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En busca de una justicia de mayor calidad
Ayer tuvo lugar en España un acontecimiento histórico en la Administración de Justicia: una mayoría de jueces de nuestro país han decidido secundar una huelga, sin aparente amparo legal, pero sustentada en base al derecho constitucional contenido en el art. 28-2. de la C.E. en el que “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para sus propios intereses“. Aunque tenía serías dudas sobre su conveniencia en un momento en que la mesa de negociación está trabajando para mejorar nuestra justicia, el enfoque del paro, sus reivindicaciones y el nulo perjuicio causado al administrado me han convencido de que ha podido resultar positivo.
Nuestros jueces han tenido la prudencia de dejar en segundo plano sus reivindicaciones económicas, y priorizar aquellas peticiones cuyo objetivo no es otro que conseguir una justicia de mayor calidad, que redundará en beneficio de todos los ciudadanos; en este sentido si comparamos las peticiones de los jueces con la postura del Ministerio de Justicia, podriamos pensar que las conversaciones van por buen camino.
Pero una importante inversión en medios humanos y tecnológicos, acompañada de una preparación adecuada de todo el personal de la Administración de Justicia, precisa como contrapartida que funcionarios y jueces tomen conciencia de que han de renunciar a sus privilegios. Los administrados deben de exigirles una plena dedicación a su tareas, que se traduce en un mayor rendimiento y en un estricto respeto a la jornada laboral; y por ello tendrán que asumir las sanciones disciplinarias que sean cconsecuencia de sus incumplimientos, las que podrían llegar incluso a su despido real.
No se puede permitir por más tiempo que una porcentaje muy significativo de funcionarios incumplan sin complejos sus horarios laborales, que en muchos casos son el origen de retrasos judiciales. Ni es posible que algunos jueces, que no dedican el tiempo suficiente a su trabajo, conviertan sus juzgados en reinos de taifas anteponiendo su peculiar y personal manera de administrar justicia al respeto y cumplimiento de normas procesales impuestas por nuestra legislación.
Es preciso un cambio, pero en profundidad, y con todas las consecuencias.