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Me ha decepcionado profundamente el juez Gómez Bermúdez cuando, para justificar la negativa a admitir como testigos de la acusación a Bono, Aznar y Trillo -entre otros propuestos-, afirma que “saber la verdad es algo ajeno al proceso penal”. Me consta que quiso decir que el juicio debería de limitarse a aclarar si hubo alteración de documento público, y si la misma puede tener o no relevancia penal, y por ello las pruebas a practicar deberían de limitarse a lo exclusivamente enjuiciado. Pero se equivoca profundamente ya que la única manera de saber si quienes están sentados en el banquillo de los acusados son o no culpables penalmente de los hechos por los que se les acusa, es conocer la verdad de todo lo ocurrido desde el momento en que se produjo el accidente, y quiénes fueron los verdaderos responsables de la toma de decisiones que condujeron al reconocimiento erróneo de los fallecidos, víctimas de una cadena de desatinos y despropósitos que comienzan con la nefasta contratación de un avión inadecuado para ahorrar aparentemente costes, y que costó la pérdida de 62 vidas humanas.
Las declaraciones que hasta ahora conocemos de los acusados resultan patéticas. “Firmé sin saberlo porque estaba todo en turco“, como así declaró el General Vicente Navarro, es reflejo de una irresponsabilidad manifiesta que le descalifica como militar y como persona; afirmar que “..hubo cambios de saco, de número, de embalajes…”, es demostración de falta de sensibilidad. Pero no dejan de ser declaraciones de unos mandados que estaban presionados por sus jefes para resolver la situación cuanto antes, porque así lo exigía el ministro de defensa.
Si Don Federico Trillo, la máxima autoridad que daba las órdenes, fue consecuente con su peculiar doctrina sobre la persecución judicial frente a los irresponsables, debería de inmediato de autoinculparse, sentarse en el banquillo de los acusados, condenarse y retirarse de inmediato de la política activa. Pero como nunca ha demostrado tener vergüenza, se porta como un cobarde, permite que lapiden a subalternos de segundo nivel, y no saldrá de su madriguera hasta que se dicte sentencia, que me temo será absolutoria al no encontrarse en el banquillo de los acusados quienes deberían de ser condenados.
Leopoldo Gay, abogado de la “Asociación Familias Afectadas por el Yak“, ante la negativa de ser citados Aznar, Trillo y Bono, manifestó que “no hay interés en traer al juicio a personas con notoriedad“. Es evidente de que la Justicia no es igual para todos, y que quienes al final pagan los platos rotos son los mandados y no quienes dan órdenes. Vergonzoso pero cierto.
El juicio por el caso del Yak-42 se ha convertido en una farsa para cubrir las apariencias y simular que se hace Justicia. Y de ello son responsables no sólo el Juez que instruyó la causa, sino también el Ministerio Fiscal, el Tribunal encargado del enjuiciamiento, y en especial Don Javier Gómez Bermúdez, para quién resulta secundario e irrelevante conocer la verdad.
Los elegimos cada cuatro años para que defiendan nuestros intereses, les pagamos un buen sueldo con dinero público (superior en todo caso a lo que ganan más del 90% de los ciudadanos) y les permitimos que ocupen el Palacio de las Cortes para desarrollar su tarea. A cambio sólo les pedimos que cumplan lo que prometen y desarrollen su trabajo con la máxima dedicación.
Lamentablemente sólo percibimos promesas incumplidas, escaso interés en la tarea pública, enfrentamientos personales y de partido para defender sus parcelas de poder al margen de los intereses de los ciudadanos, y un absentismo en sus tareas impropio de quienes deberían dar ejemplo a todos sus electores. Resulta desolador comprobar la falta de asistencia a los plenos de un elevado porcentaje de diputados, y más triste comprobar cómo la mayoría de los asistentes limitan su intervención a pulsar un botón para votar, con errores frecuentes por falta de interés; y poco gratificante comprobar como la decisión de apoyar una u otra iniciativa depende más de sus pactos de conveniencia de partido que de la defensa de los intereses generales.
Nuestros diputados pueden llegar a cargarse los principios y objetivos democráticos por indolencia; y lo que es más triste, están a punto de frustrar las expectativas de los ciudadanos que confiaron en ellos. Al menos es lo que puede desprenderse cuando nos enteramos de que sólo hay 33 parlamentarios con dedicación exclusiva, de los 35o que componen actualmente el Congreso de los Diputados, lo que supone un 9,428% de los elegidos en las pasadas Elecciones Generales celebradas en marzo de 2008.
¿A que se dedican el 90,571% de los diputados restantes?. Al margen de desplazarse a Madrid 2 o 3 días a la semana para “justificar” el sueldo, unos tienen autorización para ejercer como abogados, otros forman parte de asambleas de Cajas de ahorro, otros se dedican a dar conferencias y a participar en tertulias de forma remunerada, alguno cobra dietas de cargos honoríficos (caso de Manuel Pizarro), e incluso hay quien se dedica a gestionar los derechos del fútbol (como así hace Lopez-Amor); aunque para ser sinceros más de uno desarrolla tareas no remuneradas.
Pero quizás lo más censurable es que toda la información sobre las actividades “privadas” de nuestros representantes “públicos” se contenga en un informe secreto de la Comisión del Estatuto del Diputado que el Pleno del Congreso aprobará el próximo jueves, 26 de marzo, “a ciegas”, es decir sin saber lo que votan; y me imagino que será prácticamente por unanimidad, ya que sólo se ponen de acuerdo para defender sus intereses personales.
La noticia resulta escandalosa, y adquiere mayor virulencia en una época de crisis económica, en la que, mientras cientos de miles de ciudadanos pierden su único puesto de trabajo, numerosos personajes públicos elegidos en las urnas practican con absoluto descaro el pluriempleo.
Los ciudadanos tenemos el derecho a saber todos los ingresos, públicos y privados, de los diputados que elegimos para defender nuestros intereses; y conocer con detalle sus patrimonios personales. Sólo con una absoluta transparencia sabremos si se enriquecen o no, directa o indirectamente, a costa de su actividad pública; y podremos valorar si son merecedores de nuestra confianza.
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