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Las calamidades del juez Calamita
El Consejo General del Poder Judicial expedientó en su día al juez de Murcia Fernando FerrÍn Calamita por haber retirado a una madre la custodia de sus dos hijas por ser lesbiana, considerando que había incurrido en una falta grave al utilizar “expresiones innecesarias, improcedentes, extravagantes o manifiestamente irrespetuosas“; incluso alguno de los vocales pidió que se verificase su salud psíquica para ver si podía continuar ejerciendo su cargo.
En Febrero pasado, a petición de la fiscalía fue suspendido de empleo y sueldo por el CGPJ al haber impedido adoptar a una lesbiana, y una vez que fue admitida a trámite una querella presentada contra él, por entenderle presunto responsable de un delito por “retardo malicioso en la Administración de Juticia”. El pasado 24 de noviembre ha comenzado el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el que se enfrenta a una pena de 18 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación (tomar decisiones injustas a sabiendas de que lo son) con la agravante de “actuar movido por animadversión hacía la orientación sexual de la adoptante y de la madre biológica”. En su defensa alega que retrasó la adopción para proteger el interés de la niña; y no es para menos si se tiene en cuenta que para el juez Calamita los niños adoptados por homosexuales son “cobayas humanas“; “¿no es el derecho del menor estar en una familia normal?,” se pregunta. Pero quizás sea mejor escucharle
Calamita, conocido como el “juez homófobo” ha dicho que “he sido apartado por ser católico y perseguido por mis convicciones”. Y no parece encontrarse solo, ya que “los suyos” han salido rápidamente en su defensa, y sus amigos de Intereconomía TV, en cuya emisora trabajan los guardaespaldas de Fabra, han decidido hacer una colecta en su favor, cediendo los importes obtenidos por los SMS remitidos por los telespectadores; en uno de esos mensajes se decía “los gays que se vayan a Irán y así no tendremos ninguno” (para quienes no lo sepan la homosexualidad en Irán está castigada con la pena de muerte).
No tengo duda alguna que el juez Calamita quedará inhabilitado de por vida para el ejercicio de su profesión, por el bien de los justiciables. Se siente perseguido, sin haberse dado cuenta aún de que no se le juzga por sus creencias, sino por anteponer éstas a la aplicación de la ley, cuyo contenido debe de respetar en todo caso.
Aún recuerdo como en la década de los 80, y a raíz de ser regulada la disolución del matrimonio por divorcio mediante una ley aprobada en julio de 1981, algunos jueces católicos buscaban excusas para impedir su correcta aplicación, hasta el punto de que un juez de Sevilla se negaba a dictar sentencias de divorcio por ser incompatible con sus creencias religiosas. ¿Se imaginan a un juez ácrata que, por no creer en la justicia, se niegue a dictar sentencias?
Estamos ante un caso límite, pero he conocido a más de uno que se le parece, y nunca ha sido perseguido por sus desviaciones mentales en la aplicación de la justicia; simplemente se le buscaba un refugio en donde pudiese disimular sus desviaciones. Recuerdo como al juez “Bokassa”, así apodado por su parecido físico y psíquico con el dictador africano, se le aconsejó que solicitase ser destinado a un juzgado de Madrid, en donde podría pasar desapercibido; así hizo, se marchó de Asturias, y nunca más se supo de él.