En nuestro país, haciendo un flaco favor a la ética y a la decencia, los políticos han colocado muy bajo el listón de la moralidad, hasta el punto que todo se permite en tal “digna”profesión con tal de que no sea delito. Es más, se permiten conductas que, siendo delictivas, logren apaciguarse en los tribunales; incluidas aquellas que, por haber prescrito, ya no pueden ser motivo de condena penal. De ahí que la figura del político se encuentre tan desprestigiada ante la ciudadanía, sin visos de solución salvo que exista un cambio de rumbo, que ni tan siquiera se atisba en el horizonte.
Cuando estalló el caso Bárcenas, la intención inicial del PP fue judicializarlo al máximo, a sabiendas de que la actualidad se renueva y transita con más celeridad que los tribunales de justicia; y permite que ante cualquier pregunta inconveniente se utilice la respuesta fácil de que no se puede opinar al existir una investigación judicial. Ademas dilatar las instrucciones judiciales en la vía penal pueden traer incluso sorpresas agradables en forma de nulidades, prescripciones, e incluso cambio de jueces díscolos por otros más dóciles con el poder; y si no que se lo pregunten a Carlos Fabra, que lleva pendiente de ser juzgado más de 10 años.
Culpar a los jueces de parcialidad o de interés desmedido en investigar, cuando resultan inconvenientes para sus intereses, es un ejercicio habitual del Partido Popular, que ya ha puesto en práctica en más de una ocasión, y con resultados positivos. La muestra más reciente la tenemos en la expulsión de la carrera judicial de Baltasar Garzón por métodos bastardos; eso sí, Federico Trillo, su impulsor, ha recibido como premio la Embajada del Reino Unido, sin que tengamos noticias de que se prodigue en exceso en la defensa de los intereses de nuestro país.
Ahora el PP, con la inestimable ayuda de la Fiscalía, pretende centrar el debate en los aparentes enfrentamientos entre dos jueces de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz y Javier Gómez Bermúdez, cuando se trata de un tema menor y formal, ya que un conflicto de competencias se resuelve fácilmente mediante un pronunciamiento de su inmediato superior, en este caso la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que deberá de decidir primero si ambas causas pueden ser instruidas de forma separada; y de entender que existe duplicidad, determinar quien es el competente, que probablemente será el juez Ruz, por haber sido el primero en instruirlas y al estar en sus manos la investigación del caso Gürtel.
No obstante, no estoy muy seguro de que exista duplicidad, aunque sean comunes muchas de las pruebas a practicar. La causa que instruye el juez Ruz va encaminada a determinar las posibles conductas delictivas de Luis Bárcenas; mientras que la que está en manos de Gómez Bermúdez, y seguida por querella de IU, está más orientada a la exigencia de responsabilidades penales a dirigentes del PP. Aunque es posible que tarde o temprano tengan que acumularse.
Es conocido el odio que los dirigentes del PP profesan al juez Gómez Bermúdez desde que demostró, con la sentencia del 11M, las mentiras de los populares tras el atentado más sangriento de nuestra historia reciente, y que motivaron una inesperada derrota electoral de la derecha. Pero las preferencias por el meticuloso juez Ruz parten de la interinidad de éste en su puesto en la Audiencia Nacional, que tiene como fecha de caducidad el próximo mes de septiembre, por lo que aún disponen de tiempo para tratar de situar en su lugar a un juez más dócil y asequible para el poder. Lo que sumado a la colaboración “desinteresada” de la Fiscalía, puede conducir a un archivo “inesperado” del caso Bárcenas, para mayor gloria de la corrupción masiva en la que están incursos.
Por cierto, con su proyecto de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Gallardón pretende dar un papel protagonista a los fiscales, que se convertirán en los instructores de las causas penales, misión hasta ahora encomendada a los jueces. Es una manera como otra cualquiera de que el poder político pueda controlar las investigaciones criminales, al ser el Gobierno de turno el encargado de nombrar al Fiscal General del Estado, a cuyo criterio están sometidos todos los fiscales, y el camino ideal para fomentar la impunidad absoluta en los casos de corrupción.
Mantener la llama de la esperanza de que la justicia pueda actuar con imparcialidad, rigor y celeridad es lo único que nos queda. Pero que nadie dude de que los principales enemigos para conseguirlo están gobernándonos por mayoría absoluta, y esto suena a desolador para nuestro futuro inmediato.


















