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Federico Trillo se ha convertido definitivamente en un mentiroso compulsivo, que justifica sus embustes con más engaños. Su reputación está definitivamente bajo mínimos, y resulta ya irrecuperable. Los familiares de los fallecidos en el Yak 42 nunca le olvidarán por su indigno comportamiento.
El trile es un juego que persigue el engaño, y la manipulación es un requisito necesario. Lo triste es que Trillo jugó con los ferétros para hacer creer a los familiares que les entregaba los restos de su pariente cercano, a sabiendas de que les engañaba; y lo lamentable es que aún continúe en la política activa.
Ayer el Consejo de Ministros tuvo que reunirse en sesión de urgencia para aprobar un real-decreto ley por el que se autoriza conceder un aval del Tesoro a la financiación que otorgue el Banco de España, por un importe de 9.000 millones de pesetas, a favor de Caja Castilla-La Mancha, que atraviesa problemas de liquidez. El Gobierno ha asegurado que los clientes no corren peligro, y Solbes la considera una entidad “solvente“, sin “ningún agujero financiero“, pero su situación ha precisado adoptar medidas extraordinarias. Aunque -como ha afirmado el Ministro de Economía- el sistema financiero español “sigue siendo enormemente sólido“, “nadie es inmune a largo plazo“, y un episodio como este es inevitable en una crisis económica tan grave como la que sufrimos a nivel mundial.
Se ha actuado con suma rapidez, para garantizar la total normalidad de Caja Castilla-La Mancha, y suponemos que será un hecho puntual, que incluso a corto plazo superable si prospera su fusión con Unicaja. Pero el PP no lo ha entendido así y, con unas declaraciones absolutamente irresponsables, se ha lanzado cual piraña sedienta de sangre al cuello de Zapatero; al menos es lo que he podido interpretar cuando escuchaba en la cadena SER la voracidad de las declaraciones de Dolores de Cospedal, que pretende hacer carrera imitando los modales de Acebes, su predecesor.
Numerosos países, entre los que destacan EEUU, Inglaterra y Alemania, se han visto obligados a intervenir entidades bancarias de primer nivel para controlar las consecuencias de la crisis económica y evitar una debacle; y no me consta que la oposición hubiese aprovechado la situación para lanzarse a la yugular de quienes adoptaron la decisión.
“Cuanto peor mejor”, es el lema de los dirigentes del PP para tratar de recuperar el poder; ya se han olvidado de aquellas consignas políticas en las que “lo primero es España”. Lo primero son ellos, sus ambiciones, sus ansias de poder, y su falta de escrúpulos para ejercerlo. Los próximos días ya no se hablará de Kosovo, esta semana toca Caja Castilla-La Mancha.
Le recomendaría a Dolores de Cospedal que utilice su exigencia de responsabilidades frente a las decenas de corruptos y espías que pululan por el PP con absoluta tranquilidad.
Ayer pude asistir al XI Certamen de Cornetas y Tambores “Ciudad de Dueñas”, en el que participaron bandas de Dueñas, Palencia, Bilbao, Salamanca y Medina del Campo. A pesar de la baja temperatura que estamos soportando estos días, la ausencia de lluvia y algunos rayos de sol ayudaron a disfrutar de un excelente espectáculo musical. Os pongo una muestra del reportaje fotográfico que realicé
La luz de Castilla es muy agradecida para disfrutar de mi afición favorita. Ya me consideran el fotógrafo oficial de Dueñas.
El mundo está loco, loco, loco…. La crisis se agudiza y los ciudadanos cada vez se encuentran más insatisfechos por todo, hasta el punto de que la convivencia se encuentra en peligro, y el “sálvese quién pueda” puede aumentar la agresividad. Pero algunos ciudadanos del mundo, como el caso de Matt, parecen no resentirse y encuentran su felicidad en la globalización de la alegría de vivir.
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Matt ha conseguido visitar 42 países en 14 meses; para él no existen fronteras. El vídeo transmite buenas sensaciones y es muy recomendable para ser visionado este fin de semana; tal parece que los sábados y domingos se convierten en un refugio temporal para aislarnos de todo lo negativo que vivimos durante el resto de la semana. Hoy y mañana no hablaremos de política, ni de corrupción, ni de crisis económica. El lunes volveremos a la realidad, o a la ficciòn, nunca se sabe….
Luis Bárcenas, el tesorero del PP, viene siendo investigado por el Juez Garzón en el “Caso Gürtel” como consecuencia del contenido de las conversaciones grabadas a Francisco Correa, en las que afirmaba que “Yo, a Bárcenas le he llevado más de 1000 millones de pesetas a Genova y a su casa“. Y si bien hasta la fecha parecen no existir pruebas suficientes que justifiquen su imputación, lo que motivaría el traslado de la causa penal al Tribunal Supremo en su condición de aforado, en los últimos días se cuestiona de nuevo su implicación al conocerse su patrimonio inmobiliario, de difícil justificación con los ingresos de sus últimos años, máxime cuando se afirma que todos los inmuebles adquiridos fueron abonados al contado.
Luis Bárcenas, que incluso ha tenido la osadía de denunciar a Garzón ante el CGPJ por haberle investigado, se defiende ahora afirmando que sus propiedades, valoradas en 3,3 millones de euros (más de 500.000 millones de pesetas), son “patrimonio preexistente”, es decir que procede de compraventas de inmuebles anteriores a la asunción de su cargo. Si ello es cierto, su defensa resulta sumamente fácil, al encontrarse en su poder toda la documentación que ha pedido sea investigada por la Agencia Tributaria. Mi consejo es que:
–1º) Haga públicas las escrituras de compraventa de los distintos inmuebles de su propiedad, a fin de que todos conozcamos la fecha de su compra, el precio declarado y su forma de pago.
–2º) De ser cierto que fueron pagadas al contado, justifique documentalmente la procedencia del metálico abonado, que a buen seguro se habrá extraído de una cuenta corriente, para justificar que es de procedencia legal.
–3º) Informe sobre el contenido de sus declaraciones del IRPF y sobre el Patrimonio de los últimos 10 años.
¿Ve que fácil resulta probar que nada tiene que ocultar?. Eso sí, si demuestra que todo está en orden, deberemos seguir investigando las afirmaciones de Francisco Correa, para saber si estamos en el buen camino de demostrar una posible financiación irregular del Partido Popular.
Me ha decepcionado profundamente el juez Gómez Bermúdez cuando, para justificar la negativa a admitir como testigos de la acusación a Bono, Aznar y Trillo -entre otros propuestos-, afirma que “saber la verdad es algo ajeno al proceso penal”. Me consta que quiso decir que el juicio debería de limitarse a aclarar si hubo alteración de documento público, y si la misma puede tener o no relevancia penal, y por ello las pruebas a practicar deberían de limitarse a lo exclusivamente enjuiciado. Pero se equivoca profundamente ya que la única manera de saber si quienes están sentados en el banquillo de los acusados son o no culpables penalmente de los hechos por los que se les acusa, es conocer la verdad de todo lo ocurrido desde el momento en que se produjo el accidente, y quiénes fueron los verdaderos responsables de la toma de decisiones que condujeron al reconocimiento erróneo de los fallecidos, víctimas de una cadena de desatinos y despropósitos que comienzan con la nefasta contratación de un avión inadecuado para ahorrar aparentemente costes, y que costó la pérdida de 62 vidas humanas.
Las declaraciones que hasta ahora conocemos de los acusados resultan patéticas. “Firmé sin saberlo porque estaba todo en turco“, como así declaró el General Vicente Navarro, es reflejo de una irresponsabilidad manifiesta que le descalifica como militar y como persona; afirmar que “..hubo cambios de saco, de número, de embalajes…”, es demostración de falta de sensibilidad. Pero no dejan de ser declaraciones de unos mandados que estaban presionados por sus jefes para resolver la situación cuanto antes, porque así lo exigía el ministro de defensa.
Si Don Federico Trillo, la máxima autoridad que daba las órdenes, fue consecuente con su peculiar doctrina sobre la persecución judicial frente a los irresponsables, debería de inmediato de autoinculparse, sentarse en el banquillo de los acusados, condenarse y retirarse de inmediato de la política activa. Pero como nunca ha demostrado tener vergüenza, se porta como un cobarde, permite que lapiden a subalternos de segundo nivel, y no saldrá de su madriguera hasta que se dicte sentencia, que me temo será absolutoria al no encontrarse en el banquillo de los acusados quienes deberían de ser condenados.
Leopoldo Gay, abogado de la “Asociación Familias Afectadas por el Yak“, ante la negativa de ser citados Aznar, Trillo y Bono, manifestó que “no hay interés en traer al juicio a personas con notoriedad“. Es evidente de que la Justicia no es igual para todos, y que quienes al final pagan los platos rotos son los mandados y no quienes dan órdenes. Vergonzoso pero cierto.
El juicio por el caso del Yak-42 se ha convertido en una farsa para cubrir las apariencias y simular que se hace Justicia. Y de ello son responsables no sólo el Juez que instruyó la causa, sino también el Ministerio Fiscal, el Tribunal encargado del enjuiciamiento, y en especial Don Javier Gómez Bermúdez, para quién resulta secundario e irrelevante conocer la verdad.
Los elegimos cada cuatro años para que defiendan nuestros intereses, les pagamos un buen sueldo con dinero público (superior en todo caso a lo que ganan más del 90% de los ciudadanos) y les permitimos que ocupen el Palacio de las Cortes para desarrollar su tarea. A cambio sólo les pedimos que cumplan lo que prometen y desarrollen su trabajo con la máxima dedicación.
Lamentablemente sólo percibimos promesas incumplidas, escaso interés en la tarea pública, enfrentamientos personales y de partido para defender sus parcelas de poder al margen de los intereses de los ciudadanos, y un absentismo en sus tareas impropio de quienes deberían dar ejemplo a todos sus electores. Resulta desolador comprobar la falta de asistencia a los plenos de un elevado porcentaje de diputados, y más triste comprobar cómo la mayoría de los asistentes limitan su intervención a pulsar un botón para votar, con errores frecuentes por falta de interés; y poco gratificante comprobar como la decisión de apoyar una u otra iniciativa depende más de sus pactos de conveniencia de partido que de la defensa de los intereses generales.
Nuestros diputados pueden llegar a cargarse los principios y objetivos democráticos por indolencia; y lo que es más triste, están a punto de frustrar las expectativas de los ciudadanos que confiaron en ellos. Al menos es lo que puede desprenderse cuando nos enteramos de que sólo hay 33 parlamentarios con dedicación exclusiva, de los 35o que componen actualmente el Congreso de los Diputados, lo que supone un 9,428% de los elegidos en las pasadas Elecciones Generales celebradas en marzo de 2008.
¿A que se dedican el 90,571% de los diputados restantes?. Al margen de desplazarse a Madrid 2 o 3 días a la semana para “justificar” el sueldo, unos tienen autorización para ejercer como abogados, otros forman parte de asambleas de Cajas de ahorro, otros se dedican a dar conferencias y a participar en tertulias de forma remunerada, alguno cobra dietas de cargos honoríficos (caso de Manuel Pizarro), e incluso hay quien se dedica a gestionar los derechos del fútbol (como así hace Lopez-Amor); aunque para ser sinceros más de uno desarrolla tareas no remuneradas.
Pero quizás lo más censurable es que toda la información sobre las actividades “privadas” de nuestros representantes “públicos” se contenga en un informe secreto de la Comisión del Estatuto del Diputado que el Pleno del Congreso aprobará el próximo jueves, 26 de marzo, “a ciegas”, es decir sin saber lo que votan; y me imagino que será prácticamente por unanimidad, ya que sólo se ponen de acuerdo para defender sus intereses personales.
La noticia resulta escandalosa, y adquiere mayor virulencia en una época de crisis económica, en la que, mientras cientos de miles de ciudadanos pierden su único puesto de trabajo, numerosos personajes públicos elegidos en las urnas practican con absoluto descaro el pluriempleo.
Los ciudadanos tenemos el derecho a saber todos los ingresos, públicos y privados, de los diputados que elegimos para defender nuestros intereses; y conocer con detalle sus patrimonios personales. Sólo con una absoluta transparencia sabremos si se enriquecen o no, directa o indirectamente, a costa de su actividad pública; y podremos valorar si son merecedores de nuestra confianza.
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