Es legitimo en un estado democrático criticar el contenido de una resolución judicial; pero no es aceptable emplear el insulto personal y la descalificación para desacreditar al juez que la ha dictado. Rafael Hernando, un  vocero del PP con escasas convicciones democráticas, ha insultado  al juez Pedraz por archivar la causa abierta  contra los promotores de la concentración del 25S, llamándole indecente y “pijo ácrata”. Los comportamientos fascistas y totalitarios de nuestra derecha se aprecian cuando sus portavoces abren la boca, confirmando que tiene razón el magistrado cuando en su resolución hace mención a la “decadencia de la clase política”.

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