¿puede ser la práctica de las artes cinegéticas causa de recusación de un magistrado del Tribunal Constitucional?

El periódico digital progresista elplural.com pública hoy la noticia de que el Magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo asistió recientemente a una montería con destacados dirigentes del PP de Madrid; y aunque El Pais desmiente la noticia, no niega las vinculaciones de amistad entre García-Calvo y miembros del PP, y es conocida «su afición» por defender en el TC las posturas políticas del principal partido de la oposición.

Pero lo más preocupante no es el claro posicionamiento del Magistrado García-Calvo en favor de las posturas conservadoras del PP, y por ello en contra de algunas leyes progresistas aprobadas durante el actual mandato de Zapatero, sino sus dudosas convicciones democráticas que difícilmente le legitiman para pertenecer al Tribunal Constitucional. García-Calvo comenzó su carrera política durante el franquismo, y en el año 1976 fue designado gobernador civil de Almería y jefe provincial del Movimiento Nacional por el entonces Presidente del Gobierno Arias Navarro; y si bien tan sólo ejerció su cargo durante algo menos de un año, tuvo tiempo para reprimir con contundencia diversas huelgas de trabajadores y dejar sin resolver la muerte del joven Javier Verdejo Lucas por disparos de un guardia civil mientras pintaba un lema político armado de un spray. Hoy el diario PÚBLICO encontramos un interesante artículo titulado «La sombra del franquismo sigue en el constitucional», en donde se le recuerda su pasado.

García-Calvo, del que tenemos serias dudas de que hubiese votado en su día en favor de la Constitución, es uno de esos personajes que, sin renunciar a su pasado franquista, ha sabido «adaptarse» al sistema democrático, y de la misma manera que había jurado en su día los Principios del Movimiento Nacional, juró la Constitución al ser elegido magistrado del TC.

Parece evidente que, al margen de que sea cierta o no su participación, no es causa de recusación asistir a una cacería. Pero sí lo es pronunciarse públicamente contra la reforma que prorroga el mandado de la presidenta y del vicepresidente del tribunal hasta su renovación, por lo que el Gobierno ha propuesto su recusación, que se formalizará a través de la Abogacía del Estado. Es una manera de intentar impedir que tácticas poco decorosas de la minoría conservadora, instigadas por el PP, puedan salir triunfantes, y dejen en minoría a una mayoría de magistrados progresistas que representan el verdadero sentir de los españoles, reflejado en los resultados electorales del 2004. No olvidemos que algunas de las leyes más importantes aprobadas a instancia del actual Gobierno pueden peligrar, al menos parcialmente, mediante los recursos presentados por el PP, que pretende obtener en el TC, lo que fue incapaz de conseguir en las urnas.