
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” Articulo 47 de la Constitución Española
Hace más de veinte años un juez asturiano, de cuyo nombre no he podido acordarme, absolvió a un joven que era acusado de un delito de allanamiento de morada por haber ocupado una vivienda propiedad de FEVE que se encontraba vacía, al haber aceptado la eximente de estado de necesidad en relación al derecho constitucional que todo ciudadano tiene al uso de una vivienda digna, y que se encuentra amparado por el artículo 47 de nuestra Carta Magna. Concurría la circunstancia de que el acusado estaba opositando para acceder a un puesto de trabajo en FEVE, y la condena le impediría hacerlo dado que se exigía como requisito el carecer de antecedentes penales. Fue una sentencia atrevida, innovadora, revolucionaria, que rompía con los criterios de la época, y que demostraba que la Constitución servía para algo más que para ser recordada cada 6 de diciembre.
Han pasado más de dos décadas y el derecho constitucional al uso de una vivienda digna no ha tenido ningún desarrollo legislativo como para poder ser puesto en práctica con unas mínimas garantías para los ciudadanos más necesitados, por lo que aún permanece en un limbo jurídico, y parece que tan sólo es recordado por los utópicos irreductibles.
Por eso el Decreto aprobado recientemente por el gobierno de Andalucía, que permite la expropiación por un período máximo de 3 años de una vivienda para evitar el desahucio de una familia en situación de marginación social, supone un importantísimo avance en defensa de los más débiles y un freno al desaforado esfuerzo de muchas entidades bancarias de dejar sin techo a muchos ciudadanos indefensos.
Pero este Decreto va más allá, por cuanto sanciona a quienes disponen de viviendas vacias y no las ofrecen en el mercado para su alquiler. No es de recibo que mientras en nuestro país tiene lugar un desahucio cada quince minutos, más del 20% de las viviendas estén vacías. Y es que la vivienda debe de entenderse como un bien social y no como un objeto de especulación.
Las medidas del gobierno andaluz demuestran que la izquierda esta viva y dispone de ideas imaginativas y eficaces para afrontar las consecuencias de la crisis; y no debemos de olvidar que es una iniciativa de IU, a la que se ha sumado el PSOE andaluz, y ahora los propios socialistas pretenden que se imponga a nivel nacional.
El gobierno central aún no se ha pronunciado abiertamente aunque, como buen defensor de los intereses de la banca, la critica con la boca pequeña; si bien ya ha lanzado por delante a sus medios de comunicación afines para atacar ferozmente la medida. Y no es de extrañar que muy pronto comience a hablar de su inconstitucionalidad para tratar de impedir que se mantenga en práctica. Tiempo al tiempo, una derecha ultraconservadora siempre gobierna en contra de los intereses de los ciudadanos, aunque muchos aún no se hayan enterado.