“Educación para la Ciudadanía”, aprueba con sobresaliente
Por 22 votos a favor contra 7 el pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se ha encargado de poner fin a un debate que resultaba innecesario, y por el que una parte muy minoritaria de los “padres” de alumnos de este país, apoyados por los sectores más reaccionarios del PP, obispos y algunas asociaciones católicas, defendían la objeción de conciencia frente a la asignatura de “Educación para la Ciudadanía”, obstaculizando con ello la enseñanza de valores cívicos comunes a todos los ciudadanos, y con la que se intenta elevar el nivel de preparación de nuestros jóvenes y conseguir una convivencia más sana y cívica, dentro de la lógica controversía de ideas entre los ciudadanos, que redundará en beneficio de todos.
El debate no debía de haberse producido, por cuanto una ley aprobada por el Congreso de los Diputados debe de ser cumplida por todos; resultando paradógjco que quienes acudieron a los Tribunales para legitimar su objeción de conciencia, y la llevaron a la práctica cuando fueron respaldados por algunos Tribunales autonómicos, niegan ahora legitimación al Tribunal Supremo, en una sentencia por la que se unifica la doctrina jurisprudencial ante las discrepancias de órganos judiciales de inferior rango.
Quien alentó la rebelión contra la asignatura fue un Tribunal andaluz, compuesto por jueces que se autodefinen “independientes”, pero que anteponen su “conciencia” al cumplimiento de las leyes, y que componen la conocida “sala vaticana” del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. “Casualmente” el ponente del fallo emitido en su día es un tal Enrique Gabaldón, hijo del presidente de honor del Foro de la Familia. La sentencia dictada, que permitía que un niño no asistiese a clase de “Educación para la Ciudadanía”, fue la cerilla que encendió la mecha de la desobediencia civil, hasta el punto de que Doña Esperanza Aguirre llamó a la insumisión, con una actitud muy poco ejemplarizante para quien afirma creer en la democracia.

(Viñeta de Manel Fontdevila en PUBLICO)
Quienes ahora objetan son los herederos ideológicos de los que adoctrinaban a las generaciones de jóvenes que crecieron durante la dictadura franquista y contaminaban con sus creencias la enseñanza. Por entonces había una asignatura que se denominada F.E.N. (Formación del Espíritu Nacional), aunque los mensajes de la doctrina nacional-católica se extendía a las asignaturas de Filosofía, Historia y Literatura. Para que se relajen les transmitiría el mensaje de que “probablemente Dios no existe; deja de preocuparte y disfruta la vida“.
Aún desconozco qué es lo que no les gusta de los textos publicados. Se afirma que las discrepancias en cuanto al contenido afectan sólo a un 10%, pero nadie quiere especificar los capítulos objeto de controversia que supongan un aleccionamiento ideológico. Si los objetores se refieren a los capítulos dedicados al matrimonio homosexual o al divorcio, sería conveniente aclarar que los textos de la enseñanza pública en estos temas se limitan a transmitir los conceptos amparados en nuestras leyes, las mismas que entre todos hemos aprobado y que son obligatorias para el conjunto de la sociedad.
No es malo que las palabras dignidad, igualdad, respeto, justicia, paz, omnipresentes en una democracia, hayan pasado a ocupar un lugar obligatorio en las aulas de los centros educativos. ¿A quienes les molesta?; estoy convencido que el Tribunal Constitucional respaldará sin fisuras la doctrina del Tribunal Supremo; quizás para entonces nuestras aulas puedan recuperar la paz y la cordura; aunque los fanáticos son incombustibles y tratarán de seguir contaminando nuestra sociedad.






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