Tag: casoGürtel

Bárcenas puede querellarse contra el Ministro de Justicia

rafaelcatala

Muy desafortunado para los intereses de los suyos ha estado el actual Ministro de Justicia, Rafael Catalá, al afirmar que “Bárcenas se ha quedado con dinero del PP“. Sus acusaciones son inapropiadas en razón al cargo que ocupa en el Gobierno, y han permitido que el extesorero pueda retar al Partido Popular  a que se querelle contra él por un presunto delito de apropiación indebida. Parece obvio que quien se siente víctima de una sustracción de dinero acuda de inmediato a la justicia para denunciar tal situación, en mayor medida si conoce su nombre y apellidos y tiene posibilidades reales de conseguir que le sea reintegrado, dado el importante patrimonio que posee el autor de los hechos, por lo que resulta extraño que todo se quede en palabras.

El PP protegió, defendió, y alabó la excelente labor de Luis Bárcenas en el partido durante años, trató de comprar su silencio con una “indemnización en diferido” mientras había visos de poder salvar la situación, y cuando fue incriminado y encarcelado por graves delitos económicos lo consideró totalmente amortizado y se lanzó a su yugular, tildándole de delincuente peligroso para desacreditar sus declaraciones, que involucraban a todas las cúpulas del PP de las últimas décadas. Pero ahora sus numerosos voceros deben de tener mucho cuidado con sus palabras, no sea que en su afán de desprestigiar al extesorero incurran en contradicciones que hagan que se descubra de una vez toda la sucía verdad, que nos tratan de ocultar.

Si le damos la vuelta a la tortilla, Rafael Catalá ha puesto en bandeja  la posibilidad de que Luís Bárcenas pueda querellarse contra él por un presunto delito de calumnias, al haberle acusado,  falsamente a juicio del extesorero, de haber cometido un delito de apropiación indebida. No olvidemos que una  imputación de tal naturaleza se encuentra sancionada en el artículo 207 de nuestro Código Penal, con una pena que puede llegar a los dos años de prisión.

Imaginemos que esto ocurre, al decidirse Luis Bárcenas a querellarse contra el actual Ministro de Justicia. Ello obligaría a este último, para poder exonerarse de responsabilidad penal,  a demostrar que son ciertas sus acusaciones. El tal caso debería de acreditar el dinero que fue objeto de apropiación, en dónde se encontraba depositado y, en especial, su procedencia. Y dado que el PP mantiene que sus únicas cuentas son las oficiales, debería descubrirse fácilmente con el examen de la contabilidad auditada, de la que reiteran no existe ninguna irregularidad.

Otra cosa es que Luis Bárcenas, como todos sospechamos, se haya apropiado de parte del dinero B del Partido Popular, pero esto no puede discutirse en los tribunales porque, en palabras de María Dolores de Cospedal, la contabilidad B es de Luis Bárcenas, y no de su partido. Lo cierto es que el galimatías en el que se han metido nuestro actuales gobernantes es de tal entidad que solo un acto de fe de los muy creyentes permite darles algún grado de credibilidad. Aunque ya sabemos que la fe mueve montañas, y puede llegar a esconder toda la podredumbre que les rodea; para ello es preciso estar mal del olfato, porque el olor a corrupción e inmoralidad es muy difícil de eliminar.

 No obstante lo previsible es que ni uno ni otro lleguen a la querella, porque tanto el PP como Luis Bárcenas son conscientes de que los tribunales no son el campo de batalla adecuado para dirimir sus diferencias. Bastante tienen en los Juzgados como para darles cancha a los jueces para que les rematen definitivamente. Eso sí, en las próximas semanas, mientras negocian en secreto la salida más adecuada para que todos puedan salvarse, se tirarán dardos sin cruzar la línea roja. Aunque si el PP comete errores e incurre en extralimitaciones, Luis Bárcenas puede cabrearse de verdad, y hacer pública parte de la munición que tiene guardada en su polvorín.

Para quienes aún creemos que es posible recuperar la decencia en la política, la situación que vivimos es sucia, asquerosa e infumable. Rajoy y compañía, una pandilla de cobardes incapaces de asumir sus responsabilidades, no deberían tener cabida en nuestro futuro inmediato, si queremos de verdad acabar con la corrupción en nuestro país. La solución es muy fácil y sencilla, las urnas tienen la última palabra y pueden poner a cada uno en su sitio.

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El PP atrapado por el caso Gürtel

barcenasrajoy

Quienes, prevaliéndose de su posición dominante, mienten y tergiversan la realidad de los hechos con la única finalidad de confundir y engañar a los ciudadanos, tratando de justificar lo inaceptable,  demuestran tener sus mentes podridas, lo que representa una forma más de corrupción. Eso es lo que están haciendo los dirigentes del PP en los últimos días, con la intención de manipular nuestros cerebros, pretendiendo que creamos que ellos son unas víctimas más de la corrupción de los suyos, cuando han sido cómplices y encubridores de las fechorías cometidas por sus compañeros de partido, ahora acusados formalmente en el caso Gürtel. Pretenden tomarnos por tontos, y eso es insultar a la inteligencia de los ciudadanos, que sabemos muy bien lo que ha pasado, y quiénes son los principales responsables, al margen de que se sienten o no en el banquillo de los acusados.

Querer negar la existencia de la caja B, cuando la policía, el juez instructor, la Fiscalía Anticorrupción y la propia Abogacía del Estado no la ponen en duda, es toda una osadía incalificable, que enfanga el futuro político de personas tan relevantes como la propia Secretaria General del  PP, María Dolores de Cospedal, entre otras muchas. Este no es el camino más adecuado para condenar y querer acabar con la corrupción, sino todo lo contrario, pues lo que se pretende con tales actitudes no es otra cosa que negar la evidencia, y converger con las propias mentes de los que han sido acusados de corrupción.

Ante los escritos de acusación que vamos conociendo en el  caso Gürtel, se está utilizando por Carlos Floriano y  compañía un argumento engañoso, como es el hecho de afirmar que el PP no ha sido acusado formalmente en el proceso, cuando lo está siendo a través de sus últimos tres tesoreros (Álvaro Lapuerta, Ángel Sanchís y Luis Bárcenas), que eran los encargados del control del dinero del partido, en base a tener por probado que el Partido Popular se financió de manera irregular  entre los años 1990 y 2008. Obviamente el PP como tal no puede ser acusado formalmente, por cuanto no fue hasta la modificación del Código Penal del año 2010, cuando se reguló por vez primera en el artículo 31 bis que “las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho“. Parece obvio que haber estado en vigor este precepto con anterioridad a la fecha en la que tuvieron lugar los hechos que ahora se enjuician, el Partido Popular habría sido acusado formalmente.

Pero ello no impide que se les considere responsables civiles por haberse beneficiado a título lucrativo de las actividades ilícitas cometidas por sus tesoreros, que es tanto como decir que disfrutaron del uso del dinero obtenido de forma ilegal, y por ello tienen sus  manos manchadas. Y, con lo listos que son,  no debemos tener la menor duda que Rajoy y compañía lo sabían y lo consintieron, por mucho que ahora quieran mirar para otro lado. No olvidemos que la rehabilitación de la sede del PP en la calle Genova fue financiada en parte con dinero B, procedente supuestamente de donaciones efectuadas por empresas que se beneficiaron de importantes adjudicaciones, y que no fueron declaradas ni constan en su contabilidad oficial.

En un país decente, y el nuestro no lo es, una acusación formal en la que se piden por delitos de corrupción cientos de años de prisión para excargos del PP, que lo eran cuando se cometieron los hechos, haría caer a un Gobierno. Los actuales dirigentes del partido en el gobierno, con su actitud, están demostrando que carecen de la menor dignidad personal y política, y no merecen ostentar los cargos que ocupan. Y les auguro un sufrimiento permanente en los próximos meses; la sombra del Caso Gürtel es alargada y más de uno tendrá pesadillas soñando con Baltasar Garzón, que ya ha conseguido su objetivo, a pesar de haber sido expulsado de la carrera judicial por la única razón de tratar de perseguir la corrupción política.

Por cierto, resulta extraño, desconcertante  e incomprensible que el mismo día en el que se conoció que la Abogacía del Estado pedía más de 60 años de cárcel para Luis Bárcenas, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretase su libertad bajo fianza de 200.000 euros, alegando, entre otros motivos para creer que no se fugará, su arraigo “personal, social, familiar y laboral” con nuestro país; se les ha olvidado mencionar  en su resolución que su arraigo “económico” se ubica en Suiza y en diversos paraísos fiscales; pero eso ya lo sabemos todos los ciudadanos. Vergonzosa decisión, que emborrona la actuación de la justicia, cuando todo parecía discurrir por sus cauces.

Y ahora solo nos queda esperar acontecimientos, que intuyo pondrán aún más en su sitio a nuestros actuales gobernantes, a quienes les auguro un futuro muy poco prometedor. Con que se conozca la verdad será suficiente.

(Publicado en elplural.com)


El PP y el Gobierno de Rajoy se cargan definitivamente el Estado de Derecho

Sin una justicia  independiente del poder ejecutivo, que actúe con plena autonomía, el Estado de Derecho se convierte en una falacia más de un sistema democrático que vive una crisis profunda. Que un gobierno, a través de organismos interpuestos, en este caso el Consejo General del Poder Judicial, pueda apartar de sus cargos a jueces que le son molestos, por investigar las indecencias del partido que lo mantiene en el poder, resulta toda una escandalosa desvergüenza, inimaginable en una democracia consolidada. Primero se cargaron a Baltasar Garzón, inhabilitándolo de por vida; le siguió Elpidio Silva por encarcelar a Blesa por el caso Bankia; y ahora aniquilan al juez Ruz, poniendo fecha de caducidad a las causas que instruye en su contra.

Aparentemente no le diseccionan el cuello, hasta el punto de que le permiten continuar hasta marzo al frente del juzgado de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, y continuar después instruyendo la causa del “caso Gürtel”, si así lo solicita. Pero esa es la “versión para niños”, en palabras de Iñaki Gabilondo, dado que esa autorización  tiene trampa, ya que al convertirse en juez de apoyo del magistrado al que le adjudiquen la plaza, perderá la capacidad para tomar decisiones de forma autónoma y sus resoluciones precisarán el visto bueno de su superior, que es tanto como cortarle la cabeza.

Con esta maniobra, Mariano Rajoy y su pandilla de impresentables quedan inhabilitados de por vida para gobernar un país decente, porque representan lo peor de una sociedad en crisis, ahogada por la falta de escrúpulos de sus políticos. Hay muchas formas de acabar con la corrupción, entre ellas enterrándola para siempre; y ésta, y no otra, es la intención de nuestro actual Gobierno, al liquidarse al juez que les puede llevar a la cárcel.

El juez Ruz, aislado en su despacho y sin medios para investigar, lleva años realizando un ímprobo trabajo que muy pocos podrían soportar, sufriendo constantes ataques a su independencia, e ininterrumpidas zancadillas para que su instrucción no pueda llevarse a buen fin: En la sede del PP se destruyeron discos duros con  información relevante, y lo que constituía una clara conducta delictiva, otro juez más dócil se encargo de no perseguirla; el Partido Popular ocultó deliberadamente al  instructor información documental de interés directamente relacionada con la rehabilitación con dinero negro de su sede de Genova, hasta el punto de que el juez Ruz se vio obligado a llevar acabo un registro en la sede central del partido que nos gobierna; y así podríamos continuar con otros ejemplos. Y ahora, como no han podido pararle los pies, deciden practicar su muerte lenta, hasta dejarle sin respiración.

Mariano Rajoy, el gobierno que preside y el Partido Popular que lo sustenta, han quedado inhabilitados de por vida para luchar contra la depravación del sistema, porque ellos representan la corrupción, al degradar hasta limites inimaginables nuestro sistema democrático. Son capaces de todo, con tal de salir airosos e indemnes de la podredumbre en la que están inmersos;  solo les preocupa mantener el poder para seguir utilizándolo en su provecho y en beneficio directo de sus amigos más cercanos. Por cierto hace unas horas el PP votaba en bloque para impedir comisiones de investigación para conocer el alcance de la corrupción y de lo ocurrido en el caso Bankia; y ahora que nos digan que están dispuestos a tomar medidas para perseguir la corrupción.

Pese a todo, intuyo que el juez Ruz, un magistrado discreto e incansable en su trabajo, les tiene preparada alguna sorpresa desagradable, que puede llegar antes del mes de marzo. Y hasta entonces les tendrá muy nerviosos y cometerán errores. Ojala sea cierto, y podamos acabar definitivamente con esa banda de indeseables.

(publicado en elplural.com)


Rajoy no puede seguir un día más gobernando este país

rajoymato

Una mujer, como Ana Mato, que  no se enteraba en su casa de dónde salía el dinero para viajar gratis, celebrar lujosas fiestas de cumpleaños de sus hijos, y alojar en su garaje un Jaguar, parece evidente que no era la persona más adecuada para ser la encargada de administrar y organizar nuestra sanidad. Pero esto ya se sabía cuando fue nombrada Ministra de Sanidad por Mariano Rajoy, por lo que no es entendible que hubiese ocupado tal cargo durante 3 años, por cierto con unos resultados nefastos en su gestión, y mintiendo descaradamente a todos los ciudadanos en las contadas ocasiones en las que se le ocurrió abrir la boca. Y si no que se lo pregunten a los afectados por la hepatitis C.

Su dimisión, forzada por un “o dimites o te ceso”, estaba cantada una vez que el juez Ruz  mantiene, en su Auto conocido el pasado 26 de noviembre, que Ana Mato se benefició a título lucrativo de dinero procedente de la corrupción política, y por ello deberá ser condenada a devolverlo. No podía estar un día más en el banco azul, pero su dimisión debería de extenderse a su escaño de diputada,  porque con su presencia mancha la dignidad que debe presidir nuestra Cámara Baja. Aunque también es cierto que si ponemos el listón a la altura moral adecuada, nos quedamos sin parlamentarios.

Pero Rajoy, que ha sacado pecho con esta dimisión para tratar de convertirse en un  Superman contra la corrupción, se está olvidando que en la misma resolución judicial, y por aplicación del mismo artículo del Código Penal, se sitúa al PP que él mismo preside, en idéntica posición a la de Ana Mato, o quizás incluso peor, ya que la falta de imputación de su partido obedece a que cuando ocurrieron los hechos  no era  posible establecerla sobre  una persona jurídica. Y si ha dimitido Ana Mato, por la misma razón debería cesar de inmediato Mariano Rajoy, en su doble condición de Presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular.

Rafael Merino, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Popular, que se ha convertido en un nuevo y “sagaz” contertulio de las televisiones privadas,  que nos recuerda mucho a Javier Arenas  por su acento  y por la jeta que le echa en negar lo evidente, mantiene que el juez Ruz no acusa al PP de haberse financiado de forma ilegal. Pero se olvida de que existe otra causa pendiente referida a los papeles de Bárcenas, y que la financiación ilegal de los partidos políticos no es delito, porque el propio Sr. Merino y sus compañeros del Congreso, decidieron no tipificarlo como tal figura delictiva en el Código Penal, para tapar sus vergüenzas.

Pero nadie debe olvidar que el juez Ruz pretende sentar en el banquillo de los acusados al Partido Popular al completo, como lo demuestra el hecho de que la mayoría de los imputados eran cargos políticos del partido, han sido igualmente imputados sus últimos tres tesoreros (Bárcenas, Lapuerta y Sanchís), y al mismo tiempo se declara responsable civil al propio partido por haberse beneficiado de dinero procedente de la trama Gürtel. ¿Le parece poco a Don Mariano para no sentirse aludido?.

Un país que pretende cambiar los hábitos del pasado, acabar con la corrupción,  y regenerar la democracia no puede seguir siendo gobernado por  alguien que, durante décadas, estaba mirando para otro lado,  ha consentido y permitido la corrupción, se ha beneficiado de ella,  y no se arrepiente públicamente de sus gravísimos errores. Si le quedase a Mariano Rajoy un mínimo de decencia, debería de dimitir de inmediato, disolver las cámaras y convocar elecciones. Este gobierno, y este presidente, huelen demasiado mal para poder convertirse en los adalides de la lucha contra la corrupción. Por cierto, todas las medidas propuestas hoy en el Congreso por el Presidente del Gobierno son genéricas,  inconcretas, y no sirven para solucionar el problema de la corrupción, sino más bien todo lo contrario. Pero de esto último ya hablaremos otro día.

(publicado en elplural.com)


“Pido perdón”, y después qué…

Con esto de que siempre funcionan por consignas, a las primeras cabezas políticas del PP les ha dado estos días por pedir perdón por no haber sabido rodearse de personas honestas. Primero comenzó Esperanza Aguirre en una rueda de prensa y,  a su imagen y semejanza, le siguió  Mariano Rajoy a las 24 horas, en esta ocasión ante el Senado; si bien lo más llamativo de su intervención era observar a Javier Arenas en segunda línea con cara de morderse la lengua, que en un descuido se le escapó por la comisura derecha de sus labios, como si quisiese decir algo que su corrupto cerebro le prohibía. Y es que en el fondo son como niños, pero niños malos y peligrosos que recuerdan a una madre que, cuando detienen a su hijo, hecha la culpa a sus amigos que les han dado mal ejemplo; pero en realidad tienen ya edad como para saber el talante moral de quienes les rodean. ¿Podemos imaginar a Al Capone descubrir que uno de los suyos es honesto?; pues esto es igual, pero al revés.

Los acontecimientos se suceden a una velocidad endiablada, hasta el punto que la “Operación Púnica” parece hacer olvidar el caso de las tarjetas black, y entre uno y otro escándalo el imputado Ángel Acebes pasa  de puntillas, después de haber negado conocer en sede judicial al arquitecto que proyectó las obras pagadas con dinero negro en la sede de Génova, y sonrojarse cuando el instructor le enseñaba una fotografía en la que le estrecha la mano en presencia de Don Mariano, el capo de la familia del PP.

Como buenos creyentes, los dirigentes del PP deben de ser conscientes que “Dios los crea y ellos se juntan”; y que nadie ponga cara de tonto afirmando que no sabía que quienes le han rodeado durante años eran unos corruptos, ladrones y  sirvergüenzas. Todos, yo mismo, hemos tenido algún amigo o conocido poco recomendable; pero se notaba, y llegaba un momento en que la relación personal se rompía, sin esperar a que lo tuviesen que meter  en la cárcel.  Por lo que no es creíble que Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy, no se enterasen de nada, cuando era de dominio público que muchos de estos sinvergüenzas ya eran sospechosos de serlo.

A Esperanza Aguirre ya no le deben de quedar amigos, salvo los palmeros incombustibles que le ríen todas las gracias. Tenía una estrecha relación con el presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, ahora en la cárcel; mantenía amistad con el presidente de la patronal madrileña, actualmente implicado en el caso de las tarjetas black; era de su máxima confianza Juan José Güemes, hijo político del condenado Carlos Fabra y  exconsejero de Sanidad de  la Comunidad de Madrid cuando ella la presidía, ahora imputado por cohecho y prevaricación; se cuentan por decenas los consejeros, diputados regionales y alcaldes de la Comunidad de Madrid actualmente imputados, y que fueron nombrados todos ellos cuando la lideresa presidía el PP de Madrid y la propia Comunidad;  y ahora cae con todo lo puesto quien fuera su brazo derecho y persona de su máxima confianza, Francisco Granados. Y ella “sin enterarse de nada”; más que caza talentos, es una auténtica experta caza corruptos. Doña Esperanza, ¿podría decirme en tres segundos el nombre de un conocido que no esté bajo sospecha de corrupción?. ¿No?, pues mal anda de reflejos,  de amistades, y de escrúpulos.

Y si hablamos de Mariano Rajoy, más de lo mismo. Defendió públicamente a Francisco Camps, el de los trajes, ahora convertido en un apestado en la Comunidad valenciana; puso como ejemplo de buen gobierno el trabajo realizado como presidente de Baleares por Jaume Matas, ahora en la cárcel por corrupto; salió en defensa de su extesorero Luís Barcenas, que cumple prisión preventiva desde hace más de un año; compartió banco azul con Rodrigo Rato, uno de los máximos responsables del hundimiento económico de Bankia e imputado en  el caso de las tarjetas black; cuando ya era presidente del PP, tuvo de Secretario General de su partido a Ángel Acebes, ahora imputado por adquirir acciones de un periódico digital de ideología ultraderechista; y cada vez que entra en la sede de su partido en la calle Génova, es consciente de que ha sido rehabilitada con dinero negro, sin pagar el IVA, procedente supuestamente de la percepción de comisiones ilegales. ¿Y sigue afirmando que nada sabía?. Es tonto o se hace, pero ya nadie le cree, salvo el 28% de los votantes que, como feligreses incombustibles,  parecen apoyar en las urnas la  institucionalización de la corrupción.

Son tantos los corruptos y tantos los escándalos que ya no somos capaces de acordarnos de todos, y muchos se nos quedan en el tintero. Pero, fuera bromas, no basta con pedir perdón. Doña Esperanza y Don Mariano, si les queda un mínimo de decencia, que casi todos ya lo dudamos, deben dimitir de inmediato de todos sus cargos, desaparecer de la vida política, y dejar que en nuestro país entre un poco de aire fresco, que el olor ya es nausebundo. Eso sí, no se olviden de llevar con ustedes a todos sus amigos y personas de confianza, no sea que nos dejen la basura sin recoger. Pero antes, que nos devuelvan nuestro dinero, el que nos han robado a manos llenas durante .


Urge restituir en sus puestos a los jueces Baltasar Garzón y Elpidio Silva

garzonelpidio

Tras sufrir una persecución indecorosa, indigna e implacable, el 9 de febrero de 2012 nos enterábamos de que el Tribunal Supremo, en contra del criterio del fiscal,  condenaba a 11 años de inhabilitación por prevaricación al juez Baltasar Garzón, lo que suponía poner fin definitivamente a su carrera judicial.  Su pecado no era otro que el haber sido impacable con la persecución de la corrupción del Partido Popular. Desde entonces, para vergüenza de algunos jueces y fiscales, continúa siendo el primer y único condenado por el caso Gürtel.

Aunque constituyó noticia de segundo nivel, al haber copado los titulares de los medios de comunicación el contagio del ébola y las tarjetas opacas, el pasado 7 de octubre se publicaba la noticia de que el juez Elpidio Silva era condenado a 17,5 años de inhabilitación por prevaricación continuada, por el Tribunal Superior de Justicia. Su pecado no era otro que el haber privado de libertad de forma indebida a los personajes tan “honorables” como Miguel Blesa y Gerardo Díaz Ferrán. La sentencia no es firme, ya que puede ser revocada por el Tribunal Supremo, pero supone un grave mazazo a la indepencia de los jueces. Curiosamente es el primer condenado por el caso Bankia.

De personalidades muy distintas y antagónicas, ambos han tenido en común el llevar al límite la investigación judicial de graves casos de corrupción, cometidos por personajes abyectos, pero pertenecientes a la casta de los intocables, y que por ello gozan de una protección especial por parte de quienes, con mucho poder y carentes de escrúpulos, pueden llegar a influir en determinadas decisiones judiciales.  Molestos y peligrosos, era preciso inhabilitarlos de por vida, y de paso se mandaba un mensaje a sus compañeros, que a buen seguro ya saben a que se arriesgan si osan imitarles.

La prevarición, que consiste en estos casos en dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son, es de una subjetividad en su interpretación que permite que hechos muy similares puedan ser o no considerados como delito en razón a la ideología y mentalidad del juez que ha de decidir, por lo que una condena puede incluso  llegar a estar motivada por prejuicios y pasiones de carácter extrajurídico. Y si a ello unimos  que en determinadas instancias, como pueden ser el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, muchos de sus miembros están nombrados en base a criterios políticos, el plato está servido para que pueda ser condenado un inocente sin que quien firma la sentencia  pueda incurrir en responsabilidad alguna.

No está de más recordar que el caso Gúrtel ha servido para destapar en cadena situaciones gravísimas de corrupción. Porque el  caso Bárcenas o la ya muy avanzada investigación sobre la financiación ilegal del partido en el Gobierno, nunca hubiesen salido a la luz sin la intervención  inicial del polémico juez Garzón, al que todas las personas decentes le debemos gratitud.

Lo llamativo de la condena del juez Elpidio Silva, es que coincide en el tiempo con el conocimiento público de las tarjetas opacas de Bankia, que permite descubrir que el honorable Blesa, a falta de saber con detalle en qué se gastó los 436.700 euros que se le imputan, invirtió 9.000 euros en un Safari en África y 10.000 en vino. Y nos estamos refiriendo al mismo Blesa  que hace unos meses  acusaba al juez Silva por daños irreparables a su honor, al mismo amigo que impuso Aznar para gestionar Bankia, cuyo rescate nos ha costado a nuestros bolsillos 23.465 millones de euros. Por cierto, gracias a los correos intervenidos por el juez ahora condenado,  se ha podido tirar del hilo para descubrir la existencia de las tarjetas  “black”.

En las últimas semanas están pasando  muchas cosas, demasiadas, para saber que se ha levantado la  veda del corrupto; y los partidos de la casta, atemorizados por lo que se les puede venir encima cuando continúen saliendo a la luz otros casos de corrupción, están sufriendo un desgaste irrecuperable. Se ha acabado el discurso derecha o izquierda, ahora toca enfrentar a las personas honestas con los ladrones y sirvergüenzas; y una sociedad que está empeñada en recuperar su dignidad, no puede permitirse el lujo de dejar en el dique seco a dos jueces que, con sus errores humanos, han influido de forma decisiva  en que podamos vez  la luz en un país con un altisimo nivel de corrupción.

Por su contribución a la decencia,  los jueces Baltasar Garzón y Elpidio Silva deben ser restituidos de inmediato en sus puestos. Se lo debemos.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24)


Basta ya de corrupción, y de indecencia… Y se atreven a juzgar a los demás

anamato

La misma semana en la que destacados miembros del PP y de su entorno mediático vierten sin cesar injurias y calumnias contra los miembros de Podemos y sus electores,  jugando al fascismo más repugnante en un país que se dice democrático, surgen nuevas y muy graves noticias que afectan directamente a una ministra de Rajoy y a un diputado del PP de la comunidad valenciana. Nos referimos obviamente a Ana Mato, que ya sabemos recibió de la Gürtel más de 500.000 euros, junto con su esposo, en sobres en negro, regalos, fiestas de cumpleaños, viajes y coches de alta gama; y a Rafael Blasco, exconsejero en el Gobierno valenciano y actual diputado en esa Comunidad, que ha sido condenado a 8 años de cárcel por apropiarse de dinero destinado a ayuda al desarrollo en países del tercer mundo. Y en un partido presidido por el Presidente del Gobierno siguen guardando silencio sobre los casos de corrupción que les afectan, y se dedican a insultar y descalificar a ciudadanos que han sido elegidos eurodiputados en unas elecciones democráticas. ¿No les cae la cara de vergüenza?.

Puede que, en aplicación del Código Penal actual,  Ana Mato no pueda ser imputada y condenada, bien porque en el delito fiscal no se llegue a los 120.000 euros defraudados cada año, o porque el delito de cohecho ya ha prescrito; pero, como afirmó en el hemiciclo la diputada del partido socialista Isabel Rodríguez, “..es una indecencia..”. Y aquélla, que es la que decide en qué partidas se ha de recortar para acabar poco a poco con la sanidad pública, no se ruboriza, mira para otro lado, y pone cara de póker, como si la cosa no fuese con ella. Sabe que está protegida por Mariano Rajoy, a su vez acusado por su amigo Luis Bárcenas de cobrar dinero B en sobres, y no teme perder su cargo. Pero ¿hasta cuando tenemos que soportar situaciones así?.

La información sobre el dinero percibido por Ana Mato, en metálico o en especies, procede de la propia Agencia Tributaria, dependiente de su compañero de partido y de Gobierno, Cristobal Montoro, por lo que no puede cuestionarse su veracidad. Lo que resulta chocante es que no haya dimitido y Mariano Rajoy la mantenga, quizás bajo la excusa de que los hechos no son delictivos o han prescrito. ¿Y este es el Gobierno que pretende acabar con la corrupción?.

Pero no nos olvidemos de algo muy importante: es el parlamento el que decide lo que es y no es delito, aprueba la suma a partir de la cual se puede incurrir en un delito fiscal, y  establece los plazos de prescripción. Y por lo que ahora observamos los que dictan las leyes se han cuidado mucho de que no les afecten a ellos mismos para el caso de que defrauden, se apropien de dinero público, o practiquen el cohecho para enriquecerse. Si la justicia fuese más rápida, los plazos de prescripción superiores, las penas a imponer más severas, y menor la cantidad  defraudada  a partir del cual se comete delito fiscal, es muy posible que Ana Mato estuviese ahora en prisión. Pero, como el que hace la ley hace la trampa, se mantiene en el cargo de Ministra de Sanidad.

¿Y qué decir del ya condenado Rafael Blasco?. Es de suponer que dejarán en suspenso el cumplimiento de la pena hasta que se resuelva el previsible recurso que planteará al Tribunal Supremo; y de confirmase la sentencia por el alto tribunal a buen seguro no ingresará en prisión hasta que se falle un hipotético recurso de amparo al Tribunal Constitucional, o una previsible petición de indulto. Y cuando ya nadie  se recuerde de quién era un tal Rafael Blasco, no será noticia que nunca pisó la cárcel.

Y ahora sigan insultando a diestro y siniestro. Su corrupción y su hipocresía ya resulta insoportable, hasta para muchos de sus votantes. La regeneración democrática llama a la puerta, y muchos ciudadanos han decidido el pasado domingo, por higiene, secundarla sin complejos; el olor es cada vez más pestilente y,  o acabamos con la corrupción, o  ésta acaba con la democracia. Nos estamos jugando mucho, demasiado, y no podemos permitir que estos impresentables sigan decidiendo nuestro destino.


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