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La historia se repite: la huelga promovida por un grupo de abogados de Gijón es ilegal
En la década de los 80 un numeroso grupo de abogados asturianos promovieron una huelga con la intención de paralizar el funcionamiento del turno de oficio; sus reivindicaciones eran económicas, pero el camino para conseguir sus objetivos resultó equivocado. La oposición tajante del por entonces decano del Colegio de Abogados de Gijón Pedro de Silva Sierra (llevo su sangre), a pesar del escaso respaldo a su postura, salió triunfante. El por entonces decano, al margen de que pudiese considerar justas las reivindicaciones de los letrados, consideraba ilegal una huelga que no afectaba a quienes podían costearse el acudir a la Administración de Justicia y dejaba desamparados a los más necesitados y desfavorecidos. El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada en fecha 28 de noviembre de 1990, al resolver un recurso contencioso-administrativo sobre los Derechos Fundamentales de la Persona, declaró anticonstitucional la huelga de los abogados asturianos del turno de oficio, por violar el artículo 24 de la Constitución Española, al lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva de algunos ciudadanos, que se veían privados por falta de abogado para acudir a los tribunales; en el apartado 2. del citado artículo se recoge: “Todos tienen derechos …. a la defensa y a la asistencia de letrado…”, sin que el derecho a la huelga de un colectivo profesional, regulado en el artículo 28-2. de la C.E., pueda prevalecer por cuanto “…es preciso asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad..“. La citada resolución dejaba patente que la colisión de derechos fundamentales debe resolverse inclinándose en favor de las personas necesitadas de protección, en este caso los ciudadanos carentes de recursos económicos.
En mis manos tengo un recorte de prensa del Diario la Voz de Asturias del 10 de noviembre de 1987, en el que refiriéndose a una asamblea general del Colegio de Abogados de Gijón celebrada el 30 de octubre del mismo año, en la que se pedía entre otras cosas la dimisión del decano, reproducía un párrafo de mi intervención: “…la huelga, como otro derecho fundamental más, también tiene sus límites, entre los que están el mantenimiento de los servicios mínimos para la comunidad…”. Parece que los tribunales dieron la razón a quienes pensaban en el mismo sentido.
La historia se repite. Veinte años después, un grupo de abogados, que voluntariamente están dados de alta en el turno de oficio, esta vez con el apoyo explícito de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, han decidido ponerse en huelga, sin pensar ni tan siquiera en el establecimiento de unos servicios mínimos. Su objetivo fundamental, aprovechando las transferencias de la Administración de Justicia a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, es obtener una compensación económica mayor por su trabajo, sin tener en cuenta que el pasado año se han visto incrementados sus emolumentos en un 30%. Pueden tener razón en algunas de sus reivindicaciones, pero la pierdan cuando plantean una huelga salvaje en la que sólo se habla de derechos, olvidándose de las obligaciones, entre ellas la exigencia de un calidad de su servicio en consonancia con la petición económica que solicitan.
No me gusta esta huelga, impropia de un colectivo de letrados que se olvidan de la ley para plantearla, y desconocen que el ejercicio de la profesión de la abogacía tiene un componente de colaboración en la sociedad en la que desarrollan su actividad. Y en todo caso me parece muy inoportuno el momento elegido, en plena crisis económica, en el que muchas personas carentes de recursos se ven obligadas a acudir a la Justicia para oponerse a un despido improcedente, o defender sus derechos ante un proceso de divorcio, o afrontar las consecuencias del impago de su renta o de una hipoteca ante la situación del desempleo que sufren….
La huelga será un fracaso, pero puede causar daños irreparables. Me gustaría que mis compañeros de profesión reflexionasen sobre sus actos pensando también en los demás, y en especial en aquellos que menos tienen. ¿Es mucho pedir a un profesional de la abogacía?.