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Coslada, un municipio madrileño que cuenta con unos 90.000 habitantes, ha sido noticia en las últimas horas con motivo de la detención de 31 agentes de la Policía Local -sobre un total de plantilla de 159 agentes- acusados de un delito de extorsión, al cobrar presuntamente comisiones a los locales de alterne, entre otras supuestas actuaciones ilícitas.

Resulta llamativo que al frente de la supuesta trama se encuentra Ginés Jiménez, el Jefe de Policía Local más polémico y mediático de la región, con un largo historial plagado de supuestas irregularidades; y más curioso que “por sus méritos” ostentase el cargo de presidente de la Federación de Asociaciones de Jefes de Policía Local de España. Una buena forma de dar ejemplo a sus compañeros.

Pero lo descubierto ahora en Coslada no es un hecho aislado; desde la llegada de la democracia han sido numerosas las sospechas de irregularidades por parte de agentes de policías locales, incurriendo en manifiestos abusos de autoridad e incluso en malos tratos injustificados, conocidos por los ciudadanos, “ignorados” por las autoridades, y en algunos casos “justificados” por los tribunales de justicia, que consideraban más creíble la palabra del agente de la policía, que la del ciudadano presunta víctima de un abuso de autoridad. En más de una ocasión tuve ocasión de contemplar, sin poder evitarlo, como una víctima se convertía en acusado, y posteriormente era condenado.

Tradicionalmente la “impunidad” de la autoridad policial ha fomentado situaciones irregulares, ante la pasividad de los políticos -que miraban para otro lado-, y la ceguera de los fiscales y los jueces encargados de investigar y perseguir penalmente los hechos denunciados por ciudadanos víctimas de abusos de autoridad.

Recientemente conocí una supuesta manipulación del contenido de un atestado por parte de un concreto policía municipal de una ciudad próxima a mi domicilio habitual; desconozco si la supuesta tergiversación de los hechos fue dolosa o culposa; pero no tengo ninguna duda de que se produjo. Lo saben las autoridades y lo conocen sus superiores, pero NADA se ha hecho para depurar responsabilidades. ¿Algún fiscal se anima a preguntarme ante un Juez lo sucedido? Estaría encantado de contárselo con todo lujo de detalles.

Un arma y un uniforme no lo pueden llevar cualquiera. Me asquean las situaciones de abuso de autoridad; Pero más me repugna que quienes tiene la posibilidad de evitarlas miren para otro lado o se vuelvan “ignorantes”.

Tengo alma de justiciero; y mi independencia me permite ser libre para escribir y contar mis vivencias cuando y donde quiera. Y sepan que todo cuanto afirmo puedo demostrarlo.

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En octubre de 2007, durante el acto solemne de apertura del año judicial, el Fiscal Jefe de Madrid, Manuel Moix, atribuía a parte de la inmigración el aumento de los delitos en la Comunidad gobernada por Esperanza Aguirre, afirmando que le preocupaba “la incidencia cada vez más acusada que en el fenómeno delictivo tiene la inmigración“, añadiendo que “no se puede despreciar la realidad objetiva que reflejan los datos“.

El Sr. Moix utiliza una frías estadísticas, pero no analiza la situación real de marginación y desprecio que viven en nuestro país muchos inmigrantes. Y, lo que es más preocupante, se olvida de que son seres humanos dignos de protección ante las injusticias.

Me escandaliza que los fiscales se ocupen y preocupen de perseguir de oficio a quienes utilizan la palabra o la historieta gráfica para criticar a la familia real, y miren para otro lado cuando tienen conocimiento de flagrantes actuaciones delictivas de las que pueden ser víctimas los inmigrantes. La última conocida, grabada supuestamente a través de un teléfono móvil, la hemos podido ver en un vídeo publicado en la página web de la Cadena Ser. Son españoles, guardas jurados de la empresa PROSEGUR, preparados para mantener el orden, que se jactan de humillar y golpear a un inmigrante en el metro de Madrid; llevan uniforme, abusan de su “autoridad” y desprecian a un ser humano.

La Delegación del Gobierno de Madrid debería actuar de oficio o enviar el caso a la Fiscalía ante la ausencia de denuncia; mientras la dirección del Metro de Madrid, dependiente de la Comunidad de Esperanza Aguirre, afirma que la investigación ya está cerrada y que estos empleados ya fueron despedidos.

Pero ¿en que país vivimos?. Unos ciudadanos españoles, con uniforme, cometen un delito; y ¿todo se resuelve con un despido laboral?. Vergonzoso, absolutamente vergonzoso.

Sr. Fiscal Jefe de Madrid, tengo trabajo para Vd.; si tiene decencia profesional DEBE DE ACTUAR DE OFICIO DE INMEDIATO; el simple conocimiento de un delito, y lo tiene por el mero hecho de la publicación de la noticia, LE OBLIGA a abrir una investigación para depurar responsabilidades penales frente a los autores de la agresión, e investigar si existen responsables en la dirección del Metro de Madrid que -por omisión en su actuar- consiente o permiten situaciones tan deplorables; no olvidemos que los hechos supuestamente tuvieron lugar antes de agosto del 2007, y NADIE se ha molestado en denunciarlos en vía penal.

(recomiendo éste enlace para ampliar la información)

ULTIMA HORA: Esperanza Aguirrre ha manifestado hoy, 24 de abril, que ha sido un error no haber denunciado los hechos en su momento. Lo triste es que SOLO se denuncian cuando se conocen públicamente… Acabamos de conocer un nuevo caso de agresión

¿Reconocerá Esperanza Aguirre un nuevo error?. Parece ser que es una forma habitual de proceder por los miembros de “seguridad”, auténticos quinquis con uniforme, que delinquen con consentimiento tácito de sus superiores, que nada hacen por evitarlo. Si hubiese decencia en este país más de un político de la Comunidad de Madrid debería de dimitir de inmediato, y más de un alto cargo de Metro del Madrid y de Prosegur tendría que estar ahora entre rejas….

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Siendo estudiante universitario me llamó mucho la atención el principio jurídico, explicado en clase de Derecho Civil, de que “los contratos son lo que son y no lo que las partes quieran que sean“; principio que es aplicable también a muchos ciudadanos, y en especial a los políticos, cuando se autodefinen con una concreta ideología, pero practican en su vida diaria una bien distinta.
¿Es liberal Esperanza Aguirre?. Don Federico Jiménez Losantos afirma que sí; pero ella misma ni se lo cree, aunque presuma de serlo. Una persona manipuladora, que no respeta la libertad de los demás y pretende imponer sus criterios a cualquier precio, puede ser cualquier cosa menos liberal.
¿Es liberal Federico Jiménez Losantos?. Evidentemente no, por mucho que se empeñe en hacérnoslo creer. Simplemente es un resentido, que utiliza la injuria y la calumnia para tapar sus propias vergüenzas.
¿Es liberal Pedro J. Ramirez?. Se parece más bien a una veleta que se mueve por los vientos que le son favorables para sus propios intereses; es una persona con complejos, que no compleja, que se ha quedado siempre a medio camino de todo, y ha sido incapaz de hacer algo verdaderamente positivo para nuestro país. Eso sí, ha sido el artífice y máximo defensor de todas las maniobras conspiratorias de los últimos quince; la mentira y la manipulación son sus principales armas para justificar sus argumentos.
Todo viene a cuento a propósito de una desafortunada frase de Jimenez Losantos al afirmar que “el enemigo en el PP son los liberales de Aguirre“.
El liberalismo es un pensamiento filosófico, social, económico y de acción política, que promueve las libertades civiles y el máximo límite al poder coactivo de los gobiernos sobre las personas; se opone a cualquier forma de despotismo y es la doctrina en la que se fundamentan el gobierno representativo y la democracia parlamentaria. El establecimiento y defensa de un Estado de Derecho en el que todas las personas estén sometidas al mismo marco mínimo de leyes es uno de sus objetivos principales.
Estos tres personajes ¿tienen algo que ver con el liberalismo?. Por sus conductas más bien parece que practican un antiliberalismo cuando no respetan las libertades individuales, y sólo creen en el Estado de Derecho cuando les favorece.
Lo menos que les podemos pedir es que no presuman de lo que no son, y que sean coherentes con lo que afirman. Doña Esperanza, Don Federico y Don Pedro forman en este país un trío que practica de todo, menos el liberalismo, y configuran una rancia y casposa derecha ultraconservadora, egocéntrica y autoritaria, en la que sólo respetan a quienes se sometan a sus dictados.

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(Historieta gráfica de Manel Fontdevila en PÚBLICO)

Es muy complejo saber con seguridad si pudo evitarse la muerte de Mari Luz. Precisaríamos conocer el contenido de las resoluciones judiciales, la fecha de sus firmezas, el funcionamiento interno de cada Juzgado, y si de haberse exigido su cumplimiento estaría ya en libertad Santiago del Valle. Pero su muerte al menos ha servido para destapar las vergüenzas de los numerosos culpables que pueden contribuir a que esto suceda por dejación de funciones, apatía o incumplimiento de sus obligaciones. Porque las irregularidades que ahora se denuncian pasan, a diario, en este país, sin que nadie se haya preocupado de solucionarlas; y sólo salen a la luz cuando es asesinada una niña de corta edad.

Decir que el Juez del Juzgado de lo Penal, 1 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez, es el culpable de todo es una ligereza que forma parte del inevitable espectáculo mediático; como lo es que el propio Juez impute la culpa a una funcionaria; pensar que la investigación del Ministerio Fiscal llegará al fondo del asunto es otra ligereza, y los profesionales del Derecho saben muy bien que los Fiscales no están en este país para dar ejemplo del buen hacer; creer que el Consejo General del Poder Judicial investigará con rigor lo sucedido, es convertirle en juez y parte, cuando su inspección fue incapaz de detectar irregularidades en el Juzgado de donde se afirma nacen los males; e imaginar que poner en práctica las “ocurrencias” de los políticos para quedar bien son la solución es creer en los Reyes Magos (Don Mariano ¿qué tendrá que ver el mal funcionamiento de la Administración de Justicia con el endurecimiento de las penas?).

¿Quienes son los culpables? Todos y ninguno, ya que un deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia a todos los niveles contribuye a que “todos” tengan algo que ocultar y a que “nadie” esté limpio del todo para que pueda exigir responsabilidades a los demás, lo que contribuye a que las negligencias “casi siempre” queden impunes (dentro de un año comprobaremos que “todo” lo que ahora sucede y se denuncia ha quedado en “nada”; y tendrá que producirse otra muerte para que reaccionemos y “todos” nos rasguemos de nuevos las vestiduras). Pero comencemos buscando culpables, y empecemos por arriba:

–El Ministerio de Justicia, que debería de proponer de inmediato modificaciones en la tramitación de los procesos judiciales para agilizarlos eliminando formalismos innecesarios, y dotar a la Administración de Justicia de un sistema informático capaz de evitar que lo sucedido pueda volver a producirse.

–El Consejo General de Poder Judicial, que se dedica más a hacer política que a controlar el día a día de lo que sucede en el funcionamiento de nuestra Justicia. ¿Inspecciones?; yo las llamaría más bien pantomimas, carentes en muchas ocasiones del más mínimo rigor (en alguna ocasiones las anuncian por adelantado, dan tiempo al Juzgado para que “se prepare”, y todos quedan bien).

–Algunos Magistrados y Jueces (tengo que reconocer que la mayoría cumplen, y muy bien, la misión que los ciudadanos les hemos encomendado), que retrasan meses e incluso años, sin justificación alguna, sus resoluciones judiciales, sin que sean apartados de sus funciones ni expulsados de la carrera judicial; cuando el retraso es “escandaloso” suelen darse de baja por depresión, y con ello blindan su puesto de trabajo ya que sólo ellos pueden dictar las sentencias pendientes de resolución.

–Un porcentaje pequeño, pero muy significativo, de otros funcionarios de la Administración de Justicia, que incumplen a diario sus obligaciones, sin que nadie haga nada por evitarlo, y que motivan retrasos injustificados y pérdida de calidad en nuestra justicia. En algunos casos su presencia física en los juzgados no supera el 60% de su jornada laboral; y ello sin contar sus permisos, bajas y ausencias injustificadas.

No he dicho ninguna mentira (cada afirmación podría ser respaldada por hechos reales y conocidos personalmente), muchos se ofenderán, pero todos los que conocen el mundo de la Justicia me darán la razón.

¿Por qué ocurre todo esto? Porque nunca pasa nada, y los negligentes quedan en la mayor parte de los casos impunes de sus irresponsabilidades. Muchos de ellos en la empresa privada no durarían una semana en su puesto de trabajo; pero como lo han ganado por oposición consideran que su puesto de trabajo es vitalicio.

¿Soluciones? Se me ocurren muchas. ¿Alguien está dispuesto a ponerlas en práctica con todas las consecuencias?; si lo hace, puede contar con mi colaboración.

(publicado aquí en www.elplural.com)

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Los intereses económicos de las grandes empresas suelen contar siempre con el apoyo de los intereses políticos de la derecha conservadora. Esto parece estar ocurriendo en Madrid cuando, por iniciativa de Gallardón y con el apoyo de Esperanza Aguirre, se facilitará que los comercios de la zona de Sol puedan abrir durante los 365 días del año. Principal beneficiado El Corte Inglés, y en especial Don Isidoro (el del centro de la foto), que parece ser en este caso el vínculo de unión de dos políticos irreconciliables.

Ningún medio de comunicación se hará eco de esta noticia en su verdadero alcance. La censura previa es una realidad, el que se mueve no sale en la foto, y todas las empresas propietarias de los medios de comunicación saben que la mínima crítica que se exprese o escriba sobre El Corte Inglés conllevará la inmediata retirada de su publicidad, con los importantes perjuicios económicos que conlleva. Pero en esta humilde página, que no tiene más pretensión que difundir la información y la opinión SIN CENSURA PREVIA, podemos permitirnos el lujo de comentar la esencia de la noticia.

Parece ser que los grandes beneficiarios son todos los que salen en la foto. Pero ¿quienes son los perjudicados?:

–Los trabajadores de El Corte Inglés. que es muy posible vean disminuidos sensiblemente sus derechos al descanso en fines de semana y fiestas oficiales, sin una contraprestación adecuada; y que en muchos casos se verán en la disyuntiva de “lo tomas o lo dejas”.

–Los autónomos que se encuentran al frente de muchas pequeñas empresas, en especial en las zonas limítrofes a la zona de Sol, que se verán claramente perjudicados.

Pero, como hoy dijo Rajoy, para el PP lo que importan son las personas. Pero quizás se refería a las personas importantes, como Don Isidoro.

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Roberto García-Calvo tomó posesión como Gobernador Civil de Almería el 20 de Abril de 1976, y en su discurso “Contra los enemigos de España“, pronunció las siguientes palabras:

“Os pido a todos los que servís en las organizaciones del Movimiento que os sintáis identificados con sus postulados que juntos compaginemos, sin extremismos, las dos misiones que tanto José Antonio como Francisco Franco propulsaron con su vida y en su muerte ser bastiones inconmovibles -lo cual no significa inmovilismo, sino patriotismo- contra los enemigos de España y de su unidad (tales como el separatismo, el comunismo, el anarquismo o el terrorismo), al tiempo que interlocutores sin rencor de los que fueron, son o serán adversarios solamente en las ideas, pero tan amantes de España como nosotros“.

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Que cada uno ponga el calificativo o adjetivo que vea más conveniente cuando lea esta noticia: por UNANIMIDAD, y no podía ser de otra manera, el parlamento gallego aprobó en una sesión extraordinaria celebrada el pasado 17 de Julio, durante las vacaciones parlamentarias, una reforma de la Ley de la Función Pública de Galicia, impulsada por el actual bipartito (PSOE y BNG), que fue publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Galicia el 24 de Julio de 2007, es decir un día antes del Día de la Patria Gallega, en la que en la Disposición adicional decimoséptima se dice literalmente:

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Acabo de remitir al Ministerio de Medio Ambiente un correo con este contenido:

“Un buen amigo, aficionado a la fotografía, ha sufrido una discriminación de trato en el Parque Nacional de Timanfaya, por la simple circunstancia de disponer de un buen equipo fotográfico. No pudo ni tan siquiera razonar, ni recibió disculpa alguna… El mal trato recibido será conocido en pocos días por millones de ciudadanos a través de internet ¿Es buena propaganda para un Ministerio de “España” el mal ambiente creado por un inadmisible error?

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Si Montesquieu levantara la cabeza se sorprendería al escuchar una nueva interpretación de la teoría de la división de poderes, que nos brinda Telmo Martín, recientemente elegido Presidente del PP de Pontevedra con el respaldo incondicional de Don Mariano Rajoy.
Telmo Martín es consejero delegado de la promotora Construcuatro, cuya empresa ya estaba siendo investigada desde hace meses por la Consejería de la Vivienda de la Xunta de Galicia, ante las numerosas denuncias presentadas por compradores de viviendas de protección oficial, al cobrar sobreprecios en la venta de pisos protegidos, que oscilaban entre 12.000 y 42.000 euros, según han reconocido 21 de los 95 propietarios que adquirieron viviendas en una promoción del barrio vigués de Navia. Parece ser que antes de firmar los contratos de compraventa era imprescindible la entrega de una cantidad en dinero B, y por ello sin control ni respaldo documental alguno, como condición imprescindible para la adquisición de la vivienda; hasta el punto de que tres de los denunciantes se sintieron coaccionados y amenazados por intermediarios de la promotora, tal como consta en grabaciones autorizadas por la Juez del Juzgado de Instrucción número dos de Pontevedra, que tramita las denuncias por las presuntas responsabilidades penales que pueden derivarse de tales conductas.
Este nuevo caso de irregularidad en el sector de la construcción se destapa a raíz de su nombramiento como Presidente del PP de Pontevedra. Telmo Martín, una “promesa de futuro” para el PP, en sus primeras declaraciones se siente molesto por la publicación de la noticia, y considera que “..es el precio que hay que pagar por estar en política..”, ignorando que quienes realmente tuvieron que pagar un sobreprecio en dinero B fueron los compradores de la viviendas que promueve Construcuatro, como condición imprescindible para la compra de una vivienda con financiación pública.
Pero lo sorprende es la ignorancia de este nuevo personaje que parece haber “crecido” en el mundo del ladrillo y “medrado” en el PP, cuando afirma que “…en democracia debería de respetarse la separación de poderes…”; parece obvio que desconoce la teoría de la separación de poderes de Montesquieu, y nos imaginamos que con sus palabras está exigiendo respeto a sus actividades privadas, sin percatarse de que están sometidas al control y censura pública desde el momento en que ocupa un cargo político de relevancia en el principal partido de la oposición. En definitiva confunde vida privada con las actividades privadas de una persona pública.
Lo curioso es el desenfado con el que se mueven este tipo de personajes en el mundo de la política, y la indiferencia de sus líderes -en este caso de Rajoy- cuando las irregularidades urbanísticas se hacen públicas. Ahora ya no se corrompen en la política, sino que entran en ella y medran en los partidos con los bolsillos repletos de dinero obtenido de forma irregular, y cuando ya están perseguidos ante los tribunales por presuntas conductas criminales.
Mientras tanto Rajoy acude a Pontevedra el día de su nombramiento y se distrae hablando de la bandera, o del himno nacional, o pidiendo la dimisión de Ibarretxe; y continua sin hacer limpieza general en su propia casa, en la que se acumula la basura ante la indiferencia de una parte importante de la sociedad española, que se define conservadora.

(Publicado aquí en www.elplural.com)

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