de Madrid el PP lo hacía por mayoría absoluta y había convertido Caja Madrid en su propio chiringuito.

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“Rodrigo somos todos”, cantan alborozados, y en silencio, los dirigentes del PP

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Hace unas horas contemplábamos como quién fuera vicepresidente del gobierno con el PP durante ocho años, y presumía de ser un azote contra el fraude fiscal, era detenido por los presuntos delitos de blanqueo de capital, fraude y alzamiento de bienes. El espectáculo se transmitió en directo, previa citación de todos los medios de comunicación,  para que el escarnio a la persona de Rodrigo Rato adquiriese el máximo nivel. Nadie se preocupó en ese momento de quién estaba detrás de esta  demostración de fuerza, que permitía transmitir la sensación de que el Estado de Derecho funciona gracias a la acción del gobienro. Pero todo se desinfló cuando horas después veíamos, también en directo, como se ponía punto final a su detención, al ser puesto en libertad sin tomar ninguna medida cautelar contra él.

Paralelamente el ministro de justicia proclamaba a los cuatro vientos que “esto demuestra que la ley está por encima de amigos o compañeros“, lo que hizo sospechar a más de uno que, al haberse hecho pública la noticia de que Rato se había acogido a la amnistía fiscal aprobada por quién fuese su colaborador directo, Cristóbal Montoro, los acontecimientos  se habían acelerado y se pretendía convertir la “detención” en una acto más de propaganda electoral del gobierno, que sacaba pecho de un montaje en el que han colaborado activamente  la Agencia Tributaria y la Fiscalía de Madrid, que funciona bajo el control directo de la Fiscal General del Estado, a su vez lacaya del gobierno.

Lo cierto es que el “detenido” fue puesto el libertad sin haber ni tan siquiera visto la cara del juez que acordó ambas medidas, pudo dormir en su casa, y hasta tiene la posibilidad de viajar hoy a Suiza para continuar con las labores de blanqueo de capital y posiblemente seguir destruyendo pruebas. Muy ingenuo será quien crea que este tipo de personajes esconden la documentación sensible en su propio domicilio o en su despacho personal.

Por lo que ahora sabemos no había ninguna investigación judicial abierta, en la mañana del 16 de abril la Agencia Tributaria se apresuró a mandar un informe al fiscal jefe de Madrid, para que éste a su vez acudiese presuroso al juzgado de guardia para solicitar un inmediato registro judicial, que se llevó a cabo  horas después. Todo un montaje preparado por los políticos que nos gobiernan para llevar a cabo un acto electoral a costa de hacer sangre con uno de los suyos. Ni la mafia italiana podría hacer las cosas mejor y con tanta rapidez.

Visto lo visto hoy los dirigentes del PP podrían cantar al unísono, pero en silencio,  “Rodrigo somos todos“, solo que a unos ya les han cazado y a otros no. Es la única diferencia entre los que gobiernan y los que han dejado de hacerlo. Ahora que el 30% de los españoles sigan votando a estos manipuladores, trileros impresentables, carentes de escrúpulos, que son capaces de todo con tal de mantenerse en el poder.

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Orden de búsqueda y captura para el ministro Cristóbal Montoro

Tan locuaz y charlatán, nuestro “flamante” Ministro de Hacienda e Instituciones Públicas parece haberse olvidado de que la tierra es redonda y de que el día sucede a la noche, hasta el punto de que lleva una semana en ignorado paradero, por lo que no ha quedado más opción que emitir una orden ciudadana de búsqueda y captura, para que dé explicaciones públicas de todo lo que está ocurriendo alrededor de su persona, y confiamos en que con  el mismo estilo que le caracteriza para criticar y sembrar dudas sobre los demás.

Personaje siniestro, mordaz y alejado de los comportamientos que deben de adoptarse por quien se supone tiene las llaves de nuestro dinero, Cristóbal Montoro ha conseguido en tres años destruir definitivamente la imagen de seriedad, imparcialidad y neutralidad que debe trasladar a los ciudadanos la Agencia Tributaria, que siempre debe de estar ajena y distante a los cambios políticos, para convertirla en una fuente de información privilegiada para sus intereses políticos y de partido, hasta el punto de que la ha transformado en un chiringuito más del partido en el gobierno, que ha servido para perdonar deudas millonarias a sus amigos defraudadores mediante una amnistía encubierta, perseguir implacablemente al honrado ciudadano por meros errores en su declaración,  verter insinuaciones maliciosas frente a destacados miembros de la cultura que no les son afines, y ocultar sus propias vergüenzas para exonerar a los suyos de graves responsabilidades penales.

Los enfrentamientos entre la Agencia Tributaria y el juez Ruz se han convertido en la gota que colmó el vaso, al atribuirse aquella facultades para decidir lo que es o no es delito, cuando es competencia exclusiva del instructor, de la misma manera que éste no debe decidir si una determinada irregularidad fiscal es motivo o no de sanción administrativa. Pero comparar al PP con Cáritas, por el mero hecho de que ambas entidades formalmente gozan de los privilegios de las organizaciones sin ánimo de lucro, es tal dislate que insulta al sentido común de la mayoría de los ciudadanos, cuando ya sabemos  que el PP se ha convertido en un negocio muy lucrativo para muchos de sus dirigentes y allegados.

Es cierto que la Ley de Partidos Políticos deja exentas del pago del Impuesto de Sociedades las donaciones que reciban y sean destinadas a los fines propios del partido. Pero obviamente se está refiriendo a donaciones legales, transparentes, incluidas dentro de la contabilidad oficial auditada por el Tribunal de Cuentas, y que no excedan de los límites legalmente establecidos. Y, por supuesto, no incluye las donaciones obtenidas ilegalmente, procedentes supuestamente de comisiones pagadas por empresas con el objetivo de obtener a cambio concesiones de obras públicas, dinero negro puro y duro que tan solo se refleja en su contabilidad B, conseguido al estilo mafioso de los años 40 de Lucky Luciano. Por lo que darle el mismo tratamiento fiscal es todo un despropósito jurídico, alejado de los principios que deben presidir un Estado de Derecho decente, del que tanto queremos presumir.

Para que todos nos entendamos, el PP se financia de forma ilegal con dinero negro y no declarado, trata de blanquearlo repartiéndolo en sobre marrones a sus dirigentes y mediante la ejecución de obras en su propia sede, consensúa con el arquitecto ejecutor su entrega en B para que éste se ahorre el pago del IVA, convirtiéndose en colaborador necesario del fraude fiscal, y ahora pretende, con el apoyo de la Agencia Tributaria controlada por  el propio Cristóbal Montoro, que se le dé el mismo tratamiento que al dinero legal. Todo un escándalo, que en un país decente hubiese provocado su inmediata dimisión.

Pero como no hay dos sin tres, ahora sabemos que los beneficios del despacho fundado por Cristóbal Montoro, denominado actualmente Equipo Económico S.L., crecieron como la espuma en época de crisis cuando aquél lo abandonó para dedicarse de nuevo a la política y convertirse posteriormente en Ministro de Hacienda. Todo ello “casualmente” gracias al contrato millonario firmado con Madrid Network, empresa semipública de la Comunidad de Madrid, presidida por entonces Antonio Beteta, actual Secretario de Estado de Instituciones Públicas, dependiente del propio Cristóbal Montoro.  Un caso de tráfico de influencias de libro, tipificado en el artículo 428 del Código Penal, y penado con multa y prisión de seis meses a dos años, de esa que se tiene que cumplir cuando los hechos son socialmente reprobables y producen escándalo público, como le ha ocurrido a la propia Isabel Pantoja, que por mucho menos está en la cárcel.

Pico a la puerta, ¿está el Sr. Montoro?… No contesta, parece que se ha escondido en el cuarto de las escobas hasta que amaine el temporal. Y mientras tanto el PP y Don Mariano Rajoy dándonos a todos lecciones de honradez y exigiendo a los griegos que cumplan sus compromisos, cuando ellos hacen todo lo contrario a lo que prometen, meten la mano en la cartera del dinero público, y gozan de una impunidad escandalosa. Qué vergüenza.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24.es)

 


El caso Monedero puede volverse contra el PP… No caigas en su trampa

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Hace años, cuando aún no estaba en política y Podemos ni siquiera era un proyecto realizable, un tal Juan Carlos Monedero realizó en su esfera privada una serie de trabajos propios de su especialidad profesional, para determinados países sudamericanos, como han hecho un sinfín de catedráticos y profesores universitarios en las últimas décadas. Como las cosas funcionan como funcionan, tardó años en percibir su remuneración, y decidió crear una sociedad unipersonal para facturarlos. Quizás este fue su gran error, pero muy posiblemente siguiendo los consejos de un asesor fiscal. No olvidemos que en este país existen miles de sociedades unipersonales o familiares creadas con el único fin de tributar a la Agencia Tributaria, recomendadas por los propios asesores fiscales, y nadie se rasga las vestiduras por ello.

Si Monedero no fuese en la actualidad un destacado activista político de un partido que aspira a gobernar nuestro país, que se ha convertido en  la principal oposición al Partido Popular, no hubiese pasado nada, o a lo sumo Hacienda le habría remitido una declaración paralela, de entender que tributaba indebidamente, lo que podría ser discutido incluso ante los Tribunales, dadas la diversas interpretaciones existentes en situaciones similares. Lo que es evidente es que declaró sus ingresos, y cuando se cuestionó públicamente si era o no correcto hacerlo a través de una sociedad unipersonal, decidió aplicarse para sí mismo el criterio más exigente, y presentar una declaración complementaria, por lo que en estos momentos está al día  con Hacienda, e incluso se le debe un dinero ingresado en exceso.

Lo que sí resulta escandaloso y delictivo es que el Gobierno, a través de Cristóbal Montoro, o allegados a éste, filtre a la prensa, por motivaciones políticas y partidistas, un documento secreto de la Agencia Tributaria, como es la declaración de un particular, con la única finalidad de construir un escándalo político. Es el mismo gobierno  que se negó a publicar las listas de los mayores defraudadores de este país, y  que alegó motivos de confidencialidad para ocultar las personas que se acogieron a la amnistía fiscal.  Pero Juan Carlos Monedero es la excepción,  por cuanto es preciso destruir y desprestigiar a un movimiento político que aspira a expulsar del poder al partido más corrupto de la historia de la democracia.

La revelación de secretos, en sus diversas vertientes, está castigada en nuestro Código Penal con severas penas, que pueden llegar a una privación de libertad de 3 a 5 años para un caso como el que nos ocupa. Y conocer el autor de la filtración es más que sencillo, porque el sistema de seguridad para controlar el acceso a la información y bases de datos de la Agencia Tributaria permite identificar a quien lo haga, al quedar su huella marcada, e incluso se puede saber el día y hora de su acceso y los motivos que alegó para hacerlo. Por lo que sería conveniente que se abra una investigación de inmediato para conocer al autor de la filtración para que responda por ello, e incluso es un hecho de tal gravedad que exgiría la intervención de la Fiscal General del Estado, que parece estar en ignorado paradero desde su nombramiento.

Muchos periodistas y políticos que ahora se rasgan las vestiduras frente a Monedero, a buen seguro tendrán constituidas sociedades unipersonales o familiares para declarar a Hacienda sus ingresos por sus actividades profesionales, y les recuerdo que pueden ser víctimas del efecto boomerang. Incluso muchos ídolos del fútbol (Messi y Casillas, entre otros muchos), se han encontrado en situaciones similares, y han regularizado su situación sin que nadie les haya acusado de cometer un fraude fiscal; y más de uno, como es el caso de Gerard Piqué, ha decidido no pagar la suma reclamada y discutir la procedencia de la misma en los tribunales, lo que podría haber hecho igualmente Juan Carlos Monedero.

Un tal José María Aznar, Presidente de Honor del PP, muy pocos meses después de dejar de ser Presidente del Gobierno constituyó junto con Ana Botella Famaztella S.L., con un capital social de 3.006 euros, una sociedad familiar cuyo objeto social era “la explotación de los derechos de propiedad intelectual de doña Ana Botella Serrano y de don José María Aznar López en todas sus manifestaciones, como libros, escritos, discursos, alocuciones, conferencia y otras análogas”, a través de la cual ha facturado millones de euros, supuestamente para declarar menos a Hacienda. La Agencia Tributaria  abrió una inspección a la citada empresa en el año 2013, que fue cerrada pocos meses después, presumiblemente sin sanción. Nada se dijo de fraude a Hacienda, ni de delito fiscal, pero lo cierto es que esta sociedad encubre unas actividades personales que, aplicando el criterio que se exige a Monedero, deberían de haber tributado por encima del 45%,  y no por el impuesto de sociedades.

La Vicepresidenta del Gobierno ha llegado a afirmar con su lengua viperina que “Si todos los españoles hicieran lo que hace Monedero a ver cómo íbamos a pagar los servicios públicos, la Sanidad o la Educación“. ¿Le damos la vuelta?: “Si todos los españoles hicieran lo que ha hecho Monedero, declarando sus ingresos, haciéndolo en España, y presentando su declaración complementaria ante las dudas surgidas, podríamos haber evitado los recortes en los servicios públicos, la Sanidad o la Educación“.

En el fondo todo esto es un burdo montaje de una derecha que no tiene escrúpulos para mentir, difamar, engañar y tratar de manipularnos a todos. La hipocresía, el cinismo y el fariseísmo nos gobierna. Su única intención es tapar sus vergüenzas, aunque se conforman con que pensemos que los demás son  tan sinvergüenzas como ellos. No caigas en su trampa.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24)


Bárcenas puede querellarse contra el Ministro de Justicia

rafaelcatala

Muy desafortunado para los intereses de los suyos ha estado el actual Ministro de Justicia, Rafael Catalá, al afirmar que “Bárcenas se ha quedado con dinero del PP“. Sus acusaciones son inapropiadas en razón al cargo que ocupa en el Gobierno, y han permitido que el extesorero pueda retar al Partido Popular  a que se querelle contra él por un presunto delito de apropiación indebida. Parece obvio que quien se siente víctima de una sustracción de dinero acuda de inmediato a la justicia para denunciar tal situación, en mayor medida si conoce su nombre y apellidos y tiene posibilidades reales de conseguir que le sea reintegrado, dado el importante patrimonio que posee el autor de los hechos, por lo que resulta extraño que todo se quede en palabras.

El PP protegió, defendió, y alabó la excelente labor de Luis Bárcenas en el partido durante años, trató de comprar su silencio con una “indemnización en diferido” mientras había visos de poder salvar la situación, y cuando fue incriminado y encarcelado por graves delitos económicos lo consideró totalmente amortizado y se lanzó a su yugular, tildándole de delincuente peligroso para desacreditar sus declaraciones, que involucraban a todas las cúpulas del PP de las últimas décadas. Pero ahora sus numerosos voceros deben de tener mucho cuidado con sus palabras, no sea que en su afán de desprestigiar al extesorero incurran en contradicciones que hagan que se descubra de una vez toda la sucía verdad, que nos tratan de ocultar.

Si le damos la vuelta a la tortilla, Rafael Catalá ha puesto en bandeja  la posibilidad de que Luís Bárcenas pueda querellarse contra él por un presunto delito de calumnias, al haberle acusado,  falsamente a juicio del extesorero, de haber cometido un delito de apropiación indebida. No olvidemos que una  imputación de tal naturaleza se encuentra sancionada en el artículo 207 de nuestro Código Penal, con una pena que puede llegar a los dos años de prisión.

Imaginemos que esto ocurre, al decidirse Luis Bárcenas a querellarse contra el actual Ministro de Justicia. Ello obligaría a este último, para poder exonerarse de responsabilidad penal,  a demostrar que son ciertas sus acusaciones. El tal caso debería de acreditar el dinero que fue objeto de apropiación, en dónde se encontraba depositado y, en especial, su procedencia. Y dado que el PP mantiene que sus únicas cuentas son las oficiales, debería descubrirse fácilmente con el examen de la contabilidad auditada, de la que reiteran no existe ninguna irregularidad.

Otra cosa es que Luis Bárcenas, como todos sospechamos, se haya apropiado de parte del dinero B del Partido Popular, pero esto no puede discutirse en los tribunales porque, en palabras de María Dolores de Cospedal, la contabilidad B es de Luis Bárcenas, y no de su partido. Lo cierto es que el galimatías en el que se han metido nuestro actuales gobernantes es de tal entidad que solo un acto de fe de los muy creyentes permite darles algún grado de credibilidad. Aunque ya sabemos que la fe mueve montañas, y puede llegar a esconder toda la podredumbre que les rodea; para ello es preciso estar mal del olfato, porque el olor a corrupción e inmoralidad es muy difícil de eliminar.

 No obstante lo previsible es que ni uno ni otro lleguen a la querella, porque tanto el PP como Luis Bárcenas son conscientes de que los tribunales no son el campo de batalla adecuado para dirimir sus diferencias. Bastante tienen en los Juzgados como para darles cancha a los jueces para que les rematen definitivamente. Eso sí, en las próximas semanas, mientras negocian en secreto la salida más adecuada para que todos puedan salvarse, se tirarán dardos sin cruzar la línea roja. Aunque si el PP comete errores e incurre en extralimitaciones, Luis Bárcenas puede cabrearse de verdad, y hacer pública parte de la munición que tiene guardada en su polvorín.

Para quienes aún creemos que es posible recuperar la decencia en la política, la situación que vivimos es sucia, asquerosa e infumable. Rajoy y compañía, una pandilla de cobardes incapaces de asumir sus responsabilidades, no deberían tener cabida en nuestro futuro inmediato, si queremos de verdad acabar con la corrupción en nuestro país. La solución es muy fácil y sencilla, las urnas tienen la última palabra y pueden poner a cada uno en su sitio.

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