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Proceso a los Tribunales Superiores de Justicia
En la últimas semanas se han puesto de moda los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas; no en vano los ubicados en Madrid y Valencia son los que previsiblemente tendrán que encargarse en los próximos días de continuar la instrucción de las causas penales contra aforados del PP, por haberse convertido supuestamente en amigos de lo ajeno, como así se denomina a los delincuentes que se apropian de lo que no les pertenece. Aunque resulta poco gratificante para la salud democrática de un país descubrir estas conductas criminales, cuando los supuestos autores son precisamente representantes políticos elegidos en las urnas, la depuración de sus responsabilidades es demostración de que el Estado de Derecho funciona.
Lo que quizás muy pocos sepan de los Tribunales Superiores de Justicia, es que los parlamentos autonómicos intervienen en el nombramiento de una tercera parte de los miembros de su Sala de lo Civil y lo Penal, que se cubre por juristas de reconocido prestigio nombrados por el Consejo General del Poder Judicial de una terna propuesta por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma respectiva. Por lo que, teniendo en cuenta que las Comunidades de Madrid y Valencia son controladas por mayoría absoluta por el PP, y que hasta fecha muy reciente el CGPJ estaba igualmente controlado por la derecha, no es arriesgado deducir que los elegidos para dicha terna lo han sido a propuesta del Partido Popular. De ahí que se comprenda el interés de esta formación política en que el Juez Garzón se inhibiese -y cuanto antes mejor- en favor de dichos Tribunales, que por sus competencias y composición, tienen un marcado carácter político.
Si a ello unimos la buena relación personal -que en algún caso puede calificarse de amistad- entre los presidentes de dichos Tribunales y la autoridades políticas, es fácil deducir su carácter doméstico. Dicho en términos futbolísticos, el equipo de casa tiene más posibilidades de vencer, aunque juegue mal, cuando el árbitro de la contienda es casero, y -lo que es peor- uno de los linieres es de casa.
Que nadie piense que estoy poniendo en duda la aparente profesionalidad e imparcialidad de sus miembros; pero debe de preocuparnos a todos la intensidad de la investigación, determinante para que el cúmulo de indicios existentes se convierta o no en prueba de cargo suficiente para una condena penal. Una instrucción light, de baja intensidad, unida a la conocida lentitud de la Justicia, puede dejar en nada con el transcurso del tiempo un caso de corrupción masiva que, a juzgar por lo hasta ahora conocido, debería de investigarse hasta sus últimas consecuencias.
(Publicado aquí en elplural.com)