Cuando en nuestro sistema democrático las fuerzas de seguridad utilizan la violencia  para reprimir indiscriminadamente  los derechos de los ciudadanos,  los jueces imputan sin pruebas a los detenidos,  y los gobernantes se sienten orgullosos de tales conductas, algo muy grave esta ocurriendo al ponerse en riesgo nuestro estado de derecho consagrado en la Constitución Española, y con ello nuestra democracia. Y es que cualquier ciudadano de nuestro país,  por el hecho de haber acudido  el pasado 25 de septiembre a la plaza de Neptuno para participar pacíficamente en una concentración autorizada, estuvo en riesgo de ser detenido por la policía sin motivo alguno y posteriormente ser imputado  por un delito que no había cometido. ¿Error policial?, ¿error judicial?, ¿error gubernamental?;  demasiados errores en cadena, incompatibles con un sistema de libertades ciudadanas que tanto esfuerzo nos costó consolidar.

Al margen de comportamiento incívicos muy puntuales, gracias a las nuevas tecnologías que impiden que se oculte la verdad, todos hemos visto como el 25 de septiembre fueron detenidas muchas personas sin causa justificada, reducidas con violencia,  esposadas con malos modos, e introducidas a golpes en un furgón policial.  ¿Es este el actuar correcto de nuestra policía, que se esconde en el anonimato para impedir que un ciudadano puede identificar a quien cometa  un abuso de autoridad?: ¿es admisible que la policía goce de plena impunidad en su violento actuar y que un manifestante sea golpeado y vejado por el mero hecho de encontrarse en un concreto momento en un lugar inadecuado?.

Si nos atenemos a lo afirmado por los detenidos, y nadie hasta ahora ha negado las vejaciones que sufrieron durante 48 horas que pasaron en los calabozos, parece estar muy justificada la denuncia presentada contra la policía, aunque los fiscales y los jueces se encargarán de archivarla por falta de pruebas, ya que la palabra de un policía vale más que la de un honrado ciudadano; paradójico, pero cierto. Y hablando de pruebas, la juez encargada del caso ha imputado a todos los detenidos por el mero hecho de ser acusados de forma indiscriminada  por la policía, sin individualizar cada una de sus conductas presuntamente delictivas. Todos al mismo saco, sin pruebas y para acabar antes; aberración jurídica que no hace más que deslegitimar nuestra administración de justicia.

No nos podemos olvidar  del policía infiltrado detenido por confusión, que fue inmediatamente puesto el libertad, cuyo episodio nos permite formular algunos interrogantes: ¿fue detenido por algún hecho delictivo concreto?; ¿acaso estaba provocando con su actuar la intervención policial?; si fue  así ¿por qué no se le puso a disposición judicial?; y si nada hacía ¿por qué fue inicialmente reducido y esposado?; ¿se aplicó el mismo criterio que a muchos de los ahora imputados, que fueron retenidos por el mero hecho de estar mas a su alcance?. ¿Alguien podría darnos alguna respuesta a tantos interrogantes?

 Don Mariano,  como ya le ha recordado Pedro Almodovar, no se apropie de nuestro silencio, el país es una bomba de relojería que está a punto de estallar, y el 25S puede pasar a la historia como el principio del fin de un gobierno que está resquebrajando nuestro estado de derecho, y poniendo con ello en peligro nuestro sistema democrático. De aquí al fascismo solo hay un paso.

(Foto de Francisco López)

 

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