Cuando un trabajador por cuenta ajena es descubierto por haber desviado dinero de la empresa en la que trabaja, y decide pedir la baja voluntaria antes de ser despedido, no tiene derecho a ser indemnizado. Pero cuando el presidente del Consejo General del Poder Judicial utiliza dinero público para fines privados y resuelve dimitir de su cargo antes de que le cesen, puede llegar a percibir como premio una indemnización de 208.243 euros, dividida en 24 mensualidades. Vivimos en un país de pícaros, en el que quienes ostentan el poder se protegen entre sí. Buen ejemplo para las víctimas de los recortes.

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