La situación dramática que vive este país, en el que ya son millones los ciudadanos que pasan auténticas necesidades, ya se ha hecho insostenible, y el estallido social es cuestión de tiempo. El gobierno se equivoca si cree que empobreciendo a la población y haciendo más ricos a los ricos va a conseguir que este país salga del fango en el que nos está metiendo. En el día a día vivimos una aparente normalidad, pensando que manteniendo nuestras costumbres cotidianas la solución a la crisis económica llegará en cualquier momento. Pero nos estamos equivocando, porque disimular los problemas no los resuelve, solo los oculta, y más pronto que tarde se harán insoportables, como ya lo son para muchos, demasiados, para que sigamos cruzados de brazos.

Resulta indecente que el mismo día que se nos informó una vez más que Bankia recibiría inicialmente unos veinte mil millones de euros para resolver sus problemas, nos enterásemos de que un ciudadano de 54 años se había quitado la vida en Granada  cuando iba a ser desahuciado por no poder pagar su  hipoteca, y 24 horas después otro intentaba seguir el mismo camino en Valencia al tirarse desde un segundo piso. Pensemos en todo lo que en los últimos meses habrá pasado por sus mentes y la situación de presión sufrida  para tomar una decisión tan extrema como la de quitarse la vida. ¿De quién es la culpa?; la respuesta resulta muy evidente, y precisa un inmediato cambio de rumbo para que situaciones así no se repitan.

Se dice que la entidades bancarias no tienen sentimientos y son inhumanas; pero sus responsables, quienes toman las decisiones, tienen nombres y apellidos, y es preciso exigirles responsabilidades por su actuar codicioso y desaprensivo. Cada desahucio es todo un drama familiar, y dejar en la calle a seres humanos víctimas de una crisis que no han provocado resulta inmoral en una sociedad avanzada. E impúdico cuando quienes toman la decisión de dejarles sin vivienda son precisamente los culpables de la situación que padecemos.

Del mismo modo que desde Europa se nos imponen condiciones para recibir la ayuda económica que precisan las entidades bancarias, el gobierno debería imponer condiciones a los bancos antes de entregarles un solo euro. La primera, la suspensión inmediata de todos los desahucios, estableciendo por ley una moratoria hasta que se analicen individualmente todos los casos de impago de hipotecas, dejando sin efecto todos aquellos que tengan su origen en el cambio sustancial de ingresos de la familia deudora como consecuencia de la crisis; admitiendo en todo caso la dación en pago.

El 24 horas el gobierno del PP puede solucionar el problema, y si no lo hace será responsable de sus consecuencias. Un hecho aislado en cualquier momento, en cualquier lugar, puede provocar que se encienda la mecha de la rebelión ciudadana,  con consecuencias graves e imprevisibles. El que avisa no es traidor, y ya estamos en una situación límite.

(Las fotos han sido cedidas por nuestro colaborador en Madrid Francisco López, que se tomó la molestia de hablar con muchos de los  afectados por los desahucios, que sólo piden justicia)

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