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Hay que ver como se las gasta el PP de Gijón, y en especial su presidenta Pilar Fernández Pardo, con los afiliados que no comulgan con su línea de actuación. Al que discrepa y es minoría se le tira a la basura o se le persigue judicialmente pidiendo órdenes de alejamiento.
Parece ser que una carpeta que contenía correspondencia de Álvarez Cascos, y que se encontraba en las dependencias del PP de Gijón, fue hallada y recogida en un contenedor de escombros cercano a su sede local. Les estorbaba, y no se les ocurrió nada mejor que depositarla en la basura, sin tener la precaución previa de destruir los documentos que contenía. La reacción de Álvarez Cascos no se ha hecho esperar, y ha presentado una denuncia en la Agencia Estatal de Protección de Datos contra sus “compañeros” del PP de Gijón; ahora sólo falta que decida presentarse como candidato a la Presidencia del Principado e interese el apoyo de sus “correligionarios” gijoneses. Lo que sorprende es hasta donde puede llegar el rencor de unos y otros ante disputas políticas internas, que creíamos ya superadas.
Aún recordamos la denuncia que el PP presentó contra su afiliado Luis de Prado D´Almeida por coacciones y vejaciones, con motivo de haberse encadenado ante la sede de su partido para protestar por la falta de democracia interna, y que dio lugar a la petición de una orden de alejamiento contra el denunciado, bajo el lema “para reforzar la democracia interna aleja a los disidentes“. Luís de Prado ha sido absuelto, y con ello se ha consolidado el ridículo judicial de un partido que aspira a gobernar Gijón.
¿Se imaginan a Pilar Fernández Pardo como alcaldesa de Gijón?. No lo quiero ni pensar, pero afortunadamente los gijoneses nunca se lo permitirán. Hubiese sido más inteligente que se hubiese quedado en concejala de base, atacando la proliferación de las palomas, como hizo antaño. Pero prefirió convertirse el lideresa y ahora le cagan en la cabeza sus propias gaviotas.
El problema se antoja laberíntico para un profano; subir, mantener o bajar los impuestos son decisiones políticas complejas que requieren un conocimiento muy profundo del estado actual de nuestros ingresos, para saber si son suficientes para cubrir los gastos necesarios e imprescindibles. Frivolizar con un tema tan delicado es un ejercicio de irresponsabilidad, y denota la escasa catadura moral de aquellos que pretenden obtener votos a costa de ser ligeros en el lenguaje.
La sensatez debería de imponerse en nuestros políticos, pero ya sabemos que resultará imposible un consenso para salir de la crisis económica. Vivimos en un país en donde siempre se está en campaña electoral, y la cordura parece ser una cualidad poco común en quienes nos gobiernan o aspiran a conseguir el poder a medio plazo. El fin justifica los medios, y estos no son precisamente los adecuados para resolver nuestros problemas, sino que van orientados a conseguir una victoria electoral, lo que parece decir poco bueno de nuestros gobernantes o de quienes aspiran a serlo. Los argumentos demagógicos de unos y otros se imponen, y el engaño a los electores es la forma habitual de comunicarse con quienes les encumbramos en el poder; poco gratificante para un sistema democrático, pero es lo que hay y no podemos aspirar a más.
Parece evidente que a la crisis económica mundial, de la que son responsables los especuladores financieros que se han enriquecido a costa de todos en las últimas décadas, se suma en nuestro país la crisis del ladrillo, de la que somos culpables todos por acción u omisión, y que ha sido la causa principal de la pérdida de empleo y del deterioro de nuestra economía. Solamente reconociendo culpas y con una actitud constructiva de futuro podremos salir de esta situación, y no parece que los políticos tengan un mínimo de decencia y de modestia para admitir las responsabilidades del pasado.
Lo que parece elemental es que ahora es preciso actuar, y hacerlo sin titubeos y sin complejos, y en especial sin pensar en los efectos negativos que puedan derivarse en las próximas elecciones. Parece evidente que un gobierno socialista debe de priorizar el mantenimiento del estado del bienestar y las políticas sociales, lo que supone un esfuerzo económico importante que es posible que no se pueda afrontar con los actuales ingresos, que han disminuido por debajo de lo previsto. Si esto es así, la subida de impuestos, aunque sea provisional y transitoria, resulta incuestionable, y debe de incidir en las clases pudientes, preservando el poder adquisitivo de la clase trabajadora, que ha sido la más afectada con la crisis económica.
Ya sabemos que la derecha preconiza la bajada de impuestos, aunque sea a costa de sacrificar las políticas sociales; y también defiende el despido libre para que la patronal puede sanear sus empresas, y así recuperar el nivel de ganancias a costa del sacrificio de sus asalariados. Pero en momentos de crisis es cuando se hace más visible la diferencia entre las políticas de izquierdas y de derechas, y los ciudadanos debemos decidir con quién estamos, con todas las consecuencias.
¿Subida de impuestos? Sí, de ser necesaria, pero con prudencia y moderación, y siempre que sea asumida por los que más tienen y no impida la recuperación económica. Es una buena manera de poner en práctica la solidaridad de todos con todos; algo que la derecha nunca entenderá.
Por fin el Gobierno ha puesto fecha de caducidad a la central nuclear de Garoña. Será en el año 2013, lo que supone prorrogar por cuatro años más su funcionamiento. Parece una buena solución, que no contenta a nadie, pero que fue compatibilizar los intereses de todos, a exclusión obviamente de la derecha; en este sentido Rajoy, para criticar tal medida, la ha considerado un “disparate”, demostrando una vez más que su vocabulario para criticar al Gobierno es muy limitado.
Zapatero debe de cumplir sus promesas electorales, pero haciéndolas compatibles con la necesidad de mantener el suministro de energía en condiciones aceptables y al mismo tiempo disponer de tiempo suficiente para regenerar el tejido industrial en la zona de manera que permita crear puestos de trabajo alternativos suficientes para evitar una situación traumática.
En el programa electoral del PSOE literalmente se dice: “Mantendremos el compromiso de sustitución gradual de la energía nuclear por energías más seguras, más limpias y menos costosas, cerrando las centrales nucleares de forma ordenada en el tiempo, al final de su vida útil, dando prioridad a la seguridad y con el máximo consenso social”. Por ello el Gobierno con el anuncio de cierre no solo no incumple con su promesa electoral, sino que mantiene su compromiso, y coloca la primera piedra para finiquitar definitivamente de forma paulatina todas las centrales nucleares, aparentemente seguras, pero que encubren graves peligros ante un hipotético y posible accidente.
Una doble lectura positiva nos permitiría concluir afirmando que las centrales nucleares pronto serán pasado y la apuesta de futuro se centra en las denominadas energías alternativas, más seguras y con un menor efecto contaminante. Por mi me atrevo a afirmar que el 2 de julio de 2009 será una fecha histórica, y reflejará el principio del fin de una energía no deseada.
El Tribunal Supremo, como máximo órgano judicial de la justicia ordinaria, cumple una importante misión a la hora de unificar criterios jurisprudenciales, y sus resoluciones vienen avaladas por magistrados con larga experiencia profesional. Pero puntualmente, y quizás con demasiada frecuencia, no están exentos de cometer ciertas frivolidades a la hora de dictar sentencias, que en ocasiones tiene su origen en el aislamiento en el que viven algunos magistrados respecto de la sociedad a la que deben de impartir justicia, y en otras se fundamentan en un cierto protagonismo de sus autores fruto de la prepotencia que crea el poder de administrar justicia en la última instancia.
La pasada semana hemos conocido dos sentencias, dictadas en materias muy dispares, en las que el Tribunal Supremo se luce con interpretaciones que a muchos se nos antojan poco meditadas y peligrosas, y que bien podrían haber tenido un contenido más acorde con el sentido común que debe contener toda resolución judicial .
En la primera de ellas se declara la nulidad de una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona que condenó a Pedro Jiménez García por el asesinato de dos mujeres policías y ha ordenado que el juicio se repita con jurado, decretando su libertad por haber transcurrido el plazo previsto legalmente para la prisión provisional, aunque se ha impedido la alarma social que tal medida pudiese generar dado que el cumplimiento de otras condenas lo mantendrá en prisión. Al margen de las discrepancias sobre cuándo es o no procedente la intervención del jurado popular, la sentencia es caprichosa, peligrosa, frívola y poco pensada, no por el contenido, sino por el momento en el que el Tribunal Supremo establece su criterio y la causa penal elegida para llevarlo a cabo. Tan sólo sería admisible la nulidad de una condena penal en el supuesto de que los derechos de defensa del condenado se hubiesen visto perjudicados, pero este no es el caso; el derecho a una tutela judicial efectiva ha sido protegido por cuanto fue condenado por un tribunal compuesto por magistrados profesionales y su enjuiciamiento gozó de las máximas garantías.
En la segunda, más polémica en el mundo del corazón pero menos peligrosa para la integridad personal de los mortales, la Sala de lo Civil considera de “interés informativo” la imagen en “top less” de una persona pública, en este caso de María Reyes (modelo y miss España 1995), lo que permite que pueda convertirse en noticia destacada en los medios de “entretenimiento o espectáculo“, llegando incluso a ser portada de una revista de difusión nacional, c0mo es el caso de “Interviú”. La noticia es un ataque directo al derecho a la intimidad de las personas, y un aliciente para la prensa basura que con el nuevo criterio hará bueno negocio sin coste alguno. Parece ser que para el magistrado Francisco Marín, como así se llama el ponente encargado de dictar la sentencia, los pechos de María Reyes tienen”interés según el género socialmente admitido al que pertenezca el medio”. La sentencia es frívola y está impregnada de una cierta dosis de machismo; y, lo que es más peligroso, abre la veda para que los paparachis puedan campar por sus fueros y las revistas del “corazón” hagan grandes negocios sin tener que pagar por los conocidos “posados robados”.
Ambas resoluciones podían ser evitables; pero es cierto reconocer que los criterios dispares también son enriquecedores y despiertan la polémica. Aunque sería exigible un mayor grado de prudencia a nuestros jueces y magistrados.
Visto lo visto, y ante los vicios, corruptelas y corrupciones que con más vigor se están enquistando en nuestro sistema democrático, que están convirtiendo en normal lo perverso y despreciable, para evitar un mayor deterioro que puede convertirse en insalvable nuestra democracia requiere una urgente y profunda regeneración de ideas, valores y personas. No tengo la menor duda de que en España conviven cientos de miles de ciudadanos, con intachables valores éticos y morales, que están en condiciones de sustituir a nuestros actuales dirigentes y capacitados para hacerlo mejor, mucho mejor. No obstante el cambio no debe de ser traumático, y por eso requiere unos tiempos para incrustar en la política nuevos valores, y en especial nuevas personas.
Decía recientemente Emma Bonino que uno de los males del sistema democrático italiano, que ya viene de lejos, está en la profesionalización de los políticos; tiene razón y su crítica puede ser transplantable a España. En nuestro país son muy escasos los ejemplos de políticos que entiendan que su misión es un servicio público limitado en el tiempo y no una profesión para mantenerse indefinidamente. Por eso, sin sonrojo, políticos de uno y otro signo se perpetúan de por vida en sus cargos, y los que abandonan lo hacen “bien colocados”. Pero quizás lo más perverso es que con el tiempo se olvidan de que son meros administradores, y se sienten dueños de lo que es de todos, actuando con una prepotencia y arrogancia impropia de sus cargos.
Resulta curioso cómo los partidos son capaces de aprobar códigos éticos para regular y juzgar las conductas de sus opositores, e incapaces de aplicarlos en su propia casa. Y en su perversión de doble moral, interpretan el principio de presunción de inocencia a su antojo, sin darse cuenta de que un político bajo sospecha fundada debería de abandonar de inmediato su cargo público, sin que ello suponga ningún trauma para nadie, y por supuesto sin tener que esperar a que se dicte una condena penal. Pero son incapaces de comprender que “responsabilidad política” y “responsabilidad penal” son dos conceptos distintos y distantes.
Quizás el problema actual de nuestros políticos es que casi todos tienen algo que ocultar, y al convertirse en encubridores de los demás, se protegen colectivamente ante los ataques externos. Y ya sabemos que en tiempos de crisis, cuando escasea el dinero para tapar sus fechorías, muchos pueden quedar al desnudo.
En los últimos meses estamos asistimos a un deterioro democrático, instalandose en el todo vale mientras no se descubra; y es preciso poner freno a esta inaceptable situación. Zapatero tiene la oportunidad de hacerlo persiguiendo de forma implacable cualquier corruptela que se descubra en el seno de su partido, sin hacer distinciones en razón a la importancia del cargo que ocupa; Rajoy debería de hacer lo mismo, y debemos de confiar en que tarde o temprano reaccione, antes de que sea demasiado tarde.
Pero, conocida la doble moral histórica de la derecha, no tengo la menor duda de que la regeneración democrática comienza por la izquierda. Y los ciudadanos se lo agradecerán en las urnas.
Esperanza Aguirre a buen seguro habrá cometido muchos errores en su vida política que, de descubrirse, podrían acabar definitivamente con sus insaciables ambiciones. Por el momento su excesivo poder le está sirviendo de manto protector, pero es muy posible que la caja de las sorpresas esté a punto de abrirse.
Últimamente a la lideresa se le nota cansada, preocupada y nerviosa, hasta el punto de que su insultante ironía ha perdido frescura; y la decisión de presentar una querella por injurias y calumnias contra Tomas Gómez, secretario general del PSM-PSOE, al margen de tener mucho de paripé por motivos electorales, intuyo que es un síntoma claro de que se siente acechada; no en vano el tamayazo fue cerrado en falso, y la verdad se conocerá tarde o temprano.
Fundescam se ha convertido en un misterio por descubrir; nadie conoce cual es la finalidad de ésta fundación ni a que se dedican los fondos recaudados, pero el hecho de que empresarios con intereses económicos en la Comunidad de Madrid hayan donado importantes cantidades permite sospechar que algo se nos oculta. Esperanza Aguirre mantiene que las cuentas están claras, y que no se han destinado fondos de la fundación para financiar campañas electorales; pero sin aclarar debidamente de donde proceden sus fondos y a que actividades se han dedicado.
Dado que Esperanza Aguirre es la presidenta de FUNDESCAM, ésta Fundación depende directamente del PP de Madrid, y “casualmente” su sede se ubica en Génova 13, le sugiero que haga públicas sus cuentas, con detalle de ingresos y gastos, para darle la debida transparencia; en otro caso tenemos derecho a dudar de la legalidad de sus actividades.
El artículo 24 de la Constitución Española establece en su apartado segundo que todos “…tienen derecho a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia…”; y en consonancia con tal derecho constitucional la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en el artículo 771-2º, en relación con el 520.2., que todo imputado tiene “..derecho a guardar silencio no declarando si no quiere…” y “..derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable…”. En nuestro derecho penal el “principio acusatorio” tiene una importancia relevante, por cuanto quién acusa es quién tiene que demostrar la culpabilidad del imputado, y éste se encuentra protegido por el “principio de presunción de inocencia”.
En pocas palabras, y para que todo el mundo lo entienda, el acusado puede guardar silencio durante todo el proceso negándose a declarar, e incluso tiene “derecho a mentir” sin incurrir por ello en ninguna responsabilidad.
Por ello desde un punto de vista procesal la postura adoptada por varios de los acusados del “caso Gürtel” , y en concreto de los diputados madrileños Alfonso Bosh y Benjamín Martín Vasco, al negarse a declarar, está amparada en la legislación vigente y en sus derechos constitucionales, y constituye una legitima táctica de defensa. No obstante no podemos olvidarnos de que se trata de personas públicas, a los que se les acusa de graves delitos económicos en el ejercicio de su actividad política, y por ello no sólo deben de responder frente a los jueces sino también frente a los ciudadanos, a quienes se supone representan.
Una negativa a declarar bajo la excusa de que se mantiene el secreto de sumario induce a pensar que algo se está ocultando, y los imputados prefieren esperar a conocer lo que se sabe de ellos, para no reconocer más que de lo sea preciso y esté demostrado. Tal actitud para un político es de una indecencia manifiesta, siembran dudas sobre la “ética” del propio partido que les encubre, y quienes la adoptan quedan desacreditados para siempre para ejercer cualquier actividad pública. En política “mentir” es sinónimo de “ocultar la verdad” o “guardar silencio”, y resulta incomprensible que personajes “presuntamente corruptos” ante la sociedad oculten sus conductas políticamente deshonestas con el silencio.
Recientemente escuchabamos a Francisco Camps “estar feliz” de poder contar toda la verdad cuando sea llamado a declarar, aunque se niegue a contestar ante el parlamento valenciano que es donde políticamente debe de pronunciarse para someterse a la confianza de quienes le votaron en la creencia de que era honrado. ¿Se imaginan al presidente valenciano declarando ante el juez instructor, en un lugar en que incluso tiene “derecho a mentir”?.
La justicia es lenta, muy lenta, los políticos lo saben, y consiguen disimular o aplazar la asunción de las responsabilidades políticas. Pero tarde o temprano se conocerán sus consecuencias penales; y el “Caso Gürtel” cada vez huele peor, y solo está empezando a investigarse. ¿Le conviene a los dirigentes del PP seguir encubriendo a los corruptos?. Por el momento estos ganan tiempo negándose a declarar, sin darse cuenta de que los ciudadanos -a quienes representan- saben que cuando no hay nada que ocultar no es preciso guardar silencio.
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El Tribunal Supremo, como máximo órgano judicial de la justicia ordinaria, cumple una importante misión a la hora de unificar criterios jurisprudenciales, y sus resoluciones vienen avaladas por magistrados con larga experiencia profesional. Pero puntualmente, y quizás con demasiada frecuencia, no están exentos de cometer ciertas frivolidades a la hora de dictar sentencias, que en ocasiones tiene su origen en el aislamiento en el que viven algunos magistrados respecto de la sociedad a la que deben de impartir justicia, y en otras se fundamentan en un cierto protagonismo de sus autores fruto de la prepotencia que crea el poder de administrar justicia en la última instancia.
El artículo 24 de la Constitución Española establece en su apartado segundo que todos “…tienen derecho a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia…”; y en consonancia con tal derecho constitucional la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en el artículo 771-2º, en relación con el 520.2., que todo imputado tiene “..derecho a guardar silencio no declarando si no quiere…” y “..derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable…”. En nuestro derecho penal el “principio acusatorio” tiene una importancia relevante, por cuanto quién acusa es quién tiene que demostrar la culpabilidad del imputado, y éste se encuentra protegido por el “principio de presunción de inocencia”.