No se merecía Atutxa una condena penal por desobediencia en el ejercicio de sus funciones como Presidente del Parlamento Vasco, y mucho menos cuando ya se había jubilado de la vida política. Quizás muchos podrían pensar que era radical en sus posicionamientos, pero siempre fue un político honesto, de firmes convicciones, flexible, conciliador, dialogante; para mi lo mejor del PNV en muchos años.
La denuncia inicial fue presentada por «Manos Limpias», sindicato de ámbito nacional que se autocalifica de «independiente», pero que está vinculado a la ultraderecha española (no olvidemos que la organización está presidida por el abogado y ex dirigente de Fuerza Nueva Miguel Bernad Remón). Atutxa fué acusado de un delito de desobediencia por no disolver el grupo parlamentario de HB, y aunque inicialmente fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ahora ha sido condenado por el Tribunal Supremo en una decisión inadmisible, al suponer una clara injerencia de la justicia en las decisiones de un parlamento de una Comunidad Autónoma); y de dudosa legalidad, ya que es muy cuestionable que una acusación popular esté legitimada por sí sola para instar la apertura de un juicio oral, tal como mantienen tanto las defensas como el fiscal.
El Tribunal Supremo ha incurrido en un gravísimo error que no tiene precedentes, y todo ello por aplicar una interpretación literal de la ley, sin tener en cuenta el espíritu de la norma legal, olvidándose del momento y contexto en el que ocurrieron los hechos, y sin tener en cuenta la aplicación del principio de oportunidad en la persecución de la supuesta conducta delictiva; error que entiendo pueda ser consciente, y dirigido a abrir un nuevo frente de satanización del País Vasco, esta vez a través de los tribunales de justicia. La decisión no se ha tomado por unanimidad sino por mayoría, presumo que de magistrados conservadores, para alentar su ideología personal a través de una sentencia judicial; ven separatismo en el PNV, sin darse cuenta que con su decisión fomentan precisamente lo que persiguen. Confiemos en que la cordura judicial se recupere en el Tribunal Constitucional, y las aguas vuelvan a su cauce.
¿Es igual la justicia para todos? Evidentemente no. Botín se libró de una condena gracias a una interpretación de la ley ahora modificada, tras haber sido acusado por la Fiscalía Anticorrupción, en el caso de las jubilaciones millonarias, de delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida. Aznar ni tan siquiera tuvo que declarar como imputado por las querellas presentadas por su complicidad en la declaración de una guerra ilegal contra Irak, que se ha convertido en un genocidio con las muertes de cientos de miles de ciudadanos civiles (¿crimen contra la humanidad?).
El TS se ha equivocado, y de verdad. El conservadurismo extremo de muchos de sus magistrados se ha filtrado en su decisión judicial, que la han convertido en política. Cuando en los primeros años de la década de los 70 era estudiante de Derecho, se comentaba que el Opus Dei animaba a sus más brillantes estudiantes a presentarse a las oposiciones a Juez, financiando sus estudios; era una forma de tratar de «influir» en la Administración de Justicia. Es posible que ahora estén recogiendo los frutos de su inversión.
(publicado aquí en www.elplural.com)










