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Mientras que Rajoy se rodea en un mítin electoral de dos presuntos delincuentes (Francisco Camps y Carlos Fabra), y Jaime Mayor Oreja en coherencia con su ideología ultraconservadora es “comprensivo” con la pederastia mientras acude a misa en su coche oficial, hoy los gijoneses nos concentramos en apoyar a nuestro Sporting, que depende de sí mismo para mantenerse en la primera división del fútbol español.
Os descubriré un secreto, que muy pocos conocéis: fui forofo y socio del Sporting durante más de 30 años, y estuve presente en las finales de Copa que, durante dos años consecutivos (1981 y 1982), jugó contra el Real Madrid y Barcelona. Existen testimonios gráficos que acreditan mi presencia, y en especial mi vestimenta: camiseta y gorro con los colores rojo y blanco, bufanda, y bandera de Asturias en la mano izquierda (ya era rojo, por entonces, y rojo y blanco en días de partido). Por circunstancias personales y familiares, llevo más de 10 años sin visitar el Molinón, pero nunca he dejado de seguir la trayectoria de mi equipo de siempre, y para siempre.
El Sporting en el último año se ha convertido en una gran familia: con un equipo de segunda sus jugadores han sabido hacer fútbol de primera, espoleados por una gran afición que ha estado siempre presente apoyando a sus jugadores, y con un extraordinario entrenador que se ha convertido en el padre de todos ellos. No conozco a Manuel Preciado, me transmite muy buenas sensaciones, creo que es una gran persona, y nunca ha sido cuestionado por el Consejo de Administración ni siquiera en los momentos más desfavorables.
El Sporting se la juega para mantenerse en primera. Ganando se mantiene, pero incluso perdiendo o empatando puede salvarse (depende del Osasuna y de la profesionalidad de los jugadores del Real Madrid. Todos esperamos lo mejor; y pase lo que pase seguiremos apoyándole.
Hoy, mientras Rajoy a buen seguro seguirá ensuciando la campaña electoral y sus presuntos delincuentes insistirán en darnos lecciones de “honestidad”, la única preocupación de los gijoneses estará en apoyar al Sporting.
El fin de semana viene muy bien para descansar y relajarnos; y qué mejor que visualizar “Senderismo”, el último corto del genial Jim-Box, grabado con una cámara Canon 5D Mark II
Como la vida misma: “mi madre dice que el amor no es cosa de dos fines de semana, que no me fie del sexo a la hora de escoger una pareja…“. Seguir el sendero y descubriréis la trama.
Esperanza Aguirre a buen seguro habrá cometido muchos errores en su vida política que, de descubrirse, podrían acabar definitivamente con sus insaciables ambiciones. Por el momento su excesivo poder le está sirviendo de manto protector, pero es muy posible que la caja de las sorpresas esté a punto de abrirse.
Últimamente a la lideresa se le nota cansada, preocupada y nerviosa, hasta el punto de que su insultante ironía ha perdido frescura; y la decisión de presentar una querella por injurias y calumnias contra Tomas Gómez, secretario general del PSM-PSOE, al margen de tener mucho de paripé por motivos electorales, intuyo que es un síntoma claro de que se siente acechada; no en vano el tamayazo fue cerrado en falso, y la verdad se conocerá tarde o temprano.
Fundescam se ha convertido en un misterio por descubrir; nadie conoce cual es la finalidad de ésta fundación ni a que se dedican los fondos recaudados, pero el hecho de que empresarios con intereses económicos en la Comunidad de Madrid hayan donado importantes cantidades permite sospechar que algo se nos oculta. Esperanza Aguirre mantiene que las cuentas están claras, y que no se han destinado fondos de la fundación para financiar campañas electorales; pero sin aclarar debidamente de donde proceden sus fondos y a que actividades se han dedicado.
Dado que Esperanza Aguirre es la presidenta de FUNDESCAM, ésta Fundación depende directamente del PP de Madrid, y “casualmente” su sede se ubica en Génova 13, le sugiero que haga públicas sus cuentas, con detalle de ingresos y gastos, para darle la debida transparencia; en otro caso tenemos derecho a dudar de la legalidad de sus actividades.
“Me defenderé en su momento, la ley es igual para todos“. Con estas palabras, que demuestran un saber estar y una tranquilidad de conciencia en su actuación profesional, ha respondido Garzón a la admisión de la querella por supuesta prevaricación, presentadas por Manos Limpias y admitida a trámite por el Tribunal Supremo.
Me he tomado la molestia de leer con detenimiento el Auto dictado el pasado 26 de mayo por el Tribunal Supremo, y he podido obtener las siguientes conclusiones:
–1ª) Que en su Razonamiento Jurídico Tercero deja muy claro que la decisión de admitir a trámite la querella lo es por cumplirse los requisitos procesales y sustantivos que exige nuestro ordenamiento jurídico, matizando al referirse a los hechos que motivan la querella que “…la valoración de si tienen significación penal no puede hacerse sino en función de los hechos como son alegados en la querella, y no de los que resulten acreditados..”, lo que para un profano significa que tan sólo se mantendrá su tramitación de acreditarse los hechos expuestos en la querella, sin que a priori pueda considerarse que existen indicios racionales de criminalidad. Concluyendo que “.. En definitiva, la admisión a trámite de la querella no exige la constancia acreditada de lo que afirma, sino la posible relevancia penal de los hechos que contiene … y será luego en el ámbito del proceso correspondiente donde ha de decidirse en su caso el sobreseimiento, si procede..“.
–2º) Que los hechos objeto de querella son susceptibles de interpretaciones sofisticadas sobre si la Audiencia Nacional era o no competente para juzgar la causa abierta contra el franquismo, que en el fondo pretendía dar cobertura legal para la localización de las víctimas desaparecidas en la guerra civil y en la posguerra. Y si alguien no comprende lo que acabo de exponer, que lea con detenimiento el Auto y acabará no entendiendo nada, salvo que sea un avezado jurista especializado en temas de competencia.
–3º) Que en su Razonamiento Jurídico Quinto finalizaba concluyendo que “Esta Sala, sin valorar ni prejuzgar lo sucedido, entiende que no se dan las condiciones para rechazar la admisión a trámite de la querella“; y deberá ser el Magistrado de esta Sala designado como instructor quien queda facultado para resolver lo que proceda.
¿Implica su admisión a trámite que necesariamente tendrá que declarar como imputado? No, en tanto no se acuerde en este sentido, siendo factible que se produzca el sobreseimiento de la causa sin necesidad de su declaración, por cuanto lo que ha de enjuiciarse no se trata tanto de hechos sino de un análisis jurídico de las actuaciones judiciales llevadas a cabo por Garzón.
Como la instrucción ha correspondido a un excelente magistrado, llamado Luciano Varela Castro, tengo la firme convicción de que la querella será archivada, pues ningún delito ha cometido. Pero es importante que todos seamos capaces de comprender con naturalidad que cualquier ciudadano, incluido el propio Garzón, sometido a una permanente presión mediática, es susceptible de ser investigado por la justicia.
Garzón se expone a diario a los riesgos que conlleva la interpretación de la ley, y con la misma naturalidad con la que actúa en su profesión ha asumido su situación de querellado.
Ayer me sorprendió la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había citado a 35 cargos públicos de la Comunidad que preside Francisco Camps para que declarasen como testigos en intervalos de cinco minutos cada uno, lo que en un principio me resultaba inviable, dado que entre la toma de datos y reseña de las partes presentes apenas dejaba tiempo para que fuesen interrogados, aun cuando la función informática de “copiar y pegar” permitiese abreviar los trámites.
Pero no estaba en lo cierto; y una mañana de trabajo del instructor parece haber sido suficiente para interrogar a tantos testigos, vinculados de una forma u otra al PP valenciano, y que tienen en común el haber autorizado contratos con Orange Market. Ignoro que les habrán preguntado, pero parece que los populares sufren un orgasmo judicial cuando declaran ante un juez, al sentirse felices, contentos y desahogados.
¿Por qué tanta prisa en llevar a cabo unos interrogatorios que requieren estar rodeados de todas las garantías necesarias? El tiempo lo dirá, pero sospecho que existe una intención del Tribunal de tomar alguna decisión importante antes del 7 de junio de 2009, fecha en la que votaremos en las elecciones europeas. ¿En qué sentido?; parece evidente que la prisa procesal nunca persigue la acusación formal de los imputados, que requiere tiempo y pausas necesarias para la valoración conjunta de las pruebas y la meditación judicial, por lo que intuyo que será en otra dirección.
Hace unas horas, cuando escribía estas líneas, mi instinto de jurista con 35 años de ejercicio profesional continuado como abogado me hacía tener malos pensamientos, y comencé a sospechar que las presiones estaban haciendo mella para dar carpetazo al “Caso Gürtel” en la Comunidad valenciana. La justicia suele funcionar a tres velocidades: la muy lenta para muchos, la lenta para algunos, y la rápida para unos pocos; pero introducir una cuarta velocidad para los privilegiados en casos complejos que precisan tiempo para ser investigados, es liquidarse definitivamente el Estado de Derecho.
Espero equivocarme por el bien de la decencia que debe de presidir toda actuación judicial; no sería bueno que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia entrase en campaña electoral.
En la medida en que debemos de exigir a nuestros políticos que tengan un plus de decencia por encima de la media de nuestros ciudadanos, existen comportamientos, conductas o actitudes que, al margen de que puedan o no ser tipificadas como delito, desacreditan y deshonran a quién las mantienen. Recientemente un Ministro de Justicia tuvo que dimitir por coincidir en una cacería con el Juez Garzón y asistir a la misma sin disponer de los permisos pertinentes; no cometió ningún delito ni fue denunciado por ello, pero su conducta fue incorrecta e imprudente, y le impedía por decencia política mantener su puesto en el Gobierno. En nuestra joven democracia son numerosas las dimisiones por conductas que, sin ser criminales, eran reprochables, y la mayoría lo fueron de políticos socialistas. Aún podemos recordamos cómo en 1994 Antoni Asunción asumió su responsabilidad política dimitiendo como Ministro del Interior a raíz de la fuga de Luis Roldán; o cómo Demetrio Madrid dimitió en 1986 como presidente de la Junta de Castilla y León tras haber sido procesado en un caso relacionado con una empresa de su propiedad, aunque posteriormente fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban. Parece evidente que la responsabilidad política nada tiene que ver con la responsabilidad penal, que exige o requiere conductas tipificadas como delito en nuestro Código Penal, al margen de que socialmente sean más o menos reprochables.
Pese a ello el Partido Popular, que exige con estridencia las dimisiones de sus opositores por cualquier circunstancia (la última solicitada fue la de la Ministra de Defensa como consecuencia del brote de gripe A detectado en un cuartel que días antes había sido visitado por unos menores), no solamente es incapaz de aplicar la misma doctrina a los suyos (el caso de Yak-42 y Federico Trillo es indecente), sino que incluso defiende ardorosamente a quienes en sus filas se encuentran imputados y acusados por la presunta comisión de delitos directamente relacionados con la actividad política, llegando incluso Rajoy a acusar de “crueles inquisidores” a quienes les investigan (policías, jueces y fiscales), faltando al respeto con sus palabras al Estado de Derecho. Pero parece no preocuparles (genéticamente están acostumbrados a ser unos presuntos delincuentes políticos) y tan sólo asumirían su responsabilidad política de ser condenados en vía penal por sentencia firme, aunque para entonces ya no sería necesaria su dimisión, por cuanto la propia sentencia les inhabilitaría para mantener su puesto en la política (así ocurrió, a modo de ejemplo, con Jesús Gil, cuando dejó de ser Alcalde de Marbella al ejecutarse una condena penal que le inhabilitada para su cargo).
Identificar responsabilidad política con responsabilidad penal es un gravísimo error que sólo puede ser corregido por los votantes en las urnas; de no hacerlo con nuestros votos avalaremos las conductas deshonestas de los políticos, y degradaremos los valores morales de referencia que toda sociedad precisa. Ignoro si Francisco Camps será en su momento juzgado y condenado por un delito de cohecho, pero si se acredita que los trajes fueron un regalo de participantes en una trama corrupta, ya sería suficiente para exigirle su dimisión inmediata por conducta deshonesta.
En los temas de corrupción, que se extienden por toda España como un tsunami, los conservadores juegan permanentemente con el desconocimiento de los ciudadanos respecto del funcionamiento de la justicia, y se atreven a pronunciar a diario frases lapidarias que convendría ir anotando para ser recordadas en un futuro no muy lejano. No podemos ignorar que cuando un juez cita a un político como imputado es porque dispone de indicios de una conducta irregular que puede ser constitutiva de delito (caso de Francisco Camps); cuando un juez exige a un político una fianza de un millón de euros (como ocurre con los diputados madrileños), es porque existe documentación suficiente para creer que se han apropiado de una cantidad próxima a la solicitada; cuando una juez acuerde tras cinco años de investigación inculpar a un político por un delito de falsedad documental y un fiscal le acusa y solicita dos años de prisión (como le ha ocurrido al Sr. Fabra), es porque existen indicios racionales de criminalidad para sentarle en el banquillo de los acusados. Llamar inquisidores a quienes aplican la ley es justificar la delincuencia, y considerar honestos a los presuntos delincuentes es convertirse en encubridor de sus fechorías.
Don Mariano Rajoy ha tomado un camino equivocado, y es previsible su tercera derrota electoral. No estamos en Italia, y la sociedad española acabará tarde o temprano castigando en las urnas a los políticos corruptos.
SinLaVeniA día a día vía e-mail
Mientras que Rajoy se rodea en un mítin electoral de dos presuntos delincuentes (Francisco Camps y Carlos Fabra), y Jaime Mayor Oreja en coherencia con su ideología ultraconservadora es “comprensivo” con la pederastia mientras acude a misa en su coche oficial, hoy los gijoneses nos concentramos en apoyar a nuestro Sporting, que depende de sí mismo para mantenerse en la primera división del fútbol español.
