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La corrupción masiva del PP confirma la credibidad cero de sus dirigentes

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En su nueva declaración Luis Bárcenas no ha dicho nada que no pensasen la mayoría de los ciudadanos, si bien su reconocimiento se hace en sede judicial, y después de haber comprobado que sus compañeros de partido lo han tirado a la basura para salvarse ellos. La cárcel es muy dura, ablanda al más fuerte, y Bárcenas ha decidido tirar de la manta sin dejar a nadie a salvo, implicando directamente a José María Aznar y a Mariano Rajoy, es decir a todos los presidentes del gobierno que ha tenido el PP en los 35 años de democracia; e incluyendo, como no podía ser menos, a todos los secretarios generales  desde su fundación, porque los más antiguos, ya eran conocedores de la financiación ilegal cuando eran tesoreros Angel Sanchis y Rosendo Naseiro, dando este último nombre al “caso Naseiro”, archivado vergonzosamente por el Tribunal Supremo a primeros de los 90, tras declarar nulas las grabaciones que confirmaban la financiación irregular del partido.

Ya nadie cuestiona que los papeles que reflejan la contabilidad B del PP son auténticos, y el tiempo ha servido para dar veracidad a la mayoría de los apuntes contables que allí aparecen, aunque también es cierto que la sociedad incomprensiblemente ha digerido y asumido desde hace tiempo que la derecha es corrupta por naturaleza, lo que a muchos parece no importarles. Pero  lo ahora declarado por Luis Bárcenas es una carga de profundidad de tal magnitud que, si aún quedase una mínima decencia, haría estallar por los aires al partido en el Gobierno.

Parece lógico que lo que afirma ahora Luis Bárcenas sea cierto, ya que no se puede creer que en una gran empresa, y el PP funciona como tal, solo se entere el contable de la existencia del dinero negro, máxime cuando se utiliza de forma habitual para sufragar muchas de sus actividades, en este caso las campañas electorales. Y si sus delegaciones  también recaudaban en B, es lógico pensar que de ello tendrían conocimiento sus dirigentes provinciales. Es más, aunque nadie quiere confesarse en público, muchos militantes han sido testigos presenciales de las entregas irregulares de dinero en metálico, al llevarse a cabo con absoluta naturalidad, y sin que nadie se ruborizase por ello.

En referencia a Francisco Álvarez-Cascos, nadie que le conozca puede pensar que lo ignoraba, ya que su carácter egocentrista y su obsesión por controlarlo todo, hace que sea inverosímil su desconocimiento de los hechos. Pero ahora ya sabemos, en palabras del propio extesorero del PP, que le llegó a entregar la llave de la caja fuerte en donde se almacenaba en efectivo el dinero negro. Algo debería decir el presidente de Foro Asturias, que no sea salirse por la tanjente o tirar balones fuera.

Aunque Aznar seguirá guardando silencio, ahora ya sabemos que Rajoy ha mentido en sede parlamentaria, y en sede judicial lo han hecho los secretarios generales que han declarado como testigos (Arenas, Álvarez-Cascos y María Dolores de Cospedal), por no seguir con la retahíla de dirigentes del PP que han negado la mayor, en los que incluimos a sus portavoces nacionales y hasta al mismísimo presidente de las cortes valencianas, Juan Cotino.

Ya está todo escrito en los medios de comunicación, y poco más que añadir. Solo una pregunta: ¿ podemos ser gobernados por un partido político plagado de mentirosos compulsivos, que se financia de manera irregular con dinero negro, supuestamente donado a cambio de favores? La respuesta está en las urnas, y muy pronto tendremos la oportunidad de pronunciarnos; no la desaprovechemos.

(Publicado en elplural.com y en Asturias24)

 

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Con tres jueces instruyendo la misma causa, Gallardón pretende blindar la impunidad de la casta de los intocables

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Bajo la excusa de querer acabar con los jueces estrella, que es tanto como considerarlos nocivos para el buen hacer de la justicia, Gallardón propone que sean tres jueces, y no uno como hasta ahora, los que instruyan las causas “importantes”; y la reforma, a falta de conocer la letra pequeña, va dirigida de manera especial a los juzgados de la Audiencia Nacional, que son los que se encargan de las causas más mediáticas,  que afectan de manera especial a personas vinculadas con la corrupción o con los grandes fraudes, muchas de las cuales pertenecen, por sus vinculaciones con la política o las  finanzas, a lo que podría denominarse la “casta de los intocables”, al gozar de una especial impunidad por su estatus, que solo se puede vencer con jueces valientes, comprometidos y sin complejos, que algunos llaman jueces estrella.

Tengo el pleno convencimiento de que si se hubiese instaurado hace años este sistema de instrucción, que tambien quiere extenderse a todos los Juzgados con causas “importantes”, muchas de esas grandes causas se hubiesen quedado en nada o en muy poca cosa,  y los niveles de corrupción hubiesen subido como la espuma a sabiendas de las mayores dificultades para su investigación. Sin jueces como Garzón, Castro, Ruz, o Elpidio Silva, y muchos otros que no han destacado tanto en los medios de comunicación, tengo el pleno convencimiento de que la Infanta no hubiese sido imputada, Urdangarín seguiría al frente de Noos, Francisco Camps continuaría siendo presidente de la Comunidad valenciana, Blesa estaría al frente de una entidad bancaria, el caso Gürtel se habría quedado en nada o en muy poca cosa, y es muy posible que Bárcenas seguiría siendo Senador y tesorero del PP. Eso sí, los ciudadanos continuaríamos viviendo en el limbo, creyendo que nuestros políticos son honrados y sirven para algo.

Alguien podría decirme que tres mentes piensan más que una, y no es así exactamente. La investigación de una causa penal, que en algunos casos requiere inmediatez en sus actuaciones, debe quedar en manos de una sola persona, para conseguir la eficacia necesaria, y evitar que se neutralice la toma de decisiones valientes, que solo conduciría a mayor inseguridad jurídica y a ralentizar aún más la instrucción. Cosa muy distinta es el enjuiciamiento de los hechos en donde, ahí sí, tres mentes piensan más que una a la hora de decidir si el acusado es culpable o inocente.

Gallardón, para justificar su decisión, argumenta que se aceleraría la instrucción, y evitaría que las causas se dilatasen en el tiempo como hasta ahora. Craso error, con tres jueces instructores podrían incluso ralentizarse aún más, porque cada decisión requeriría un previo consenso o toma de decisiones por mayoría, y neutralizaría actuaciones urgentes, como puede ser un registro por sorpresa para evitar la destrucción de pruebas. Y resulta inimaginable ver a tres jueces preguntando, al unísono, a un imputado o a un testigo, lo que haría que se perdiese el hilo conductor del interrogatorio.

Las instrucciones de los casos llamados “importantes”, como puede ser el “caso Gürtel” y  una de sus ramificaciones conocidas como”caso Bárcenas”,  no se dilatan porque las instruya un solo juez, sino por falta de medios para investigar y  la ausencia de de colaboración con la justicia por parte de quienes  deben de facilitar la documentación requerida, lo que posibilita la destrucción de pruebas  de especial relevancia (discos duros de ordenadores, por poner un ejemplo).  Por lo que si Gallardón quiere de verdad acelerar la instrucción de esta causa, lo que debería de hacer es hablar con sus compañeros de partido para que, allí donde puedan (desde la sede de Génova o desde la Comunidad de Madrid, por poner dos ejemplos), colaboren con el  juez Ruz, facilitando toda la documentación requerida, sin ocultar nada, y con ello evitarían la entrada y registro en la sede del PP,  y los numerosos requerimientos para la entrega de los contratos suscritos con las empresas de Correa. A buen seguro con tal contribución a la instrucción,  con un solo juez instructor  ya habría finalizado, eso sí previsiblemente con más imputados,  en los que estarían incluidos destacados dirigentes del PP.

Lo que les falta a los Juzgados de la Audiencia Nacional no son jueces sino medios, y en especial un equipo de peritos judiciales independientes que les puedan asesorar. Por cierto, si Gallardón está actuando de buena fe, y quiere de verdad acelerar las instrucciones,  para poner en vigor su reforma debería de triplicar la plantilla de jueces que tramiten causas penales. ¿Está previsto en la reforma?; seguro que no.

Nuestro actual Ministro de Justicia ha convertido en aberrantes todas sus propuestas, y se supera día a día. Si existe en este país algún juez de instrucción que esté de acuerdo con esta nueva iniciativa que levante la mano, y si no, que proteste, pero ya, antes de que sea demasiado tarde.

(Publicado en elplural.com)

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Ridícula justicia, con distintas varas de medir

Ridícula justicia

Ya casi nadie duda que la administración de justicia está sufriendo una crisis muy profunda en su funcionamiento, de la que es principal responsable el actual Ministro de Justicia, que con sus mal llamadas “reformas” está impidiendo con la Ley de Tasas que muchos ciudadanos puedan acceder a las decisiones de los Tribunales  por falta de recursos, y al mismo tiempo con los recortes en personal ha conseguido que los procesos se demoren de una manera escandalosa. Y no estoy haciendo mención ahora a los casos de corrupción, que parecen nunca acabar, sino a la justicia del día a día que exigen los ciudadanos de a pie.

Pero en paralelo a esta situación de deterioro de uno de los pilares de la democracia, asistimos con excesiva frecuencia a lamentables episodios que ridiculizan a nuestra administración de justicia y a quienes la imparten, y evidencian una vez más que  es caprichosa y manipulable,  y por supuesto no igual para todos. En concreto me refiero a dos episodios ocurridos en los últimos días: la citación para declarar como testigos de los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV)  y la implacable persecución  al supuesto autor de la grabación en vídeo de una parte mínima de la declaración de la Infanta Cristina.

En referencia a los verificadores, es posible que las actuaciones de los dirigentes de ETA llevándose en una caja de cartón las armas, después de exhibirlas, pueda calificarse de grotesca. Pero la intervención de aquellos va mucho más allá, pues se trata de expertos internacionales que tratan de favorecer y consolidar el fin del terrorismo, y con sus actuaciones no cabe duda de que están contribuyendo a ello con la mejor voluntad. Por eso tratar de ridiculizarlas, como han hecho muchos dirigentes del PP, es todo un despropósito que muestra que nuestros gobernantes no están, una vez más, a la altura de las circunstancias. Pero el mayor desatino lo cometió el juez Ismael Moreno al llamarles a declarar como testigos para saber dónde se reunieron y con quién, ignorando que este tipo de encuentros deben de estar rodeados de la máxima discreción para que a medio plazo tengan un resultado positivo. Durante los gobiernos de Aznar, Felipe González y Zapatero consta que hubo reuniones secretas, y a nadie se le ocurrió investigarlas judicialmente.

Ridículo resulta igualmente perseguir y detener con inusitada celeridad al supuesto autor de una mala grabación de tres minutos de la declaración de la Infanta Cristina, cuyo contenido no es secreto y ya todos lo sabemos, por el mero hecho de desobedecer a un juez cuando prohibió que se captasen imágenes en el interior de la sala. Con qué facilidad se le imputó por una simple sospecha, que contrasta con las dificultades para conseguir la imputación de la Infanta, lo que demuestra una vez más que no todos somos iguales. Aquí el juez  Castro no estuvo fino cuando se mostró cabreado por un tema carente de trascendencia real, y se constata que en este país parecemos más eficaces cuando perseguimos al mensajero, y acabamos  convirtiendo lo anecdótico  en el objeto central de la investigación. Si el abogado investigado llega a ser condenado y la Infanta definitivamente apartada de la persecución de sus presuntas conductas delictivas, servirá para confirmar el trato desigual que se recibe en razón al rango o al capricho puntual, y confirmará una vez más que los intocables son eso,  intocables.

Siguiendo con el hilo de la desobediencia a las decisiones judiciales, igual delito estarían cometiendo todos aquellos políticos y funcionarios públicos que retardan o se niegan a entregar la documentación, por poner un ejemplo, en relación a la contratación con las empresas de la Gürtel,  solicitada por el juez Ruz a distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid; y que se sepa en ningún caso hemos visto que el Fiscal exija la apertura de actuaciones penales por este tipo de conductas burlescas, que son constitutivas de los delitos de desobediencia y obstrucción a la justicia.  Pero de un país en donde se persigue  la captura unas imágenes en vídeo y  se pasa olímpicamente de investigar la destrucción de  unos discos duros con contenido supuestamente relevante para la investigación del caso más grave de corrupción de nuestra democracia, poco puede esperarse.

Pero cuando lo que es anecdótico se convierte en noticia principal no es una casualidad, sino que tiene una clara intencionalidad política, que no persigue otra cosa que enterrar con cal viva la corrupción,  para lo que el actual gobierno cuenta con la colaboración “desinteresada” de los medios de comunicación afines, que son todos, o casi todos.

(Publicado en www.elplural.com)

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¿Han incurrido los dirigentes del PP en un delito de encubrimiento?

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De Cospedal y compañía, antes de nada, deberían de repasar el Código Penal, para conocer sus límites y las responsabilidades criminales en las que pueden incurrir con sus mezquinas actuaciones para tratar de ocultar su financiación irregular y el enriquecimiento personal, y con dinero público, de muchos de sus dirigentes. Porque si bien la financiación ilegal de los partidos nos es delito, y muchas de sus actuaciones presuntamente delictivas pueden estar prescritas, ocultar maliciosamente pruebas puede llevarles a la cárcel si algún juez y algún fiscal de este país decide exigir el cumplimiento de la ley.

En nuestro Código, y más concretamente en el capítulo que regula los delitos contra la Administración de Justicia, a la hora de definir el encubrimiento, el art. 451, en su apartado 2º, castiga con la pena de prisión de seis meses a tres años al que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice (aunque esto está por ver), interviene con posterioridad a su ejecución, entre otros modos: ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento“.

En el día de ayer se tuvo conocimiento de que dirigentes del Partido Popular, cuyos nombres aún estar por concretar, tomaron la decisión de borrar el contenido de los discos duros de los ordenadores que, hasta fecha muy reciente, habían sido utilizados por el “delincuente” Luis Bárcenas, a sabiendas de que podían tener información de especial transcendencia para el descubrimiento de los delitos por los que está siendo acusado ante la Audiencia Nacional.

Su portavoz, Luis Floriano, con su habitual “sagacidad”,  ha manifestado que es la práctica habitual, y parece que ni tan siquiera se toman la molestia de grabar una copia de seguridad como hace cualquier mortal. Pero el hecho es de una gravedad tan extrema, que no pueden salir impunes de tal actuación quienes tomaron la decisión y la llevaron a la práctica

Parece evidente que se pretendía destruir  información comprometedora para el partido, pues a estas alturas de la película nadie puede pensar que se hizo exclusivamente para beneficiar a Luis Bárcenas. Pero, sea como fuere, y una vez que se ha reconocido que el borrado tuvo lugar en el mes de abril, queda demostrado que se llevó a cabo una vez que se tenía conocimiento del interés por disponer de su contenido dentro de una investigación criminal, pues la policía había tratado de llevárselos un mes antes, cuando el extesorero denunció al PP por haberlos sustraído. Siendo intrascendente, a pesar de que así se pretenda alegar, que los ordenadores fuesen declarados propiedad del PP, cuando lo importante es el contenido de sus discos duros, que contenían información muy delicada para el partido que nos gobierna.

Ahora empezamos a comprender a qué se refería Mariano Rajoy cuando enviaba un mensaje al extesorero dándole ánimos y diciéndole literalmente “Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos“. Y lo que podían, entre otras muchas cosas, era borrar o hacer desaparecer el disco duro que contenía presuntamente la contabilidad B del PP.

Podemos achacar a la justicia su lentitud para exigir la entrega de los ordenadores, cuando con una sencilla  orden judicial  de entrada y registro podían habérselos llevado por sorpresa en menos de 24 horas, una vez que se tuvo conocimiento de su existencia. Pero es evidente que es de libro la comisión de un delito de encubrimiento, por lo que deberían de tramitarse de inmediato unas actuaciones penales, cuya primera actuación pasaría por interrogar como imputada a María Dolores de Cospedal, que parece ser reconoció en sede judicial que los ordenadores estaban bajo su custodia.

Esta es una demostración de cómo colabora Mariano Rajoy con la justicia, y cual es su concepto de la transparencia. Pero si pensaba que el culebrón de Gibraltar durante el mes de agosto iba a hacer que nos olvidásemos del “Caso Bárcenas”, se ha equivocado. El mes de septiembre empezará con el escándalo de los ordenadores, e intuyo que aún quedan muchas sorpresas por conocerse.

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Gobernados por una pandilla de irresponsables sin escrúpulos

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Sus políticas se nutren de mentiras, engañan a los ciudadanos con promesas incumplidas, son indecentes en sus comportamientos, llenan sus bolsillos apropiándose de lo que es de todos, y en las últimas horas hasta se han reído de la justicia en las propias narices del juez Ruz. Eso si, presumen de ser honestos, se escandalizan con la corrupción y se muestran en público como católicos practicantes.

Muchos ciudadanos, que aspiramos a recuperar la honestidad perdida, nos preguntamos a diario cómo es posible soportar que nos gobiernen una pandilla de cobardes sin escrúpulos, que se dan golpes de pecho mientras han convertido la corrupción en la fórmula idónea para hacer caja. No es explicable, salvo que pensemos que son un fiel reflejo de nuestra sociedad; y me resisto a pensar que pueda ser así.

El 1 de agosto Mariano Rajoy mentía en directo a todos los españoles en el hemiciclo, negando una vinculación con Bárcenas en los dos últimos años que documentalmente ha quedado demostrada. Ayer Álvarez-Cascos y Javier Arenas volvían a mentir como bellacos, mientras sufrían una crisis de amnesia galopante, responsabilizando al extesorero en exclusiva de las cuentas del partido y de las donaciones recibidas, cómo si no supiesen de dónde procedían los ingresos del PP y cual era su destino. Esta mañana María Dolores de Cospedal repetía los mismos argumentos, tratando de evadirse de cualquier responsabilidad al apuntar a Rajoy y a Arenas como los responsables de la negociación de los términos del finiquito “en diferido” pactado con Luís Bárcenas. Aunque esta afirmación habrá servido para que Javier Arenas recuerde de qué hablaron en la reunión mantenida en marzo de 2010.

Atrás quedaron los halagos a Luís Bárcenas, ejemplo de honestidad, buen hacer y profesionalidad. Ahora es un delincuente peligroso, que les ha robado en sus propias narices y era todo un desastre como contable del partido.

Pero si lo desconocían todo y eran conscientes del descontrol de las donaciones, ¿cómo pueden asegurar que su contabilidad oficial se ajusta a la verdad?, ¿cómo pueden negar la autenticidad de la contabilidad paralela escrita de puño y letra por el propio tesorero?. Lo que resulta evidente es que quienes reconocen ante un juez que son incapaces de controlar su propia casa, están inhabilitados para gobernar nuestro país.

Por cierto, ¿por qué no hacen público el contenido del tan cacareado finiquito?. Tenemos curiosidad malsana por conocerlo,  y quizás nos saque de dudas, o no.

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La mejor medicina contra la amnesia selectiva es la prueba del careo

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Lo ocurrido hoy, martes y 13, en la Audiencia Nacional resulta de una extrema gravedad, ante la demostración de amnesia selectiva que han sufrido al unísono Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, dos políticos que siempre se han distinguido precisamente por su especial memoria para acordarse de todo. Con estilos diferentes, el primero con la “gracia” del señorito andaluz y el segundo con su habitual grosería, ambos han coincidido en el mismo argumentario para negar la mayor y en idénticas lagunas mentales, para evitar incurrir en el delito de falso testimonio. Los ciudadanos deberíamos de temblar con solo pensar en el poder que estos dos personajes han tenido en este país.

Se equivocó el juez Rut en citarles como testigos, cuando a juzgar por las preguntas y respuestas que tuvieron lugar durante el interrogatorio, más parecía que estaban siendo acusados de presuntas actividades delictivas -prescritas o no- y lo único que hacían era defenderse, sin tener ninguna intención de decir la verdad sobre lo sucedido en su propio partido. Y por lo manifestado por algunos abogados de las acusaciones, puede intuirse que el juez  no ha sabido estar a la altura de las circunstancias al permitir groserías y desprecios ante determinados letrados por parte de Alvarez-Cascos; signo evidente de falta de autoridad y debilidad hacia los poderosos, lo que augura que la instrucción no tendrá el recorrido deseado.

Resulta inexplicable que el juez haya denegado la declaración como testigo de José María Aznar cuando existen declaraciones que corroboran que era conocedor del reparto de dinero en metálico; y no se entiende que no se tome declaración al mismísimo Mariano Rajoy, que tendría mucho que decir o demasiado que ocultar. Pero ya sabemos que en este país, por mucho que algunos se empeñen en decir lo contrario, la justicia no es igual para todos.

Parece evidente que se impone la prueba del careo, prevista y regulada en nuestro ordenamiento jurídico  para situaciones como la presente, en las que existen declaraciones contradictorias que requieran una investigación complementaria para saber quién miente y quién dice la verdad. Aunque resulta muy improbable que  el juez Rut se atreva a practicarla.

En su declaración Javier Arenas, que hace meses defendía con vehemencia la honestidad del extesorero, reconocía que en marzo de 2010 había mantenido una reunión con Rajoy, Luís Bárcenas y la mujer se éste, pero no recordaba lo que habían tratado en la misma. Quizás un careo podría servir para que recobre la  memoria, y pueda acordarse que allí se trató sobre el futuro bien remunerado del ahora “delincuente”, con coche y secretaria incluida.

 

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Rajoy se fragela y reconoce que se ha “equivocado”

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En este país eso de “equivocarse” está de moda en los políticos y en la propia familia real, pero tal confesión encubre una mentira o una incapacidad para enterarse de lo que ocurre a su alrededor; y en ambos casos conlleva una asunción de responsabilidades que pasa por dejar el puesto, para ser sustituido por otro más competente, al menos en apariencia. Hace unos meses el Rey reconocía que se había equivocado cuando, en plena crisis, tuvo la genial ocurrencia de apuntar con su arma a la cabeza de un elefante para saciar su apetito un tanto irracional de cazador;  esta mañana Rajoy, con cierta prepotencia y tono displicente, y tras disparar contra toda oposición y contra los medios de comunicación que no le son afines, reconocía públicamente que se había “equivocado” con Bárcenas, y se sentía engañado por el tesorero que él mismo había nombrado, lo que es tanto como admitir que el PP tenía  un “delincuente económico” como gerente y tesorero  desde hace más de 20 años y nadie se había “enterado”.

Sus incondicionales dicen que su discurso inicial fue brillante en las formas; el problema es que hoy todos queríamos que fuese honrado en el fondo, y nos volvió a mentir de nuevo con un descaro indecente que insulta a la inteligencia de los españoles. Al Capone arremete ahora contra su propio contable, su   hombre de confianza hasta hace pocas fechas, a quien animaba a resistir frente a los despiadados ataques que dudaban de su “honradez”, y lo convierte en un delincuente peligroso. Quien quiera ver, solo tiene que abrir los ojos, y no hacerlo es confiar en un mentiroso compulsivo, y por eso la mayoría de los españoles hoy se fían aún menos en su presidente.

Es evidente que D0n Mariano sólo se dirigió a los suyos, a los que le votan, a los que se dejan engañar; olvidándose que es el Presidente del Gobierno de todos los españoles, sabedor de que “lo único importante” (fin de la cita) son los votos para seguir en el poder a cualquier precio. Pero es muy probable que ni siquiera haya convencido a los palmeros que le aplaudían incesantemente desde la bancada de la derecha, aunque ahora afirmen lo contrario.

¿Resistirá Rajoy frente a quienes sólo le piden que sea  honrado, y nada más?. Le auguro un agosto agitado, y a la vuelta de las vacaciones tendremos a un presidente aún más debilitado, aquí y fuera de nuestra fronteras; y el país no se merece esto. Se intuye un otoño caliente, y es muy probable que Don Mariano no coma el turrón en la Moncloa. Tiempo al tiempo, ya que la verdad siempre sobrevive a la mentira y al engaño. Y ahora toca descansar, que nos hacen falta fuerzas para recuperar en nuestro país la cordura y la decencia.

 

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