Debate semanal: El Estatuto catalán y el Tribunal Constitucional

Publicado en SInLaVeniA por Fernando de Silva

El debate sobre el Estatuto catalán y la posible inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos está servido, y viene ocupando desde hace días los titulares de todos los medios de comunicación hablados y escritos; aunque tengo serias dudas de que los ciudadanos estemos tan preocupados como los políticos y periodistas. Es más, me atrevería a afirmar que la mayor parte de quienes opinan  no han leído ni tan siquiera el texto, y muchos lo hacen desde la ignorancia.

En todo caso parece evidente, y me refiero al editorial conjunto de toda la prensa catalana en defensa del Estatut bajo el título “La dignidad de Catalunya”, que no se trata de una presión a los miembros del Tribunal Constitucional como calificó  burdamente María Dolores de Cospedal, sino de una forma de pronunciarse libremente al amparo del derecho a la libertad de expresión. La opinión y la crítica es muy  constructiva y saludable  en un sistema democrático, y nadie debe de escandalizarse por ello.

Pero el problema de fondo se encuentra en la excesiva politización de los miembros del Tribunal Constitucional, y en especial  que su composición no es representativa del sentir ciudadano, gracias a las vergonzosas maniobras que viene haciendo el Partido Popular desde que en 2004 perdió las elecciones, pero pretendió mantener una primacía en diversos organismos decisorios de la Justicia. Lo hizo bloqueando durante años la renovación del Consejo General del Poder Judicial para mantener una mayoría conservadora, y lo sigue haciendo en el T.C. para evitar a cualquier precio que la tendencia conservadora quede en minoría (tanto obstaculizando su renovación como presentando recusaciones, como ocurrió con la del magistrado Pérez  Tremols.

Puede resultar inevitable que los miembros del TC se dividan en conservadores y progresistas, pero lo que resulta inadmisible es que su proporción no sea equivalente al sentir popular representado en las urnas. No olvidemos que las leyes han de interpretarse no solo en su literalidad sino  en razón al parecer ciudadano en cada momento, y no parece acertado que un sentir conservador domine cuando el Gobierno es progresista, porque así lo han querido la mayoría de los ciudadanos.

En cualquier caso no podemos olvidar que el actual  Estatuto catalán, que se encuentra en vigor desde hace tres años, fue ratificado por el Parlamento y aprobado en referéndum. Por lo que pretender convertir al Tribunal Constitucional en una nueva instancia política, puede incluso resultar antidemocrático.

El PP podría resolver el bloqueo en el que se encuentra el Tribunal Constitucional retirando el recurso. Pero no lo hará porque en el fondo lo que pretende es seguir demonizando a los catalanes, mantener un enfrentamiento con el resto de las comunidades autónomas, y conseguir así mayor respaldo popular fuera de Cataluña, a sabiendas de que en su territorio sus expectativas electorales son prácticamente nulas.

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