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Urge restituir en sus puestos a los jueces Baltasar Garzón y Elpidio Silva

garzonelpidio

Tras sufrir una persecución indecorosa, indigna e implacable, el 9 de febrero de 2012 nos enterábamos de que el Tribunal Supremo, en contra del criterio del fiscal,  condenaba a 11 años de inhabilitación por prevaricación al juez Baltasar Garzón, lo que suponía poner fin definitivamente a su carrera judicial.  Su pecado no era otro que el haber sido impacable con la persecución de la corrupción del Partido Popular. Desde entonces, para vergüenza de algunos jueces y fiscales, continúa siendo el primer y único condenado por el caso Gürtel.

Aunque constituyó noticia de segundo nivel, al haber copado los titulares de los medios de comunicación el contagio del ébola y las tarjetas opacas, el pasado 7 de octubre se publicaba la noticia de que el juez Elpidio Silva era condenado a 17,5 años de inhabilitación por prevaricación continuada, por el Tribunal Superior de Justicia. Su pecado no era otro que el haber privado de libertad de forma indebida a los personajes tan “honorables” como Miguel Blesa y Gerardo Díaz Ferrán. La sentencia no es firme, ya que puede ser revocada por el Tribunal Supremo, pero supone un grave mazazo a la indepencia de los jueces. Curiosamente es el primer condenado por el caso Bankia.

De personalidades muy distintas y antagónicas, ambos han tenido en común el llevar al límite la investigación judicial de graves casos de corrupción, cometidos por personajes abyectos, pero pertenecientes a la casta de los intocables, y que por ello gozan de una protección especial por parte de quienes, con mucho poder y carentes de escrúpulos, pueden llegar a influir en determinadas decisiones judiciales.  Molestos y peligrosos, era preciso inhabilitarlos de por vida, y de paso se mandaba un mensaje a sus compañeros, que a buen seguro ya saben a que se arriesgan si osan imitarles.

La prevarición, que consiste en estos casos en dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son, es de una subjetividad en su interpretación que permite que hechos muy similares puedan ser o no considerados como delito en razón a la ideología y mentalidad del juez que ha de decidir, por lo que una condena puede incluso  llegar a estar motivada por prejuicios y pasiones de carácter extrajurídico. Y si a ello unimos  que en determinadas instancias, como pueden ser el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, muchos de sus miembros están nombrados en base a criterios políticos, el plato está servido para que pueda ser condenado un inocente sin que quien firma la sentencia  pueda incurrir en responsabilidad alguna.

No está de más recordar que el caso Gúrtel ha servido para destapar en cadena situaciones gravísimas de corrupción. Porque el  caso Bárcenas o la ya muy avanzada investigación sobre la financiación ilegal del partido en el Gobierno, nunca hubiesen salido a la luz sin la intervención  inicial del polémico juez Garzón, al que todas las personas decentes le debemos gratitud.

Lo llamativo de la condena del juez Elpidio Silva, es que coincide en el tiempo con el conocimiento público de las tarjetas opacas de Bankia, que permite descubrir que el honorable Blesa, a falta de saber con detalle en qué se gastó los 436.700 euros que se le imputan, invirtió 9.000 euros en un Safari en África y 10.000 en vino. Y nos estamos refiriendo al mismo Blesa  que hace unos meses  acusaba al juez Silva por daños irreparables a su honor, al mismo amigo que impuso Aznar para gestionar Bankia, cuyo rescate nos ha costado a nuestros bolsillos 23.465 millones de euros. Por cierto, gracias a los correos intervenidos por el juez ahora condenado,  se ha podido tirar del hilo para descubrir la existencia de las tarjetas  “black”.

En las últimas semanas están pasando  muchas cosas, demasiadas, para saber que se ha levantado la  veda del corrupto; y los partidos de la casta, atemorizados por lo que se les puede venir encima cuando continúen saliendo a la luz otros casos de corrupción, están sufriendo un desgaste irrecuperable. Se ha acabado el discurso derecha o izquierda, ahora toca enfrentar a las personas honestas con los ladrones y sirvergüenzas; y una sociedad que está empeñada en recuperar su dignidad, no puede permitirse el lujo de dejar en el dique seco a dos jueces que, con sus errores humanos, han influido de forma decisiva  en que podamos vez  la luz en un país con un altisimo nivel de corrupción.

Por su contribución a la decencia,  los jueces Baltasar Garzón y Elpidio Silva deben ser restituidos de inmediato en sus puestos. Se lo debemos.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24)

Difunde

Basta ya de corrupción, y de indecencia… Y se atreven a juzgar a los demás

anamato

La misma semana en la que destacados miembros del PP y de su entorno mediático vierten sin cesar injurias y calumnias contra los miembros de Podemos y sus electores,  jugando al fascismo más repugnante en un país que se dice democrático, surgen nuevas y muy graves noticias que afectan directamente a una ministra de Rajoy y a un diputado del PP de la comunidad valenciana. Nos referimos obviamente a Ana Mato, que ya sabemos recibió de la Gürtel más de 500.000 euros, junto con su esposo, en sobres en negro, regalos, fiestas de cumpleaños, viajes y coches de alta gama; y a Rafael Blasco, exconsejero en el Gobierno valenciano y actual diputado en esa Comunidad, que ha sido condenado a 8 años de cárcel por apropiarse de dinero destinado a ayuda al desarrollo en países del tercer mundo. Y en un partido presidido por el Presidente del Gobierno siguen guardando silencio sobre los casos de corrupción que les afectan, y se dedican a insultar y descalificar a ciudadanos que han sido elegidos eurodiputados en unas elecciones democráticas. ¿No les cae la cara de vergüenza?.

Puede que, en aplicación del Código Penal actual,  Ana Mato no pueda ser imputada y condenada, bien porque en el delito fiscal no se llegue a los 120.000 euros defraudados cada año, o porque el delito de cohecho ya ha prescrito; pero, como afirmó en el hemiciclo la diputada del partido socialista Isabel Rodríguez, “..es una indecencia..”. Y aquélla, que es la que decide en qué partidas se ha de recortar para acabar poco a poco con la sanidad pública, no se ruboriza, mira para otro lado, y pone cara de póker, como si la cosa no fuese con ella. Sabe que está protegida por Mariano Rajoy, a su vez acusado por su amigo Luis Bárcenas de cobrar dinero B en sobres, y no teme perder su cargo. Pero ¿hasta cuando tenemos que soportar situaciones así?.

La información sobre el dinero percibido por Ana Mato, en metálico o en especies, procede de la propia Agencia Tributaria, dependiente de su compañero de partido y de Gobierno, Cristobal Montoro, por lo que no puede cuestionarse su veracidad. Lo que resulta chocante es que no haya dimitido y Mariano Rajoy la mantenga, quizás bajo la excusa de que los hechos no son delictivos o han prescrito. ¿Y este es el Gobierno que pretende acabar con la corrupción?.

Pero no nos olvidemos de algo muy importante: es el parlamento el que decide lo que es y no es delito, aprueba la suma a partir de la cual se puede incurrir en un delito fiscal, y  establece los plazos de prescripción. Y por lo que ahora observamos los que dictan las leyes se han cuidado mucho de que no les afecten a ellos mismos para el caso de que defrauden, se apropien de dinero público, o practiquen el cohecho para enriquecerse. Si la justicia fuese más rápida, los plazos de prescripción superiores, las penas a imponer más severas, y menor la cantidad  defraudada  a partir del cual se comete delito fiscal, es muy posible que Ana Mato estuviese ahora en prisión. Pero, como el que hace la ley hace la trampa, se mantiene en el cargo de Ministra de Sanidad.

¿Y qué decir del ya condenado Rafael Blasco?. Es de suponer que dejarán en suspenso el cumplimiento de la pena hasta que se resuelva el previsible recurso que planteará al Tribunal Supremo; y de confirmase la sentencia por el alto tribunal a buen seguro no ingresará en prisión hasta que se falle un hipotético recurso de amparo al Tribunal Constitucional, o una previsible petición de indulto. Y cuando ya nadie  se recuerde de quién era un tal Rafael Blasco, no será noticia que nunca pisó la cárcel.

Y ahora sigan insultando a diestro y siniestro. Su corrupción y su hipocresía ya resulta insoportable, hasta para muchos de sus votantes. La regeneración democrática llama a la puerta, y muchos ciudadanos han decidido el pasado domingo, por higiene, secundarla sin complejos; el olor es cada vez más pestilente y,  o acabamos con la corrupción, o  ésta acaba con la democracia. Nos estamos jugando mucho, demasiado, y no podemos permitir que estos impresentables sigan decidiendo nuestro destino.


La corrupción masiva del PP confirma la credibidad cero de sus dirigentes

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En su nueva declaración Luis Bárcenas no ha dicho nada que no pensasen la mayoría de los ciudadanos, si bien su reconocimiento se hace en sede judicial, y después de haber comprobado que sus compañeros de partido lo han tirado a la basura para salvarse ellos. La cárcel es muy dura, ablanda al más fuerte, y Bárcenas ha decidido tirar de la manta sin dejar a nadie a salvo, implicando directamente a José María Aznar y a Mariano Rajoy, es decir a todos los presidentes del gobierno que ha tenido el PP en los 35 años de democracia; e incluyendo, como no podía ser menos, a todos los secretarios generales  desde su fundación, porque los más antiguos, ya eran conocedores de la financiación ilegal cuando eran tesoreros Angel Sanchis y Rosendo Naseiro, dando este último nombre al “caso Naseiro”, archivado vergonzosamente por el Tribunal Supremo a primeros de los 90, tras declarar nulas las grabaciones que confirmaban la financiación irregular del partido.

Ya nadie cuestiona que los papeles que reflejan la contabilidad B del PP son auténticos, y el tiempo ha servido para dar veracidad a la mayoría de los apuntes contables que allí aparecen, aunque también es cierto que la sociedad incomprensiblemente ha digerido y asumido desde hace tiempo que la derecha es corrupta por naturaleza, lo que a muchos parece no importarles. Pero  lo ahora declarado por Luis Bárcenas es una carga de profundidad de tal magnitud que, si aún quedase una mínima decencia, haría estallar por los aires al partido en el Gobierno.

Parece lógico que lo que afirma ahora Luis Bárcenas sea cierto, ya que no se puede creer que en una gran empresa, y el PP funciona como tal, solo se entere el contable de la existencia del dinero negro, máxime cuando se utiliza de forma habitual para sufragar muchas de sus actividades, en este caso las campañas electorales. Y si sus delegaciones  también recaudaban en B, es lógico pensar que de ello tendrían conocimiento sus dirigentes provinciales. Es más, aunque nadie quiere confesarse en público, muchos militantes han sido testigos presenciales de las entregas irregulares de dinero en metálico, al llevarse a cabo con absoluta naturalidad, y sin que nadie se ruborizase por ello.

En referencia a Francisco Álvarez-Cascos, nadie que le conozca puede pensar que lo ignoraba, ya que su carácter egocentrista y su obsesión por controlarlo todo, hace que sea inverosímil su desconocimiento de los hechos. Pero ahora ya sabemos, en palabras del propio extesorero del PP, que le llegó a entregar la llave de la caja fuerte en donde se almacenaba en efectivo el dinero negro. Algo debería decir el presidente de Foro Asturias, que no sea salirse por la tanjente o tirar balones fuera.

Aunque Aznar seguirá guardando silencio, ahora ya sabemos que Rajoy ha mentido en sede parlamentaria, y en sede judicial lo han hecho los secretarios generales que han declarado como testigos (Arenas, Álvarez-Cascos y María Dolores de Cospedal), por no seguir con la retahíla de dirigentes del PP que han negado la mayor, en los que incluimos a sus portavoces nacionales y hasta al mismísimo presidente de las cortes valencianas, Juan Cotino.

Ya está todo escrito en los medios de comunicación, y poco más que añadir. Solo una pregunta: ¿ podemos ser gobernados por un partido político plagado de mentirosos compulsivos, que se financia de manera irregular con dinero negro, supuestamente donado a cambio de favores? La respuesta está en las urnas, y muy pronto tendremos la oportunidad de pronunciarnos; no la desaprovechemos.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24)

 


Con tres jueces instruyendo la misma causa, Gallardón pretende blindar la impunidad de la casta de los intocables

gallardon

Bajo la excusa de querer acabar con los jueces estrella, que es tanto como considerarlos nocivos para el buen hacer de la justicia, Gallardón propone que sean tres jueces, y no uno como hasta ahora, los que instruyan las causas “importantes”; y la reforma, a falta de conocer la letra pequeña, va dirigida de manera especial a los juzgados de la Audiencia Nacional, que son los que se encargan de las causas más mediáticas,  que afectan de manera especial a personas vinculadas con la corrupción o con los grandes fraudes, muchas de las cuales pertenecen, por sus vinculaciones con la política o las  finanzas, a lo que podría denominarse la “casta de los intocables”, al gozar de una especial impunidad por su estatus, que solo se puede vencer con jueces valientes, comprometidos y sin complejos, que algunos llaman jueces estrella.

Tengo el pleno convencimiento de que si se hubiese instaurado hace años este sistema de instrucción, que tambien quiere extenderse a todos los Juzgados con causas “importantes”, muchas de esas grandes causas se hubiesen quedado en nada o en muy poca cosa,  y los niveles de corrupción hubiesen subido como la espuma a sabiendas de las mayores dificultades para su investigación. Sin jueces como Garzón, Castro, Ruz, o Elpidio Silva, y muchos otros que no han destacado tanto en los medios de comunicación, tengo el pleno convencimiento de que la Infanta no hubiese sido imputada, Urdangarín seguiría al frente de Noos, Francisco Camps continuaría siendo presidente de la Comunidad valenciana, Blesa estaría al frente de una entidad bancaria, el caso Gürtel se habría quedado en nada o en muy poca cosa, y es muy posible que Bárcenas seguiría siendo Senador y tesorero del PP. Eso sí, los ciudadanos continuaríamos viviendo en el limbo, creyendo que nuestros políticos son honrados y sirven para algo.

Alguien podría decirme que tres mentes piensan más que una, y no es así exactamente. La investigación de una causa penal, que en algunos casos requiere inmediatez en sus actuaciones, debe quedar en manos de una sola persona, para conseguir la eficacia necesaria, y evitar que se neutralice la toma de decisiones valientes, que solo conduciría a mayor inseguridad jurídica y a ralentizar aún más la instrucción. Cosa muy distinta es el enjuiciamiento de los hechos en donde, ahí sí, tres mentes piensan más que una a la hora de decidir si el acusado es culpable o inocente.

Gallardón, para justificar su decisión, argumenta que se aceleraría la instrucción, y evitaría que las causas se dilatasen en el tiempo como hasta ahora. Craso error, con tres jueces instructores podrían incluso ralentizarse aún más, porque cada decisión requeriría un previo consenso o toma de decisiones por mayoría, y neutralizaría actuaciones urgentes, como puede ser un registro por sorpresa para evitar la destrucción de pruebas. Y resulta inimaginable ver a tres jueces preguntando, al unísono, a un imputado o a un testigo, lo que haría que se perdiese el hilo conductor del interrogatorio.

Las instrucciones de los casos llamados “importantes”, como puede ser el “caso Gürtel” y  una de sus ramificaciones conocidas como”caso Bárcenas”,  no se dilatan porque las instruya un solo juez, sino por falta de medios para investigar y  la ausencia de de colaboración con la justicia por parte de quienes  deben de facilitar la documentación requerida, lo que posibilita la destrucción de pruebas  de especial relevancia (discos duros de ordenadores, por poner un ejemplo).  Por lo que si Gallardón quiere de verdad acelerar la instrucción de esta causa, lo que debería de hacer es hablar con sus compañeros de partido para que, allí donde puedan (desde la sede de Génova o desde la Comunidad de Madrid, por poner dos ejemplos), colaboren con el  juez Ruz, facilitando toda la documentación requerida, sin ocultar nada, y con ello evitarían la entrada y registro en la sede del PP,  y los numerosos requerimientos para la entrega de los contratos suscritos con las empresas de Correa. A buen seguro con tal contribución a la instrucción,  con un solo juez instructor  ya habría finalizado, eso sí previsiblemente con más imputados,  en los que estarían incluidos destacados dirigentes del PP.

Lo que les falta a los Juzgados de la Audiencia Nacional no son jueces sino medios, y en especial un equipo de peritos judiciales independientes que les puedan asesorar. Por cierto, si Gallardón está actuando de buena fe, y quiere de verdad acelerar las instrucciones,  para poner en vigor su reforma debería de triplicar la plantilla de jueces que tramiten causas penales. ¿Está previsto en la reforma?; seguro que no.

Nuestro actual Ministro de Justicia ha convertido en aberrantes todas sus propuestas, y se supera día a día. Si existe en este país algún juez de instrucción que esté de acuerdo con esta nueva iniciativa que levante la mano, y si no, que proteste, pero ya, antes de que sea demasiado tarde.

(Publicado en elplural.com)


Ridícula justicia, con distintas varas de medir

Ridícula justicia

Ya casi nadie duda que la administración de justicia está sufriendo una crisis muy profunda en su funcionamiento, de la que es principal responsable el actual Ministro de Justicia, que con sus mal llamadas “reformas” está impidiendo con la Ley de Tasas que muchos ciudadanos puedan acceder a las decisiones de los Tribunales  por falta de recursos, y al mismo tiempo con los recortes en personal ha conseguido que los procesos se demoren de una manera escandalosa. Y no estoy haciendo mención ahora a los casos de corrupción, que parecen nunca acabar, sino a la justicia del día a día que exigen los ciudadanos de a pie.

Pero en paralelo a esta situación de deterioro de uno de los pilares de la democracia, asistimos con excesiva frecuencia a lamentables episodios que ridiculizan a nuestra administración de justicia y a quienes la imparten, y evidencian una vez más que  es caprichosa y manipulable,  y por supuesto no igual para todos. En concreto me refiero a dos episodios ocurridos en los últimos días: la citación para declarar como testigos de los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV)  y la implacable persecución  al supuesto autor de la grabación en vídeo de una parte mínima de la declaración de la Infanta Cristina.

En referencia a los verificadores, es posible que las actuaciones de los dirigentes de ETA llevándose en una caja de cartón las armas, después de exhibirlas, pueda calificarse de grotesca. Pero la intervención de aquellos va mucho más allá, pues se trata de expertos internacionales que tratan de favorecer y consolidar el fin del terrorismo, y con sus actuaciones no cabe duda de que están contribuyendo a ello con la mejor voluntad. Por eso tratar de ridiculizarlas, como han hecho muchos dirigentes del PP, es todo un despropósito que muestra que nuestros gobernantes no están, una vez más, a la altura de las circunstancias. Pero el mayor desatino lo cometió el juez Ismael Moreno al llamarles a declarar como testigos para saber dónde se reunieron y con quién, ignorando que este tipo de encuentros deben de estar rodeados de la máxima discreción para que a medio plazo tengan un resultado positivo. Durante los gobiernos de Aznar, Felipe González y Zapatero consta que hubo reuniones secretas, y a nadie se le ocurrió investigarlas judicialmente.

Ridículo resulta igualmente perseguir y detener con inusitada celeridad al supuesto autor de una mala grabación de tres minutos de la declaración de la Infanta Cristina, cuyo contenido no es secreto y ya todos lo sabemos, por el mero hecho de desobedecer a un juez cuando prohibió que se captasen imágenes en el interior de la sala. Con qué facilidad se le imputó por una simple sospecha, que contrasta con las dificultades para conseguir la imputación de la Infanta, lo que demuestra una vez más que no todos somos iguales. Aquí el juez  Castro no estuvo fino cuando se mostró cabreado por un tema carente de trascendencia real, y se constata que en este país parecemos más eficaces cuando perseguimos al mensajero, y acabamos  convirtiendo lo anecdótico  en el objeto central de la investigación. Si el abogado investigado llega a ser condenado y la Infanta definitivamente apartada de la persecución de sus presuntas conductas delictivas, servirá para confirmar el trato desigual que se recibe en razón al rango o al capricho puntual, y confirmará una vez más que los intocables son eso,  intocables.

Siguiendo con el hilo de la desobediencia a las decisiones judiciales, igual delito estarían cometiendo todos aquellos políticos y funcionarios públicos que retardan o se niegan a entregar la documentación, por poner un ejemplo, en relación a la contratación con las empresas de la Gürtel,  solicitada por el juez Ruz a distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid; y que se sepa en ningún caso hemos visto que el Fiscal exija la apertura de actuaciones penales por este tipo de conductas burlescas, que son constitutivas de los delitos de desobediencia y obstrucción a la justicia.  Pero de un país en donde se persigue  la captura unas imágenes en vídeo y  se pasa olímpicamente de investigar la destrucción de  unos discos duros con contenido supuestamente relevante para la investigación del caso más grave de corrupción de nuestra democracia, poco puede esperarse.

Pero cuando lo que es anecdótico se convierte en noticia principal no es una casualidad, sino que tiene una clara intencionalidad política, que no persigue otra cosa que enterrar con cal viva la corrupción,  para lo que el actual gobierno cuenta con la colaboración “desinteresada” de los medios de comunicación afines, que son todos, o casi todos.

(Publicado en www.elplural.com)


¿Han incurrido los dirigentes del PP en un delito de encubrimiento?

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De Cospedal y compañía, antes de nada, deberían de repasar el Código Penal, para conocer sus límites y las responsabilidades criminales en las que pueden incurrir con sus mezquinas actuaciones para tratar de ocultar su financiación irregular y el enriquecimiento personal, y con dinero público, de muchos de sus dirigentes. Porque si bien la financiación ilegal de los partidos nos es delito, y muchas de sus actuaciones presuntamente delictivas pueden estar prescritas, ocultar maliciosamente pruebas puede llevarles a la cárcel si algún juez y algún fiscal de este país decide exigir el cumplimiento de la ley.

En nuestro Código, y más concretamente en el capítulo que regula los delitos contra la Administración de Justicia, a la hora de definir el encubrimiento, el art. 451, en su apartado 2º, castiga con la pena de prisión de seis meses a tres años al que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice (aunque esto está por ver), interviene con posterioridad a su ejecución, entre otros modos: ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento“.

En el día de ayer se tuvo conocimiento de que dirigentes del Partido Popular, cuyos nombres aún estar por concretar, tomaron la decisión de borrar el contenido de los discos duros de los ordenadores que, hasta fecha muy reciente, habían sido utilizados por el “delincuente” Luis Bárcenas, a sabiendas de que podían tener información de especial transcendencia para el descubrimiento de los delitos por los que está siendo acusado ante la Audiencia Nacional.

Su portavoz, Luis Floriano, con su habitual “sagacidad”,  ha manifestado que es la práctica habitual, y parece que ni tan siquiera se toman la molestia de grabar una copia de seguridad como hace cualquier mortal. Pero el hecho es de una gravedad tan extrema, que no pueden salir impunes de tal actuación quienes tomaron la decisión y la llevaron a la práctica

Parece evidente que se pretendía destruir  información comprometedora para el partido, pues a estas alturas de la película nadie puede pensar que se hizo exclusivamente para beneficiar a Luis Bárcenas. Pero, sea como fuere, y una vez que se ha reconocido que el borrado tuvo lugar en el mes de abril, queda demostrado que se llevó a cabo una vez que se tenía conocimiento del interés por disponer de su contenido dentro de una investigación criminal, pues la policía había tratado de llevárselos un mes antes, cuando el extesorero denunció al PP por haberlos sustraído. Siendo intrascendente, a pesar de que así se pretenda alegar, que los ordenadores fuesen declarados propiedad del PP, cuando lo importante es el contenido de sus discos duros, que contenían información muy delicada para el partido que nos gobierna.

Ahora empezamos a comprender a qué se refería Mariano Rajoy cuando enviaba un mensaje al extesorero dándole ánimos y diciéndole literalmente “Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos“. Y lo que podían, entre otras muchas cosas, era borrar o hacer desaparecer el disco duro que contenía presuntamente la contabilidad B del PP.

Podemos achacar a la justicia su lentitud para exigir la entrega de los ordenadores, cuando con una sencilla  orden judicial  de entrada y registro podían habérselos llevado por sorpresa en menos de 24 horas, una vez que se tuvo conocimiento de su existencia. Pero es evidente que es de libro la comisión de un delito de encubrimiento, por lo que deberían de tramitarse de inmediato unas actuaciones penales, cuya primera actuación pasaría por interrogar como imputada a María Dolores de Cospedal, que parece ser reconoció en sede judicial que los ordenadores estaban bajo su custodia.

Esta es una demostración de cómo colabora Mariano Rajoy con la justicia, y cual es su concepto de la transparencia. Pero si pensaba que el culebrón de Gibraltar durante el mes de agosto iba a hacer que nos olvidásemos del “Caso Bárcenas”, se ha equivocado. El mes de septiembre empezará con el escándalo de los ordenadores, e intuyo que aún quedan muchas sorpresas por conocerse.


Gobernados por una pandilla de irresponsables sin escrúpulos

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Sus políticas se nutren de mentiras, engañan a los ciudadanos con promesas incumplidas, son indecentes en sus comportamientos, llenan sus bolsillos apropiándose de lo que es de todos, y en las últimas horas hasta se han reído de la justicia en las propias narices del juez Ruz. Eso si, presumen de ser honestos, se escandalizan con la corrupción y se muestran en público como católicos practicantes.

Muchos ciudadanos, que aspiramos a recuperar la honestidad perdida, nos preguntamos a diario cómo es posible soportar que nos gobiernen una pandilla de cobardes sin escrúpulos, que se dan golpes de pecho mientras han convertido la corrupción en la fórmula idónea para hacer caja. No es explicable, salvo que pensemos que son un fiel reflejo de nuestra sociedad; y me resisto a pensar que pueda ser así.

El 1 de agosto Mariano Rajoy mentía en directo a todos los españoles en el hemiciclo, negando una vinculación con Bárcenas en los dos últimos años que documentalmente ha quedado demostrada. Ayer Álvarez-Cascos y Javier Arenas volvían a mentir como bellacos, mientras sufrían una crisis de amnesia galopante, responsabilizando al extesorero en exclusiva de las cuentas del partido y de las donaciones recibidas, cómo si no supiesen de dónde procedían los ingresos del PP y cual era su destino. Esta mañana María Dolores de Cospedal repetía los mismos argumentos, tratando de evadirse de cualquier responsabilidad al apuntar a Rajoy y a Arenas como los responsables de la negociación de los términos del finiquito “en diferido” pactado con Luís Bárcenas. Aunque esta afirmación habrá servido para que Javier Arenas recuerde de qué hablaron en la reunión mantenida en marzo de 2010.

Atrás quedaron los halagos a Luís Bárcenas, ejemplo de honestidad, buen hacer y profesionalidad. Ahora es un delincuente peligroso, que les ha robado en sus propias narices y era todo un desastre como contable del partido.

Pero si lo desconocían todo y eran conscientes del descontrol de las donaciones, ¿cómo pueden asegurar que su contabilidad oficial se ajusta a la verdad?, ¿cómo pueden negar la autenticidad de la contabilidad paralela escrita de puño y letra por el propio tesorero?. Lo que resulta evidente es que quienes reconocen ante un juez que son incapaces de controlar su propia casa, están inhabilitados para gobernar nuestro país.

Por cierto, ¿por qué no hacen público el contenido del tan cacareado finiquito?. Tenemos curiosidad malsana por conocerlo,  y quizás nos saque de dudas, o no.


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