SInLaVeniA

Coslada, un municipio madrileño que cuenta con unos 90.000 habitantes, ha sido noticia en las últimas horas con motivo de la detención de 31 agentes de la Policía Local -sobre un total de plantilla de 159 agentes- acusados de un delito de extorsión, al cobrar presuntamente comisiones a los locales de alterne, entre otras supuestas actuaciones ilícitas.

Resulta llamativo que al frente de la supuesta trama se encuentra Ginés Jiménez, el Jefe de Policía Local más polémico y mediático de la región, con un largo historial plagado de supuestas irregularidades; y más curioso que “por sus méritos” ostentase el cargo de presidente de la Federación de Asociaciones de Jefes de Policía Local de España. Una buena forma de dar ejemplo a sus compañeros.

Pero lo descubierto ahora en Coslada no es un hecho aislado; desde la llegada de la democracia han sido numerosas las sospechas de irregularidades por parte de agentes de policías locales, incurriendo en manifiestos abusos de autoridad e incluso en malos tratos injustificados, conocidos por los ciudadanos, “ignorados” por las autoridades, y en algunos casos “justificados” por los tribunales de justicia, que consideraban más creíble la palabra del agente de la policía, que la del ciudadano presunta víctima de un abuso de autoridad. En más de una ocasión tuve ocasión de contemplar, sin poder evitarlo, como una víctima se convertía en acusado, y posteriormente era condenado.

Tradicionalmente la “impunidad” de la autoridad policial ha fomentado situaciones irregulares, ante la pasividad de los políticos -que miraban para otro lado-, y la ceguera de los fiscales y los jueces encargados de investigar y perseguir penalmente los hechos denunciados por ciudadanos víctimas de abusos de autoridad.

Recientemente conocí una supuesta manipulación del contenido de un atestado por parte de un concreto policía municipal de una ciudad próxima a mi domicilio habitual; desconozco si la supuesta tergiversación de los hechos fue dolosa o culposa; pero no tengo ninguna duda de que se produjo. Lo saben las autoridades y lo conocen sus superiores, pero NADA se ha hecho para depurar responsabilidades. ¿Algún fiscal se anima a preguntarme ante un Juez lo sucedido? Estaría encantado de contárselo con todo lujo de detalles.

Un arma y un uniforme no lo pueden llevar cualquiera. Me asquean las situaciones de abuso de autoridad; Pero más me repugna que quienes tiene la posibilidad de evitarlas miren para otro lado o se vuelvan “ignorantes”.

Tengo alma de justiciero; y mi independencia me permite ser libre para escribir y contar mis vivencias cuando y donde quiera. Y sepan que todo cuanto afirmo puedo demostrarlo.

Compártelo

(Historieta gráfica de Manel Fontdevila en PÚBLICO)

Don Mariano Rajoy se siente muy orgulloso de la Comunidad de Murcia, hasta el punto de que ha manifestado que “los murcianos tienen al frente a un director de orquesta que, sin estridencias ni numeritos, mejora la vida de los ciudadanos“, aunque lo haga a costa de construir campos de golf y destruir el paisaje; sus resultados electorales y el “buen hacer” de sus dirigentes avalan un apoyo popular importante y un claro respaldo a sus políticas. El PP ha conseguido algo que nunca podría lograr el PSOE, quizás por el distinto talante de sus votantes: lograr mayorías absolutas gracias a la indiferencia de los ciudadanos, que saben convivir con la corrupción y los escándalos urbanísticos, y los asumen con total normalidad.

En Murcia se concentran importantes escándalos urbanísticos, y la corrupción se extiende a empresarios, técnicos municipales y alcaldes del PP, e incluso pueden llegar a salpicar al poder judicial de ser cierto la ralentización de las investigaciones judiciales por parte de una juez con mentalidad conservadora.

El tema no es baladí, y adquiere una gravedad extrema en donde se hace necesaria la inmediata intervención del Consejo General del Poder Judicial para investigar que ha podido suceder en el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Javier, en donde la baja por maternidad de una juez ha motivado un inmediato cambio de rumbo de una causa penal por parte del juez que la sustituye. Estos son los elementos a analizar:

–1º) Se investiga la permuta de un terreno municipal de 35.000 metros cuadrados, lindante con una urbanización de Polaris World, por 50.000 metros cuadrados de terrenos rústicos pertenecientes a dicha compañía, y en especial la demostrada diferencia de valor de uno y otro terreno, que motiva que el Ayuntamiento de Torre Pacheco puede verse perjudicado económicamente.

–2º) Aránzazu Moreno, una juez calificada como “pepera” por Fernando de la Cierva (consejero de Presidencia del Gobierno de Murcia, y antiguo empleado de una empresa de Polaris World) es baja por maternidad; y su sustituto, el juez Salvador Calero, de inmediato y con el respaldo del Ministerio Fiscal, le da un cambio de rumbo a la investigación judicial.

–3º) El día 1 de abril el juez Salvador Calero decretó la prisión incondicional para el arquitecto técnico municipal, Ramón Cabrera; dos días después el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, es detenido cuando se dirigía al Consistorio y, después de negarse a declarar ante el juez, ingresa en prisión acusado de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. El mismo día 3 de abril fueron citados como imputados el presidente de Polaris World, José Luis Hernández Arce, y el exdirector financiero Juan Marcos Fernández; si bien ambos han quedado el libertad con cargos.

–4º) La rápida intervención del juez pone muy nervioso al letrado del Alcalde de Torre Pacheco, José Pardo Geijo, quién después de considerarle incompetente para intervenir en el proceso, le acusa de prevaricador de acordar su prisión; quizás pensaba que la baja de la juez titular paralizaría temporalmente un proceso ya ralentizado previamente, y una rápida intervención de su sustituto le descolocó. El letrado previsiblemente será sancionado por el juez por sus excesos, pero no estaría de más que el Colegio de Abogados al que pertenezca investigue lo sucedido; es preciso atajar el lamentable actuar de algunos abogados que, en el ejercicio de su profesión, se convierten en supuestos cómplices o encubridores de las supuestas fechorías de sus clientes.

Ante una situación tan esperpéntica, nos preguntamos: ¿Qué piensan de todo esto Don Mariano Rajoy y los dirigentes del PP de Murcia?, ¿cual va a ser la actitud del Consejo General del Poder Judicial ante lo sucedido?, ¿podemos quedar indiferentes ante estos escándalos urbanísticos?.

La galopante especulación y la corrupción urbanística parecen haber contribuido, y de manera decisiva, a la actual crisis de la construcción. Cuando se hincha demasiado el globo corre el riesgo de pincharse, y al perder aire con excesiva rapidez quedan al desnudo sus responsables, que han perdido la capacidad de tapar sus vergüenzas al perder poder adquisitivo para comprar su impunidad.

(publicado aquí en www.elplural.com)

Compártelo

Se llama Alfonso Ferrada, fue alcalde de Burriana (Castellón) desde 1995 hasta el año 2007, es socio político de Carlos Fabra y sus familiares más cercanos son titulares de cuentas corrientes en Andorra. Actualmente está imputado en una causa de presunta corrupción urbanística por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Vila-Real, al haber sido admitida a trámite una querella presentada por el Partido Socialista del País Valenciano por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, cohecho, contra los recursos naturales y el medio ambiente, de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos y de negociaciones de actividades prohibidas.

Pero la noticia es que el pasado 25 de marzo ha sido nombrado senador por las Cortes Valencianas a propuesta del PP. Su condición de imputado por presunta corrupción, no ha sido obstáculo para que sustituya en el Senado a Andrea Fabra (hija de Carlos Fabra), al haber sido aquélla elegida diputada por el PP en las últimas elecciones generales.

¿Un premio por los “servicios prestados”?, ¿Un reconocimiento a su “desinteresada” labor en favor del desarrollo urbanístico de Castellón?. Lo cierto es que es todo un blindaje para poner trabas a la investigación judicial actualmente en trámite, dado que al pasar a su nueva condición de aforado el juez instructor que investigaba los supuestos delitos pierde competencia en favor del Tribunal Supremo, y todos sabemos lo “perezosos” que son sus miembros a la hora de investigar y perseguir las andanzas de nuestros parlamentarios.

Lo triste es que Ricardo Costa, portavoz del PP en las Cortes Valencianas, justifica su nombramiento al asegurar que a su partido le parece totalmente “ético” que se elija como senador a una persona imputada por presuntos delitos de corrupción urbanística.

El PP se hace más fuerte en la Comunidad Valenciana cuanto más es el nivel de corrupción urbanística que se detecta. Poco podrá hacer el Partido Socialista para contrarrestar el triunfo electoral de la derecha en una situación tan atípica, en la que a los votantes nada les preocupa este tipo de escándalos.

Como mantiene Savater la ética se define como “el arte de saber vivir“; solo así pueden entenderse las desafortunadas declaraciones del portavoz del PP.

Compártelo

Activo militante del PP en las Islas Baleares, pertenecía a su ala más conservadora, y fue el máximo responsable del urbanismo en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Amigo personal de Ana Pastor, formaba parte del equipo de confianza de Jaume Matas.

Dicen que no pertenecía al Opus Dei ni a los Legionarios de Cristo, pero sí reconoció estar cercano al Movimiento Neocatecumenal, los Kikos, lo que motivó que en el año 2006 estuviese presente en Valencia durante la visita del Papa. De misa prácticamente diaria, ahora sabemos que practicaba la hipocresía de la “doble moral” de muchos creyentes que viven entre nosotros, y que a buen seguro están en contra de la enseñanza de “Educación para la Ciudadanía”.

Se llama Javier Rodrigo de Santos, y ahora se descubre que durante los años 2005 a 2007, gastó más de 50.000 euros de dinero público en clubs de alterne de Mallorca, utilizando una tarjeta de crédito concedida para “otros fines”.

Ha devuelto el dinero, está dispuesto a pedir perdón, y como disculpa alega “problemas de salud”, que parece ser tienen su origen en el “consumo de drogas”, lo que ha motivado su inmediato ingreso en un centro de rehabilitación de Barcelona.

El caso está en manos de los Tribunales, y será la justicia la que se encargue de juzgarle por autor de un posible delito de malversación de caudales públicos. Pero la responsabilidad criminal no debe de quedar limitada a la autoria de los hechos, sino que debe de extenderse a posibles encubridores que, por acción u omisión, han contribuido a la perpetración del delito.

La ex-alcaldesa de Palma Mallorca, Catalina Cirer, perteneciente al PP, se entera “ahora” de las irrregularidades descubiertas; alega estar sorprendida, e incluso ha llegado a afirmar que “no es su madre”, y no puede saber lo que hacía en su vida privada. Pero se equivoca, ya que el dinero que se gastaba era público, y con su “desconocimiento” demuestra que o “miró para otro lado” o el gasto del dinero público carecía de control, y ambas situaciones son muy preocupantes.

Los extractos de los movimientos de las tarjetas de crédito deberían de ser recepcionados por Ayuntamiento mensualmente, con el detalle de cada gasto, para ser sometidos al control público. ¿Nadie se percató en casi tres años que la tarjeta era usada entre las 4 y las 7 de la madrugada?, ¿No constaba que los pagos se efectuaban a personas o empresas relacionadas con clubs de alterne?, ¿Nadie hizo nada para poner fin a tal situación y exigir la devolución de las cantidades que no se ajustaban a gastos propios de su cargo pùblico?

Parece evidente que la investigación y la posible responsabilidad criminal debe de extenderse a quienes encubrieron el delito de malversación de caudales públicos, bien por consentir la situación o por no enterarse de que se estaba produciendo.

Lo más triste es que nos enteramos ahora, al haberse investigado por la actual alcaldesa de Palma Mallorca. ¿Cuantas situaciones similares pasarán al olvido por falta de control adecuado del dinero de todos?

(Publicado aquí en www.elplural.com)

Compártelo

 Parece que se confirma, Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, ha comido en varias ocasiones con Don Miguel Angel Torres, juez instructor de la llamada “Operación Guateque”. La situación es esperpéntica, por no calificarla de escandalosa e indecente; y cuanto menos no es la forma más correcta de colaborar en una investigación.

En un país como España, en donde es frecuente formalizar los negocios o resolver las contiendas con un buen almuerzo, lo sucedido huele a podrido. Cuando no está en modo alguno descartado que el alcalde de Madrid tenga que declarar como testigo en un proceso judicial por la presunta corrupción de unos funcionarios de su ayuntamiento, resulta inmoral el almuerzo, que afecta -y de manera directa- a la credibilidad de la investigación.

Pero el asunto puede tener un trasfondo superior. No podemos olvidarnos que fue el juez Torres quién investigó a Monserrat Corulla, actualmente imputada en el “Caso Malaya”; la misma que se encuentra unida por vínculos de “especial amistad” con el alcalde de Madrid.

El Sr. Gallardón no quiere hablar de su “vida privada”, ni de Monserrat Corulla, ni de lo sucedido en su Ayuntamiento… ni de nada que le afecte negativamente; y se siente ofendido cuando se le recuerda su silencio. ¿Cinismo?, ¿hipocresía?. Cada vez me agrada menos esta persona de sonrisa fácil; no me gusta nada lo que oculta.

Pero, ¿quién ha pagado la comida?

Compártelo

Al ser preguntado Zaplana, en su condición de portavoz del grupo parlamentario del PP, por el nuevo caso de “presunta” corrupción urbanística en el municipio de Totana, gobernado desde hace años por el Partido Popular, afirmó desconocer lo que allí ocurría, y sin darle importancia alguna sugería que se le preguntase al Sr. Rubalcaba, en su condición de Ministro del Interior.

La postura de Zaplana, quien ya reconoció en su día que está en política para hacer dinero, demuestra una gravísima irresponsabilidad, que puede hacerse extensiva a su partido, de no desmarcarse de sus declaraciones.

Continue Reading »

Compártelo

Parece evidente que en un Ayuntamiento, como el de Madrid, en donde trabajan como funcionarios más de 25.000 personas, no puede exigirse que el Alcalde controle las actuaciones personales de cada uno de ellos; aunque está obligado a dar las instrucciones precisas a sus concejales para que impidan cualquier tipo de corruptela. Por cierto Ana Botella es la responsable del área de Medio Ambiente de la que dependen varios de los funcionarios detenidos y acusados de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, y estamos ansiosos por conocer su opinión.

Continue Reading »

Compártelo