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Responsabilidad política y responsabilidad penal
En la medida en que debemos de exigir a nuestros políticos que tengan un plus de decencia por encima de la media de nuestros ciudadanos, existen comportamientos, conductas o actitudes que, al margen de que puedan o no ser tipificadas como delito, desacreditan y deshonran a quién las mantienen. Recientemente un Ministro de Justicia tuvo que dimitir por coincidir en una cacería con el Juez Garzón y asistir a la misma sin disponer de los permisos pertinentes; no cometió ningún delito ni fue denunciado por ello, pero su conducta fue incorrecta e imprudente, y le impedía por decencia política mantener su puesto en el Gobierno. En nuestra joven democracia son numerosas las dimisiones por conductas que, sin ser criminales, eran reprochables, y la mayoría lo fueron de políticos socialistas. Aún podemos recordamos cómo en 1994 Antoni Asunción asumió su responsabilidad política dimitiendo como Ministro del Interior a raíz de la fuga de Luis Roldán; o cómo Demetrio Madrid dimitió en 1986 como presidente de la Junta de Castilla y León tras haber sido procesado en un caso relacionado con una empresa de su propiedad, aunque posteriormente fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban. Parece evidente que la responsabilidad política nada tiene que ver con la responsabilidad penal, que exige o requiere conductas tipificadas como delito en nuestro Código Penal, al margen de que socialmente sean más o menos reprochables.
Pese a ello el Partido Popular, que exige con estridencia las dimisiones de sus opositores por cualquier circunstancia (la última solicitada fue la de la Ministra de Defensa como consecuencia del brote de gripe A detectado en un cuartel que días antes había sido visitado por unos menores), no solamente es incapaz de aplicar la misma doctrina a los suyos (el caso de Yak-42 y Federico Trillo es indecente), sino que incluso defiende ardorosamente a quienes en sus filas se encuentran imputados y acusados por la presunta comisión de delitos directamente relacionados con la actividad política, llegando incluso Rajoy a acusar de “crueles inquisidores” a quienes les investigan (policías, jueces y fiscales), faltando al respeto con sus palabras al Estado de Derecho. Pero parece no preocuparles (genéticamente están acostumbrados a ser unos presuntos delincuentes políticos) y tan sólo asumirían su responsabilidad política de ser condenados en vía penal por sentencia firme, aunque para entonces ya no sería necesaria su dimisión, por cuanto la propia sentencia les inhabilitaría para mantener su puesto en la política (así ocurrió, a modo de ejemplo, con Jesús Gil, cuando dejó de ser Alcalde de Marbella al ejecutarse una condena penal que le inhabilitada para su cargo).
Identificar responsabilidad política con responsabilidad penal es un gravísimo error que sólo puede ser corregido por los votantes en las urnas; de no hacerlo con nuestros votos avalaremos las conductas deshonestas de los políticos, y degradaremos los valores morales de referencia que toda sociedad precisa. Ignoro si Francisco Camps será en su momento juzgado y condenado por un delito de cohecho, pero si se acredita que los trajes fueron un regalo de participantes en una trama corrupta, ya sería suficiente para exigirle su dimisión inmediata por conducta deshonesta.
En los temas de corrupción, que se extienden por toda España como un tsunami, los conservadores juegan permanentemente con el desconocimiento de los ciudadanos respecto del funcionamiento de la justicia, y se atreven a pronunciar a diario frases lapidarias que convendría ir anotando para ser recordadas en un futuro no muy lejano. No podemos ignorar que cuando un juez cita a un político como imputado es porque dispone de indicios de una conducta irregular que puede ser constitutiva de delito (caso de Francisco Camps); cuando un juez exige a un político una fianza de un millón de euros (como ocurre con los diputados madrileños), es porque existe documentación suficiente para creer que se han apropiado de una cantidad próxima a la solicitada; cuando una juez acuerde tras cinco años de investigación inculpar a un político por un delito de falsedad documental y un fiscal le acusa y solicita dos años de prisión (como le ha ocurrido al Sr. Fabra), es porque existen indicios racionales de criminalidad para sentarle en el banquillo de los acusados. Llamar inquisidores a quienes aplican la ley es justificar la delincuencia, y considerar honestos a los presuntos delincuentes es convertirse en encubridor de sus fechorías.
Don Mariano Rajoy ha tomado un camino equivocado, y es previsible su tercera derrota electoral. No estamos en Italia, y la sociedad española acabará tarde o temprano castigando en las urnas a los políticos corruptos.
(Publicado aquí en elplural.com)