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En política los errores se pagan, al menos así lo entienden los socialistas, y el Ministro de Justicia acaba de dimitir. Al margen de la presión motivada por la huelga de jueces, que era superable, lo que no parece admisible son sus equivocaciones, la primera por coincidir en una cacería con Garzón, y la segunda -y más grave- por cazar sin licencia.
Es muy posible que el PP siga utilizando el tema de la cacería para intentar ocultar la corrupción que invade su partido, pero le resultará imposible: la verdad es muy tozuda y la epidemia se extiende como la espuma a todos los niveles.
En el PP nadie dimite. Su concepto de la vergüenza es muy distinto al de los socialistas, y se sienten arropados por un electorado insensible a la corrupción de los suyos. Pero ahora comenzará una nueva cacería, la judicial, en la que muchos corruptos sin cuernos aparentes se convertirán en las piezas más deseadas para comprobar que nuestro Estado de Derecho funciona, y que “quién la hace la paga”; será una manera de confirmar que nuestro Codigo Penal es aplicable a todos, incluso a políticos en activo y a sus amigos más cercanos, con quienes reparten prevendas e intercambian favores. Tan solo necesitamos que todos los jueces y todos los fiscales que deban intervenir den la talla y cumplan rigurosamente con su trabajo.
Un consejo para Don Mariano Rajoy, a quién considero honrado: salga de ese estercolero, limpie su casa, y demuestre a los militantes de su partido que es capaz de perseguir la corrupción; si no cambia de rumbo le auguro un fatal desenlace como encubridor de supuestos delincuentes.
Hoy se celebra el II aniversario del nacimiento de SInLaVeniA. Su coincidencia con un 23 de febrero es un hecho puramente casual; simplemente ocurrió que ese mismo día del 2007 ya estaba preparado el blog para su utilización, y decidí publicar mi primer artículo bajo el título “La doble esperanza”, en un momento en el que el último proceso de paz para acabar con el terrorismo, promovido por Zapatero, se había frustrado.
Cuando hoy recordamos también el 28 aniversario del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, también conocido por 23F, rememoramos un momento muy importante de la historia más reciente de nuestro país, por cuanto el fracaso del intento de un grupo de militares de tomar el poder supuso la consolidación definitiva de nuestra democracia. Recientemente TVE nos recordó aquellos momentos con la miniserie “23F: El día más difícil del Rey“, una mezcla de realidad y ficción, ya que nunca llegaremos a saber la verdad de todo lo ocurrido; aunque lo importante es que seguimos disfrutando de los resultados de su rápida resolución.
Curiosamente hoy se cumple el plazo dado por Federico Trillo a Baltasar Garzón para que se inhiba en el proceso abierto por la trama de corrupción detectada en las filas del PP, bajo la advertencia de que de no hacerlo será acusado formalmente de prevaricador mediante la presentación de una querella criminal. Una amenaza de tal calibre, que tiene su origen en los tics neofascistas de algunos dirigentes del PP, supone un intento de desestabilizar la imparcialidad de nuestro sistema judicial por intereses espurios, y puede estar incursa en responsabilidad criminal.
¿Que ocurría sí un ciudadano que tiene pendiente un procedimiento judicial exigiese al juez encargado del caso que se pronuncie en el término de 72 horas, bajo la amenaza de que en caso de no hacerlo sería acusado de prevaricar?. A buen seguro el juez daría cuenta de las amenazas al fiscal, y éste actuaría de inmediato acusando a su autor de sendos delitos de coacciones y calumnias. Don Federico no se olvide que pasar la linea roja puede convertirle en un presunto delincuente, sin que su condición de diputado le exima de responder ante los tribunales (en su caso ante el TS).
Afortunadamente mañana será 24 de febrero, y al igual que ocurrió en 1981, la fortaleza de nuestro Estado de Derecho vencerá a cualquier intento desestabilizador, en este caso promovido por dirigentes del PP.
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