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Debate semanal: El PP “dispuesto” a perseguir la corrupción y declarar ilegal el SITEL
Causa cierta perplejidad escuchar a Rajoy afirmando que “es injusto extender un manto de descrédito sobre toda la clase política“, y proponer medidas “contundentes” para luchar contra la corrupción, cuando al mismo tiempo anuncia que Francisco Camps se presentará de nuevo como candidato a la Presidencia de las Comunidad Valenciana y promueve una campaña de descrédito del SITEL, poniendo en duda su legalidad con el único objetivo de conseguir la nulidad del caso Gürtel, el mayor escánndalo de corrupción de los últimos años, en el que parece cobijarse la financiación ilegal del PP, bajo la batuta de su tesorero Luis Bárcenas.
Don Mariano, que se ha convertido en un encubridor de las fechorías de sus correligionarios, debería de saber que su actual “misión purificadora” es incompatible con su intención de extender un manto para esconder la corrupción, y de promesas e intenciones los ciudadanos ya estamos un poco hartos, y ahora solo pedimos hechos y actuaciones que conlleven consecuencias.
La irresponsabilidad del PP creando dudas sobre el SITEL (Sistema Integrado de Interceptación Telefónica) es manifiesta, no solo por el hecho de darlo a conocer para que los delincuentes que puedan ser interceptados tomen las medidas precisas para evitarlo, sino en especial porque fue encargado por el propio Mariano Rajoy el 24 de octubre de 2001, cuando era Ministro del Interior del segundo gobierno de Aznar, y costó al erario público 9.825.975 euros (unos 1.600 millones de las antiguas pesetas); dándose la circunstancia de que, estando prevista su fecha de entrega el 31/3/2003, alargaron el plazo de entrada en funcionamiento dos sucesivos aplazamientos, precisamente firmados por María Dolores de Cospedal, en su condición por entonces de Subsecretaria del Ministerio del Inerior.
Si Don Mariano considera ilegal el SITEL, ¿por qué se adquirió con su personal respaldo como Ministro del Interior?, ¿no se debería haber analizado antes de su adquisición su posible ilegalidad?, ¿cómo es posible gastar 10 millones de euros en un sistema que no sirve?, ¿han incurrido en un delito de malversación de caudales públicos quienes decidieron la compra de un sistema ilegal, los mismos que ahora cuestionan su ilegalidad?. Rajoy debe de saber que si prospera su intención de declarar ilegal el SITEL deberá responder del dinero invertido.
Por el momento un mafioso ruso pide anular escuchas del SITEL utilizando los mismos argumentos del PP.
(Recomendamos la lectura de un artículo de José Cervera, titulado “SITEL en donde preguntas”, que nos ha servido de inspiración)