La Iglesia Católica, historicamente relacionada con los movimientos fascistas y estrechamente relacionada con la dictadura franquista, parece no atender el requerimiento judicial acordado por el Juez Garzón, y se declara incompetente para admitir la petición formulada por aquél para que las parroquias a su cargo faciliten información sobre las víctimas del franquismo. Parece que pretenden ampararse en el contenido del punto 6 del art. 1 de los Acuerdos sobre Asuntos Jurídicos suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, por el que «El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias episcopales, a las Curias de los superiores mayores de las Ordenes y Congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesiásticas«; pero se olvidan de que la petición de información no va en contra de dicho precepto, y que los requerimientos judiciales son de obligado cumplimiento y su desobediencia está castigada como delito en el Código Penal al que estamos sometidos todos los españoles sin excepciones.
Cuando sus miembros viven en parte gracias a los impuestos que pagamos quienes no somos creyentes, sorprende la capacidad de la jerarquía eclesiástica para convocar manifestaciones masivas en contra de un gobierno socialista y movilizar a sus obispos y feligreses, y su incapacidad para colaborar con la administración de Justicia de un Estado democrático. La Iglesia pretende ocultar el pasado oscuro de la dictadura, y encubre con ello la muerte de decenas de miles de personas víctimas del franquismo; su colaboracionismo histórico con la represión de un sistema absolutista pone en evidencia la doctrina que predican, y demuestra su hipocresía.
La última ocurrencia contra las actuaciones de Garzón tiene como autor a Fraga Iribarne, al afirmar que «del otro lado hubo muchas más barrabasadas». Don Manuel, que recientemente ha justificado la dictadura en una entrevista publicada en El Mundo, no está legitimado para opinar, y debe de recordar que tiene las manos manchadas de sangre por los sucesos de Vitoria cuando era Ministro de la Gobernación durante la dictadura franquista.
La Iglesia Católica permanece anclada en el pasado fascista. Es hora de tomarse en serio eliminar sus privilegios y que España se convierta de verdad en un Estado laico.








