Estamos asistiendo a un bochornoso espectáculo en el que la derecha y sus apoyos mediáticos persiguen al juez Elpidio Silva por haber tenido la osadía de encarcelar a un personaje importante, que cuenta con el apoyo incondicional del PP y, por qué no decirlo, del propio gobierno, a través de la Fiscalía, cuyo jefe supremo fue elegido a dedo por el mismísimo Mariano Rajoy. Pero no podemos olvidar que Miguel Blesa, amigo íntimo de Aznar, máximo responsable de los desastres de Caja Madrid, que ha contribuido de manera muy significativa a la crisis económica que sufrimos, es un ciudadano más ante la ley, y debe de responder de sus presuntas conductas delictivas; aunque responsables de lo ocurrido, si se buscan, hay muchos más, y podrían encontrarse en el ámbito político, pues era de la propia Comunidad de Madrid, presidida por entonces por Esperanza Aguirre, de donde partían las órdenes y la permisibilidad para llevar a cabo arriesgadas operaciones financieras o para conceder créditos millonarios a personajes importantes de la farándula empresarial. Como ejemplo tenemos al mismísimo Díaz Ferrán, muy unido “ideológicamente” a la líderesa, y que en la actualidad continúa en prisión por ser un presunto delincuente económico.
Lo lamentable es que la noticia, para muchos medios informativos, no son los motivos por los que Miguel Blesa está en prisión, sino las presuntas irregularidades del juez que se encarceló, del que se dice está expedientado, y al que se le descalifica de forma reiterada por su carácter, su lenguaje y sus “polémicas” decisiones. Quienes lo hacen se olvidan de que está en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, y no hace más que aplicar la ley.
Cualquier juez puede ser recusado, y solicitarlo es un hábil truco procesal para tratar de neutralizarlo, que habitualmente sólo se emplea para buscar la impunidad de la gente importante, con la esperanza de que sea sustituido por un juez sumiso, temeroso y manipulable, de triunfar su petición; pero mientras que nada resuelvan sus superiores jerárquicos, sus decisiones deben ser respetadas, aunque temporalmente sea sustituido por un compañero, por estar así previsto legalmente.
El único error cometido hasta la fecha por el juez Elpidio Silva fue el fijar una fianza de 2.500.000 euros en su primera orden de prisión, dado que si lo que pretendía era evitar la fuga o la ocultación de pruebas, debería de haber acordado prisión incondicional o una fianza de muy superior cuantía. No se percató que para
Resulta muy triste comprobar que el fiscal se oponga ardorosamente a las medidas del juez, convirtiéndose de hecho en defensor del imputado, y olvidándose del papel que debe desempeñar en el sistema judicial. Treinta y ocho años de ejercicio profesional como abogado de forma continuada me permite afirmar que los fiscales sólo son protagonistas en asuntos importantes; en el resto, ni tan siquiera están presentes en las declaraciones de los imputados, salvo que exista interés mediático.
La justicia no es igual para todos. Los “importantes” tienen una protección especial, y ahora hasta ya cuentan con la benevolencia de la Fiscalía, cuyo papel será decisivo en los próximos años para exigir o no responsabilidades a los responsables de graves casos de corrupción política o financiera. Tiempo al tiempo, y caña al juez que ose tocar a los intocables.
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