Recientemente nos hacíamos eco de la noticia de que en el Congreso todos los partidos mostraban su voluntad  de endurecer las penas contra los políticos corruptos, y ya estaban en estudio los cambios legislativos a adoptar para hacer efectivo su compromiso. No obstante tengo serias dudas de que se lleve a la práctica en los próximos meses y, como tantas otras promesas, sospecho que todo quedará en nada; no nos olvidemos que quienes ostentan el mando sólo ven los defectos de los demás y son muy poco dados a mirarse al espejo, ya que su permanencia en el poder les aísla de sus electores y les convierte en vanidosos compulsivos.

Debemos de evidenciar que la corrupción de los políticos no ha aumentado, sino que ahora se está investigando, y de verdad, por lo que algún mérito tendrá el Gobierno dotando de más medios a la fiscalía anticorrupción para que pueda cumplir con su misión con más eficacia. Pero eso no es suficiente, dado que los políticos acusados de adueñarse de dinero público se enrocan en su postura de negarlo todo hasta que no existan pruebas que así lo acrediten, se mantienen en sus cargos políticos para mantener los  privilegios que algunos tienen como aforados, y son conscientes de que la lentitud de la Justicia les permitirá demorar los procedimientos judiciales, en algunas ocasiones de forma escandalosa (como es el caso de Carlos Fabra).

Resulta una auténtica provocación para los ciudadanos comprobar cómo en el Senado se sienta ocupando su escaño Luís Bárcena, tesorero de facto del PP nacional, que cobra su sueldo todos los meses y mantiene su militancia en el partido como si nada hubiese ocurrido a pesar de estar inculpado por el Tribunal Supremo por delitos de corrupción; o cómo tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid mantienen sus puestos y votan en favor del partido que les encubre.

Nuestra propuesta legislativa, al margen de otras que se promuevan en el Congreso, es bien sencilla: Aprobar de inmediato una norma legal en la que, de forma automática, se suspenda de sus cargos y funciones  a cuantos políticos sean inculpados por delitos de corrupción, en tanto dure el proceso penal, pudiendo tan sólo recuperar su puesto y condición en el caso de que sean declarados inocentes de los delitos por los que fueron acusados. Se trataría de una medida cautelar de efecto inmediato para evitar que los políticos corruptos se burlen de los ciudadanos manteniéndose en su cargos.

Es posible que una medida de tal naturaleza la consideren algunos como inconstitucional por violar el principio de presunción de inocencia. Pero en la medida en que los políticos tienen ciertos privilegios que les hacen ser diferentes del resto de los ciudadanos, se les debe de exigir un plus de responsabilidad; no nos olvidemos de que son ellos quienes administran el dinero público y los que con demasiada frecuencia lo desvían para aumentar su patrimonio personal.